Maribel Trujillo Díaz fue deportada a la ciudad de México desde un centro de detención en Luisiana después de ser arrestada en Ohio donde ha vivido con su familia durante 15 años sin ningún antecedente criminal. Sus cuatro hijos, con la más joven de 3 años de edad, tienen ciudadanía estadunidense, y su caso, para críticos, dejó claro que el enfoque de las nuevas políticas de Trump no están enfocadas sobre “criminales”, sino en detonar el temor de que cualquier inmigrante indocumentado puede ser deportado.
El caso generó atención nacional, con una petición de más de 700 líderes religiosos a nivel nacional -incluyendo las arquidiócesis católicas de Cincinnati y de Nueva Orleáns- y miles de ciudadanos estadunidenses solicitando suspender su deportación, pero las autoridades decidieron ignorar eso. Más aún, Trujillo tenía un caso de asilo pendiente, y estaba viviendo en Ohio bajo las condiciones de una orden oficial cumpliendo con todos los requisitos. A pesar de todo, de repente fue arrestada en la calle en Ohio, enviada a un centro de detención a miles de kilómetros de su familia y este miércoles fue deportada.
Kathleen Kersh, abogada de Trujillo, declaró que “la deportación de Maribel demuestra que el gobierno de Trump no está enfocado sobre deportar criminales, sino en separar madres … de sus hijos estadunidenses. Es horrorífico que niños estadunidenses ahora serán los que pagarán el precio de estas políticas crueles”. Kersh, quien trabaja con la organización Advocates for Basic Legal Equality (ABLE), afirmó que la petición de asilo de Trujillo continúa pendiente.
Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund, organización de abogacía por derechos de inmigrantes, dijo que este caso demuestra que “la fuerza de deportación” del gobierno de Trump va detrás de “cualquiera y todos con que se topan” y advirtió que “desafortunadamente este no será el ultimo caso tipo Maribel”.
Por otro lado, se reveló que Juan Manuel Montes, de 23 años de edad, y un beneficiado por el programa de deportación diferida (DACA) otorgado a más de 700 mil jóvenes que inmigraron sin documentos como menores de edad a este país (conocidos como dreamers) durante la presidencia de Barack Obama, fue expulsado a México por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza el 19 de febrero.
Aunque abogados con el Centro Nacional de Ley de Inmigración siguen intentando esclarecer los hechos sin aún contar con una respuesta de las autoridades, todo indica que es el primer dreamer deportado por Trump.
Según United We Dream, por lo menos otros 10 dreamers están actualmente detenidos por las autoridades migratorias. Otros dos casos de alto perfil, los arrestos de Daniel Ramirez Medina el 10 de febrero en Seattle y de Daniela Vargas en Mississippi en marzo, generaron atención nacional y solo después de intensa presión popular y legal, ambos fueron liberados.
Los beneficiados por DACA viven en la incertidumbre sobre su situación desde la elección de Trump. El DACA es un permiso para residir y trabajar de manera temporal que se tiene que renovar cada dos años. Pero la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) declaró en marzo que “DACA no es un estatus legal protegido, pero beneficiarios activos de DACA típicamente caen a un nivel más bajo en la aplicación de la ley”.
A la vez, el secretario de Seguridad Interna John Kelly ha reiterado que ningún indocumentado está exento de acción legal. A la vez, el procurador General Jeff Sessions ha girado ordenes a los fiscales federales de hacer prioridad la persecución de inmigrantes indocumentados.
Todo esto esta nutriendo cada vez más el temor entre comunidades inmigrantes, y aparentemente ese el objetivo.
Kelly festejó esta semana que en algunos sectores de la frontera se ha registrado un desplome de 70 por ciento en “cruces ilegales”, todo debido, según él, a la nueva política de deportaciones en el interior hasta preparaciones para un muro fronterizo. “La atención prestada a la frontera ha inyectado suficiente confusión… que creo que ellos (los inmigrantes) están esperando para ver que ocurre”, comentó en un programa de NBC News.
Políticos, líderes religiosos, defensores de derechos civiles y organizaciones inmigrantes siguen denunciando todo esto como “cruel” y en contra de los “valores” estadunidenses.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi acusó a Trump de haber “desencadenado una rastra de deportación indiscriminada de atroz inhumanidad”, una política que ‘aterroriza a jóvenes patrióticos” con una “crueldad contra dreamers que es una desgracia a nuestros valores. Vergüenza”.
El ex general Kelly, en un foro el miércoles, repudió las criticas del trabajo de sus agentes federales, incluyendo los de migración, y sugirió que aquellos legisladores que no están de acuerdo deberían reformar las leyes que ellos aprobaron y que se están haciendo cumplir por sus agentes o deberían “callarse y apoyar a estos hombres y mujeres en el frente”.
Pero es al nivel local y estatal donde el gobierno de Trump está enfrentando la mayor oposición a sus políticas de migración. Activistas continúan organizando movilizaciones para el primero de mayo en defensa de los derechos de inmigrantes y trabajadores por todo el país, y en protesta de las nuevas políticas.
Una “Caravana contra el temor” está procediendo por los estados fronterizos con el objetivo de promover más resistencia y defensa de derechos, como para convocar a la movilización del primero de mayo (https://www.caravanagainstfear.org).
A la vez, en más de 100 ciudades “santuario” (con diversas medidas de no cooperar con autoridades migratorias federales en la detención de inmigrantes solo por ser indocumentados) se intensifica el debate sobre si defender a las comunidades de la deportación ante la amenaza de que podrían perder financiamiento federal del Departamento de Justicia.
Algunas, como el condado Miami-Dade, ya cedieron provocando una intensa controversia en una ciudad que es mayoritariamente inmigrante. Otras están tomando medidas legales para desafiar al gobierno federal. Esta semana, Sessions reiteró su acusación de que las ciudades santuario son una “amenaza” a la seguridad del país y ayudan a “los carteles” del crimen organizado.
Dentro de esto, crece el coro de jefes de policía local y hasta jueces - incluyendo la jefa de la Suprema Corte del estado de California Tani G. Cantil-Sakauye - entre otras autoridades municipales y estatales denunciando que las nuevas políticas están minando la relación de confianza y cooperación entre autoridades de seguridad pública y las comunidades.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: DAVID BROOKS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/19/deportam-a-mexicana-con-cuatro-hijos-estadunidenses