Es el peor multifeminicidio (por el número de víctimas) y homicidio en Ciudad de México durante el actual sexenio. Pero tres años después el caso no ha sido esclarecido porque no se ha podido confirmar el móvil del asesinato. Hay tres detenidos pero solo uno de ellos sentenciado, y todos han alegado que, en su momento, fueron torturados.
La investigación a cargo de la Procuraduría General de Justicia local ha sido negligente y deficiente casi desde el comienzo, lo que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido. Así lo concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en su recomendación 4/2017 que fue reconocida y aceptada por el propio Gobierno capitalino. Pero el cumplimiento de esta recomendación es otro de los aspectos inconclusos en este caso.
A partir del balance hecho por el equipo jurídico de las víctimas y de una ampliación de un dictamen de criminalística del caso, al que tuvo acceso Animal Político, se presentan a continuación los cabos sueltos y pendientes de un crimen que conmocionó a la ciudad y a múltiples sectores, pero que a tres años de distancia sigue en la impunidad.
¿Por qué los mataron? Un móvil no esclarecido
La razón por la cual fueron asesinadas las cinco víctimas no ha podido ser explicada de forma satisfactoria por las autoridades.
Lo que la Procuraduría señaló inicialmente fue que el crimen era un asunto relacionado con supuesto tráfico de drogas en los que estaría involucrada una de las víctimas, Virginia Martin, originaria de Colombia. No obstante no hay un solo elemento de prueba sólido que acredite dicha versión. Nunca se encontró algún cargamento o paquetes de droga ni en el lugar de los hechos ni en poder de los supuestos homicidas.
En su recomendación del caso la CDHDF apunta a que las autoridades se apresuraron a filtrar una explicación del crimen sin elementos que la sostengan y estigmatizando a una de las víctimas (Virginia Martin), lo que a la postre afectó la propia investigación. Al día de hoy ello ha impedido conocer la verdad de los hechos.
La recomendación y el equipo legal de las víctimas han sostenido que, por ejemplo, las autoridades nunca atendieron de una forma seria la línea de investigación que apuntaba al gobierno de Javier Duarte, que según los familiares había provocado que dos víctimas salieran de Veracruz.
Los asesores de las víctimas incluso ubicaron que cerca del lugar del homicidio estaba la sede de una empresa de seguridad propiedad de Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz en el sexenio de Duarte, y quien hoy está detenido y procesado por hechos de corrupción y por supuestas desapariciones forzadas.
“Siguen los grandes pendientes como la línea Veracruz y responsabilidad de las personas ligadas al gobierno de Veracruz. Tenemos información que se ha ido solicitando respecto de Bermúdez, las empresas de seguridad, las armas de sus empresas y ello tendrían que formar parte de la investigación. El MP ha hablado dos veces con Bermúdez sin notificarnos a nosotros, sin dejarnos participar. Y fue una diligencia totalmente inútil”, dijo Karla Michele Salas, representante jurídica de Nadia Vera.
De acuerdo con los representantes legales de las víctimas, la indolencia de la autoridad ha llegado al punto de “pedir a las organizaciones civiles que representan a las víctimas que sean ellas quienes analicen la información y ayuden a cerrar las líneas de investigación pendientes”, pues desde el punto de vista de la Procuraduría “no hay nada más que investigar”.
Tortura confirmada e inexplicable
Una ampliación de un dictamen de criminalística realizado el 19 de diciembre de 2017 por un experto independiente, y que ya forma parte de la averiguación previa del caso -el cual pudo revisar este medio de comunicación- confirma que, con excepción de Alejandra, las demás víctimas presentan múltiples lesiones en el cuerpo.
Se trata de heridas sobre todo en cuellos y espalda que el experto detalla fueron causados con un objeto punzocortante que pudo ser un utensilio de cocina. No eran heridas para causar la muerte sino para generar dolor. La causa de muerte de las víctimas fueron disparos en la cabeza junto con estrangulamiento.
De acuerdo con los representantes legales de las víctimas, esto confirma que Nadia, Rubén, Mile y Yesenia fueron objeto de tortura antes del homicidio. Pero hasta ahora la investigación oficial no ha encontrado una explicación sobre este nivel de violencia y tratos cueles que padecieron las víctimas, en un caso que supuestamente –según las autoridades- estaba vinculado con drogas y con solo una de las cinco personas asesinadas.
La huella no identificada
El referido dictamen en criminalística confirmó que dentro del departamento de la colonia Narvarte donde ocurrieron los hechos hay una huella de un zapato de hombre en una mancha de sangre que hasta el momento no concuerda con ninguna de las huellas de las tres personas detenidas y acusadas de ser autores materiales del crimen.
Desde el punto de vista de la defensa es urgente que se aclare este punto pues las repercusiones pueden incidir directamente en resultado de la investigación.
“La huella de zapato que no corresponde a ninguno de los tres involucrados y entonces corresponde a un hombre que no se ha logrado investigar hasta ahora son dos las posibilidades: que la huella sea de una persona que contaminó los hechos o una cuarta persona involucrada en el crimen. Sea la que sea tiene que esclarecerse” dijo Michele Salas.
Sentencias: dudosas o inexistentes
Desde 2015, año en que se cometió el crimen, hay tres personas detenidas y acusadas de perpetrar el homicidio, pero de ellas solo una ha sido sentenciada.
La persona condenada es Abraham Torres Tranquilino, un expolicía mexiquense al que un juez le impuso 315 años de prisión tras encontrarlo culpable de los delitos de feminicidio, homicidio calificado y robo agravado.
Esta condena fue apelada tanto por los abogados del acusado como por los representantes de las víctimas que aseguraban que la sentencia era insuficiente pues no había reparación del daño. Aunque la condena fue confirmada, aún puede ser combatida con un amparo, por lo que el caso no está finiquitado.
En el caso de los otros dos detenidos, Cesar Omar Martínez Zendejas y Daniel Pacheco, sus juicios están estancados. Con amparos, ambos lograron reiniciar los procesos penales que se habían iniciado en su contra y mantienen una batalla legal abierta, con el argumento de que se violaron sus derechos humanos al haber sido torturados por las autoridades.
Lo anterior ha impedido que en el caso de ambos se haya llegado siquiera a una sentencia inicial y menos a una reparación del daño.
Otro punto preocupante relacionado con las personas detenidas es que, según las organizaciones que representan a las víctimas y son coadyuvantes en el caso, hay discrepancia entre lo que se aprecia en videos del caso con lo que se dijo para sostener las acusaciones.
“Después de 2 años y medio de exigir que se nos mostraran los videos que la SSP había registrado sobre lo que ocurrió (…) por fin pudimos revisarlos y analizarlos, extrayendo de esas imágenes varias contradicciones en los testimonios -de testigos y agentes policiales- que en su momento la PGJDF utilizó para acusar a las personas detenidas y eventualmente para obtener una sentencia contra una de esas personas”, dijeron los representantes de las víctimas.
Un crimen sin reparación
El multifeminicidio y homicidio Narvarte es un caso en donde el daño no se ha reparado de acuerdo con los parámetros que marca la Constitución: que se esclarezca la verdad y que además se repare, en la medida de lo posible, el perjuicio causado a las víctimas directas o indirectas.
La reparación del daño esencialmente tendría que fijarla el juez a los culpables del crimen. Pero como ya se dijo, de las personas a las que se acusa de haber perpetrado el crimen solo una de ellas tiene una condena que todavía no ha quedado firme. Por tanto tampoco hay reparación.
Por su parte el Estado, de forma supletoria, puede ofrecer una reparación del daño a las víctimas. Es por ello que la Procuraduría hizo una primera sugerencia de reparación a los representantes de las víctimas (luego de que la recomendación de la CDHDF también hiciera énfasis en una indemnización). Los abogados respondieron con algunas observaciones y desde ahí ya no hubo contacto. Van seis meses sin respuesta.
“La procuraduría nos presentó una propuesta que nosotros cuestionamos porque no estaba acorde con los propios estándares que se han fijado al interior del gobierno de la ciudad para todos los procesos de indemnización. Cuestionamos eso desde diciembre y enero y a la fecha no ha habido otra respuesta”, señaló la representante legal de Nadia Vera.
Recomendación cumplida… solo de palabra
El Gobierno de Ciudad de México aceptó casi de inmediato la recomendación 4/2017 que dirigió en su contra la CDHDF por las múltiples deficiencias en la atención e investigación del caso Narvarte.
Fueron en total 18 puntos recomendatorios los incluidos en el documento de la Comisión, entre ellos, la presentación de un plan integral de investigación, que se atiendan las líneas de investigación faltantes, se sancione la contaminación que hubo en el lugar de los hechos y la filtración de datos en el expediente, actualizar protocolos de investigación en materia de homicidios y feminicidios, la indemnización, entre otros.
Pero hasta ahora nada de lo anterior se ha ejecutado de forma satisfactoria, según lo dicho por los abogados. Incluso la recomendación incluía una disculpa pública por parte del gobierno capitalino al cumplirse tres años del crimen, pero no se consiguió.
“Ni en los hechos ni en el discurso ha habido un avance de tipo sustancial. Lo que ha hecho el gobierno actual es administrar el supuesto cumplimiento de la recomendación y, entre los cambios en CDHDF y de gobierno, lo que ha pasado es que solo hemos tenido una serie de reuniones pero sin tener avances puntuales de parte de la Procuraduría”, dijo Michele Salas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2018/07/caso-narvarte-multihomicidio/