CIUDAD DE MÉXICO: Activistas, familiares de personas desaparecidas en Querétaro y Nuevo León que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, denunciaron la ineficacia y arbitrariedades de autoridades de seguridad y procuración de justicia encargadas de acompañarlos en su labor de búsqueda de fosas clandestinas y cadáveres en sus respectivos estados.
A través de un comunicado, el colectivo Desaparecidos Justicia de Querétaro informó del caso de tres de sus integrantes que por su labor cuentan con medidas cautelares y están provistos de botones de pánico proporcionados por el Mecanismo de Protección para defensoras periodistas pero el día que lo necesitaron no funcionó.
Brenda Rangel Ortiz, Enrique Rangel y Víctor Manuel García Herrera, relató el colectivo, realizaron en días pasados una diligencia en Santa María Magdalena, Querétaro, durante la cual Víctor fue asaltado por personas armadas, y separado con engaños de Brenda y Enrique.
Al percatarse de la ausencia de Víctor, Brenda y Enrique lo buscaron y lo encontraron amenazado por hombres armados. Luego llegó una camioneta y un coche con más hombres de entre 17 y 25 años.
Ante la situación “Brenda usó en varias ocasiones el botón de pánico y no obtuvo respuesta, lo mismo sucedió cuando pidió apoyo de Policía Federal y la Sedena por teléfono”.
Los hombres armados huyeron del lugar y más de 20 minutos después del incidente llegó la Policía Municipal.
“Es de suma preocupación que el botón de pánico y el Mecanismo de Protección no haya dado respuesta a la emergencia reportada por la familia Rangel”, acusó el colectivo.
Además destacó que no es la primera vez que Brenda Rangel y su familia temen por su integridad pues hace unos meses a Brenda le retiraron las escoltas otorgadas por la PGR, “cuando su seguridad aún está en riesgo porque dos de los policías que están vinculados con la desaparición de Héctor Rangel están en libertad”.
Otro caso fue el ocurrido el pasado viernes 17, cuando integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (Fundenl) realizaban una ceremonia conmemorativa cerca de las Grutas de García en Nuevo León.
Al escarbar aproximadamente diez centímetros para colocar una cruz en memoria de las personas asesinadas en este lugar, encontraron lo que al parecer son restos óseos carbonizados.
Terminado el acto simbólico se retiraron acompañadas de agentes de la Fuerza Civil, pero a 15 kilómetros de las Grutas de García los agentes les indicaron que debían regresar al lugar del hallazgo para hacer los trámites legales que debieron hacerse en el momento, lo cual ya no era posible debido a la falta de seguridad y protección a las activistas. Sin embargo, fueron retenidas por dos horas y media en dicho lugar.
Ante los hechos de violencia, inseguridad, ilegalidad y atentados contra la integridad física de los miembros de ambos colectivos, ambos grupos expresaron su “indignación y rechazo a la forma de proceder de las autoridades que están para velar por la seguridad de las y los ciudadanos”.
Añadieron que las dos situaciones denunciadas no deben considerarse casos aislados, porque el peligro que implica a los familiares en la búsqueda de sus desaparecidos “es constante y mayor cuando colectivos de familiares de personas víctimas de desaparición acompañan otros casos, realizando las labores de búsqueda e investigación que deberían realizar las instituciones del Estado”.
Por ello exigieron al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) proteger a quienes se mantienen en la búsqueda de personas desaparecidas, “familias que se han convertido en defensoras y defensores de derechos humanos al no encontrar respuesta por parte del Estado mexicano”, subrayaron los demandantes.
AUTOR: REDACCIÓN.