El Dragonario: 02/25/17

sábado, 25 de febrero de 2017

Urge regresar el Ejército a los cuarteles

CIUDAD DE MÉXICO: Hay dos investigaciones que demuestran que lo que debe legislarse es el regreso de los militares a los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública incrementó la violencia y detonó la incidencia de criterios partidistas para decidir dónde y cómo enfrentar a esas mafias.


El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República encargó a cuatro investigadores la realización de un estudio, denominado Seguridad interior: elementos para el debate, ahí se sistematizan diversas aestadísticas y se identifican los objetivos explícitos de las tres iniciativas que actualmente están en el Senado para regular la seguridad interior.

Resume en dos los objetivos de las propuestas: “i) regulación de las Fuerzas Armadas, y ii) relación con las autoridades locales”. En términos generales y, con algunas diferencias, las tres iniciativas (presentadas por los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD) tienden a garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública y a centralizar todavía más las decisiones en el Ejecutivo federal en detrimento de las atribuciones de los gobiernos locales.

Sin embargo, las evidencias que aporta el estudio no dejan lugar a dudas: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ha sido más perniciosa que benéfica. Un primer dato muy revelador es que en diciembre de 2006, cuando se ordena la Operación Conjunta Michoacán, el país se encontraba en “niveles mínimos históricos” en número y tasa de homicidios.

Precisa: “Si acaso aumentaron ligeramente de 2004 a 2006, pero se mantuvieron en niveles históricamente bajos (cerca de 10 mil homicidios anuales). Fue después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a escala nacional. Se llegó a más de 27 mil homicidios en 2011; de hecho, entre 2007 y 2011 se triplicó su cantidad (de 9 mil a 27 mil), y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes”.

El estudio reconoce que la situación era distinta en Michoacán, pero no era extensiva al resto del país, ni siquiera a las siete entidades que posteriormente vivieron momentos muy críticos: Baja Cali­fornia, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Una gráfica que presenta para ilustrar la evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ilustra que, salvo Michoacán, en las siete entidades ya señaladas y en el resto del país la tasa de homicidios creció en lugar de disminuir.

En la gráfica puede identificarse (no vienen los números exactos, sino que el autor los infiere de la misma) que en 2006 la tasa de homicidios en Michoacán fue de 24 por cada 100 mil habitantes y para 2015 pasó a 19; en las otras siete entidades al inicio fue de 15, para 2010 alcanzó los 66, y en 2015 fue de 29. En el resto del país era de ocho en 2006 y pasó a 15 en 2015.

Así, la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada atizó la violencia, no la disminuyó. Pero también se multiplicaron las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos supuestamente perpetradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De 182 en 2006 pasaron a mil 800 en 2009, y en 2015 se contaron poco más de 600. Las quejas por detenciones y retenciones arbitrarias siguieron la misma tendencia: de 369 en 2006 pasaron a 2 mil 456 en 2011 y poco menos de mil 200 en 2015.

Guillermo Trejo y Sandra Ley, autores del otro estudio, analizan la evo­lución temporal y espacial de 30 mil asesinatos y ejecuciones perpetrados por grupos criminales y de narcotraficantes en 2 mil 108 municipios mexicanos entre 2007 y 2012:

“La evidencia cuantitativa y cualitativa muestra que el conflicto partidista intergubernamental entre derecha e izquierda llevó a las autoridades federales del PAN a desarrollar intervenciones militares y policiales efectivas en regiones donde gobernaban copartidarios del presidente, pero intervenciones parcializadas y confrontativas donde gobernaban los enemigos políticos del presidente.

“Mediante estudios de caso mostramos que el uso partidista del ejército y las fuerzas federales, y la politización del aparato de seguridad y de justicia, no sólo contribuyeron a la intensificación de la violencia criminal en las regiones de izquierda, sino que también volvieron más vulnerables a los alcaldes y a los municipios de oposición ante ataques criminales. Fue en esos espacios en los que el narcotráfico capturó gobiernos locales y a la sociedad mediante la violencia letal.”

Los datos son contundentes: “Los municipios del PRI y del PRD en estados izquierdistas (gobierno federal del PAN-estatal del PRD-y municipal del PRI, y PAN-PRD-PRD) en promedio experimentaron, respectivamente, 179.6% y 125.9% más violencia que los municipios bajo gobernanza unificada del PAN. (…)

“Si el argumento de la coordinación tuviera razón en afirmar que la intensificación de la violencia fue resultado de la fragmentación partidista –sin importar qué partido gobernaba a escala subnacional– deberíamos esperar que los casos en los que el poder estaba fragmentado verticalmente (PAN-PRI-PRD y PAN-PRD-PRI) experimentarían niveles análogos de violencia criminal. Sin embargo, no fue así: el caso PAN-PRD-PRI, con un gobernador de izquierda, arroja casi nueve veces más violencia criminal que el caso PAN-PRI-PRD, con un gobernador del PRI.”


Así, al contrario de lo que pretenden las iniciativas presentadas en el Senado, lo que hay que hacer es legislar para regresar cuanto antes al Ejército a los cuarteles y, como señalan los dos investigadores, “imponer controles más estrictos a las autoridades federales mexicanas para evitar que un presidente vuelva a utilizar a la Policía Federal, al Ejército y a las procuradurías para castigar a sus rivales políticos y asistir a sus copartidarios…” .

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475530/urge-regresar-ejercito-a-los-cuarteles

“Alianza corrupta” entre los medios y el poder en México: estudio alemán

BERLÍN: En México existe una alianza corrupta entre medios de comunicación cercanos al gobierno, clase política y crimen organizado que posee un amplio repertorio de posibilidades para censurar la información crítica.


No sólo eso. Las agresiones contra informadores permanecen, no sólo en su mayor parte sin castigo, sino que además esta ausencia de sanciones jurídicas conduce a la reproducción de un patrón de violencia. En este clima de miedo, es la sociedad civil mexicana la que pierde en muchas regiones del país el poder y el derecho a una opinión pública crítica.

