“La bomba ya estalló. Eso fue lo que nos pasó”, afirma Aldo Fasci Zuazua, asesor de seguridad del gobierno estatal, que se ha convertido en el vocero de la administración en la más reciente crisis penitenciaria que enfrenta el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, tras el motín de dos días, que inició el 27 de marzo en el Penal de Cadereyta, y que dejó, como saldo, cuatro muertos y 28 lesionados.
El modelo carcelario en el estado está agotado. Existen dos penales de mediana seguridad que son los de Cadereyta y Apodaca, con más de 20 años de antigüedad, y otro más, de baja, que es el del Topo Chico, de siete años. Entre los tres actualmente tienen unos siete mil internos, de los cuáles cinco mil 500 son estatales y mil 500 federales.
“Cuando fueron construidos, había otra circunstancia social. No existía lo que ahora conocemos como crimen organizado”, precisa el asesor.
En ellos conviven, indebidamente, internos de clasificaciones diversas: sentenciados y procesados, así como los comunes con los peligrosos.
Fasci Zuazua explica que hace años, cuando no figuraba el crimen organizado como un problema de seguridad nacional, los criminales podían ser divididos por carteles en los penales.
Al inicio del nuevo milenio, en México había únicamente dos grandes grupos de narcotraficantes. Por un lado estaba el Cartel del Golfo, cuando tenía integrados a Los Zetas como su brazo ejecutor, y tenían como aliado a Tijuana. Y en el otro lado, sus rivales eran La Federación, integrada por el Cártel de Sinaloa, los Beltrán, Juárez, La Familia y los Díaz Parada, de Oaxaca. Por haber dos bandos bien definidos, Nuevo León podía dividirlos en sus penales para evitar que se contactaran y riñeran.
Pero con el paso de los años, los grupos se escindieron y se convirtieron en otros carteles y células. En el 2007 hubo cambios significativos en esos imperios criminales que obligaron a la administración estatal a replantear su esquema de orden interno. Por esos años Fasci asumió el puesto de secretario de Seguridad Pública del Estado. Le tocó padecer, como funcionario, los reacomodos de los narcos.
Comenzaron las enemistades de Sinaloa contra los Beltrán y, después, los Zetas contra CDG. Zetas se aliaron con los Beltrán y el CDG con Sinaloa. Los zetas se dividieron, y también surgieron todos los grupos denominados Nueva Generación, que son fragmentaciones. Ahora, la industria criminal está atomizada y es permanentemente cambiante.
El 10 de febrero del 2016 ocurrió la más cruenta masacre en la historia de la entidad. Fueron asesinados en el Topo Chico 49 internos por disputas de liderazgo interno. Un análisis de inteligencia del gobierno de Nuevo León estableció, en ese entonces, que en ese penal y en el de Apodaca gobernaban los Zetas y en el de Cadereyta el CDG.
Esa realidad, ahora, ha cambiado.
En Nuevo León luchan a muerte por el control de la plaza, los Beltrán, el cartel del Noreste, del Golfo y los Zetas. Sus campos de batalla son, principalmente, los municipios conurbados de Escobedo y Santa Catarina, donde ha repuntado la violencia.
Los soldados de esos mismos carteles son los que ahora ocupan una parte considerable de los espacios en los tres penales. Como son tantos los grupos y están tan subdivididos, es imposible aislarlos por afiliaciones. La lógica de la división carcelaria por carteles dejó de tener sentido y la autoridad no va a poder reaccionar en base a lo que haga el crimen organizado, afirma el portavoz.
Adentro, necesariamente se encuentran los rivales. Y la animosidad que tenían en libertad, la llevan aún encarcelados.
Odio mortal
“Afuera se querían matar. Adentro se van a querer seguir matando, sería infantil pensar lo contrario. ¿Tú crees que están felices encarcelados? Claro que están muy enojados y si se encuentran con sus rivales, más. ¿A poco se harán amigos estando adentro? Por los cambios en esas organizaciones, quienes eran socios ayer, ahora son enemigos”, señala con ironía el vocero.
Además del encono natural que hay entre los internos contrincantes, el sistema carcelario padece de falta de trabajadores para evitar que peleen. El déficit es de casi la mitad. Los policías de Fuerza Civil, a los que se les ha invitado a trabajar en las cárceles, se niegan. Muy poca gente quiere trabajar como custodio. Tampoco hay especialistas que quieran hacerse directores de los penales. Por ello, los cambios de mandos en las penitenciarías, si bien se hacen por obligación si hay fallas, representan un dolor de cabeza para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encargada directa de las cárceles.
La mitad de todos los reos son de alta peligrosidad. Fasci, quien es especialista en temas de seguridad y quien, incluso, ha participado en mesas de análisis sobre el diseño de centros penitenciarios en México, anticipa que, en un futuro, en todas las cárceles habrá únicamente internos peligrosos.
El nuevo sistema de justicia penal acusatorio proporciona facilidades para que otros reos, que no representan riesgo grave para la sociedad, cumplan sus condenas con métodos alternativos, incluso en libertad. Adentro estarán, mayormente, los que cometen delitos irreparables como homicidios, secuestros, violaciones y otros similares.
Frente al colapso que enfrentan las penitenciarías estatales, Nuevo León asumirá un nuevo modelo “inteligente”, que consiste en la ampliación de los tres penales para crear, en cada uno, secciones para aislar a los reos de alta peligrosidad.
El asesor de seguridad explica que no existen actualmente los seis mil millones de pesos para construir un nuevo penal de elevada seguridad, para albergar a los reos que implican mayor riesgo para sus compañeros y que deben ser tratados de manera diferente.
La división será ahora por el tipo de delitos que cometió el interno, no por su cartel de origen.
“El nuevo modelo, que se está haciendo ya, es ampliaciones de infraestructura que contengan áreas de alta seguridad que permitan mecanismos de separación de personas, sean del grupo delictivo que sean, pero que les impidan físicamente interactuar uno con otro, ni golpearse, ni amenazarse. Va a ser un sistema inteligente”, dice.
La construcción debe iniciar este año, pues el sistema ya se colapsó y urge repararlo, para evitar más problemas, como el de Cadereyta. En estas instalaciones, durante el más reciente disturbio, fueron quemados dos pisos completos de un módulo. El edificio será demolido y repararlo le costará al estado 50 millones de pesos.
La construcción de las nuevas alas de alta seguridad podría contar con financiamiento privado, explica el vocero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/480428/penales-nuevo-leon-la-bomba-estallo