Rodolfo Ríos Garza deja una Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusada de criminalizar a las víctimas. Los casos Narvarte y Lesvy son dos que por su alto impacto mediático dejaron marcada la institución. Y fue la exhibición de las desaseadas investigaciones del primero la que antecedió su baja en el cargo.
A su salida, queda una ciudad en la que los cárteles hicieron presencia, pese a la negativa discursiva desde el Gobierno. Y una ciudad en la que violencia y los robos crecieron.
Empleado de Miguel Ángel Mancera desde 2010, el abogado Rodolfo Ríos Garza deja su cargo de Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) luego de que un informe documentara que su trabajo fue un manual de estigmatización de víctimas y de omisiones para el esclarecimiento de los crímenes.
El “parteaguas” que lo evidenció, como lo llamó la abogada Karla Micheel Salas, fue la indagatoria, desde 2015, del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, cuyo móvil no ha sido establecido y a cuyas víctimas directas –Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril– se sometió a un proceso de criminalización desde las primeras horas de ocurridos los hechos.
“A Rubén Espinosa (fotorreportero) se le atribuyó consumo de drogas o estar vinculado con algún tipo de delito; por otro lado, a las mujeres se les acusó en algunos casos de consumo de alcohol y drogas (…) o que incluso guardaban relación con los presuntos agresores, situación que tendió a colocar a las víctimas como responsables de lo sucedido”, estableció la recomendación 4/2017, presentada el pasado miércoles por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH).
“Las víctimas fueron expuestas en los medios de comunicación, prejuzgando su culpabilidad, violando su derecho a la privacidad, a la intimidad, a la integridad y a las garantías y protección judicial, además se les discriminó con base en estereotipos, juicios de valor y roles de género”, agregó el reporte oficial.
El crimen registrado el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en una de las delegaciones consideradas de mayor calidad de vida en la Ciudad de México, motivó manifestaciones y diversos actos de protesta por parte de periodistas y defensores de derechos humanos.
Vera y Espinosa Becerril se encontraban en la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
Los buenos tiempos Ríos y Mancera. Foto: Cuartoscuro
La PGJ-CDMX, por su parte, respondió a las presiones con la filtración de los datos personales de las víctimas y sin considerar el contexto de amenazas que se exigía investigar alrededor de Vera y Espinosa, con lo que se violentó de manera institucional, dice la CDH, el derecho de las familias a la verdad y a la justicia.
“(La recomendación) confirma lo que habíamos dicho: desde el asesinato hubo maltrato hacia nosotros, los inventos, las líneas de investigación que no se han agotado, incluyendo el trabajo periodístico de Rubén”, dijo el jueves pasado Alma Espinosa Becerril, hermana del fotoperiodista.
A tres días de la presentación de este informe, el Gobierno de la Ciudad reportó la separación de Ríos del cargo de Procurador, que había ocupado desde 2012, al inicio del Gobierno de Mancera, y al que había llegado luego de haber fungido como su secretario particular el sexenio anterior, donde el hoy jefe de Gobierno fue titular del ministerio público.
“El jefe de Gobierno agradece la labor que desempeñó el ahora ex Procurador General de Justicia, demostrando en todo momento responsabilidad, honestidad, lealtad y eficacia en su trabajo; asimismo, le desea éxito en sus futuras aspiraciones y responsabilidades profesionales”, informó una tarjeta informativa del pasado sábado.
Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/25-06-2017/3248362