Esto encontró el estudio ‘Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México’, elaborado en conjunto por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) e Integralia Consultores, que aborda, según sus autores, “el principal problema de la democracia electoral mexicana”:
“El exceso de dinero ilegal, tanto público como privado, que fluye a las campañas para ganar elecciones y comprar beneficios futuros, como acceso a contratos de obra pública, permisos especiales, compra de impunidad y acceso a regulación favorable para hacer negocios”.
El estudio asegura demostrar que “el generoso sistema de financiamiento público de partidos y campañas que nació en 1996 ha fracasado en combatir la influencia del dinero ilegal en la vida democrática y que se requiere recomponer el sistema de pies a cabeza”, con una reforma electoral “base cero”.
En ‘Dinero Bajo la Mesa’ también se encontró que: los principales fuentes de financiamiento ilegal en las diversas campañas a gobernador son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
Además de que las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.
Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros.
Asimismo, el dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación. Además de que el principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.
‘Dinero bajo la mesa’ es un estudio coordinado por María Amparo Casar Pérez, presidenta de MCCI, y por Luis Carlos Ugalde Ramírez, director General de Integralia Consultores, con el apoyo de investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.
Para realizarlo se llevó a cabo una investigación documental y hemerográfica en la que se entrevistaron a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ.
LINK: http://zetatijuana.com/2018/05/candidatos-a-gubernaturas-gastan-10-veces-mas-que-el-tope-legal-por-cada-peso-hay-otros-15-que-nunca-se-reportan-estudio/