Tal es la conclusión del análisis Libertad de prensa en México. Lucha por un derecho fundamental, elaborado por la fundación alemana Rosa Luxemburg, y que será presentado este viernes 24 en Berlín por la periodista mexicana Carmen Aristegui.

El documento expone las duras condiciones en las que actualmente se ejerce el periodismo en México y analiza críticamente el papel de los medios masivos de comunicación en el país, en especial la televisión, cuya concentración del poder, concluye, no sólo sirve para controlar a la opinión pública sino también para, en muchos casos, difamar y criminalizar a los informadores críticos.

El informe de 25 páginas fue elaborado por la politóloga Jana Flörchinger, quien explica en entrevista con Apro los motivos que llevaron a la fundación Rosa Luxemburg a elaborarlo:

“El alarmante número de periodistas, activistas y mujeres amenazadas, desaparecidas o asesinadas en México influye en el trabajo de actores y movimientos sociales y creemos que con el asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera –dos de las cinco víctimas del caso Narvarte– se cruzó un umbral en lo que toca a la lucha de voces críticas en el país. Hay muchas regiones en México en donde apenas fluye la información porque se busca (desde el poder) sofocar las voces críticas.

“Uno se pregunta qué estructuras políticas y sociales permiten que las jerarquías y los poderosos se puedan manifestar con esa brutal y excesiva violencia”, señala.

Mediante entrevistas con periodistas y activistas, Flörchinger buscó reflejar las formas de resistencia que existen en el país en la lucha por lograr estructuras democráticas que protejan y fomenten la participación ciudadana y la libertad de prensa.

Tras varios meses de investigación en campo, las conclusiones de la politóloga son claras:

“La situación del periodismo en México converge en varios niveles: por un lado, refleja la dimensión de la violencia que además se ha vuelto cotidiana; en segundo término, se lee esta conexión entre Estado y crimen organizado, en el que es claro el trabajo conjunto entre políticos y cárteles de la droga; en tercer punto, la situación de los comunicadores también refleja qué impotente se encuentra la sociedad, que al mismo tiempo es fuerte y resiste”, señala.

Monopolios, actores políticos

El análisis de la Fundación Rosa Luxemburg hace énfasis en las consecuencias negativas para la democracia que trae consigo, por una lado, el control de la opinión pública que tienen los grandes consorcios mediáticos al imponer, ellos y de acuerdo con sus intereses políticos y económicos, una agenda nacional; y por el otro, la falta de transparencia.

A pesar de que las radios comunitarias y medios locales brindan un aporte importante a la democracia, establece el informe, éstos no tienen posibilidades de competir frente a los grandes consorcios. Más aún, debido a represión política y trabas institucionales, un amplio espectro de la audiencia mexicana no tiene acceso a estos medios. Así es que debates democráticos, tan necesarios, apenas logran establecerse.

La situación anterior, que la autora define como represión institucional contra los medios pequeños, se repite -concluye Flörchinger – en el sistema de publicidad del Estado utilizado por las administraciones en turno “para proteger la hegemonía del duopolio Televisa–Tv Azteca”.

Ejemplifica: “En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó aproximadamente 334 millones de euros en campañas publicitarias. Ningún presidente antes había gastado tal cantidad de dinero para promover su imagen y la de su partido político. El 41% de ese gasto fue a parar sólo a 10 de las mil 433 empresas mediáticas del país.

“En el sector televisivo esta desigual repartición es aún más clara: Televisa y TV Azteca recibieron en ese año cerca de 52 millones de euros por la emisión del promocionales del gobierno, lo que representó 27% del presupuesto del gobierno mexicano para campañas de promoción”.

Jana Flörchinger señala que el problema radica no sólo en el desmesurado gasto en campañas de promoción de imagen, sino en la poca transparencia que existe alrededor de ese gasto. “En muchos estados del país no es posible determinar hacia dónde y para qué se gastó el dinero público. Más de la mitad de los gastos no pueden ser ubicados”.

No así para el año 2014, en el que la investigadora alemana ubica que 83% del gasto de publicidad de Presidencia y gobernadores fue a parar tan sólo a Televisa (57.6%) y a TV Azteca (25.6%).

Presión publicitaria a medios críticos

Para el caso de medios que son críticos al gobierno, el caso es el contrario. Con frecuencia sucede, explica la autora, que las pocas inserciones publicitarias son retiradas a fin de ejercer presión sobre esos medios.

“El sistema de publicidad estatal convierte en un mecanismo efectivo para maniatar la influencia del periodismo libre en el país. Y Televisa juega en ello un rol especial porque no se trata sólo de un medio de comunicación influyente, sino de un actor político que tiene la posibilidad de manipular a la opinión pública”, asegura.

Flörchinger parte del hecho de que se trata de un canal de televisión que llega de manera gratuita a todos los rincones del país, en cuyos hogares la prensa escrita apenas tiene cabida y muchos aún carecen de acceso a internet. “Televisa actúa en cierto modo como portavoz del gobierno”, concluye.

En su análisis, la Fundación Rosa Luxemburg hace un amplio repaso por la situación que enfrentan los informadores en México y lo peligroso que resulta ser periodista en un país en donde los niveles de corrupción e impunidad resultan escandalosos.

Identifica además como agentes promotores de la violencia contra la libertad de prensa no sólo al crimen organizado, sino a las propias estructuras de gobierno que en complicidad con éste conforman una alianza letal para la democracia.

La politóloga alemana critica el discurso oficial en el que el espectro se divide entre buenos y malos. Los primeros, aquellos que fueron electos por la ciudadanía, léase políticos; y los segundos, el crimen organizado. Y es que, explica, bajo este esquema, la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye casi de forma automática al crimen organizado los ataques contra periodistas en procesos poco claros, llenos de irregularidades, sin investigaciones concluyentes en las que lo que más bien abundan son contradicciones.

“La actividad periodística de las víctimas no se valora como un móvil de los crímenes y, por el contrario, se deja de lado. Con ello, se construye una realidad que no sólo encubre las causas, sino que criminaliza a los periodistas y los presenta como sujetos con relaciones turbias”.

La elaboración del informe es parte del trabajo que desde hace años realiza en México la Fundación Rosa Luxemburg, vinculada al partido La Izquierda de Alemania.


Este año, explica Flörchinger, la temática de trabajo de la Fundación son los medios alternativos y la comunicación y, a partir del diagnóstico elaborado por ella, se buscará fomentar y apoyar el trabajo de jóvenes comunicadores en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475629/alianza-corrupta-los-medios-poder-en-mexico-estudio-aleman

Reportan casos de bullying y cobro de piso en escuelas de Guerrero

Chilpancingo, Gro. La Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) confirmó ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), que en una investigación realizada en mil 300 escuelas de 9 municipios de la zona centro, se detectaron problemas “muy graves”, que van desde el bullying, violencia, y cobro de piso entre los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

El jueves pasado, funcionarios de la SEG, se reunieron con miembros de la Coddehum, que preside Ramón Navarrete Magadaleno, en donde presentaron un video con toda la información detallada de los hechos de bullyning y violencia que se presentan en varias escuelas de la zona centro, la mayoría en Chilpancingo.

En el estudio realizado por la SEG, en mil 300 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, de los nueve municipios de la zona Centro, la SEG identificó el problema de violencia como “muy grave”, por lo que se propuso llevar a cabo un plan de atención integral en el que participen autoridades estatales, federales, la Comisión de Derechos Humanos y sociedad civil.

De inició se tomó un primer acuerdo, entre la SEG, y la Coddehum, principalmente, en el que se anunció que de inmediato serán atendidas de manera urgente 15 planteles educativos.

Cabe mencionar que ya desde el pasado mes de mayo, la Coddehum, recibió informes de maestros y padres de familia, que denunciaron que había casos de alumnos en escuelas ubicadas en el área rural y urbana del puerto de Acapulco, que realizaban labores de cobro de piso o cobro de cuota, tanto para los estudiantes, como con sus profesores.

En ese sentido, el jueves pasado, se presentaron los resultados de esta nueva investigación al que se le dio el título de “información reservada”.

No obstante, debido a la gravedad del problema, y a las denuncias que ya fueron presentadas por maestros y padres de familia, la SEG, reveló parte de la investigación, principalmente de las escuelas ubicadas en Chilpancingo, que fueron calificadas como “las más violentas”, aunque sin detallar qué tipo de problemas se identificaron.

En la reunión SEG-Coddehum hubo expresiones como: “En primaria tenemos problemas tan serios que hay niños que cobran piso en su escuela”; “Hay problemas muy serios en las primeras, y en cinco escuelas nivel preescolar, como el Jardín de niños Emiliano Zapata, que son lo crítico de lo crítico en preescolar”. “En la primaria del PRI(la colonia), el problemón en cuestiones de violencia. Tenemos un problema muy muy serio en la primaria Vicente Guerrero. Esos son los problemas de las 5 primarias más violentas de Chilpancingo. Los problemas más serios son en las escuelas de la periferia”.

Y luego mencionaron a las escuelas secundarias “Wilfrido Massieu en (la colonia) El Tomatal. También la Galo(Soberón y Parra); la Esfaid(Escuela secundaria Antonio I Delgado); la Hermenegildo Galeana en (la colonia) El Amate; la Telesecundaria Emiliano Zapata en la(colonia) CNOP””.

Pero también el Jardín de niños Emiliano Zapata; el Jardín de niños Domínguez Martínez; el Jardín de niños Wenceslao; y las primarias Plan de Ayala; y Plan de Ayutla

En el caso de primarias, en el diagnóstico se dio a conocer que, en donde se presentaron casos con más violencia, fueron en las escuelas: Partido Revolucionario Institucional (PRI); la Aarón M. Flores en la colonia CNOP; y la Vicente Guerrero, y la Plan de Ayutla. Son las escuelas ubicadas en las colonias del PRI y CNOP, (dos en ambos asentamientos), las que según la SEG, representan una mayor problemática de violencia.

También se incluyeron las secundarias Wilfrido Massieu; ESFAID, que se ubican en la parte del centro de Chilpancingo; la escuela Galo Soberón y Parra; y la Emiliano Zapata, que fueron incluidas en el diagnóstico.

Las causas de la violencia, según el estudio de la SEG, varía de acuerdo a la ubicación de los planteles, y tienen que ver con “ inseguridad, acoso escolar, delincuencia en la periferia, drogadicción, cobro de piso”, por mencionar algunos casos.

Al respecto, Ramón Navarrete Magdaleno, calificó de preocupante la situación “la intención es que las instituciones hagamos un trabajo conjunto para atacar el bullying, para que se ujnifiquen los esfuerzos, y nos lleve a tener éxito”.

Recordó que incluso a partir del debate que causó el “Operativo Mochila”, y otros aspectos que tienen que ver con la educación, la Coddehum ha participado, pero dijo que hasta el momento el diagnóstico solo se expuso “ nos falta que la SEG nos lo entregue, ya nos dijeron que se nos va a hacer llegar por escrito, y aun cuando no tengamos los números, ahora lo importante será tomar las acciones a seguir”.

Recordó que la Coddehum “ya tiene su programa a la violencia escolar, y se sumarán otros aspectos, que aunque no son de nuestra incumbencia puede tratarse a fondo lo relacionado a los hechos de violencia en las escuelas”.

Además manifestó que dicho diagnóstico “son apenas los primeros datos que tenemos; el problema es que aún no se cuentan con las estrategias a seguir de atención integral”, aunque evitó abundar sobre el contenido del estudio, son apenas los primeros resultados que se entregaron a la Comisión, mediante una exposición.

Sin embargo, Navarrete Magdaleno, recalcó: “es un tema en el que nosotros no tenemos una intervención directa porque no es una situación en la que un servidor público cause una violación a los derechos humanos, la Coddehum ha mostrado interés en participar y aportar desde nuestra posición, todo nuestro esfuerzo”.


Aunque confirmó que sí hay situaciones graves de violencia en escuelas de la zona Centro “hace un tiempo ya se había informado lo que sucedía en otros lugares(Acapulco). De todos modos tendrán de hacerse estudios más detallados para no tratar de manera irresponsable, ni "de manera superficial, estos hechos que tienen que ver con la violencia que se presenta en algunas escuelas”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/25/reportan-casos-de-bullying-y-cobro-de-piso-en-escuelas-de-guerrero

A 18 meses de la muerte de un niño, militares involucrados no han declarado

El 19 de julio de 2015, el niño Hidelberto salió a comprar unas cosas a una tienda pero murió luego que militares dispararan contra él y otros habitantes en Santa María de Ostula, Michoacán.

A más de 18 meses de que integrantes del Ejército mexicano participaron en un “supuesto enfrentamiento” con miembros del crimen organizado en la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, donde murió un niño de 12 años y otros 10 pobladores ajenos al conflicto resultaran heridos, víctimas y sus familiares denunciaron que los responsables de las agresiones no han declarado ministerialmente por estos hechos.

Según el abogado que lleva el caso, Raymundo Ortiz Martín del Campo, a los 15 soldados que participaron en la muerte del niño no se les ha tomado la declaración, ya que fueron dados de baja en los días posteriores al incidente.

El abogado agregó que las víctimas y sus familiares no han recibido una adecuada reparación del daño por parte del Ejército, aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el uso ilegitimo de la fuerza y les recomendó reparar el daño a víctimas directas e indirectas.

En el caso del niño, el Ejército aprobó el pago de los servicios funerarios pero no la indemnización económica para su familia.

Sobre la responsabilidad e identidad de los involucrados en la muerte del niño y las heridas provocadas a los pobladores de Ostula no hay avances en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto la recomendación 65/2016, emitida por la CNDH a fines de diciembre de 2016, ha sido minimizada por el Ejército, según el abogado.

Quién era el niño víctima de los soldados

“Dicen que la comunidad andaba armada. No es cierto, la comunidad no traía ningún arma. Quienes tiraron fueron los soldados porque yo lo vi… Si yo estuviera echando mentiras no hubiera recogido a mi hijo allá en el restaurante. Les estoy diciendo la verdad”, dice Emilia García, madre de Hidelberto, el niño de 12 años que murió el 19 de julio de 2015, durante el tiroteo del Ejército.

Emilia perdió al séptimo de sus hijos, un niño que, a decir de sus hermanos, era trabajador, y quería ser maestro, agrega su padre, Miguel Reyes.

Aquel 19 de julio, Hidelberto junto con su prima salieron a una tienda que está dentro del Hotel del Valle, ubicado en uno de los extremos del Puente de Ixtapilla, crucero en el cual el Ejército comenzó a disparar.


Estando en el interior de la tienda, Hidelberto trató de esconderse al desatarse la balacera; sin embargo, una esquirla de bala lo alcanzó a la altura del ojo derecho y lo hirió de muerte.

Dispararon a gente sin armas

Un día antes del enfrentamiento se dio a conocer la detención de Cemeí Verdía, comandante general de la policía comunitaria en la zona. Mientras que el líder de las autodefensas era trasladado en helicóptero a Morelia, un operativo de elementos del 65 Batallón de Infantería, Marina, Policía Estatal y Federal emprendía un recorrido para atravesar la comunidad de Santa María de Ostula.

El operativo molestó a la población y por ello cientos de personas de la comunidad salieron a los diferentes cruceros de la carretera federal 200 para cerrar el paso al convoy y pedirle que se retirara. Los pobladores no llevaban armas, se trataba de habitantes de las diferentes localidades de la comunidad que de manera pacífica intentaban detener la avanzada policiaca y militar y que al mismo tiempo protestaban por la detención del comandante de su policía.

La situación se tensó en la localidad El Duín, donde la policía estatal lanzó gas lacrimógeno para disuadir el bloqueo de los civiles y poder avanzar tal y como lo refiere la propia recomendación emitida por la CNDH.

En videos de manifestantes que estaban en el lugar es posible observar cómo, mientras los gases lacrimógenos son lanzados, el Ejército toma posiciones y se alista a disparar, aunque al final no lo hace.


Es en la localidad de Ixtapilla donde comienza la pesadilla: ahí los militares no sólo lanzan gas lacrimógeno sino que endurecen su actitud ofensiva. Luego de unos minutos y al emprender la retirada, los militares comienzan a disparar a la población, lo hacen sin que medie una provocación o alguna agresión y a pesar de que la población les gritaba que pararan.

Delfino le llevaba comida a su padre

Delfino Antonio Alejo Ramos, tiene 19 años ahora, pero en aquel entonces era menor de edad. Es originario de El Zapote Madero, otra localidad de Ostula ubicada entre el primer sitio donde se lanzó gas lacrimógeno y el punto donde tuvieron lugar los disparos del Ejército.

Aquel 19 de julio, Delfino le llevaba algo de comer a su padre, quien había pasado casi todo el día en el bloqueo de Ixtapilla.

“Se empezó a poner fea la cosa. Llegaron federales, el Ejército Mexicano, granaderos, llegaron muchos, eran como el triple o cuatro veces más que nosotros; nosotros teníamos tapada la carretera… no queríamos que se lo llevaran (a Verdía) porque él es una de las personas que hace las cosas bien dentro de la comunidad”, dice el joven, quien durante la agresión fue alcanzado por una bala del Ejército, que se le incrustó en uno de sus glúteos.

“Se me entumió la pierna de inmediato y traté de caminar”, recuerda Delfino, cuyo relato complementa otros testimonios que recaba el expediente de la CNDH. Todos concluyen lo mismo, fueron los miembros del Ejército quienes dispararon a la población, que protestaba pacíficamente.

Como consecuencia de la agresión los familiares de Delfino lo trasladaron a un hospital de Tecomán, en Colima, para ser atendido médicamente, pero lo doctores le dijeron que se podía ir porque “no” tenía nada, lo que evidentemente no era cierto.

El proyectil disparado por el Ejército hirió a Delfino a la altura del glúteo derecho y la bala se quedó albergada en la ingle del mismo lado.

A pesar de varios estudios, realizados a partir del apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de manera independiente, las conclusiones hasta el momento son las mismas: no es posible retirar la bala porque existe un riesgo muy alto de tocar una arteria principal y ocasionar una hemorragia mortal.

Luego de 18 meses, la vida comienza a reconstruirse para el joven y el año de escuela que perdió casi lo ha recuperado, ahora se encuentra por comenzar el segundo semestre de ingeniería agrónoma.


“Al Ejército yo le tengo odio, cuando los veo quiero saber quién fue”, comenta el joven, cuyos gastos médicos y recuperación han corrido casi por completo por cuenta de su familia.

Estancamiento penal

A partir de la recomendación emitida por la CNDH resulta inusual que no se hayan imputado las responsabilidades ni se haya promovido alguna consignación, considera el abogado Ortiz Martín del Campo.

“Todas las pruebas vertidas, como las declaraciones de los ofendidos, testimoniales, peritaje en balística, y las mismas declaraciones de los soldados confirman que solamente los elementos de las fuerzas armadas abrieron fuego”.

Sobre los detalles de la identidad del militar que disparó, el abogado asegura que aún no se define, pues además de las declaraciones la Marina no ha aportado los vídeos de seguridad de los hechos.

Agrega que el operativo fue ilegal, por lo que los funcionarios que lo ordenaron deberán declarar, por lo que se están haciendo los esfuerzos pertinentes para que esta situación no se olvide y se aparte del deslinde de responsabilidades.

A solicitud de Animal Político, la CNDH informó que tras emitir la recomendación el Ejército la aceptó, por lo cual la institución presentó “algunas pruebas de su cumplimiento, que se encuentran en proceso de calificación”.


Para el abogado Ortiz Martín del Campo el Ejército debe responsabilizarse por sus errores y cumplir con la reparación del daño a los familiares de Hidelberto, pues para nadie hay duda que el asesino del niño fue un soldado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: HERIBERTO PAREDES, HANNAH SIMÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/muerte-nino-militares-libres/

Corrupción, deuda, PIB mediocre, violencia: Trump nos agarró en la lona, consideran analistas

¿Cómo enfrentar las amenazas del Presidente Donald Trump con un país que no crece, que se endeuda a un ritmo rápido, que no ve resultados en el desarrollo y que enfrenta una inflación al alza por un dólar en 20 pesos? Economistas lo vislumbran complicado si la corrupción y la violencia siguen aumentando el costo de los proyectos de inversión y si México no implementa una política industrial impulsando el consumo interno sin tanta dependencia al crédito.

El sinaloense Guadalupe Olivas Valencia se arrojó el martes desde el puente fronterizo entre Tijuana y San Ysidro, California, minutos después de ser deportado de Estados Unidos a México. Lo regresaban a un país en guerra, que creció menos en 2016 por una menor inversión, un freno en la producción industrial e informalidad laboral, y que crecerá todavía menos este año por una desaceleración en el consumo interno, afirmaron economistas.

Al hombre de 45 años lo repatriaban a un país cuya deuda históricamente alta no se refleja en mayor desarrollo económico; lo retornaban a un país con un dólar en 20 pesos que, junto con los gasolinazos, ya se traspasó a los precios de los bienes, añadieron.

Las autoridades financieras son las responsables del actual panorama, el cual “limita” a México para enfrentar las amenazas en materia comercial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo privan de la capacidad para disminuir los índices de pobreza, coincidieron los analistas.

“Si en México, un país manufacturero, el salario real del trabajador y su productividad aumentaran; si el Producto Interno Bruto creciera de manera importante; si los programas sociales combatieran la pobreza; si los mexicanos tuvieran la capacidad de consumir los productos nacionales (y no solo lo necesario para la subsistencia) y si el comercio exterior fuera diversificado, no se frenaría el crecimiento de la economía”, afirmó Irving Rosales Arredondo, economista por la Universidad de Calgary en Canadá.
“Si se hubiera dado la vuelta a esos problemas en las últimas décadas, el efecto de Estados Unidos sobre la economía mexicana sería muchísimo menor y no dependeríamos tanto del estado de ánimo del Presidente de un país”, determinó.

El también miembro del American Economic Association señaló que “el poder de negociación que tiene México es bajo por la actitud poco conciliadora del Presidente Donald Trump. Con ello limita sus acciones comerciales con Estados Unidos y la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El especialista en finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Abraham Vergara Contreras, coincidió en que más allá del discurso oficial del Gobierno mexicano no se han anunciado “las decisiones adecuadas” para “tomar cartas en el asunto” con el TLCAN y enfrentar las amenazas del magnate republicano.

Hacia dentro del país se necesita una política industrial de mediano plazo, sugirió, por lo que urge “eliminar la corrupción gubernamental y empresarial”. Así se podría crecer con el consumo interno y no solo por la demanda externa, enfatizó el también consultor y asesor financiero internacional.
El mismo Banco de México (Banxico) exigió un gasto público eficiente y el martes anunció medidas complementarias, que se suman al alza de la tasa de interés, mediante coberturas monetarias que buscan poner un seguro frente a la posible depreciación del peso a lo largo del año.
“El entorno de incertidumbre que continúa enfrentando la economía nacional hace especialmente relevante que las autoridades fortalezcan los fundamentos macroeconómicos del país, consolidando las finanzas públicas y ajustando la postura de política monetaria al ritmo que sea oportuno […] y que se siga impulsando la implementación adecuada de las reformas estructurales”, escribió en su anuncio de política monetaria de febrero.

El Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña y Agustín Carstens Carstens, Gobernador de l Banco de México, se reunieron recientemente. Y después de evaluar “la situación y perspectivas de la economía mexicana”, el economista Carstens decidió quedarse en el barco hasta el 30 de noviembre, por lo que postergó hasta el primero de diciembre su incorporación como gerente al Banco de Pagos Internacionales (BIS), reportó Banxico el martes.

Sin embargo, Peña Nieto insistió en negar en que el país viva un “mal momento económico”. Pero las cifras oficiales lo contradicen.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró en días pasados en Nayarit que “en todo el país” se ve crecimiento del empleo formal. Pero omitió que más del 60 por ciento de mexicanos labora en la informalidad. Dijo también que hay índices de inflación “razonables” (4.72 por ciento, por arriba del objetivo del 3 por ciento), un mayor acceso al crédito, y un mayor incremento del consumo (0.1 por ciento mensual en noviembre y una confianza del consumidor 27 por ciento menor que el año pasado).


MENOR CRECIMIENTO



El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oficializó que México creció 2.3 por ciento durante todo 2016, menos del 2.6 por ciento que se expandió durante 2015.

La actividad minera presentó el mayor desplome al caer 6.4 por ciento en el año y 9.8 por ciento en el último trimestre por menor demanda de China. Por actividades: las primarias (agricultura) se expandieron 4.1 por ciento; las secundarias (minería, construcción, energía y manufactura), cero por ciento y las terciarias (comercio y servicios), 3.4 por ciento durante 2016.

En el cuarto trimestre de 2016 el país creció 2.4 por ciento. Banxico expuso que la demanda externa siguió exhibiendo “una mejoría”, a la vez que el consumo privado preservó una “trayectoria positiva” (3.9 por ciento anual en noviembre). No obstante, persistió “el débil desempeño de la inversión”.
El economista Diego Castañeda, de la London School of Economics and Political Science, enfatizó que la inversión pública, “lo más importante para que México crezca más”, está cayendo año tras año a niveles históricamente bajos.

Los flujos de inversión extranjera también vienen en picada por la incertidumbre ante la negociación del Tratado de Libre Comercio, dijo. Pero sobre todo por factores internos: problemas de Estado de Derecho; presencia de monopolios en casi todos los mercados relevantes que limitan la competencia; un bajo acceso al crédito de la banca para pequeñas empresas y la inseguridad pública en algunas regiones del país, enlistó el especialista en desarrollo económico.

El economista por la Universidad de Calgary, Irving Rosales, también ve el freno económico como resultado de la caída de la inversión extranjera directa, la cual permitiría incrementar la producción y la entrada de dólares.
Este indicador ha sido menor de lo esperado, explicó Rosales, por la incertidumbre que ha generado el Gobierno de Donald Trump. Mientras, a nivel interno, el especialista ve que “la corrupción y la violencia en ciertas regiones del país siempre van a influir por tener que pagar moches y derecho de piso; incrementa los costos de inversión y menos proyectos son redituables”.
También enfatizó que el sector industrial está deteniendo el crecimiento. México, afirmó, es un país manufacturero y genera muy poco valor agregado. Además las exportaciones están enfocadas hacia Estados Unidos y sólo en el sector automotriz (autopartes).


“Como no hay diversificación, cualquier situación negativa que sucede en Estados Unidos afecta muy fuerte aquí”, dijo Rosales.

El también profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana aseguró que un débil crecimiento frena la capacidad del gobierno para enfrentar el problema de la pobreza y lo pone endeble ante Trump.
“Entre más crezca una economía más puede destinar recursos a programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero México crecerá 1.5 por ciento en 2017, menos que en 2016, lo cual no es un buen signo”, añadió Rosales.

El asesor financiero Abraham Vergara añadió que, además de la menor inversión, el desempleo, la informalidad en el país y la relación comercial con Estados Unidos son las principales variables que hacen que el crecimiento “no sea tan importante”.

El economista Diego Castañeda añadió que aunque el Gobierno ha creado 2 millones de empleos en cuatro años, 29 millones laboran en la informalidad y los formales “son empleos con bajos salarios que no favorecen el consumo y las expectativas económicas no son las más optimistas, por lo que los consumidores piensan dos veces antes de comprar bienes duraderos”.

El Presidente Peña Nieto había prometido para 2017, un PIB de 5 por ciento. Sin embargo, los economista lo ven imposible.
“Si no hay inversión y hay la corrupción política, empresarial y ciudadana, con este estancamiento de la economía no se ve cómo haya una productividad mayor para incrementar el PIB”, expuso Vergara Contreras.

Aunque Banxico aún ve una trayectoria positiva en el consumo, Diego Castañeda aseguró que el consumo interno –la gran palanca del crecimiento en los últimos tres años– “está desacelerándose” por diversos aspectos: el crédito costará más, los salarios son precarios, no hay confianza en la economía y la inflación se está traspasando a los precios.

Gran parte del “boom del consumo” de los mexicanos ha sido el acceso al crédito barato. Sin embargo, como Banxico ha elevado la tasa de interés a 6.25 por ciento, y eso se traspasa al crédito de bancos, “vamos a ver que el consumo va a detenerse”, afirmó Castañeda.

El economista Abraham Vergara también prevé que “llegará un momento en que la gente deje de usar crédito para seguir consumiendo”.
En noviembre los gastos en bienes y servicios nacionales se elevaron 3.9 por ciento, pero los gastos en bienes de origen importado disminuyeron 3.9 por ciento con relación a noviembre de 2015. En comparación con octubre, el consumo interno solo subió 0.1 por ciento. Además, la confianza del consumidor se desplomó 25.7 por ciento en enero, reportan cifras del Inegi.
La incertidumbre por los anuncios de Donald Trump, añadió Banxico en su anuncio, “ha influido ya en la confianza de los consumidores y empresas, en la inversión extranjera directa y en los flujos de remesas hacia el país”.

Los analistas consultados por Banxico estiman que México crecerá 1.49 por ciento en 2017, por debajo de lo alcanzado en 2016, y habrá una inflación de 5.25 por ciento. Hoy la tasa está en 4.72 por ciento, principalmente por la presión al alza de los precios de gasolinas y gas LP, pese a que la tasa de interés subió a 6.25 por ciento.


