El Dragonario: 03/06/17

lunes, 6 de marzo de 2017

Veracruz, entre la “narcoguerra” y la incapacidad gubernamental

“Guerra quieren, guerra van a tener”, fue la advertencia que un grupo criminal escribió con letras negras en una cartulina naranja, colocada en el parabrisas de una camioneta blanca tipo Van robada sólo unas horas antes y en cuyo interior se localizaron 11 cadáveres (dos de mujeres, nueve de hombres), varios de ellos con heridas de arma blanca, otros con impactos de bala y todos atados de manos y pies.

El hallazgo, en la colonia Graciano Sánchez de Boca del Río, ocurrió un día después de que se anunciara el ingreso de la Gendarmería Nacional en la entidad. Policías ministeriales consultados por Proceso afirman que los asesinatos son producto de la lucha entre integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, que durante gran parte del sexenio del priista Javier Duarte fueron aliados, pero se volvieron a enemistar y ahora desatan en el estado una serie de ataques similares a los que protagonizan en Sinaloa.

La mayoría de los 11 cuerpos, a los que se les tomaron fotografías en el Servicio Médico Forense de Boca del Río, presentan en distintas partes tatuajes de la Santa Muerte, igual que los de 20 sicarios abatidos el 5 de diciembre en el municipio de Jesús Carranza.

A decir del gobernador Miguel Ángel Yunes, estas 11 víctimas fueron identificadas “por familiares y amigos”, pero por la saña “estamos investigando si los ejecutados tienen vínculos con la delincuencia organizada”.

Estruendo de armas y silencio oficial

Aunque el gobierno de Yunes Linares se enfila hacia sus 100 días, nada cambia: Continúan el tiradero de cuerpos en las zonas centro y sur del estado, los secuestros, el hallazgo de narcofosas, los asaltos a negocios y el robo de autos. El propio Yunes admite que “la percepción ciudadana” está “insatisfecha” con la inseguridad y que “tiene toda la razón”.

El gobernador ha declarado a la prensa que los homicidios múltiples están relacionados con conflictos entre bandas delictivas. Sin embargo, no nombra a los cárteles mencionados y las escisiones de Los Zetas que aún quedan en el norte y el sur de la entidad, así como bandas independientes.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado diciembre, primer mes del “gobierno que rescatará a Veracruz” –como dice el eslogan de Yunes Linares– se registraron 196 homicidios, 64 de ellos con arma de fuego, 11 con arma blanca y 121 en la categoría “otros”.

En enero se dio cuenta de 188 homicidios, 51 con arma de fuego, 14 con arma blanca y 123 en la categoría de “otros”; en esta última suelen incluirse los cuerpos abandonados en la orilla de la carretera o en vehículos.

La misma institución reporta que durante diciembre y enero se abrieron en Veracruz 4 mil 522 carpetas de investigación por delitos, incluidos cinco robos a bancos –establecimientos a los que Yunes les exigió que se hagan cargo de su propia seguridad–, 542 robos a negocios con violencia, 398 robos de vehículos con violencia y 944 hurtos de vehículos sin violencia.

También en enero el SESNSP registra 15 secuestros, es decir más de tres por semana, así como siete robos a camiones de carga y siete a autobuses foráneos.

En el fuero federal, la PGR abrió en diciembre y enero 49 carpetas de investigación tras detener en el estado a sospechosos con armas de uso exclusivo del Ejército, y presentó seis querellas por narcomenudeo y dos por delincuencia organizada.

En una entrevista con Radio Fórmula, el pasado jueves 2, Yunes Linares sostuvo que desde que entró al gobierno 60% de los homicidios en Veracruz son ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.

“Es un hecho grave que asumimos y tratamos de resolver. Dejaron un mensaje de una guerra entre ellos y un mensaje de todos nos morimos por parte de un grupo delincuencial. En efecto tenemos un problema grave, de policía muy minada por el crimen organizado”, expuso.

Mientras tanto, su gabinete de seguridad pública y procuración de justicia estableció un cerco informativo para darle prioridad a las directrices políticas del gobernador, como la difusión del aseguramiento de bienes muebles e inmuebles al exgobernador Javier Duarte y familiares, caso del que ha buscado aprovecharse para fincar una imagen de gobernante eficaz.

Sólo el 5 de diciembre, tras un enfrentamiento de civiles armados contra policías estatales y fuerzas federales que duró dos días en el municipio de Jesús Carranza, con un saldo de 20 presuntos delincuentes abatidos, el gobierno de Yunes se vanaglorió de la acción (Proceso 2093).

