viernes, 31 de marzo de 2017

El “desprestigio” de EPN daña más al PRI que sus ex gobernadores prófugos: biógrafo del tricolor

En 2012, el entonces candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto aseguró que los otrora gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez; de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, eran el “nuevo rostro” del PRI. Casi cinco años después, esas entidades aparecen en la cúspide de todos los indicadores de la SHCP en materia de endeudamiento público, o compromisos futuros de recursos. Y no sólo eso, hoy, los Duarte son prófugos de la justicia.

Por primera vez en su historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a la antesala de la elección en el Estado de México, bastión de ese instituto político y origen del Presidente Enrique Peña Nieto, arrastrando el descrédito de tener a dos ex gobernadores prófugos de la justicia.

No se trata de cualquier par de políticos priístas. Tanto el ex mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa como su homólogo chihuahuense, César Duarte Jáquez, llegaron al poder en 2010 y, como afirmó Enrique Peña Nieto en 2012, eran el “nuevo rostro” con el que el PRI se lanzaría por la reconquista de la Presidencia después de dos sexenios de haberla perdido.


“Tú observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua…”, dijo Peña Nieto en mayo de 2012, cuando era candidato y se le pidió poner “nombres” a su afirmación de que el partido pasaba por un proceso de “renovación interior”.
Casi cinco años después, sin embargo, las entidades que gobernaron tanto los Duarte como Roberto Borge aparecen en la cúspide de todos los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de endeudamiento público, o compromisos futuros de recursos.

Y, también, los tres enfrentan acusaciones de corrupción por las que tanto Duarte de Ochoa como Duarte Jáquez son ya prófugos de la justicia. El primero desde octubre pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que se le buscaba por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten. Y, el segundo, desde este mes, cuando el nuevo Gobierno del Estado de Chihuahua a cargo del panista Javier Corral Jurado reportó que se le buscaba por probables delitos de peculado.

“Hay varios gobernadores de diferentes partidos que están siendo vigilados y algunos ya perseguidos”, dice Rogelio Hernández Rodríguez, politólogo, investigador del Colegio de México y uno de los biógrafos del PRI que, en entrevista, comenta que la situación carece de precedentes para el Tricolor.
“En el caso del PRI obviamente tiene mayor relevancia, porque es el partido que hasta ahora tiene mayor visibilidad y había tenido el mayor control de las gubernaturas”, dice.

El primero en enfrentar la persecución fue Javier Duarte de Ochoa, cuya actuación al frente de la administración pública de Veracruz motivó, de acuerdo con la revisión difundida desde febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación, observaciones por más de 35 mil millones de pesos. Desde entonces, la anterior dirigencia del PRI buscó su remoción de la gubernatura con el fin de evitar el castigo en las urnas el siguiente mes de junio –cuando, por primera vez, el partido perdió Veracruz.

Una visita de Duarte de Ochoa a Los Pinos en abril pasado, sin embargo, habría detenido el movimiento. El alegato de Duarte entonces ante el Gobierno federal, de acuerdo con fuentes del PRI consultadas, fue que “no olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña Nieto.
En junio pasado, el Tricolor perdió los tres estados gobernados por los mandatarios cuyo “nuevo rostro” había destacado el Presidente; dos de ellos (Veracruz y Quintana Roo), por primera vez en su historia.

Y las tres derrotas, de acuerdo con una denuncia que pidió expulsar del PRI a los Duarte y a Borge, por causa de los señalamientos de corrupción en su contra.

Al escenario se suma la caída en los niveles de aprobación del Presidente de la República, ubicado con sólo 17 puntos porcentuales de aceptación y, en picada, desde al menos 2014, cuando se difundió que vivía en una residencia financiada por el empresario Juan Armando Hinojosa, uno de sus principales contratistas desde que era Gobernador del Estado de México.

De acuerdo con análisis y encuestas, el descrédito sitúa al PRI en el tercer lugar de la contienda por la Presidencia de la República, a disputarse en 2018.

El contexto de las elecciones estatales de este 2017 –Estado de México, Nayarit y Coahuila–, sin embargo, observa Hernández Rodríguez, obedece a procesos tan locales en los que el impacto de los mandatarios prófugos, advierte, no necesariamente es directo.

