Cárteles empresariales han sido descubiertos en conexión con bienes y servicios básicos como el de la alimentación, la salud, el transporte y la vivienda.
Más de 600 compañías en la región han hecho pactos ilegales en sectores básicos que van desde de la alimentación y la salud hasta el transporte. Por ahora las multas contra empresas involucradas en un centenar de cárteles superan los 2.600 millones de dólares. Sanciones con las que se trata de contener una práctica de la que sus principales víctimas son los consumidores.
Por esta época hace un año, todos los chilenos mayores de 18 años recibieron el anuncio que eran beneficiarios de 150 millones de dólares. Cada uno recibiría aproxímadamente 10 dólares. El origen del sorpresivo aguinaldo fue la gigantesca corporación CMPC, el holding de empresas forestales y papeleras controlado por la familia Matte, una de las más ricas de este país. El valor no correspondía a un arrebato de generosidad. Por el contrario. Se trataba de una reparación económica para todos los chilenos que durante años fueron víctimas de un acuerdo de precios que ejecutivos de esta empresa hicieron con su competencia, incrementando de manera artificial los precios de productos tan básicos como el del papel higienico.
El inédito acuerdo, que se logró gracias al activo rol de organizaciones de consumidores de ese país, sentó un precedente en América Latina de cómo compensar directamente a los ciudadanos por parte de las empresas que han conformado cárteles empresariales. Una práctica que tiene alertadas a las autoridades desde México hasta el cono sur y que consiste en pactos secretos e ilícitos tramados por ejecutivos de alta alcurnia que han decidido abandonar la libre competencia para exprimir los bolsillos de los consumidores a través del aumento conciliado y artificial de los precios de sus productos o del reparto de mercados en los que han actuado con vocación monopólica.
La cartelización, que es el nombre técnico de esta práctica, más allá de la asociación que en la región se hace con las organizaciones del narcotráfico es un comportamiento empresarial que ha proliferado pese a la reacción de las autoridades en algunos países como Brasil, Colombia, México, Chile y Perú, que son las naciones donde más sanciones se han puesto.
Esta investigación realizada por IDL Reporteros, de Perú, y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, revela que en la región al menos 600 compañías, fueron señaladas entre 2012 y el primer semestre de 2017 de haber formado parte de estas conspiraciones para acordar precios de sus productos, según la información obtenida de 14 organismos estatales de protección del mercado y de la libre competencia en el continente. De acuerdo con la investigación, las autoridades nacionales han impuesto un monto superior a 2.600 millones de dólares en multas contra compañías que han participado en un centenar de cárteles. (Vea acá la investigación completa).
“Hemos visto solo la punta del iceberg”, dice Antonio Capobiano, experto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que ha impulsado estrategias para el resguardo del libre mercado en América Latina desde hace una década y media. Según el especialista, los Estados deben profundizar la lucha y fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos contra la competencia.
Para perseguir a los cárteles, las autoridades han encontrado en la delación premiada una gran aliada. Se trata de confesiones a cambio de rebajas en las penas, sin embargo, no han estado exentas de controversias pues en general se exime del 100 por ciento de sanciones a quienes delatan primero.
La revisión de IDL Reporteros y CONNECTAS confirmó que cárteles empresariales han sido descubiertos en conexión con bienes y servicios básicos relacionados, entre otros, con sectores como el de la alimentación, la salud, el transporte y la vivienda. Mientras algunos países avanzan en las sanciones, otros recién activaron sus organismos fiscalizadores, como el caso de Paraguay, y en otros ni siquiera existe regulación al respecto como en Guatemala.
En Estados Unidos y Europa, ciudadanos afectados por los cárteles empresariales han reclamado exitosamente indemnizaciones. En Latinoamérica los abusos corporativos no siempre han contado en la región con la respuesta de organizaciones civiles de consumidores. Si bien el caso de Chile es ejemplarizante, por el momento la ejecución final de la reparación a los chilenos mayores de 18 años esta pendiente de decisiones que debe adoptar la Corte Suprema de Justicia de ese país y apelaciones de nuevas ligas de consumidores que aspiran a una mayor indemnización pues consideran que los 150 millones de dólares pactados aún es poco para el daño causado. Al confirmarse y ejecutarse este acuerdo en los próximos días, se abrirá un nuevo camino en el control del abuso del poder que ciertas corporaciones han tenido sobre los consumidores.
Fuente: Aristegui Noticias
Autor: Redacción
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