Odebrecht admitió el año pasado que pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno en 11 países, además de Brasil, incluyendo nueve en América Latina.
En México, según un juicio abierto en una corte de Nueva York, Odebrecht pagó 10 millones de dólares en sobornos para obtener contratos de Petróleos Mexicanos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho acusación formal contra ningún funcionario y no hay nadie detenido, de acuerdo con información pública.
“Varias concesiones de infraestructura han sido interrumpidas y deberán ser relanzadas como resultado del escándalo de corrupción de Odebrecht. Resolver los obstáculos legales y administrativos de estos proyectos posiblemente demorará entre 12 y 24 meses”, explicó Adrián Garza, videpresidente de Moody’s.
Una serie de contratos de concesión sobre grandes proyectos, que van desde gasoductos hasta proyectos para la navegabilidad de ríos, han sido cancelados en varios países incluyendo Perú, Colombia y Panamá y existen investigaciones en curso en México, añadió la calificadora.
Las repercusiones se han sentido en toda la economía, contribuyendo a las recientes reducciones en las proyecciones de crecimiento de Moody’s en varios de estos países. Las compañías participantes en estos proyectos ahora enfrentan presiones de flujo de efectivo, y los bancos que han concedido créditos tanto a las concesiones, así como también de forma directa a las compañías involucradas, afrontan mayores riesgos de activos, añadió.
La desaceleración resultante en la ejecución de proyectos limitará el ritmo en el que los países reduzcan la considerable brecha de infraestructura en la región, agregó.
Incluso antes de que surgiera el escándalo de Odebrecht, la inversión en infraestructura en América Latina ya era insuficiente para hacer frente al déficit de la región. Las cancelaciones de proyectos se suman a los desafíos existentes que los desarrolladores de infraestructura ya enfrentan, incluyendo un bajo crecimiento económico en la mayor parte de la región, presiones fiscales que limitan las inversiones públicas, así como también riesgos relacionados con tasas de interés y divisas, apuntó.
"De cara al futuro, la investigación sobre el caso de corrupción de Odebrecht ha arrojado luz sobre un reto importante e impulsará a toda la región a fortalecer los procesos de licitación y las medidas anticorrupción. A largo plazo, todos los proyectos de desarrollo de infraestructura se beneficiarán de las consecuencias positivas asociadas con una mayor transparencia y una gobernanza más sólida", mencionó la calificadora.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR