Autoridades federales se reunieron nuevamente con los familiares de los afectados, a quienes refrendaron a los afectados la promesa de investigar y hacer justicia, ya que, hasta ahora, no hay detenidos ni sentenciados por estos hechos, en los que cuatro personas perdieron la vida.
De acuerdo con Raymundo Ortiz, abogado de la comunidad de Ostula, los 15 militares que participaron en el ataque no han sido arrestados ni han declarado ante el Ministerio Público civil o de la justicia militar, porque las autoridades, hasta ahora, no han solicitado su aprehensión, y porque todos ellos solicitaron su baja del Ejército en los días siguientes al enfrentamiento.
Las autoridades tampoco han efectuado la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas por el ataque, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendaron la indemnización y atención médica de los afectados desde hace más de dos años.
Este lunes, los afectados tuvieron reuniones con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), quienes prometieron que les gestionarán apoyos para los afectados, y que continuarán con las investigaciones.
Por su parte, la CNDH se comprometió a enviar un documento con indicadores de reparación del daño a las autoridades del gobierno de Michoacán y del Ejército, para que establezcan la forma en la que apoyarán a las víctimas, quienes, en algunos casos, viven con secuelas de las lesiones por disparos que recibieron.
“Nada más imagínese, cómo puede vivir uno… en la parte económica, en lo físico. Esto tiene mucho tiempo, pero pues no se olvida”, dijo en entrevista con Animal Político Ampelio Alejo, padre de uno de los lesionados en el ataque.
El hijo de Ampelio vive desde entonces con una bala en la ingle, pues de acuerdo con los médicos que lo han revisado en distintos hospitales, es menos riesgoso que intentar sacarla, por el sitio del cuerpo en el que se encuentra.
De acuerdo con el padre de la víctima, desde hace casi tres años “no vemos ninguna persona encerrada por lo que pasó, ni reparación de daños… ni siquiera una disculpa”.
“Me dijeron que me iban a desaparecer”
Emilia, madre del menor de 12 años que murió por los disparos de militares, señaló que poco después del asesinato de su hijo, recibió amenazas anónimaspor teléfono, en las que le advirtieron que la iban a desaparecer.
“A los tres meses de que mataron a mi hijo recibí una llamada donde me decían que me cuidara; quisieron dar a entender que iban a ir por mi, que me iban a desaparecer”, narró.
“Nos quedamos muy espantados, mis hijos me pedían que me cuidara y yo a ellos, porque no sabemos si nos podían ‘levantar’. Y no sé si pueda ser el gobierno o los ‘malandros’, pero no quisiéramos que nos pasara eso, además de lo que ya pasó. ¿Qué más querían? Ya me mataron a mi hijo, ¿y todavía nos quieren matar a nosotros? No, no puede ser”, lamentó.
Emilia explicó que las autoridades, en esta ocasión, les prometieron que efectuarán la detención de los militares relacionados con el caso, para que declaren y pueda establecerse la cadena de mando que dio indicaciones para que el 19 de julio de 2015 se abriera fuego contra los pobladores.
Desde el asesinato de su hijo y luego de las amenazas que sufrió, explicó que lo único que ha sido distinto es que ella y su familia toman mayores precauciones al salir de casa, “Y ahí andamos… luchando para salir adelante”.
Recomendaciones incumplidas
En diciembre de 2016, la CNDH emitió la recomendación 65/2016, dirigida al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, así como a la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para reparar el daño e investigar lo sucedido en julio de 2015 en Ostula.
La CNDH pidió que se iniciaran procesos administrativos contra cuatro elementos que participaron en el operativo donde se efectuó el ataque, y gestionar la reforma del Protocolo de Uso de la Fuerza, para que este se adapte a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Al Secretario de la Defensa Nacional, la CNDH recomendó girar instrucciones a quien corresponda para proporcionar la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, e iniciar proceso ante la Procuraduría General de Justicia Militar, para investigar a los elementos participantes en los hechos, por faltas a la disciplina militar.
También le recomendó instruir el uso de cámaras fotográficas y de video para documentar los hechos en que intervengan, como en este caso, para contar con evidencias de su actuación, y capacitar a los elementos de la SEDENA en principios del uso de la fuerza y de derechos humanos.
Hasta el día de hoy, de los puntos recomendados únicamente se ha cumplido con la capacitación de militares en materia de derechos humanos, lo cual, de acuerdo con Araceli Olivos, abogada que acompaña a las víctimas, no garantiza que este tipo de actuaciones por parte del Ejército no puedan repetirse.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2018/05/ostula-sin-justicia-victimas/