“Esto es algo que debe tomarse con mucha precaución, porque, aun cuando hay dos ex Gobernadores que están prófugos, con claras búsquedas por parte de las autoridades, algunos de ellos con un escándalo increíble, no son ex Gobernadores que necesariamente vayan a afectar los procesos locales”, dice.
“No hay una relación causal entre los casos de Chihuahua y Veracruz y los cambios de Gobierno en las tres entidades y, particularmente, el que a todo mundo le llama la atención, el Estado de México; no es igual. Hay un desprestigio desde luego del PRI, y naturalmente que hay un desgaste enorme que se ha convertido también en un desprestigio de parte del Gobierno federal, pero lo que no debemos perder de vista es que se trata de procesos absolutamente locales”, agrega.
En entrevista, el autor de libros como Historia Mínima del PRI y El centro dividido. La nueva autonomía de los Gobernadores, explica que la lógica de las elecciones estatales es doméstica, por lo que podría esperarse que en Nayarit el Tricolor sufriera un mayor impacto por la reciente detención de Édgar Veytia, ex Fiscal de ese estado detenido esta semana en Estados Unidos.


“Creo que cada uno de los casos se manejará de manera muy particular”, insiste Hernández Rodríguez. “Por lo que acaba de ocurrir en Nayarit, e insisto que es un asunto absolutamente de orden local, esto sí puede afectar mucho más las cosas, pero hasta ahora no ha aparecido nada de este tamaño en el Estado de México, tampoco en Coahuila, y esto significa que el análisis que tenemos que hacer tiene que remitirse a las condiciones específica de cada entidad”, dice”, agrega.

Más impacto, explica el investigador, puede esperarse del “desprestigio genérico” que rodea al Gobierno federal, el cual, dice, con la intensa visita de miembros del Gabinete presidencial al Estado de México, muestra tener “preocupación” por la competencia que, por primera vez, enfrenta el PRI en el Estado de México.

–¿Cuál es su análisis de la salud del PRI en el Estado de México?

Esta es la primera vez en la larga historia de dominio del PRI en ese estado que, efectivamente, la competencia es fuerte. Esta es la primera vez en la que el PRI está con una competencia suficientemente grande como para que explique la intensidad con la que el Gobierno federal, las agencias, las instituciones gubernamentales y todos los políticos están dando la atención al Estado de México, es evidente que el PRI está preocupado por la competencia electoral. Y en esto también habría que señalar varias cosas: no significa necesariamente ni que el PAN ni que Morena, porque el PRD está prácticamente inexistente, tengan una gran cantidad de ciudadanos que los estén apoyando. No ha crecido la militancia ni su representación. Lo que sí es muy claro, y por la cercanía del Estado de México con el Distrito Federal se explica, es que, efectivamente, le está afectando este desprestigio genérico.

De todas maneras, por eso hablaba del desempeño local, no hay evidencia clara de que haya un desprestigio del Gobierno local. Si se ve en términos más particulares, sí se van a encontrar, en Naucalpan, con la terrible violencia, Ecatepec, etc. Pero aun cuando en algunas cuestiones haya un cuestionamiento muy fuerte, no hay un cuestionamiento genérico del desempeño del Gobierno local, y esto es importante, porque una de las variables relevantes para explicar los cambios tiene que ver con la evaluación del Gobierno y del gobernante. Entonces, ésta sí es una variable que deberíamos tener en cuanta para analizar. Pero también lo importante es que la oposición al PRI no tiene el sustento militante y de partido suficiente como para, por sí mismo, ganar las elecciones.

–¿De ahí lo incierto del resultado?

Diría que debemos pensar en eso, que el resultado es incierto. Yo ya veo que hay muchos que están haciendo cuentas alegres de que va a perder el PRI. Otra vez llamo la atención a que esta es una probabilidad; yo no creo que, hasta este momento, esté claro. Faltan dos tres meses para que lo podamos ver, y en la campaña veremos cómo están las cosas.

-La suma de otro ex Gobernador prófugo, ¿no es como una gota que derrame el caso?


En el DF sí tenemos claro que hay un Gobernador prófugo de Chihuahua. En el Distrito Federal la política sí es nacional, pero en el Estado de México, a los mexiquenses de a pie, no les interesan mucho los Duarte prófugos o no. A veces deberíamos volver a un análisis más particular de las entidades de la república, y lo que descubrimos es que la política es extraordinariamente local, doméstica y, entonces en ese sentido, es más probable que el desprestigio de Peña Nieto afecte a que los Duartes que andan prófugos, por una razón muy simple: Peña Nieto es el Presidente de la República y el DF está pegado al Estado de México.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2017/3183379