martes, 12 de diciembre de 2017

Ley de Sustentabilidad Hidríca, un “millonario negocio”: investigadores

Ciudad de MéxicoLa Ley de Sustentabilidad Hidríca representa un “millonario negocio” para el sector privado, que ahora se encargará de la distribución de agua potable, fijación directa de tarifas, cortes del suministro por falta de pago e inversión en mega proyectos, que aumentarán la sobreexplotación del agua subterránea.

Se trata, denunciaron vecinos, académicos, investigadores y juristas, de una legislación inconstitucional que expone a la ciudadanía a más riesgos hídrico-geológicos, la importación de agua de otras cuencas y el alto consumo de energéticos; y castiga a quienes adeudan más de un pago cortándoles el servicio.
Mientras, todos los manantiales, chinampas, canales, cauces, cuerpos de agua y vasos lacustres, que están en manos de pueblos originarios, se pondrían bajo la administración del Sistema de Aguas de la ciudad de México (Sacmex), empresa abierta a la participación de corporaciones privadas.
En la entrega al consejero jurídico del gobierno capitalino, Vicente Lopantzi, de un documento de análisis del incumplimiento y violación de la constitución, y de los instrumentos de derechos humanos y de los pueblos en que incurre la ley, se declararon en estado de “alerta máxima de corrupción”.
Hoy la única ganadora es la empresa francesa Veolia, conocida en el mundo por el pago de sobornos para adjudicarse contratos privatizadores de agua millonarios, por lo cual exigieron una moratoria a mega proyectos urbanos hasta resolver la crisis del agua en la ciudad.
Además de convocar a los pueblos originarios de la ciudad a unirse a las demandas de amparo presentadas por los pueblos de Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan contra esta ley, aprobada el 24 de noviembre, donde los intereses mercantiles son colocados por encima de los sociales, señalaron.
Elena Burns y Carlos Vargas, integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, denunciaron que desde 2014, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el director de Sacmex, Ramón Aguirre, han estado anunciando sus intenciones de lograr acuerdos a largo plazo con Veolia, Suez y Gutsa.
Dicha situación está a punto de concretarse, con la aprobación de la ley y el recorte de 80 por ciento en los recursos federales para agua y saneamiento para los 2 mil 500 municipios y áreas metropolitanas del país, que tiende a estrangular a los sistemas públicos e imponer la privatización del agua.
Mencionaron que, la ley castigaría a los adeudan más de un pago con el corte del suministro de agua y drenaje, lo cual es “algo inaudito, inhumano y anticonstitucional”; y no contempla asignación de responsabilidades para superar las severas inequidades en la distribución y acceso al vital líquido.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: LAURA GOMEZ FLORES