El Dragonario: 11/16/16

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Cesan a mando de la Policía Federal acusado de excesos

CIUDAD DE MÉXICO: Carlos Alfonso Tornero Salinas fue nombrado titular de la División de Fuerzas Federales de la PF, y con ello sustituye en el cargo al general Salvador Camacho Aguirre.


Camacho Aguirre fue cesado tras la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por encabezar operativos en los que se denunciaron excesos, tal es el caso del efectuado en Tanhuato, Michoacán, y recientemente en Nochixtlán, Oaxaca.

A las múltiples violaciones cometidas por los agentes federales en estas dos regiones se suma la queja por los cateos efectuados sin orden judicial en Tecámac, Estado de México.

Por la mañana de este miércoles, la agencia Quadratín difundió que el general ya había desocupado sus oficinas en el Centro de Mando de Iztapalapa en la Ciudad de México, dato que se confirmó hasta el mediodía, cuando la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer el nombramiento de Tornero Salinas como nuevo titular de la División de Fuerzas Federales de la PF.

Según la CNS, Tornero Salinas es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Ciencias Forenses y es licenciado en Seguridad Pública por el Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con la especialidad en policiólogo criminalista.

Cuenta con 35 años de experiencia en distintos cargos en materia de seguridad pública, de los cuales siete años ha prestado sus servicios en la PF, donde ha ocupado puestos de mando como coordinador estatal de la Policía Federal en Yucatán, además de otros cargos directivos en las Divisiones de Seguridad Regional, Gendarmería y la Oficina del Comisionado General.

Buena parte de su trayectoria la realizó en diversas dependencias del estado de Guanajuato: fue director general de los institutos de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia y los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, así como director de la Policía Municipal de León.

También fue director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro.

Tornero Salinas también se caracteriza por su cercanía con el comisionado general de la PF, Manelich Castilla Craviotto, con quien compartió cursos de especialización en Gerencia del Servicio por la Policía Nacional de Colombia, además de haber participado en un Seminario para Ejecutivos Policiales por el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y completó el Curso de Liderazgo Ejecutivo por la Real Policía Montada de Canadá.

De acuerdo con el comunicado de la CNS, Tornero Salinas cuenta con experiencia como catedrático y asesor en temas de seguridad, entre ellos combate al crimen organizado, prevención del delito o justicia penal, además de estrategia y logística en universidades de los estados de Puebla y Guanajuato.

Sin embargo, Tornero Salinas asume el cargo con el pendiente de sancionar a los mandos policiacos que, como el general Salvador Camacho Aguirre y el mismo Manelich Castilla Craviotto, estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos en diversos operativos.

El pasado 18 de agosto la CNDH determinó que en Tanhuato la PF cometió graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, donde 42 civiles y un policía perdieron la vida.

En la recomendación 4VG/2016, la CNDH indicó que como resultado de la investigación realizada por ese organismo, con sustento en pruebas técnicas y científicas, se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuidos a servidores públicos de la PF, además de otras violaciones “no graves” imputadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán.

De acuerdo con el ombudsman nacional, se violó el derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la “ejecución arbitraria” de 22 civiles y la muerte de cuatro personas.

También se cometieron violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica por los actos de tortura cometidos en agravio de dos de los detenidos, y por el uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y degradante contra una de las personas.


El 19 de junio de este año la División de Gendarmería, al mando en ese entonces de Manelich Castilla, fue cuestionada al colocarse en el centro de las investigaciones por los disparos de la PF en el enfrentamiento con civiles, en un intento por desalojar a integrantes de la CNTE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462848/cesan-a-mando-la-policia-federal-acusado-excesos

Sigue marcaje personal sobre familiares de Javier Duarte

XALAPA, Ver: Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Procuraduría General de la República (PGR) continúan con el marcaje personal a los suegros del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, en el sur de Coatzacoalcos.


A través de sus abogados, Antonio Tony Macías y su esposa María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, padres de Karime Macías de Duarte, lograron un amparo indirecto (1191/2016) –en poder del reportero– en el que piden la intervención de la justicia federal, alegando “actos de intimidación y tortura psicológica” por la “vigilancia fija” de los elementos de la PGR.

Los apoderados legales de los suegros de Duarte realizaron este miércoles una inspección en la calle de Puebla número 401, de la colonia Petrolera, una de las zonas residenciales de Coatzacoalcos, para mantener el marcaje personal en el domicilio de Antonio Macías Yazegey.


El 20 de octubre pasado, el propio Macías Yazegey y su cónyuge tramitaron amparos ante el Juzgado Noveno del Circuito del Poder Judicial de la Federación para evitar ser detenidos por una autoridad ministerial local o federal, pero también para no ser impedidos de viajar fuera del país.

El amparo de la familia Macías Tubilla fue exhibido en la lista de estrados y en la página electrónica de la Dirección de Estadística del Poder Judicial de la Federación, y difundido también por el columnista de Informe Rojo, Mussio Cárdenas; a partir de ahí, el recurso otorgado se volvió viral en redes sociales.

El Juzgado Noveno asignó los números de expediente 1167/2016 y 1168/2016, donde al calce se reclaman actos específicos: “La orden de alerta migratoria que pretenden ejecutar en mi contra limitando mi libertad de tránsito, deambulatorio y a la libertad personal sin orden judicial y sin haber sido oído y vencido en juicio”.

Desde hace casi un mes, el exgobernador y varios de sus colaboradores se encuentran prófugos de la justicia –acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de funciones–, luego de ocasionar un quebranto patrimonial global de 180 mil millones de pesos, equivalentes casi a dos ejercicios fiscales anuales en el Estado.


Al día de hoy, varios familiares y amigos de Duarte continúan siendo investigados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462884/sigue-marcaje-personal-familiares-javier-duarte

Las 11 medidas de la SRE para mexicanos residentes en EU

La Cancillería informó de las acciones de deben tomar en cuenta los connacionales para que cuenten con información y orientación oportuna que les evite ser víctimas de abusos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho del conocimiento público las 11 acciones que se tomarán para dar atención a los mexicanos que residen en Estados Unidos, el principal objetivo es que cuenten con información y orientación oportuna que les evite ser víctimas de abusos y fraudes ante el panorama venidero en la era de Donald Trump.

