El pasado 18 de enero Federico, de 15 años de edad, abrió fuego en su salón de clases en un colegio de Monterrey e hirió a su maestra y tres de sus compañeros. Luego, él se disparó en la cabeza y finalmente murió en un hospital. Como él, coincidieron especialistas, muchos otros han estado años expuestos a la violencia que se vive en el país. En Nuevo León, por ejemplo, los asesinatos comenzaron a despuntar a partir de 2010, cuando estos crímenes se triplicaron con respecto al año anterior y pasaron de 267 en 2009 a 828 al año siguiente y, en 2011, a más de dos mil casos.
Especialistas en juventud y justicia, en entrevista con SinEmbargo, coincidieron en que, si bien es complejo determinar qué detono este crimen, sí evidenció las carencias de las instituciones que deberían detectar conductas de riesgo o problemas de salud mental, así como prevenir y castigar la violencia.
Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– En mayo de 2011, cuando Nuevo León vivía el mes más violento de su historia, un video grabado en un salón de clases de la ciudad de Monterrey se convirtió en “viral”. Mostraba a varios niños contra el suelo mientras la voz de una maestra los consuela y, desde el exterior, se escuchan las detonaciones de una metralleta.
Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de la organización Ririki Intervención Social, dice haberse remitido a esa imagen luego del ataque armado cometido el pasado 18 de enero por un adolescente en un salón de clases de una escuela también ubicada en Monterrey y que dejó cuatro personas heridas.
“Creo que los efectos en algunos niños son mayores o menores, dependiendo de cuestiones muy particulares, pero el entorno de violencia que muchos de estos niños han vivido desde que nacieron, o desde muy pequeños, tiene un alto impacto en sus comportamientos”, dice Ramírez.
“Hace unos años se le dio un premio a una maestra de jardín de niños por haber protegido a sus alumnos. Es esa generación la que está por entrar a la secundaria, y nunca nos hemos detenido a pensar qué estamos haciendo con relación a los efectos”, agrega.
El crimen cometido por el adolescente en el Colegio Americano del Noreste fue captado por una cámara de seguridad, en cuyo registro se le observa apartado del resto y, desde su silla, iniciar una serie de disparos a corta distancia contra tres compañeros y la maestra.
El menor, que al final del ataque se suicida, fue identificado como Federico Guevara, de 15 años y, de acuerdo con los reportes de prensa, víctima de acoso escolar en diferentes colegios.
“Uno de sus compañeros de clase lo recuerda como un buen niño y le cuesta mucho entender lo que hizo: ‘Fueron las malas influencias, porque el Fede que yo conocí no hubiera hecho eso”, reportó este medio.
Especialistas en juventud y justicia coinciden en que, si bien es complejo determinar qué detono este crimen, sí muestra las carencias de las instituciones que deberían detectar conductas de riesgo o problemas de salud mental, así como prevenir y castigar la violencia.
“La violencia se empieza a normalizar en el entorno”, dice Paulina Sánchez Román, autora de Justicia para Adolescentes en México, publicado en 2016 por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
“[La violencia] Empieza a ser más común y ahora tienen que ser más violentas las conductas para que generen mayor conmoción y atención. Otro factor importante es la impunidad, en la que parece que estas conductas pocas veces tienen castigo, quedan sin consecuencias, y claro que eso va creando en el imaginario colectivo la idea de que no es tan grave ni es valiosa la vida humana ni la Ley”, agrega Sánchez.
El pasado 18 de enero un adolescente abrió fuego en un salón de clases de una escuela ubicada en Monterrey. Dejó cuatro heridos y él se suicidó. Foto: Cuartoscuro
GUERRA Y JUVENTUD
Diversas fuentes han advertido el peso que la exposición a la violencia y la impunidad tienen en la reproducción de otras formas de agresión, sobre todo en menores de edad.
“Muchas de las teorías que explican el comportamiento delictivo juvenil, como las del aprendizaje social, la frustración, la asociación cognitiva o la de la desorganización social, así como la evidencia empírica con la que se cuenta, permiten sostener que las guerras producen un legado de violencia en la postguerra, particularmente entre los jóvenes”, dice el informe especial “Adolescentes, vulnerabilidad y violencia”, difundido este mes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este vínculo entre entorno violento y comportamientos agresivos por parte de los niños y adolescentes fue también advertido en 2015, cuando cinco menores de edad asesinaron a Christopher Márquez Mora, de seis años, en la ciudad de Chihuahua, capital de uno de los estados más afectados por la violencia atribuida a la disputa del narcotráfico.
“Indudablemente es reflejo de la sociedad que somos”, dijo entonces Lourdes Almada Mireles, ex dirigente de la Red por los Derechos de la Infancia en Juárez y académica en la Universidad Autónoma de la misma ciudad.
“Consecuencia de la suma de muchas negligencias, omisiones, ausencias de la sociedad, por parte del Estado, y que se acumulan: una situación socioeconómica en la que la pobreza se ha recrudecido en todo Chihuahua, más una historia de violencia que no tengo que platicar y sobre la que no sólo no se ha querido actuar: no se ha querido ni siquiera reconocer”, agregó.
En su nuevo informe especial, la CNDH analiza la problemática de la delincuencia juvenil en el contexto de la crisis de seguridad y derechos humanos registrada en México desde el sexenio pasado y en el que se han registrado casi 200 mil asesinatos, la mayor parte impunes.
“Es dentro de este contexto de la violencia que ha tenido lugar durante los últimos años en México, que debemos situar la violencia que cometen, así como la que padecen, los adolescentes en nuestro país”, dice el texto.
“Sostenemos que la violencia que afecta a este sector específico de la población no puede entenderse al margen o sin tomar en cuenta la grave crisis de seguridad y violencia que afecta a nuestro país”, insiste.
El documento cita que México ocupó en 2015 el lugar 144, de un total de 162, en el Índice de Paz que mide el grado de militarización y extensión de los conflictos en cada país, por debajo de Filipinas y Venezuela e India y “apenas” por encima de Líbano y Colombia. También, que la Encuesta sobre Seguridad Pública Urbana del INEGI arrojó en 2016 que 70 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
“Las guerras tienden a afectar no sólo las tasas de delincuencia juvenil sino también su naturaleza y sus orígenes. La guerra genera las condiciones que propician el incremento de la delincuencia, ya que debilita las inhibiciones y alienta la expresión de los impulsos primitivos, con lo que contribuye a alterar las tasas, la estructura y la naturaleza de las conductas delictivas”, dice el reporte.
“Los mecanismos específicos que se ponen en juego en la relación entre guerra y delincuencia no han sido suficientemente estudiados, aunque se sabe que, durante las guerras, la violencia y la agresión parecen ser medios aceptables para la resolución de conflictos y los niños aprenden estos comportamientos”, agrega.
FAMILIAS Y ESTADO
Nuevo León fue parte de los territorios más afectados por la violencia atribuida a la disputa por el narcotráfico e iniciada en 2006. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el indicador de asesinatos comenzó a despuntar en esa entidad a partir de 2010, cuando estos crímenes se triplicaron con respecto al año anterior y pasaron de 267 en 2009 a 828 al año siguiente y, en 2011, a más de dos mil casos.
Y en ese entorno, coincide Maricela Escamilla, de la organización neolonesa Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), crecieron cientos de miles de niños como Federico y que hoy están en riesgo de reproducir comportamientos agresivos.
“En el caso de este niño, o muchos otros, han estado diez años, ocho años expuestos a la violencia y de alguna manera nos acostumbramos a eso; pero parece que esta realidad anestesia a la sociedad entera”, dice Escamilla, jefa del departamento de sicología de la organización.
“Hay una dureza emocional y hay muchos niños que aprenden a inhibir sus emociones por esta exposición a la violencia, como un mecanismo de defensa”, agrega.
Otra expresión de la normalización de la violencia vivida en la última década en México es la popularización de “corridos” que hacen apología de la misma y describen con detalles las modalidades de asesinato también extendidas durante la última década, como las decapitaciones.
“Hay una desvalorización muy grande de la vida humana”, dice Escamilla. “Empiezan a desarrollar ese mecanismo de defensa que los vuelve insensibles y que de alguna manera creo que actúan bajo efectos de brotes sicóticos que van anulando la voluntad, y creo que no tienen una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y eso tiene que ver con esta sobreexposición a la violencia”, agrega.
En respuesta al ataque del día 18, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció el “reforzamiento” de la revisión de los menores en las escuelas por parte de elementos policiacos, u “Operativo Mochila”.
Niños como Federico, coincidieron especialistas, han vivido durante 10 años expuestos a la violencia. Foto: Cuartoscuro
Las revisiones, sin embargo, consideraron las fuentes consultadas, no sólo son violatorias de la intimidad de los menores, sino también ineficaces, reactivas e incluso probable antecedente de otras conductas de riesgo.
“A los jóvenes se les debe explicar y fortalecer el entendimiento de sus derechos para que los hagan valer los derechos de los demás. No pienso que una solución sea violentarlos, pero además porque esas medidas son reactivas, no preventivas”, dice Sánchez.
Rodríguez Calderón también cuestionó el cuidado de los padres de familia sobre los hijos como parte de la problemática alrededor del ataque registrado en el Colegio Americano y advirtió que se requería mayor disciplina.
“No hay ni habrá ningún programa, ninguna acción que sea tan fuerte como debe ser la disciplina que los padres empecemos a trabajar con nuestros hijos”, dijo Rodríguez Calderón en conferencia de prensa.
De acuerdo con Escamilla, además de valores familiares, se requieren condiciones políticas para una convivencia pacífica.
“El Estado es responsable de la ruptura de las condiciones de paz y de la falta de sustento integral de las familias”, dice.
“Se habla de valores en la casas, pero todos tenemos valores, y fundamentalmente creo que debe haber una convivencia pacífica, y los valores de la vida democrática son el respeto, el diálogo, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, y el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer; no ha generado políticas públicas para tratar a estos niños que son testigos de tanta violencia”, agrega.Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/29-01-2017/3141348