El pasado 24 de julio, se informó que las constructoras de Rico Moreno habían obtenido más de 270 licencias de construcción en la entidad, y que la dependencia en que era subsecretario autorizó las obras, emitiendo los permisos y cambios de uso de suelo.
El caso de presunto conflicto de interés fue denunciado ante medios locales por Leonardo, quien el pasado lunes fue vinculado a proceso, luego de que la constructora SYLMA -de la que es propietaria la hermana de Rico Moreno- lo acusara por difamación.
Enfrentará su proceso en libertad, aunque debe acudir a firmar y se estableció como medida cautelar que no pueda salir de los estados de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.
De acuerdo con el diario local El Independiente de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, actual secretario de Gobierno estatal, dijo que se hará una investigación sobre el desempeño de Rico Moreno, aunque de antemano defendió que los servidores públicos pueden desempeñar otra actividad o función, además de su trabajo como funcionarios.
“Mientras se mantengan dentro del cause de la ley, no hay ningún conflicto de interés”, dijo Vargas Aguilar, de acuerdo con el medio de Hidalgo.
“Sólo hay un señalamiento y no hay una acusación al respecto. Lo que se va a ver es si ha habido alguna acción para favorecer desde su puesto, pero si no hay esto, no hay ningún problema”, agregó.
Este martes, la firma jurídica Díaz, encargada de la defensa de SYLMA, señaló en un comunicado respecto a su acusación contra el ciudadano Leonardo García Vázquez que “los hechos motivo del presente proceso no tienen relación alguna con servidores y/o funcionarios públicos, contrario a lo que la defensa del hoy imputado -sin sustento probatorio idóneo- trató de hacer valer en la etapa procesal”.
Y agregó: “la jueza de control indicó que hasta el momento no se advierten indicios de que se haya coartado el derecho a la libertad de expresión del imputado”.
Artículo 19 emitió un comunicado sobre el caso de Leonardo, señalando que “cualquier ataque mediante el uso desviado del derecho penal ya sea contra fuentes o medios, constituye una grave forma de frenar el flujo de información”.
La organización que defiende la libertad de expresión agregó que “ve con preocupación el uso del derecho penal mediante la figura de calumnia para coartar la expresión y flujos de información que son de evidente interés público”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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