“A la fecha nos encontramos ante un SNA incompleto, siendo ésta la justificación de la promoción del juicio de amparo promovido por el CPC, el cual pretende que el Poder Judicial de la Federación ordene al Senado de la República a cumplir”, señaló el comité.
La demanda, presentada ayer, busca que la Cámara alta, o en su caso la Comisión Permanente, ratifique a los especialistas que resolverán las sanciones aplicables a servidores públicos o particulares que cometan faltas administrativas graves como peculado, cohecho, desvío de recursos y enriquecimiento oculto.
“Por mandato constitucional, el Senado tuvo que haber ratificado a los magistrados a más tardar el 18 de julio de 2017, tomando en consideración que el SNA entró en vigor el día 19 posterior.
“Si bien, el 24 de abril de 2017 el presidente Peña Nieto nombró a los 18 magistrados, el Senado no cumplió con su obligación de ratificarlos, ni en forma previa ha verificado la idoneidad de los magistrados, así como tampoco ha sujetado el procedimiento de ratificación a los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto a observarse en el caso de funcionarios integrantes del SNA”, indicaron.
De los 18 magistrados, 3 de ellos conformarán la Sala Superior y los 15 restantes serán distribuidos en cinco salas especializadas dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además de los magistrados, el Senado tampoco ha designado al Fiscal Anticorrupción, que será el encargado de combatir los delitos en la materia, cuya entrada en vigor está condicionada a que exista un titular en esa Fiscalía.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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