1. Se difundirá a través de la embajada y los 50 consulados en Estados Unidos Centro de Información de Atención a Mexicanos (CIAM).

2. Se habilitará un número telefónico gratuito en Estados Unidos, que se ofrece como primer punto de contacto con el gobierno mexicano para quien requiera asistencia, información y protección consular.

3. Se activará una línea directa (1800) para atender dudas sobre medidas migratorias o reportar incidentes, el servicio se brindará 24 horas.

4. Se ha creado la aplicación gratuita MiConsulmex, la cual se dará a conocer en la comunidad mexicana en la Unión American, y se fomentará el uso para acceder a información relevante y de actualidad sobre migración. Además de datos de contacto de los consulados y prestadores de servicios migratorios.

5. Se aumentará la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, para ofrecer servicios integrales de protección y documentación a más personas en sus comunidades.

6. Se incrementarán las citas para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento con el propósito de que todos los mexicanos cuenten con los documentos pertinentes de identidad.

7. Se intensificará la campaña de promoción de registro y expedición de actas de nacimiento de hijos de nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos.

8. También se extenderán los horarios de servicio en los departamentos de protección de los consulados, para atender un mayor número de casos.

9. Se acelerarán la apertura de Ventanillas de Asesoría Financiera y fortalecerán la campaña de bancarización en toda la red consular y reforzarán el diálogo con autoridades estatales y locales.

10. Se estrechará la relación con organizaciones de derechos civiles.

11. Adicionalmente, se hizo un llamado a las comunidades a evitar toda situación de conflicto y no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o penales.


Las medidas anunciadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, responden a la reciente elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos y con objeto de fortalecer la protección de los ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos, que podrían ser deportados a la República como promesa de campaña del magnate.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/las-11-medidas-de-la-sre-para-mexicanos-residentes-en-eu/

Encuentran embolsado a regidor tabasqueño que secuestraron en Jalisco

El fiscal de Tabasco descartó que Laires Carrera Pérez tuviera algún tiro de gracia y comentó que las autoridades recogieron su cadáver en Nayarit.

El cuerpo sin vida del regidor de Centro, Tabasco, Laires Carrera Pérez, fue encontrado envuelto en una bolsa en el municipio de Compostela, Nayarit, después de ser secuestrado en Jalisco, informó el fiscal de Tabasco Fernando Valenzuela.

“El cuerpo estaba embolsado en un vehículo tipo jeep color gris, portaba una pulsera de un hotel cuya razón social es ‘Canto del sol’, que se ubica en Plaza Vallarta, y desafortunadamente coincide con la misma habitación 82-62 donde estuvo él registrado”, dijo el fiscal en el programa Telereportaje.

El funcionario detalló que las investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía de Jalisco y cuentan con el apoyo de las autoridades de Tabasco y Nayarit.

“En principio me confirman que el cuerpo permanece en el Semefo de Tepic, Nayarit. Hace 15 minutos me dicen que no tienen datos de que haya habido reconocimiento por parte de la esposa, sin embargo, desafortunadamente, la huella de su cartilla militar fue confrontada con la huella del cuerpo y a los peritos en dactiloscopía de Nayarit les arroja un similitud por lo que hace a esa huella del 100 por ciento“, detalló.

Asimismo, el fiscal dijo que fueron comparadas fotografías del cadáver con imágenes del regidor Carrera Pérez, las cuales coinciden en un 80 por ciento, según el perito dibujante.


Valenzuela descartó que Laires Carrera Pérez tuviera algún tiro de gracia y comentó que las autoridades recogieron su cadáver hacia las 12:30 horas, en la localidad Miravillas del municipio de Compostela.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/encuentran-embolsado-a-regidor-tabasqueno-que-secuestraron-en-jalisco/

Hasta la Conade demanda al gobierno de Duarte; ejerció mil 263 mdp en conceptos no autorizados

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) inició una demanda civil contra el gobierno del estado de Veracruz y el Instituto del Deporte Veracruzano (IVD) para reclamar el reintegro de mil 263 millones de pesos por no haber ejercido esos recursos federales de acuerdo a los convenios firmados.

Entre julio de 2012 y octubre de 2014, la Conade y el gobierno de Javier Duarte firmaron una serie de convenios mediante los cuales la federación transfirió recursos para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en noviembre de 2014.

La demanda se desahoga en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y reclama la devolución a la Tesorería de la Federación las siguientes cantidades: 100 millones de pesos (convenio firmado el 23 de  julio de 2012), 63.3 millones de pesos (31 de julio de 2012), 400 millones de pesos (1 de abril de 2014), otros 400 millones (14 de mayo de 2014) y 300 millones (16 de octubre de 2014).

En cada uno de estos montos, además, la Conade exige el pago de los rendimientos y cargas financieras que dichos recursos hayan generado a partir de las fechas en las que ingresaron a las arcas de Veracruz y hasta que reintegren el dinero.

Para todos los casos, la Conade alega la rescisión de dichos convenios “por el incumplimiento a las obligaciones pactadas”, toda vez que esos recursos federales no se utilizaron en los conceptos autorizados en los anexos técnicos correspondientes.

Además, “por no publicar los requisitos de transparencia para la aplicación de los recursos” y “por no cumplir con las reglas de licitaciones y contrataciones”.

En el IVD la demanda fue recibida el pasado 4 de noviembre.


Las partes demandadas deberán contestar la demanda a más tardar el próximo 15 de diciembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462880/hasta-conade-demanda-a-gobierno-duarte-ejeercio-mil-263-mdp-en-conceptos-no-autorizados

Ante la CIDH, padres de los 43 implican a García Harfuch con Guerreros Unidos

CIUDAD DE MÉXICO: Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos formalizaron su exigencia de investigar al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, y notificaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la posible implicación del funcionario con uno de los líderes del cártel de Guerreros Unidos, al que la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye los hechos.


En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la PGR, reprobaron el ocultamiento de pruebas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la misma oficina especial para el caso Iguala de la dependencia.

A través de sus representantes legales, los padres de los estudiantes entregaron un escrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a la que está adscrita la oficina especial, en la que hacen referencia al reportaje publicado en Proceso en su edición 2089, en el que se da cuenta de que el nombre y teléfono de García Harfuch, aparece como contacto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, en una libreta negra que le fue asegurada durante su detención en octubre de 2014.