En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Jorge Winckler Ortiz, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dirigida por Jaime Téllez Marié, guardaron silencio el 27 de enero, cuando tres policías municipales de Las Choapas fueron levantados por un comando armado. Un día después aparecieron decapitados y con huellas de tortura en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

El 1 de febrero, tres marinos fueron “levantados” por un comando armado en el Infonavit Buenavista, hecho que difundió la Secretaría de Marina al día siguiente. Ese 2 de febrero se localizó en el municipio de Nogales una camioneta con ocho ejecutados en su interior. La FGE y la SSP tampoco aludieron a esos hechos.

La madrugada del 28, dos presuntos sicarios fueron abatidos y un marino resulto herido tras un fuerte enfrentamiento en el fraccionamiento Villa Rica del Puerto de Veracruz. Extraoficialmente se dijo en el ámbito policiaco que el enfrentamiento ocurrió cuando los marinos buscaban a sus tres compañeros desaparecidos.

Fue hasta el 5 de febrero, con el hallazgo de restos humanos embolsados a la orilla de una carretera en Los Tuxtlas, cuando un centenar de periodistas le presentó una carta al fiscal general para que abriera el cerco informativo. A regañadientes, el equipo de prensa emitió una breve ficha.

El 26 de febrero la FGE detectó un cementerio clandestino en un predio rústico de la colonia Diana Laura Rojas, municipio de Minatitlán. Aún no comenzaban las exhumaciones cuando llegaron familiares de desaparecidos del sur de Veracruz a fin de presionar a las autoridades para que identificaran los cuerpos.

Fue la tarde del 28 cuando la FGE comunicó que en la fosa había tres cuerpos del sexo femenino, uno de ellos con reporte de secuestro 10 días antes. Los otros dos continúan en calidad de desconocidos.

Entre tanto, el gobierno de Yunes Linares ha optado por un esquema de “recompensas” para combatir e inhibir los delitos del fuero común. El 5 de enero, cuando las protestas contra el gasolinazo se desbordaron en saqueos y causaron pérdidas millonarias en más de 10 municipios, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, afirmó que a través de la SSP se darían recompensas de medio millón de pesos a los ciudadanos que “denunciaran” y “dieran pormenores de ubicación” para aprehender a los principales orquestadores de los actos vandálicos.

El 18 de febrero Yunes Linares, acompañado de su gabinete de seguridad, ofreció en una rueda de prensa las mismas recompensas.

El día 28, en Córdoba, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que continuarán los trabajos del Ejército, la Marina y la Gendarmería Nacional para combatir al crimen organizado en Veracruz.

En una entrevista que dio Yunes Linares a este semanario (Proceso 2067) pidió un plazo de seis meses para “resolver” los secuestros, las extorsiones y los llamados “delitos de alto impacto”. Y seis meses, “máximo un año”, para cercar a Duarte y meterlo en prisión.

Sólo han pasado tres meses. Y aunque ya se tomaron decisiones en Seguridad Pública, no se ha sentido en ese ámbito el “manotazo urgente” que prometió el gobernador.





Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
http://www.proceso.com.mx/476867/veracruz-la-narcoguerra-la-incapacidad-gubernamental

La violencia sacude a Guerrero previo a visita de Osorio Chong

El fin de semana se desató una ola de violencia en la capital del estado donde este lunes fueron localizadas seis bolsas con un número indeterminado de cuerpos desmembrados, así como cuatro hombres ejecutados, entre ellos dos menores de edad, en distintos puntos de la ciudad.

En Chilapa se reportaron dos ejecutados más y en el puerto de Acapulco suman seis las personas asesinadas desde la noche de ayer, entre ellas una adolescente de 15 años.

Mientras que desde el sábado 4, un comando privó de su libertad al delegado del gobierno de Héctor Astudillo Flores en la región de la Costa Grande, Julio César Vargas Calvo, hijo del notario público 2 de Zihuatanejo, Carlos Francisco Vargas Nájera, quien fue sacado con violencia de su casa ubicada en una zona exclusiva de este balneario.

En julio pasado, Carlos Vargas -otro hijo del notario público y hermano del funcionario estatal que sigue desaparecido- fue abatido por el Ejército durante un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y soldados en las inmediaciones del poblado de La Salitrera, municipio de José Azueta, en los límites de Guerrero y Michoacán, donde un “presunto pistolero” perdió la vida y otros dos resultaron heridos, además de tres militares, reportó oficialmente la Secretaría de la Defensa Nacional en ese entonces.

La familia Vargas forma parte del grupo político que dirige el actual Jefe de la Oficina de Astudillo, señalado por sus presuntos nexos con el narco, Alejandro Bravo Abarca, en Zihuatenejo, indican reportes oficiales.

