miércoles, 19 de julio de 2017

Piden expulsar a ex ministro de Kirchner de Cámara de Diputados de Argentina

Buenos Aires. Como parte de la campaña electoral del gobierno argentino derechista de Cambiemos el juez Claudio Bonadío ordenó detener al contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, a pesar de que el magistrado se declaró incompetente en la causa por la que lo detuvo y le negó la excarcelación. Mientras, el oficialismo presiona para que el diputado nacional del Frente para la Victoria Julio de Vido, Ministro De Planificación del anterior gobierno sea expulsado de la Cámara baja.


La abierta persecución contra el FpV cae ahora sobre De Vido a quien primero el gobierno del presidente Mauricio Macri intentó desaforar, sin lograr suficiente apoyo de la oposición, y ahora se está dirimiendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados la posibilidad de su expulsión acusado por el oficialismo de supuesta “inhabilidad moral”.
En este caso el diputado Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR) que está en la alianza Cambiemos rechazó las acciones contra De Vido y advirtió que es una violación a la Constitución recordando que su partido que el fin no justifica los medios “ni podemos convertirnos en caníbales”.
Alfonsín que es uno de varios radicales que sostienen que no quieren ser utilizados en acciones que afectarán a su partido, sostuvo que la ley no es para ser respetada cuando “nos conviene” sino que debe respetarse hasta que no haya sido modificada. Antes señaló que no existe ninguna acusación contra De Vido.
De Vido está señalado en las causas abiertas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que no existen pruebas sobre ningún delito que se le pueda imputar. Sobre Bonadío, en cambio, pesan unas 200 acusaciones de distinta índole y desde hace mucho tiempo, es comparado con Sergio de Moro en Brasil, los dos coincidentemente relacionados con Fundaciones de Estados Unidos que están en ambos países.
El ex ministro de Planificación no asistió este miércoles al encuentro y envió un largo escrito donde aclara que “ni uno de los temas que me imputan se relacionan con mi rol como diputado” y solicita que se rechace cualquier petición en su contra.
Denunció que esta maniobra es parte de la campaña que lleva acabo la diputada Elisa Carrió, desde hace años contra su persona y la denunció por sus manifestaciones “injuriosas y amenazantes”. Además hizo referencia a la inequidad judicial, ya que no se han tomado medidas ante las graves denuncias contra Macri e importantes funcionaros involucrados en casos como los Papeles de Panamá.
En el caso de De Vido, el juez Luis Rodríguez rechazó el pedido de “desafuero” que quisieron aplicarle y la detención que había decidido el fiscal Carlos Stornelli, quien investiga supuestas irregularidades en las obras de la mina de carbón, un tren y dos usinas en Río Turbio, lo que no está probado.
Bonadío –a quien llaman el juez todo terreno- mandó detener en su casa en Río Gallegos, provincia sureña de Santa Cruz a Manzanares supuestamente por intentar “obstruir a la justicia”, y el abogado Carlos Berardi dijo que “la detención es ilegal en todos sus aspectos”, por lo que pidió la excarcelación que fe negada por Bonadío.
En otro orden, este 18 de julio se recordó una vez más el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) perpetrado en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. En el acto se escucharon nuevamente denuncias contra la impunidad, pero los dirigentes de las instituciones judías locales retornaron a referirse a Irán como culpable a pesar de la e inexistencia de pruebas.
Diana Malamud de la organización Memoria Activa, que reúne a familiares de las víctimas señaló que “a 23 años del asesinato de nuestros familiares y amigos, volvemos a decir presente para denunciar la impunidad” y rechazó las políticas del gobierno de Mauricio Macri respecto a la búsqueda de justicia recordando que recién con la nueva Unidad Fiscal Amia que asumió tras la muerte del fiscal Alberto Nisman (en enero de 2015) se pudo poner nombre y apellido a la víctima 85, además de hallarse un perfil genético que no coincide con ninguno de los muertos identificados y podría pertenecer a un atacante. ¿Cómo es posible que hayan tardado 23 años en realizar las pruebas de ADN que Memoria Activa solicitó una y otra vez durante años?”, preguntó.
Señaló nuevamente al ex juez Juan José Galeano, el primero en actuar en esta causa y destituido de su cargo por graves irregularidades y recordó que el fallecido fiscal Alberto Nisman no produjo ningún avance en diez años y afirmó: “Cuánta complicidad pudo haber habido para no investigar nada …Hicieron todo lo que estaba a su alcance para que jamás sepamos quienes, cómo y por qué volaron la AMIA”.
De la misma manera y en contradicción con las nuevas autoridades de la AMIA y de la poderosa Delegación de Sociedades Israelita Argentina (DAIA) rechazó en nombre de Memoria Activa a la intención del gobierno de Mauricio Macri de avanzar en un “juicio en ausencia” para condenar a los acusados iraníes por el atentado. “Es un nuevo armado para cerrar la causa” denunció Malamud y afirmó que “un juicio en ausencia que condena seres invisibles no proporciona verdad ni justicia”.
Cuestionó asimismo a Macri por la ausencia de respaldo oficial en el juicio por encubrimiento y la renuncia de los abogados del Estado después que el Ministerio de Justicia actual les ordenaran tener un rol “menos activo” en el proceso.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: STELLA CALLONI