Aquí, el manto de la impunidad cubre desde el responsable más expuesto en esta trama internacional de corrupción –el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, mencionado ya en las declaraciones ministeriales de los principales acusados–, hasta aquellos que estaban por encima y debajo de su rango.
El problema es que aquí el expediente se llena de polvo en la Procuraduría General de la República (PGR) esperando que se olvide, como ha ocurrido con cientos de casos igualmente graves, cuando lo urgente es realizar indagatorias exhaustivas a las finanzas de todos los involucrados sin importar sus cargos o investiduras.
No se nos debe olvidar que el de Pemex es dinero público –aunque a muchos políticos esto no les guste o les estorbe en sus intereses personales y de grupo– y que ese patrimonio nacional es el que estuvo en juego. Y esto quiere decir que su mal uso daña a la sociedad directamente.
Pero por eso mismo las autoridades mexicanas apuestan nuevamente a la desmemoria social, para que los responsables no sean llevados a juicio y mucho menos pisen la cárcel. La lógica que se sigue empleando en este país es que si cae un corrupto peligran los demás y, por eso, entre ellos se protegen siempre las espaldas.
A diferencia de esta ignominia, en Perú el presidente Pedro Pablo Kucsynski renunció el pasado 21 de marzo, tras las averiguaciones que se le siguen por su presunto involucramiento en los sobornos de Odebrecht y otros cuatro casos de corrupción. ¿Por qué en México no pasa lo mismo?
La red corrupta
Como se recordará, esta trama corrupta se reveló el 21 de diciembre de 2016 como parte del caso Lava Jato, que investigaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos en colaboración con el sistema judicial brasileño.
Según esas indagatorias extranjeras, entre 2001 y 2016, autoridades de al menos 12 países recibieron sobornos de Odebrecht, por 788 millones de dólares, a cambio de numerosos y multimillonarios contratos.
Desde entonces se sabe públicamente que México figura en esa lista de los 12 países corruptos y, en consecuencia, la investigación doméstica de la PGR sobre este caso ha tenido por lo menos ese año 3 meses para avanzar.
Y digo por lo menos porque este tipo de investigaciones internacionales busca la cooperación de los gobiernos involucrados tiempo antes de que se haga público el asunto, por lo que la administración de Peña se habría enterado previamente de este caso tan relevante. Y no hizo nada.
Caso México
En los años en los que Odebrecht se expandió mundialmente vía sobornos, Pemex le otorgó al menos cuatro contratos a sus filiales, según ha revelado la propia petrolera del Estado mexicano.
De acuerdo con su información oficial, se trata del contrato de suministro de Etano celebrado entre la filial Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, SA, y Grupo IDESA, SA de CV. Este fue firmado el 19 de febrero de 2010, cuando en la Presidencia estaba el panista Calderón Hinojosa, y la petrolera mexicana era comandada por Juan José Suárez Coppel.
Los otros contratos se pactaron en este sexenio, durante la gestión de Lozoya Austin. El segundo fue el ?PXP-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, para el?acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales, de la Refinería Miguel Hidalgo Tula I, firmado el ?15 de febrero de 2014.
El DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, que se firmó ese mismo año pero el ?6 de noviembre, tuvo por objeto el desarrollo de la Fase I del Proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca.
Y 1 año después, ?el 12 de noviembre de 2015, se pactó el contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 para la construcción de accesos y obras externas, para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, Tula II.
Presumir que los sobornos fueron parte de esas cuatro contrataciones es bastante fundado, sobre todo si se toma en cuenta que fueron ocultadas durante 5 meses por Pemex, luego de que se revelara la trama de corrupción. Y aún hay sospechas de que existan más contratos que emplearon esquemas de triangulación o subcontratación.
Además, en otros países señalados se ha comprobado que el dinero de Odebrecht fluyó en grandes cantidades y salpicó las más altas esferas de los sectores públicos. Entonces, ¿por qué México –considerado uno de los países más corruptos del mundo– habría de ser la excepción? ¿Podemos creer que los sobornos sólo involucraron a funcionarios menores cuando hay evidencia de lo contrario?
Y esa evidencia consiste, ni más ni menos, en las declaraciones ministeriales de los altos directivos de Odebrecht, autores directos del cohecho. En agosto de 2017, el diario brasileño O Globo reveló documentos de la investigación en los que se establecía la ruta del dinero.
Para el caso mexicano, apuntaban que los sobornos directamente se habrían entregado a Emilio Lozoya, por 10 millones de dólares. Según las declaraciones, en marzo de 2012 este exfuncionario empezó a recibir los pagos ilegales. Entonces formaba parte de la campaña presidencial de Peña Nieto.
El exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, justificó así los pagos ilegales: “Lozoya se había vuelto uno de los líderes del comité de campaña, razón por la cual probablemente sería una persona influyente en la administración pública del país”.
Desde Brasil, hasta Guatemala y Perú, los involucrados poco a poco caen en desgracia y más temprano que tarde pagarán con cárcel sus corruptelas. Sin embargo, en México parece que triunfará, otra vez, la ilegalidad. Por eso, como dice la campaña mediática del gobierno federal, ¡Hagamos bien las cuentas [de la impunidad]
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: NANCY FLORES