Estos hechos de violencia se registran previo a la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien este lunes realizará una gira de trabajo en el puerto de Acapulco junto al gobernador Astudillo.

De acuerdo con los informes oficiales, esta mañana fueron localizadas seis bolsas negras con restos humanos que dejaron tiradas sobre la autopista del Sol, en las inmediaciones de la colonia El Mirador, al sur de Chilpancingo.

Luego, las autoridades informaron sobre el hallazgo de dos adolescentes ejecutados en la colonia Panorámica, así como otro hombre asesinado a tiros en la colonia Los Manantiales y uno más en la colonia Lomas de Xocomulco, en la capital de la entidad.

Los mismos reportes refieren que en el municipio de Chilapa fueron encontradas dos personas ejecutadas y en Acapulco suman seis los asesinatos registrados desde la noche de ayer a la fecha.

La violencia no para en la entidad donde existe un operativo de seguridad que dirige el Ejército desde 2014, tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.





Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/476885/la-violencia-sacude-a-guerrero-previo-a-visita-osorio-chong

Minimiza Astudillo acusaciones de Cecilio Pineda; “es una moda vincular a políticos con el crimen”, dice

El gobernador, Héctor Astudillo Flores, evadió hablar sobre los señalamientos que hizo el reportero Cecilio Pineda Birto horas antes de ser ejecutado el jueves pasado en ciudad Altamirano, sobre la presunta protección que brinda su administración a Raybel Jacobo de Almonte, líder de la banda criminal de Los Tequileros y el diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco.

Al respecto, dijo que este tipo de declaraciones que exhiben supuestos nexos de políticos con el narco “se van a poner de moda” para descalificar a “figuras públicas” ante el contexto electoral que se avecina en este y el siguiente año.

“Vale la pena subrayar que esa va a ser una moda y que seguramente va a arreciar cuando vengan las elecciones, vincular a los hombres públicos o mujeres públicas con temas de delincuencia, hay que estar muy consiente que va a sucumbir quien tenga, en este caso los nexos y que se les compruebe, yo creo que es un asunto que hay que verlo con mucha preocupación y con mucha atención, pero creo que va a ser parte del escenario que vamos a encontrar en los próximos tiempos”, expresó Astudillo.

Entrevistado ayer en Acapulco durante una gira de trabajo que realizó con el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, el mandatario remató:

“Hoy decir que un político tiene relaciones con la delincuencia o con el narco, yo creo que es algo que se va a volver como la principal descalificación en la ruta electoral”.

De esta forma, Astudillo minimizó el tema de los constantes señalamientos de que autoridades de los tres niveles y el Ejército tienen nexos con la delincuencia, a pesar de que el caso Ayotzinapa exhibió la dramática situación que se vive en la entidad y los indicios de la narcopolítica.

No obstante, evadió opinar sobre la acusación directa que hizo el reportero Cecilio Pineda, quien afirmó que el gobierno estatal tiene conocimiento donde se esconde “El Tequilero” pero no lo quiere detener y tampoco desaforar al diputado local priista Saúl Beltrán Orozco porque existe complicidad gubernamental con la delincuencia, así como “intereses muy fuertes” que lo impiden.





Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/476870/minimiza-astudillo-acusaciones-cecilio-pineda-una-moda-vincular-a-politicos-crimen-dice

México compra “sin restricción” más de 300 mil armas

Un contrato firmado entre el gobierno mexicano y la subsidiaria estadunidense de la empresa alemana Sig Sauer –fabricante de armamento– prendió las alarmas en el Congreso de Estados Unidos, pues el acuerdo le permitirá a México ensamblar y reparar armas de esa firma durante cuatro años, sin necesidad de reportarle nada a Washington. Además de lo inusual de la transacción –el monto es de 266 millones de dólares–, el convenio evidencia, según analistas, la intención de “militarizar” a las policías estatales y municipales mexicanas.

Por conducto de su subsidiaria en Estados Unidos, Sig Sauer, la empresa alemana fabricante de armas, concretó con el gobierno mexicano un acuerdo para permitirle, sin restricciones y durante cuatro años, la manufactura en México de entre 300 mil y 400 mil armas de fuego, arreglo que causó preocupación en el Congreso estadunidense.

El contrato es por un monto de 266 millones de dólares; fue notificado al Capitolio el 15 de abril de 2015 y lo suscribieron Sig Sauer y la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia encargada de la compra de equipo bélico para cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. En términos monetarios y por el número de piezas, es el mayor que el gobierno de México ha firmado con una empresa privada desde finales del siglo pasado.