En esa misma libreta está inscrito el nombre y teléfono de quien fuera secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, por lo que los padres exigen que también sea investigado.

“¿Cómo es posible que nos hayan tenido engañados durante dos años, el gobierno y Arely Gómez (exprocuradora)? ¿Cómo es posible que nos hayan ocultado que esos funcionarios tenían nexos con el narcotráfico?”, cuestionó Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Indignado, exigió que se investigue a García Harfuch y a Vázquez y “que se haga una revisión de la telefonía”, ante la evidencia de la existencia de vínculos entre los funcionarios con Casarrubias.

Carmelita Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, se preguntó “¿qué más han estado ocultado?” las autoridades federales, no sólo a los padres de familia sino al GIEI.

“¿Cómo pueden explicar que esos nombres estuvieran en una libreta de Sidronio Casarrubias? ¿Cómo es posible que les den puestos en vez de investigar y sancionar? No hay duda de que el gobierno está bien coludido con los delincuentes”, consideró.

Al recordar que el motivo del rompimiento de los familiares con la PGR se debió a la falta de información sobre la investigación que se siguió al extitular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, Hilda Hernández,  madre de César Manuel González, exigió a las autoridades que “no se pongan obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH”.

La libreta

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), llamó a las autoridades federales, “empezando por el presidente Enrique Peña Nieto, a no minimizar (lo publicado por Proceso). Resulta grave que el nombre de un funcionario aparezca como contacto de uno de los criminales más peligrosos de México, como ha nombrado la PGR a Sidronio Casarrubias. Pero más grave aún, que ese funcionario sea ahora el responsable de la AIC”.

El abogado señaló que han solicitado que García Harfuch, el exsecretario Vázquez Pérez y el mismo Sidronio Casarrubias sean interrogados sobre el contenido de la libreta.

Al señalar que por el momento sólo exigen la investigación, tanto de García Harfuch como de Leonardo Vázquez, para que expliquen por qué sus nombres aparecen en documentos decomisados a  Casarrubias, Rosales puntualizó que la situación es más preocupante “que se haya ocultado la existencia de la libreta al GIEI y a lo Oficina especial del caso, es decir, ni siquiera conoció esa libreta en la que aparecen como contactos, no conoció el expediente de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), ni la causa ni el auto de formal prisión en donde se da cuenta de la libreta”.

Rosales insistió en que “ni la PGR ni la Secretaría de Gobernación ni mucho menos el presidente, deben restar importancia a la gran revelación, que ya ha impactado la investigación por la desaparición de los 43, al ocultar las pruebas que podrían dar con el paradero de los compañeros”.

Como responsable de la Policía Federal en Guerrero durante la desaparición de los 43, Rosales Sierra consideró que García Harfuch tiene que explicar por qué la dependencia “en lugar de tomar medidas de protección para los estudiantes, se dedicó a desviar el tráfico hacia Iguala o por qué había presencia de elementos en el Palacio de Justicia donde fueron bajados los estudiantes de uno de los camiones y por qué aparece como gente de confianza de uno de los criminales más peligrosos del país”.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que en la solicitud de diligencias, se demandó a la Oficina especial que se investigue a García Harfuch y a Vázquez, “en materia de telefonía así como su situación patrimonial, ante los indicios de la vinculación con la delincuencia organizada”.

A la Oficina especial, agregó, le solicitaron “dar fe de la existencia de esta libreta, que pueda acceder a todas las diligencias relacionadas con la detención y primeras declaraciones de Sidronio Casarrubias y que se permita acceder a todas las averiguaciones previas en contra de esta persona”.

Al conocerse que, tanto la libreta como la documentación en la que se da cuenta de ella se ocultó al GIEI, Aguirre apuntó que ello “evidencia que los expertos no contaron con las condiciones óptimas para realizar su trabajo, cuyo objetivo era contribuir a la localización de los normalistas”.

El abogado informó que este miércoles, la representación de los padres envió a la CIDH “una comunicación con el acuse de recibido de la PGR, pidiéndole que requiera al Estado la información, que coadyuve en las diligencias que se van a abrir a partir de revelación de la existencia de esta libreta, y tercero, que inste al Estado a que acredite la buena fe de asistencia técnica”.


La revelación de Proceso, puntualizó, “muestra que al GIEI le fueron ocultadas evidencias relevantes y debe garantizarse que esto no se repita en la nueva fase del mecanismo de seguimiento”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462843/ante-la-cidh-padres-los-43-implican-a-garcia-harfuch-guerreros-unidos

La sentencia contra Aristegui, castigo a la opinión

Especialistas en derecho a la información señalan que la sentencia del Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México contra Carmen Aristegui por un “exceso en su libertad de expresión” en agravio del “honor y prestigio” del dueño de MVS, Joaquín Vargas, se basa en un error jurídico. Sin embargo, advierten que también se está utilizando el Poder Judicial para inhibir las críticas hacia las personas públicas que tengan recursos para demandar a periodistas y medios de comunicación.


CIUDAD DE MÉXICO: El 28 de octubre de este año el juez quincuagésimo séptimo de lo Civil, Odilón Centeno Rendón, dictó sentencia en contra de la periodista Carmen Aristegui, a quien acusó de “excederse en su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio” del presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

La sentencia concluyó que Aristegui causó “un daño en el patrimonio moral” de Joaquín Vargas y condenó a la exdirectora de la Primera Emisión de MVS Noticias a publicar y divulgar “un extracto del presente fallo” en “todas y cada una de las ediciones y publicaciones subsecuentes” del libro editado por Penguin Random House.

Consultados por Proceso, los especialistas Alfredo Figueroa, exconsejero electoral, y Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, consideran que esta sentencia configura una “violencia institucional” no sólo contra Aristegui, sino contra todo aquel periodista que critique a políticos o personajes con proyección pública, como es el caso del propio Joaquín Vargas, además de que el juez capitalino va en contra de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de “daño moral”, “real malicia” y “derecho a la intimidad”, confundiendo deliberadamente estos términos.

Entre los argumentos que el juez Centeno dio como válidos para considerar que Aristegui dañaba el patrimonio moral de Vargas relató que la periodista opinó que el presidente de MVS aceptó “el papel de instrumento para asestar una puñalada por cobardía”, que se “derrumbó moralmente”, que “sucumbió a presiones del poder” y que a cambio del despido de ella y de su equipo de MVS obtuvo fallos favorables en el litigio que tenía con Televisa por el tema del must carry y del must offer, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relativos a sus concesiones en la banda de 2.5 Ghz.

El juez calificó de “falsos” los argumentos de que los fallos a favor del must carry y del must offer tuvieran relación con el despido de Aristegui, ocurrido en marzo de 2015, porque “dicho beneficio no fue concedido mediante sentencia alguna, sino con motivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, por virtud del cual los concesionarios de televisión abierta se encuentran obligados a permitir de manera gratuita a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal”.

El juez afirmó que el contenido del artículo octavo transitorio garantiza el must carry y el must offer. Sin embargo, pasó por alto que en su texto Carmen Aristegui no hacía referencia a la reforma constitucional de telecomunicaciones, sino a dos fallos favorables a MVS, el 96/2015 y el 103/2015, emitidos el 17 y 18 de septiembre de 2015, seis meses después de su despido, donde se sobresee el litigio de Grupo Televisa contra MVS y se favorece la petición de prórroga al uso de la banda 2.5 Ghz para telecomunicaciones.

El prólogo de Carmen Aristegui señala textualmente:

“Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015, MVS obtuvo de forma expedita por parte de un tribunal federal dos fallos favorables en asuntos que estuvieron largamente en litigio: el must carry-must offer (que obliga a Televisa a permitir la retransmisión gratuita de su señal por otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS), así como la concesión de una prórroga al uso de la banda 2.5 Ghz”.

En ese párrafo, Aristegui recuerda la conferencia de prensa del 15 de agosto de 2012, cuando el propio Vargas denunció y documentó las presiones que recibió en 2011 del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y de la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, para que no recontratara a Carmen Aristegui a cambio de que refrendaran las concesiones de la banda 2.5 Ghz (Proceso publicó esa conferencia en su edición 1868).

El desplegado de Vargas

Aun cuando la sentencia del juez Centeno no es definitiva y puede ser apelable por Aristegui y Random House, así como sujeta al juicio de amparo ante la SCJN, el pasado lunes 7 el presidente de MVS pagó en varios medios impresos nacionales un desplegado que tituló: “Aristegui mintió”.

Esa publicación se basó en las “partes esenciales” de la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Según Vargas, la sentencia determina:

“1.- Que los términos utilizados por Carmen Aristegui en su prólogo del libro para referirse a mí, no tienen el propósito de informar, sino el claro afán de desprestigiarme, produciendo con ello un agravio a mi honor, al atribuirme falsas conductas que por supuesto nunca fueron probadas, configurándose así un hecho ilícito.

“2.- Que los argumentos utilizados por Carmen Aristegui en el prólogo no se ajustan a la realidad, además de que no tienen referencia con el contenido del libro o de la información periodística, ya que su fin fue exhibir o dirimir los conflictos personales que la periodista tiene en mi contra.

“3.- Que Carmen Aristegui excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio a mi persona, en sus apreciaciones contenidas en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

“4.- Que lo expresado por Carmen Aristegui en mi contra es una mentira, pues en ningún momento ofreció pruebas para acreditar lo dicho en el prólogo de este libro.”

El presidente de MVS Comunicaciones justificó la publicación de este desplegado señalando que “las credenciales y el amplio reconocimiento público de Carmen Aristegui no le dan derecho a mentir y difamar sin consecuencias”.

Vargas escaló desde junio de este año su conflicto con Aristegui y con Penguin Random House al demandar a la periodista por presunto daño moral y le exigió al grupo editor la desaparición del prólogo de 43 páginas del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

Aristegui y la editorial fueron notificadas de la demanda por daño moral el pasado 29 de mayo, pero ésta se conoció públicamente el 21 de julio, cuatro días después de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera “perdón, con toda humildad”, admitiendo que “en noviembre de 2014 la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación”.

Después que la oficina de comunicación de MVS difundió el pasado lunes 7 de noviembre el contenido de la sentencia del juez Centeno, tanto el equipo jurídico de Aristegui como el de la editorial tuvieron encuentros para definir una estrategia conjunta.

“Aristegui cuenta con el apoyo total de la editorial”, subrayaron Ricardo Cayuela y Ariel Rosales, director y editor de Penguin Random House, quienes destacaron que en su momento darán a conocer públicamente la estrategia que seguirán los abogados de ambas partes.

Resolución “vergonzosa e indignante”

Tras realizar un exhaustivo análisis de la sentencia y de sus contradicciones, el exconsejero del Instituto Federal Electoral y especialista en temas de derecho a la información Alfredo Figueroa indica en entrevista que el documento de “su señoría” contiene “aspectos que deben ser calificados como vergonzosos e indignantes, no sólo porque es contraria a la libertad de expresión y desapegada a los precedentes fijados por la Suprema Corte, sino porque procede de la admisión de elementos de prueba inexplicables y absurdos”.

Subraya que esta sentencia “dista de cumplir con los estándares requeridos para acreditar el daño al honor o a la vida privada, que nacional e internacionalmente se han construido y consensuado”, además de que “al final se establecen contradicciones que impiden arribar a las conclusiones que inexplicablemente el juez ofrece”.

Para el abogado, la sentencia establece un falso conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información contra el derecho a la intimidad. “Esto es una tontería. No se puede confundir el derecho al honor con el derecho a la intimidad como lo hace el juez”, enfatiza.

Un segundo aspecto, explica Figueroa, es que en el prólogo Aristegui no daña el honor sino que, al contrario, indica, “hace un amplio reconocimiento al prestigio que antes de su despido tenía la familia Vargas. Ella se pregunta: ¿por qué un personaje que enfrentó al poder antes toma una decisión así?

“No hay un solo párrafo en el prólogo que dañe el derecho a la intimidad de Joaquín Vargas. En todo caso, es contra el honor, pero no contra la intimidad, y el juez ahí confunde los términos.”

Añade que el juez Centeno también confunde la doctrina de la “real malicia”, que sólo se aplica a personas públicas, como Joaquín Vargas, y en contra de violaciones al derecho al honor, no al derecho a la intimidad.

Para Alfredo Figueroa, el núcleo de la argumentación del juez es confundir deliberadamente el artículo octavo transitorio de la reforma de telecomunicaciones de 2013, que permitió el must offer y el must carry, con el sobreseimiento de dos causas para favorecer los intereses de MVS, el 17 y 18 de septiembre de 2015.

“Es incomprensible que el juez haya pasado por alto este sobreseimiento. Está en la propia página del Consejo de la Judicatura en relación con los amparos 96/2015 y 103/2015. Aristegui dice que estos sobreseimientos forman parte de la razón de su despido, no la reforma constitucional”, remarca.

Para concluir, Figueroa reflexiona sobre las dimensiones de esta sentencia, que van más allá del personaje público que es Aristegui:

“Toda esta sentencia es una caricatura de interpretación sobre la real malicia. El juez distorsiona el concepto y es riesgoso porque, si se aplica, entonces nadie podría publicar su opinión en un prólogo y esto va en contra del derecho al desacuerdo.

“Lo que estamos defendiendo es el derecho que todos tenemos a opinar sobre algo que es de interés público, como es el caso del despido de Carmen Aristegui, vinculado al escándalo de la Casa Blanca.”

–¿Qué necesidad hay de emitir una sentencia tan mala? –se le cuestiona.

–Lo que quisieron hacer es regalarle a Joaquín Vargas la frase “Aristegui miente” para que la pudiera publicar en un desplegado y restarle credibilidad a la periodista. Es indignante que un juez se preste a eso. ¿Realmente cree Joaquín Vargas que una sentencia de este tipo lo va a restituir en su honor? No hay los mínimos requeridos de objetividad e imparcialidad. Es una sentencia plagada de errores técnicos, profesionales, parcial, incompetente.

“Tendencia peligrosa”

Leopoldo Maldonado, responsable del Programa de Defensa y Protección a Periodistas de Artículo 19, coincide con Figueroa al destacar que el juez se equivoca porque considera que Joaquín Vargas, “al ser una persona pública, necesita una mayor protección a su honor y a su intimidad. Este asunto no tiene nada que ver con vida privada”.

El juez “nunca tomó en cuenta que el prólogo de Aristegui es una opinión y no un reportaje. Ahí puedes someter a las pruebas de veracidad o falsedad porque es el punto de vista de la autora. Está utilizando de manera poco responsable el término ‘vejatorio’. El juez sólo establece criterios subjetivos. Se extralimita en su sentencia y va en contra de lo que ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia”.

Abunda: “El juez dice que este no es un asunto de interés público sino de conflicto privado. Es sumamente disparatado decir que el despido de Carmen Aristegui no sea de interés público”.

El defensor de Artículo 19 advierte que ya la demanda por daño moral interpuesta desde mayo por Joaquín Vargas y la sentencia del juez capitalino constituyen un ejemplo para “inhibir la libertad de expresión”, pues “tienen un efecto disuasivo y de ley mordaza. Los procesos judiciales contra los periodistas y los medios se están convirtiendo en un arma para inhibir la crítica en México”.

–¿Forma parte de una tendencia a judicializar los casos de los periodistas? –se le cuestiona.

–Es una sentencia de primera instancia, que puede ser apelable, pero sí establece una tendencia preocupante. Es algo que se está volviendo común entre políticos o personajes con proyección pública, que cuentan con recursos suficientes para sostener un largo litigio en contra de medios y periodistas.


“En Artículo 19 hemos señalado que esta tendencia tiene que cambiarse con un cambio estructural en el Poder Judicial. Las demandas por daño moral deben tener un análisis preliminar. El juez debe analizar y determinar antes si hay méritos para cada caso, mediante una audiencia pública. El proceso judicial per se está convirtiéndose en un arma para inhibir a los periodistas.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462777/la-sentencia-contra-aristegui-castigo-a-la-opinion

Asesinan a balazos a una mujer en Naucalpan

Los primeros reportes señalan que la víctima, de 48 años, fue agredida la noche del martes en la colonia San Lorenzo Totolinga.

Una mujer de aproximadamente 48 años fue asesinada a balazos la noche del martes en la colonia San Lorenzo Totolinga, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Según los primeros reportes, vecinos de la comunidad alertaron a la policía que el cuerpo de una mujer estaba sobre la calle Marina, en San Lorenzo Totolinga.

Al sitio acudieron patrullas municipales y una ambulancia de Protección Civil; los paramédicos constataron que la víctima tenía tres impactos de bala, uno en la espalda, otro en la cadera y el último en la pierna derecha.

La mujer de 1.65 metros de estatura tenía cabello rubio, era de complexión delgada y fue reconocida por su hija, quien relató que su madre se llamaba Martha y salió de su casa en una camioneta X Trail color rojo 2016.

Por estos hechos, el Ministerio Público y personal de la Procuraduría de Justicia del Estado de México iniciaron una investigación cuyo móvil pudo ser el robo.


Naucalpan es uno de los 11 municipios del Estado de México con alerta de género desde julio de 2015. Recientemente, el 1 de noviembre, Evelyn, una niña de 10 años, fue hallada muerta en una bolsa de basura; tras el hallazgo, ha habido cuatro manifestaciones para exigir justicia y seguridad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/asesinan-a-balazos-a-una-mujer-en-naucalpan/

Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas “no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas” y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría “mujeres indígenas” debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que “falta mucho” para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades “las estructuras genéricas son más rígidas”, las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado “no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas” desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”, buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.


Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/mujeres-indigenas-exigen-participacion-politica-una-vida-libre-violencia-sujetos-derechos-no-sujetos-atencion/

Homicidios han disminuido 6% revira Renato Sales al ONC

CIUDAD DE MÉXICO: El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) discreparon sobre la incidencia delictiva. En su más reciente informe el primero ubicó a agosto y septiembre como los meses más violentos en 19 años, mientras la segunda afirmó que los homicidios han disminuido 6% de septiembre a octubre.


El martes pasado, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, dio a conocer el reporte mensual de delitos de alto impacto y destacó en una entrevista con Aristegui Noticias que por tercer mes consecutivo se rompió el récord en el número de víctimas por homicidio doloso.

Ubicó a septiembre como el segundo mes con el mayor registro de casos por este delito desde 1997 y detalló que de 66 asesinatos diarios 41 fueron cometidos con arma de fuego.

En contraparte, este miércoles el titular de la CNS, Renato Sales Heredia, aseguró que la cifra de homicidios disminuyó 6% de septiembre a octubre.

En entrevista con Carlos Loret, Sales Heredia rechazó que septiembre sea el mes con la cifra más alta de homicidios y sostuvo que al principio de la actual administración federal se registraban 22 homicidios por cada 100 mil habitantes y a la fecha, únicamente se presentan 12, casi la mitad.

Lo único que reconoció es que los “focos rojos” por homicidios dolosos se ubican en Guerrero, Tamaulipas y el Estado de México.

Sin embargo, el reporte del Observatorio realizado con base en cifras obtenidas de carpetas de investigación iniciadas por las instituciones de procuración de justicia del país, en septiembre aumentaron seis de los delitos de alto impacto a nivel nacional: los homicidios dolosos, secuestros, robos con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte.


En el caso del homicidio doloso el reporte del Observatorio especifica que en septiembre de este año se registraron dos mil 187 víctimas de homicidio doloso lo que supuso un aumento de 24.14% en el número de carpetas de investigación abiertas por asesinatos, frente al promedio mensual de los últimos 12 meses.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462833/discrepan-la-cns-y-el-onc-sobre-aumento-en-el-numero-de-homicidios

Cué desbarrancó transición democrática, acusan partidos en sexto informe

OAXACA, Oax: El gobierno de Gabino Cué fue un fracaso que desbarrancó la transición democrática en la entidad, aseguraron legisladores de PRI, PT, Verde y Morena durante la entrega del último informe del gobernador aliancista.

Los partidos de oposición cuestionaron el que Cué Monteagudo “no diera la cara y asumiera personalmente la responsabilidad social, moral, política y legal por el estado de desastre en que entregará a Oaxaca dentro de tan sólo 15 días”.

Mientras que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que abanderaron a Cué para ganar la gubernatura en 2010, se limitaron a decir que no harán juicios sumarios.

La diputada de Morena, María de Jesús Melgar Vázquez, afirmó que a Cué “le quedó grande la silla, pareciera que cada gobernador de los últimos que hemos tenido, compite por pasar a la historia como el peor, y que los oaxaqueños nos vamos acostumbrando a decirles que es mucho pueblo de Oaxaca para tan poco gobernador”.

Y cuestionó que Cué haya enviado su informe por escrito y se haya refugiado en palacio de gobierno para recibir los afectos fingidos de sus funcionarios.

También aseguró que se olvidó el cambió prometido, que no estableció paz ni mucho menos progreso, un gobierno que llegó con una considerable legitimidad, la necesaria para lograr la recomposición del tejido social, sin embargo “muy rápido olvidó Gabino el discurso que pronunció en su toma de protesta, prometiendo que no habría impunidad para los funcionarios del gobierno corrupto que terminaba, y hoy es el que pide y pacta impunidad”.

Melgar Vázquez afirmó que la entidad vive una de las peores crisis en materia de seguridad pública, pues los constantes casos de ejecutados en la entidad así lo indican, mientras que la salud pública está padeciendo la voracidad de sus funcionarios y socios, quienes ahora son los nuevos ricos de Oaxaca.

Y fue más allá, al afirmar que el saqueo a las arcas de Oaxaca no es menor, debido que existe un escenario similar al de Veracruz con Javier Duarte, o de Sonora con Guillermo Padrés.

A su vez, el diputado del PT, Jesús Romero López, aseguró que Oaxaca no cambió aun cuando se gasten millones de pesos en campañas publicitarias.

El otrora impulsor de Cué ahora le recrimina el “fracaso de la alternancia que no se alcanzó para lograr la transición democrática, esperanza prometida tantas veces a los oaxaqueños pero que terminó representada por la permanente y acrecentada corrupción, ineficacia, ineficiencia, herencias de un pasado priista”.

En conclusión, fustigó, “el resultado catastrófico de Gabino Cué también es responsabilidad de toda nuestra clase política, hoy desorientada, anclada en una visión facciosa, en las cuotas de poder y no en un proyecto que todos debemos empujar para unir Oaxaca”.

También dijo que no hay cambio, y tan no lo hay que “el PRI regresó, y regresó dando impunidad a Gabino Cué, que para cualquier ciudadano queda claro que entregó el poder”.

Antes, la diputada del PVEM, Nallely Hernández García, denunció que en materia de deuda pública, de manera inaudita, el crecimiento de ésta en los últimos seis años fue de casi de 170%, mientras que la economía sólo aumentó 2.6%.

Además, Oaxaca se convirtió en la séptima entidad con más observaciones de la Auditoría Superior, las cuales sumaron un impacto económico de casi 9 mil millones de pesos, de acuerdo con la última revisión de la cuenta pública.

Por el PRI, la diputada Sofía Castro Ríos resaltó que “las cifras y datos duros del informe no sólo acreditan lo que la sociedad sabe: corrupción, opacidad, falta de resultados y falta de congruencia”.

También refirió que existe 66.8% de pobres en Oaxaca, lo que significa que predominó el reparto del poder y de la bolsa del dinero. “Hoy todos los oaxaqueños sabemos que ustedes llegaron al gobierno para repartirse el dinero del pueblo”.

Lugo dijo que en el “gobierno de la mezcolanza” de Cué Monteagudo predomino la corrupción, el endeudamiento, el reparto de los cotos y cuotas de poder, así como la opacidad.

En el caso del caso del proyecto del Metrobús, dijo que fue un fraude porque en el informe se reportan mil 129 millones de pesos para construir 8.2 kilómetros, un puente y 27 estaciones, sin embargo, aquél no se ha concluido.

Último informe

En su mensaje, Cué resaltó que “su gobierno nunca buscó imponerse por la fuerza y el autoritarismo; que privilegió siempre el diálogo, el consenso y la búsqueda de acuerdos, con la convicción de atender a todas y todos, sin condicionamientos ni exclusiones”.

Sin embargo, no mencionó los hechos del 19 de junio de Nochixtlán, donde un desalojo violento dejó al menos ocho muertos y más de 100 heridos.

Y presumió que a seis años de distancia y después de consolidarse como el primer gobierno de la alternancia, Oaxaca sí cambió, y él cumplió a cabalidad su compromiso de promover la paz y el desarrollo, “obedeciendo sin reserva alguna el mandato supremo del pueblo”.

En un mensaje en cadena estatal difundido a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), Cué reseñó los principales logros y acciones realizados a lo largo de los últimos seis años en materia de gobernabilidad, seguridad y procuración de justicia, desarrollo económico, turismo, infraestructura, desarrollo social, salud y educación.

Cué Monteagudo precisó que, a seis años de distancia, el gobierno de la alternancia cumplió con 96% de las metas y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, contando con la asesoría, el aval y la certificación de personal técnico del Banco Mundial, sin dar mayores detalles.

Sin mencionar obras, dijo que durante estos seis años se llevó a cabo “la mayor tarea constructiva de nuestra historia, llevando a todas las regiones de Oaxaca la infraestructura social y productiva, lo que ha impulsado el desarrollo económico y la generación de empleos”.

“A seis años de distancia, podemos afirmar con profundo orgullo que Oaxaca sí cambió”, afirmó el Ejecutivo estatal.

No obstante, Gabino Cué reconoció que seis años no bastan para resolver los profundos rezagos que han obstaculizado el progreso de nuestro estado, “sin embargo, podemos afirmar con certeza que con el esfuerzo de todos hemos logrado construir nuevos cimientos para el desarrollo social y económico de Oaxaca”.

Un ejemplo lo constituye, abundó, la posición del estado entre las diez entidades más seguras de México, como lo certifica el Sistema Nacional de Seguridad Pública; además del manejo responsable y transparente de las finanzas públicas, esta última dada a conocer por la prestigiada empresa calificadora internacional Standard & Poor’s.

Asimismo, el estado de Oaxaca se encuentra entre las entidades del país con mayor transparencia en el manejo y fiscalización de los recursos públicos, de acuerdo con evaluaciones realizadas por el Banco Mundial, por el Instituto Mexicano para la Competitividad, así como por las secretarías de la Función Pública y de Hacienda del gobierno federal.

Sin mencionar su ruptura con la sección 22 de la CNTE, Cué hizo énfasis en la gratitud a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, por el respaldo solidario y generoso que a lo largo de su mandato ha dispensado a Oaxaca.


Finalmente, Gabino Cué deseó al gobernador electo Alejandro Murat Hinojosa el mayor de los éxitos, ya que “tengo una fe inquebrantable en el futuro del Oaxaca, porque conozco su potencial; y porque sé del enorme talento y capacidad que distingue a nuestra gente, a quienes reitero mi gratitud y amistad por su alta contribución al proyecto de transformación que juntos impulsamos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462845/cue-desbarranco-transicion-democratica-acusan-partidos-en-sexto-informe

Partidos deben 626 mdp en impuestos; pagarán con bienes muebles e inmuebles

CIUDAD DE MÉXICO: Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para que los partidos políticos paguen impuestos de sus bienes muebles e inmuebles. El monto asciende a 626 millones de pesos 274 mil 104 pesos.

El consejero Ciro Murayama, integrante de la Comisión de Fiscalización, informó que de la revisión a la contabilidad de los partidos políticos se encontró que “484 millones corresponden al Impuesto Sobre la Renta, 52 millones por impuestos como Nómina y Predial, 51 millones de Impuesto al Valor Agregado, 27 millones de contribuciones retenidas a los trabajadores y no entregadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, y 11 millones 300 mil pesos de contribuciones no entregadas al Infonavit”.

Sobre los adeudos por partido político, indicó que el de la Revolución Democrática (PRD) debe 337 millones 813 mil pesos; el Revolucionario Institucional (PRI), 73 millones 619 mil pesos; el Verde Ecologista de México (PVEM), 52 millones; el Partido del Trabajo (PT), 45.9 millones; Movimiento Ciudadano (MC), 44.7 millones; Acción Nacional (PAN), 37 millones 150 mil pesos; Nueva Alianza, Encuentro Social y el Partido Humanista, 9.5 millones cada uno; Morena, 6.6 millones, y 4.7 millones corresponden a los 21 partidos locales.

“Esto nos da los 626 millones. No quiere decir que correspondan al ejercicio de 2015, es lo que en la contabilidad de los partidos se encontró que son adeudos. ¿Por qué es preocupante? Bueno, los partidos políticos viven de los contribuyentes y eludir las contribuciones que corresponden al fisco es inaceptable”, destacó Murayama.

Por su parte, el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que con la expedición de este acuerdo de regularización “se manifiesta la disponibilidad del Instituto y de los partidos políticos para tener las mejores prácticas contables, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y principalmente estar apegados a lo que dispone la Ley de Partidos Políticos”.

Los partidos políticos –precisó– deberán presentar un inventario y diagnóstico de activos fijos regulares e irregulares, así como la calendarización de las acciones y actividades a realizar para la identificación, depuración y regularización del activo fijo, que no deberá exceder del 31 de diciembre de 2017.

Ordenó, a su vez, que los partidos políticos salden impuestos pendientes, derivados de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2015, en los cuales se advierte “que prevalecen saldos pendientes de pago por concepto de impuesto y contribuciones federales y locales a cargo de los sujetos obligados”.

El propósito de este acuerdo “es invitar a que se regularicen, que se haga el pago antes del 31 de diciembre de 2016”, concluyó Andrade.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

85 mujeres jóvenes han desaparecido en Morelos desde 2012; mientras el gobierno niega la trata de personas: CDHDO

En lo que va del gobierno de Graco Ramírez -que inició en octubre de 2012- han desaparecido en Morelos 85 jovencitas, de ellas seis en el último mes; en el estado hay un problema de trata de mujeres que el gobierno estatal niega, “la Fiscalía dice que estamos inventando y el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz, dice que se van con el novio” denunció  Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO).

Entrevistada en el marco del Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales, comentó que hay un corredor de trata, con lo que se denomina “giros rojos”, en las zonas sur y en  el oriente de la entidad, hacia los estados de Puebla y Veracruz. A la cabeza de este problema van los municipios de Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, precisó.

“Aunque la Fiscalía dice que estamos inventando, los datos se extraen de las mismas fichas de la dependencia”, agregó Díaz Pineda, explicando que de los casos que manejan sólo hay dos en los que las familias subieron directamente las fotografías de las jóvenes desaparecidas a internet. Apuntó que si fuera el caso de que las jóvenes desaparecidas se haya ido con el novio “la situación es más grave, hay que ver por qué tantos novios están llevándose a las chicas, dado que hay no sólo comercio sexual sino trabajo esclavo en la agricultura o en casas, tráfico de órganos…”.

Indicó que la Fiscalía afirmó haber encontrado a dos de las chicas que se fueron en octubre, una dicen que se fue con el novio y otra huyendo de la violencia en su casa, pero no proporciona más datos de qué fue lo que ocurrió con ellas. Y hablan de dos niños que fueron sustraídos por el papá, pero nosotras sólo hablamos de niñas, comentó.

Mencionó que el CDHDO está de acuerdo con el pedido de Javier Sicilia -dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)- en que “deben investigarse los giros rojos para ver si no hay entre las mujeres enfermedades de transmisión sexual y en que se haga un banco de datos de ADN para que cuando la familia de una desaparecida vaya a denunciar se haga una fiscalización pronta, porque las 72 horas que da la Fiscalía son tremendas, en ese tiempo no sólo pueden sacarla del estado sino del país”.

Informó Díaz Pineda que el CDHDO empezó a hacer investigación sobre las desaparecidas a raíz de la investigación de la UAEM sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, bajando información de internet de desaparecidas de hasta 29 años -el grueso de las desaparecidas tiene entre 13 y 17 años- y hay una niña de 6 años.

Detalló que las fosas de Tetelcingo empezaron a abrirse a principios de este año, por orden de un juez, ya que la Fiscalía se negaba a ello, y encontraron además del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, a quien buscaba su familia, los de 117 personas más, entre ellos el de una niña de 10 años quien “se presume estaba en situación de trata porque tenía las uñas pintadas con esmalte permanente” y cuyo cuerpo no ha sido reclamado.


Añadió que con el ADN de los cuerpos encontrados en Tetelcingo la UAEM hizo un primer banco de datos, junto con la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría General de la República. Ahora falta que cada que una familia vaya a denunciar una desaparición se pueda hacer el cruce de los datos, eso es algo que se tiene que hacer a nivel nacional; comentó que existe un banco de ese tipo, la Plataforma México a nivel federal, “pero no se alimenta continuamente”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/85-mujeres-jovenes-desaparecido-morelos-desde-2012-gobierno-niega-la-trata-personas-cdhdo/

Riesgo inminente de represión contra Ostula, denuncian organizaciones de Derechos Humanos

Organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre una “preocupación legítima y fundada de riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o grupos delictivos”, en contra de la comunidad nahua de Santa María Ostula, localizada en el Pacífico michoacano.

“Contamos con información en el sentido de que se han agudizado las acciones de criminalización contra el ejercicio del derecho a la protección autónoma comunitaria especialmente mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y
Aquila.

Particularmente existe preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez”, advierten la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas.

A continuación el comunicado completo:

AU: Criminalización y riesgo inminente de represión contra el pueblo nahua de la Costa Sierra de Michoacán

La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas contamos con información en el sentido de que se han agudizado las acciones de criminalización contra el ejercicio del derecho a la protección autónoma comunitaria especialmente mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila. Particularmente existe preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez.

Estas acciones de criminalización motivaron que las asambleas indígenas y populares de la región realizaran como acción de protesta y llamamiento a la negociación el bloqueo de la carretera federal 200 y la toma de las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila. Tenemos conocimiento de las descalificaciones públicas que ha realizado el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, lo que consideramos que de ninguna manera abona a un entendimiento de la realidad que se vive la región.

De acuerdo con la información obtenida directamente en la región, y en virtud de los antecedentes que referiremos, existe una preocupación legítima y fundada de riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o grupos delictivos.

Recordamos que precisamente con motivo de la detención de Cemeí Verdía, uno de los líderes de la policía comunitaria, el 19 de julio de 2015, en el marco de un operativo conjunto entre el Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, se llevaron a cabo acciones que resultaron en una intromisión violenta en la comunidad de Santa María Ostula que dejaron un saldo de un niño privado arbitrariamente de la vida presuntamente por elementos castrenses, varias personas lesionadas y múltiples víctimas indirectas.

A las organizaciones de derechos humanos firmantes nos preocupa que a pesar de existir medidas cautelares a favor de Santa María Ostula dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éstas no han tenido ningún efecto debido a la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los habitantes.

Tenemos conocimiento de las múltiples denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones que han elevado las comunidades de la región sin que se hayan encontrado respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes. Esta omisión se extiende a las reiteradas denuncias de las comunidades para que sean detenidos Federico González y Mario Álvarez López, a quienes los habitantes ubican como responsables de estos hechos.

Hacemos un llamado al gobierno del estado de Michoacán y al Gobierno Federal a privilegiar el diálogo, atendiendo la problemática que es de máxima urgencia, desde un enfoque que parta del reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para ejercer sus propias formas de protección y justicia; así como la innegable y fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para recuperar la paz y la seguridad violentadas por la delincuencia y la corrupción.

En el mismo sentido, llamamos al Estado mexicano a garantizar la seguridad, integridad personal y la vida de miles de personas en la región Costa Sierra, así como que se asegure un clima en el que los mecanismos del diálogo prevalezcan y los acuerdos comunitarios sean respetados.

Favor de mandar sus cartas con copia a accionesurgentes@centroprodh.org.mx y dirigir sus intervenciones a:

Presidente Enrique Peña Nieto.
Fax: (+52) 55 5093 4901.
E-mail:enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.
Teléfono: (+52) 443 322-90-00 ext:109
E-Mail: silvanoaureoles@michoacan.gob.mx

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior).
Fax: + (+52) 55 5093 34 14.
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Raúl Cervantes Andrade, Titular de la Procuraduría General de la República (PGR)
Teléfono: 53460000
E-mail: raul.cervantes@pgr.gob.mx

Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586.
E-mail:llimon@segob.gob.mx

Paulo Abrao; Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St. N.W. Washington, DC, U.S.A. 20006
Teléfono: (202) 370-9000 / Fax: (202) 458-36
E-mail: cidhoea@oas.org

Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Correo-e: oacnudh@ohchr.org

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/riesgo-inminente-represion-ostula-denuncian-organizaciones-derechos-humanos/