jueves, 15 de marzo de 2018

La ONU exhibe al Gobierno como torturador; testigos narran horrores… de una dictadura

“Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar en un pozo diciéndonos que esa es nuestra tumba. Me empezaron a golpear, me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado, un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado, diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron de nuevo, me subieron al helicóptero diciéndome que iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”, relató en su declaración preparatoria Osvaldo Ríos Sánchez, testimonio recogido por el organismo internacional.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU presentó hoy el informe de “Doble Injusticia”, en el que confirma actos de tortura en contra de los detenidas– al menos 34– por el caso Ayotzinapa.

El organismo internacional llamó al Poder Judicial a excluir del juicio las pruebas obtenidas bajo este tipo de actos y urgió al Estado mexicano a crear una Fiscalía General verdaderamente autónoma.



El representante del Alto Comisionado de la Organización de las Nacionales en México, Jan Jarab, presentó el informe sobre las violaciones a derechos humanos en la investigación del caso de Ayotzinapa, tras la documentación que realizan desde septiembre de 2014 con base al análisis de expedientes de la indagatoria penal, declaraciones de los detenidos ante el juez y entrevistas realizadas por visitadores a los procesados.
Las autoridades federales detuvieron a 129 personas presuntamente relacionados con la desaparición de los estudiantes de la escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Los detenidos son principalmente policías de Iguala, Cocula y supuestos integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
De los 129 casos, la ONU en México analizó 69, de los cuales en 12 no encontró indicios de tortura, en 51 localizó elementos que indican malos tratos o posible tortura y 34 casos, [33 hombres y una mujer] halló “fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura”, señaló Jarab en rueda de prensa.


Los elementos de convicción se basan en las declaraciones de denuncia y en los informes de los exámenes médicos realizados a los capturados y presentados en el expediente. “se certifican más de 30 lesiones compatibles con actos de tortura”, detalló el representante.

Los actos de tortura que documentó el la Oficina en México de la ONU son golpes, toques eléctricos en múltiples actos del cuerpo, violencia sexual, y amenazas de violación sexual a las mujeres de la familia como esposas e hijas de los detenidos, de acuerdo a la información que brindó el representante de la ONU.
“Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar en un pozo diciéndonos que esa es nuestra tumba. Me empezaron a golpear, me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado, un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado, diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron u de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel , me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”, relató en su declaración preparatoria Osvaldo Ríos Sánchez, testimonio recogido por el organismo internacional.
Otra de las narraciones presentadas por el documento es la de Eury Flores brindada el 4 de noviembre de 2014
“Me volvieron a poner la bolsa en la cabeza y como yo no les decía lo que querían escuchar me empezaron a dar toques primero en a boca, después de volvieron a poner la bolsa, y otra vez me volvían a pegar en la espalda, costillas, abdomen y después me dieron toques ne los testículos, […]después se me subieron dos [hombres] al abdomen y otro me puso la bolsa en la cara, y me dijo que llevaba órdenes del presidente […] me empezaron a dar toques en el ano y me volvieron a poner la bolsa”.

El informe establece que dichos actos fueron realizados por integrantes de la Policía Federal Ministerial, Semar, y personal de la Ministerial de la PGR, principalmente de la SEIDO. Al menos en 23 casos los detenidos acusaron directamente a personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.

Los actos de tortura se presentaron en los medios de transporte.


Los partes informativos muestran que hay demoras, entre 8 y 27 horas, que transcurrieron desde el momento de la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público.

Las justificaciones que brindó el estado mexicano, las autoridades, sobre estas demoras y las lesiones de los detenidos “no son plausibles ni creíbles”, expresó.

“Hasta la fecha no hay información que haya responsables por los actos de tortura los funcionarios, los responsables permanecen impunes”, recriminó Jan Jarab.
“… me dieron un culatazo en la ceja izquierda, y me reventaron y me siguieron golpeando […] me trasladaron a un lugar pero en todo el camino me iban dando electricidad y preguntándome por las armas [..] me echaron al suelo y me empezaron a echar agua fría y me empezar a dar electricidad abajo en la planta de los pies y en los huevos […] Llegó un Señor y me empezó hacer preguntas [..] que entonces ahora iba a mandar a matar a toda mi familia, de ahí me empezaron a dar electricidad en todo el cuerpo, en los huevos y atrás en la cola […] que iban a matar e iban a violar a mis hiñas y a mi esposa y que les iban a meter el tubo del cañón en el ano a mis niñas”, establece el relato Patricio Reyes Landa en su declaración del 14 de enero de 2015.

URGE A LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA AUTONOMA

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU urgió al estado mexicano a lograr la transformación de la PGR en Fiscalía que realmente autónoma con organismos de control interno y procesos de rendición de cuenta.


El organismo internacional insistió en que es necesario aplicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la creación de un consejo asesor de la lucha contra la impunidad.

Por otra parte, llamó al poder judicial a excluir todas las pruebas obtenidas por medio de la tortura.
“No somos defensores de los procesados sino defensores del estado de derecho para todas las personas”, aclaró el Comisionado.
Las observaciones y conclusiones del expedientes no son nuevas, porque la ONU no hizo una investigación paralela, “toda esta evidencia ya está en el expediente” que tendrá que analizar el juez, respondió el representante cuestionado si con este informe se pone en riesgo el proceso penal.

El comisionado expresó que el informe no cambia el desarrollo del proceso penal “al contrario estamos instantes a que se respete el estado de derecho”.


“No se puede resolver una grave violación de derechos humanos (desaparIción de los 43) con otras violaciones”, puntualizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY GÁNDARA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-03-2018/3397486