En el inciso DDTC-14-121, correspondiente al año fiscal 2015, del expediente “Notificaciones al Congreso sobre la venta de armas comerciales y militares a México”, del Departamento de Estado, se dice: “Sig Sauer ($266 millones de dólares). Para la manufactura –en México– de rifles y pistolas Sig Sauer, y la renovación de inventarios actuales para el uso de la Armada, Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación, Policía Federal y fuerzas policiales estatales y municipales”.

Documentos de los que Proceso tiene copia relativos a las adquisiciones de equipo militar y armas de fuego que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo a Estados Unidos en los años fiscales 2015 y 2016 muestran una serie de mecanismos por los cuales la Sedena no estaría obligada a reportarle a Washington el uso ni destino final de la masiva producción de rifles y pistolas en el caso de su actual convenio con Sig Sauer.

Esa falta de restricciones motivó que el senador federal demócrata por Vermont, Patrick Leahy, cuestionara al Departamento de Estado sobre el afán del gobierno de Peña Nieto en adquirir equipo militar y armas de fuego a granel.





Fuente: Proceso
Autor: J. Jesús Esquivel
http://www.proceso.com.mx/476784/mexico-compra-sin-restriccion-300-mil-armas

Suspenden clases de forma indefinida en Chenalhó por irrupción de grupo armado afín a alcaldesa

Miles de niños y jóvenes desde preescolar hasta el nivel preparatoria o bachillerato y sus docentes suspendieron hoy sus clases de forma indefinida en más de 100 localidades, luego de que los agentes rurales de todo el municipio determinaran en una asamblea que “no existen las condiciones de seguridad” por la operación de un grupo armado al servicio de la alcaldesa, Rosa Pérez Pérez.

En un acuerdo tomado el pasado fin de semana, los representantes de la mayoría de los barrios, parajes, rancherías y comunidades de Chenalhó, establecieron que no se reiniciarán las clases hasta que estén dadas las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan retornar a las aulas.

ras la irrupción armada de un grupo de seguidores y simpatizantes de Pérez Pérez, quienes tomaron la presidencia municipal el pasado 22 de febrero, los líderes de las diferentes comunidades se reunieron para acordar las acciones a seguir.

En un documento dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado, entre otras instancias, explicaron que el objetivo de la suspensión de clases es “evitar la pérdida de vidas humanas, ya que no existen condiciones de seguridad para los alumnos y para los docentes”.

Recordaron que el pasado 28 de febrero, los profesores de la Zona Escolar 016, firmaron un acta en la que acordaron no laborar en las escuelas “hasta que existan condiciones de seguridad, paz y tranquilidad de Chenalhó”.

Los firmantes, partidarios del síndico Miguel Sántiz Álvarez, quien fungió varios meses como presidente sustituto de Chenalhó, exigieron que “cesen las amenazas, intimidaciones y disparos de arma de fuego en las comunidades y que se tomen medidas cautelares en las localidades en las que viven hombres, mujeres y niños que repudiamos y desconocemos a Rosa Pérez”, del Partido Verde Ecologista de México.

Presionada por sus opositores y por funcionarios estatales, Rosa Pérez solicitó licencia al cargo el 26 de mayo pasado y en su lugar, el Congreso local designó a Sántiz Alvarez, alcalde sustituto.

Sin embargo, el 17 de agosto, el TEPJF ordenó la restitución de Pérez Pérez, quien instaló una oficina en San Cristóbal para despachar como la alcaldesa constitucional, mientras que Miguel permaneció en el palacio municipal, pero el pasado 22 de febrero, cientos de sus partidarios tomaron el palacio, aunque ella continúa atendiendo a sus seguidores en esta ciudad, pues desde su reinstalación recibe el presupuesto oficial.

La toma del edificio y un enfrentamiento posterior entre partidarios de ambos dejó un muerto, Jonhny Orlando Vásquez Ruiz, y 16 heridos, según los agentes municipales.

“Posterior a la toma del palacio municipal por simpatizantes de Rosa Pérez se han suscitado hechos violentos en la cabecera municipal y en las comunidades de Tzanembolom, La Libertad y Beumpla, donde ha habido disparos de armas de fuego para intimidar a la población y que Rosa Pérez imponga su autoridad”, manifestaron los agentes en el documento.

Los inconformes exigieron “castigo inmediato a los autores materiales e intelectuales de la toma violenta del palacio municipal y del asesinato de Vásquez Ruiz, pues este crimen no puede quedar impune; reparación de los daños por su muerte, por los saqueos a comercios y casas y la quema de una tienda ocurrido el pasado viernes”.





Fuente: Proceso
Autor: Isaín Mandujano
http://www.proceso.com.mx/476887/suspenden-clases-forma-indefinida-en-chenalho-irrupcion-grupo-armado-afin-a-alcaldesa