ALTA DEUDA SIN RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2016, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la deuda pública total– ascendió a 48.4 por ciento del PIB, lo que equivale a 9 billones 797 mil 439.6 millones de pesos, reportó Hacienda.
“El ritmo de aumento de la deuda no está a un nivel problemático, pero no ha producido”, destacó el economista Diego Castañeda. “Es una paradoja: la deuda pública ha crecido 15 puntos porcentuales del PIB en los últimos siete años sin que se vea reflejado en mayor crecimiento o en inversión pública. Nos estamos endeudando sin obtener algo de eso”.

En 2016, el gasto total se ubicó en 5 billones 343 mil 759 millones de pesos, 6.2 por ciento más respecto a 2015.

Castañeda explicó que los recursos han estado enfocados en el gasto corriente, en los intereses de la deuda y las pensiones, por lo que los recortes van a la inversión porque no tiene costos políticos, dijo.


BANXICO BUSCA FRENAR AL PESO

La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Banxico, pidió al banco central implementar un programa de “coberturas cambiarias liquidables” para enfrentar la depreciación del peso que se prevé para este año por las políticas comerciales y monetarias de Estados Unidos.

Las coberturas son contratos entre el Banco de México y los bancos, en los cuales se fija un precio en un periodo no mayor a 12 meses y si el precio del dólar observado en se día está por encima, Banxico paga en pesos la diferencia y si está por debajo el banco da los pesos que sobraron, explicó el economista Irving Rosales.
“La cobertura cambiaria es un seguro ante cambios futuros en el precio de la moneda, busca cubrirse frente a la depreciación del peso. En las últimas semanas el dólar se ha abaratado por las políticas que ha hecho Trump, no es que el peso se haya fortalecido porque las expectativas de crecimiento siguen igual”, desarrolló el especialista en finanzas, Abraham Vergara.

El incremento en las tasas de interés a 6.25 por ciento, las coberturas y las decisiones de Trump han hecho que el peso se comporte aparentemente más fortalecido, pero es el dólar el que se está abaratando, reiteró. El miércoles el dólar al mayoreo bajó a 19.95 pesos y el de ventanillas se vendía hasta en 20.31 pesos.

Para Diego Castañeda, de la London School, el Banxico está reconociendo que las tasas de interés no son “una herramienta suficiente” para controlar la volatilidad en el tipo de cambio.
“Está optando por medidas menos tradicionales, pero correctas que traen estabilidad al mercado de cambios. Está brindando la posibilidad de protegerse sin utilizar las reservas internacionales”, afirmó.
El principal objetivo de Banxico es controlar el aumento significativo en los precios de bienes. En enero se registró una inflación de 4.72 por ciento, lejos de una hiperinflación de 50 por ciento o más. Se infló por el incremento en los precios de las gasolinas y el dólar en el piso de los 20.
“La inflación aún no es alarmante, pero el problema es que pueda seguir creciendo. Además la inflación del productor está en 9 por ciento, la cual se traspasa a más presiones al consumidor”, dijo Diego Castañeda.

Abraham Vergara advirtió que por el momento están controlando la inflación con el alza en la tasa de interés, pero falta ver el efecto de la total liberación de los precios de la gasolina. Si el precio del dólar se dispara, que es probable, se volverá a importar cara la gasolina y ese valor es el principal para determinar el precio final de los combustibles.

Ante este escenario, el gobernador de Banxico se va el 30 de noviembre, tras postergar su partida por dos meses más. Aunque la renuncia de Agustín Carstens inyectó cierta certidumbre en un año complicado para México ante la llegada de Trump, los economistas afirmaron que su decisión sugiere que aún no hay un sucesor a su altura y eso a su vez causa desconfianza.


“La transición debe ser lo menos tensa posible y no tomar decisiones lentas”, recomendó Vergara.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3157879

César Duarte pide amparo; además de peculado y lavado, quiere saber por qué más lo investigan

El ex gobernador César Duarte busca un amparo en contra de la PGR para que le informe cuáles son todas las investigaciones que tiene en su contra, luego de que la SEIDO le dijera que se trata de información reservada.

Ciudad de México, 24 de febrero: El ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, solicitó un amparo para conocer si la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas otras investigaciones en su contra, aparte de las de peculado, uso ilegal de atribuciones, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que actualmente están en trámite.

Esta acción se desprende de la negativa de la Procuraduría para informarle por escrito acerca de los cargos por los que se le investiga, luego de que él presentara el 16 de enero pasado un documento en donde solicita saber bajo qué cargos se le investiga.

Con el argumento de que se trata de información reservada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) negó proporcionársela, por lo que Duarte Jáquez solicitó a un juez federal un amparo contra la dependencia por violentar su “derecho de petición”.

La única indagatoria contra César Duarte que se ha hecho pública es la que deriva de la demanda presentada en 2014 por el activista Jaime García Chávez, por la creación del banco Progresa chihuahua, del que él y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, eran los principales accionistas, por un monto de 65 millones de pesos.

Este día García Chávez también presentó un amparo en contra de la PGR pero por su inacción en el caso del ex Gobernador, desde hace dos años y medio, periodo en el que el activista hizo la demanda.

El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal notificó que el próximo 17 de marzo se realizará una audiencia constitucional en contra de la Procuraduría.


García Chávez también busca que se investiguen a los ex funcionarios duartistas Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Jaime Herrera Corral, accionista y director, respectivamente de dicha institución bancaria.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3159764

Zitlala tenía 42 familias hace un año. Hoy quedan 11 y sobreviven escondidas, sin comida, sin ayuda

El pasado 6 de enero, un grupo armado ingresó a la comunidad nahuatl de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, y mató a seis de sus habitantes. Tras el ataque, los habitantes huyeron, y algunos volvieron bajo la promesa de los gobiernos municipal y estatal de que se haría justicia. Aún siguen a la espera. Hoy sólo quedan 11 familias (54 habitantes) que carecen de los servicios elementales como el agua potable y no pueden salir a comprar los productos de la canasta básica ante el temor de ser asesinados o secuestrados por el mismo comando. Uno de los activistas que este jueves les entregaron víveres les dijo: “pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”.

