CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La operación política que el PRI efectuó en el Senado para imponer como presidente de la Mesa Directiva al panista Ernesto Cordero y a través de él pavimentar el camino con el fin de nombrar a Raúl Cervantes como fiscal general para los próximos nueve años, desembocó en una “crisis institucional” en la Cámara de Diputados, que amenaza con escalar a “crisis constitucional”.
Así, por vez primera en la historia de San Lázaro, el V Informe del presidente Enrique Peña Nieto no fue recibido por la Mesa Directiva ni lo entregaron el titular del Ejecutivo federal ni el secretario de Gobierno.
Y aunque la Cámara de Diputados pudo zanjar el 31 de agosto y el viernes 1 la falta de nueva Mesa Directiva, los legisladores se encuentran ahora ante el dilema de aceptar las nuevas condiciones que les ha impuesto el PAN de eliminar el artículo transitorio de la Ley de la Fiscalía General que establece el pase automático de procurador a fiscal, o llegan a un acuerdo con el PRI de suspender por el momento el nombramiento del nuevo funcionario.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JESUSA CERVANTES