Ciudad de México, 24 de febrero: Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.

Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.

Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.

Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.

Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.


El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.

Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.

Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.

El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.


A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.

Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.

También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.

Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.

Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.

Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escasez de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.

Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.

El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.

Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.


Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.

LA TEMPORADA PASADO NO PUDIERON SEMBRAR

El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.

Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.

Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.

Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.

Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.

Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.


Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.

Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.

Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.

Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.

Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.

El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.

El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.

Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ZACARÍAS CERVANTES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3159623

PRI interpondrá queja contra Morena por ‘uso indebido’ de recursos

Ciudad de México. El PRI interpondrá una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el "uso indebido" de recursos públicos de Morena en procesos electorales, específicamente en Veracruz.

El dirigente priísta, Enrique Ochoa, dijo que los audios que ha presentado el gobernador de Veracruz y las "evasivas" de Andrés Manuel López Obrador, quien no se hace responsable de sus actos y los de su partido, merece una investigación clara de las instituciones correspondientes para que esos casos no queden impunes, dijo en entrevista al término de la ceremonia por el 81 aniversario de la CTM, sector obrero del PRI.

Antes, en un comunicado, el partido señaló que del caso Veracruz y Morena dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Este partido pidió a las autoridades ministeriales y electorales "investigar a fondo los posibles actos de corrupción "entre el gobierno de Javier Duarte y el partido de López Obrador, para intervenir en las elecciones a gobernador de Veracruz de 2016.

"Llamamos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y al dirigente de Morena, Andrés Manuel López, para que presenten las denuncias correspondientes sobre las acusaciones que se han lanzado mutuamente", añadió.


Es evidente que hechos de este tipo deben tener una clara consecuencia jurídica, no sólo mediática y de promoción personal, subrayó.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/24/pri-interpondra-queja-contra-morena-por-2018uso-indebido2019-de-recursos

Investiga Fepade a AMLO y a ex funcionarios 'duartistas'

Ciudad de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), inició una averiguación previa en contra del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador y de ex funcionarios del gobierno de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, por la presunta comisión de delitos electorales relacionados con desvíos de recursos de esa entidad para actividades políticas del instituto político.

El órgano de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que “ investiga hechos probablemente constitutivos de delitos electorales, relacionados con un posible desvío de recursos públicos del anterior gobierno del estado de Veracruz, por parte de ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a favor del presidente del partido político Morena”.

Según la información difundida, el Ministerio Público “inició la investigación, en razón de la información dada a conocer a la opinión pública en diversos medios de comunicación, lo cual pudiera actualizar el delito contenido en el artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona al servidor público que utilice de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición por motivo de su cargo, en apoyo a un precandidato, candidato, coalición o partido político”.

La Fepade inició la carpeta de investigación correspondiente, realizando los primeros actos de análisis de la información que circula en los medios de comunicación y, con ello, poder acreditar un hecho considerado como delito electoral, así como determinar la probable participación de quien haya intervenido en los hechos denunciados.

En los últimos días se han difundido diversas grabaciones y señalamientos en los que se menciona que supuestamente el gobierno de Javier Duarte entregaba dos millones de pesos al mes a Morena para sus actividades políticas.


La Fepade también investiga al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa en este caso, informaron funcionarios federales.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/24/investiga-fepade-a-javier-duarte-y-amlo-1

Sacerdote acusado de pederastia en Oaxaca es sentenciado a 16 años de cárcel

OAXACA, Oax: A 16 años y seis meses de prisión fue sentenciado este viernes el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, al encontrarlo culpable del delito doloso de corrupción de menores de 18 años en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, confirmó el fiscal general Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.


La sentencia condenatoria que emitió el juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Villa Alta, Juan Raúl Aquino Geminiano, según consta en el expediente 01/2014, es la primera que se dicta en el país en contra de un ministro católico.

En resolución con fecha del miércoles pasado, y notificada al agente del MP este viernes 24, el juzgador dictó sentencia condenatoria en contra del sacerdote en agravio de un adolescente, imponiéndole una pena de prisión de 16 años con seis meses.


Además, impuso al religioso una multa de 46 mil 169 pesos y el pago de una reparación del daño por 8 mil 800 pesos, así como 25 mil pesos para resarcir el daño moral ocasionado a la víctima.

Igual precisó que la pena de prisión empezará a purgarse a partir del 30 de enero de 2013, fecha en que fue privado de su libertad en atención a la orden de aprehensión librada en su contra.

Los hechos sucedieron en la población de Villa Alta, en los meses de marzo y agosto de 2009 y febrero de 2010, en la época en que el hoy sentenciado era el párroco encargado de la iglesia de San Ildefonso, en donde permitía a sus víctimas la ingesta de bebidas embriagantes, la proyección de filmes e imágenes pornográficas para después realizar actos sexuales.

El cura Silvestre Hernández fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado Séptimo de lo Penal, según consta en el expediente 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.

Posteriormente, el mismo juzgado dictó la formal prisión a Silvestre Hernández, expárroco de Santa María Ozolotepec, San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta.

Y el 18 de enero anterior, el juez Juan Raúl Aquino concluyó que el sacerdote es culpable de pederastia clerical, sin embargo, hasta hoy se dio a conocer su sentencia.


Al clérigo se le acusó de abusar sexualmente de dos niños de Villa Alta, hechos que ocurrieron durante los años 2009 y 2010.

Sin embargo, existe la presunción de presunto abuso sexual de casi un centenar de niños indígenas, denunciaron los integrantes del Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni), quienes insisten en que el arzobispo José Luis Chávez Botello ofrezca una disculpa pública y busque la reparación del daño a las presuntas víctimas que, en 2009, tenían entre 11 y 13 años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475722/sacerdote-acusado-pederastia-en-oaxaca-sentenciado-a-16-anos-carcel