viernes, 4 de noviembre de 2016

Emiten recomendación al IMSS por muerte de bebé en clínica de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO: El 23 de diciembre del 2013 una joven indígena de 21 años de edad perdió a su bebé por falta de atención médica oportuna, a pesar de encontrarse ya en la “sala de expulsión” del Hospital Rural Oportunidades No. 8 de la comunidad de Bochil, Chiapas.

Cuando la mujer comenzó a sentir las primeras contracciones, alertó al personal médico de que su hijo estaba por nacer. Sin embargo, el pasante de medicina y el médico residente a su cuidado la ignoraron.

Seis horas después de su ingreso, cuando el ritmo cardiaco de la paciente comenzó a dar señales de debilitamiento, el médico decidió trasladar a la indígena a la sala de partos. La joven parió a una niña con un frágil estado de salud. La madre recuerda incluso que la bebé ni siquiera lloró.

A las 21:30 horas una llamada del hospital perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social informó a la madre que la recién nacida había muerto.

Por ese trágico suceso ocurrido hace tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general de IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, por violencia obstétrica e inadecuada atención médica practicada a la joven chiapaneca.

En un comunicado de prensa, el organismo pidió al funcionario federal “reparar el daño ocasionado”, otorgar una compensación económica y brindar atención psicológica a la víctima.

De acuerdo con la CNDH, en el expediente CNDH/1/2014/1479/Q, se acreditaron las evidencias que permitieron al organismo emitir dicha resolución.

Entre los alegatos presentados, la CNDH argumentó que la paciente no recibió la atención adecuada, ya que fue atendida por un médico residente y dos pasantes de medicina que no fueron vigilados por un especialista gineco-obstetra, ello aun cuando la Recomendación General 15, sobre el Derecho a la Protección de la Salud, advierte que uno de los problemas más graves que enfrentan las instituciones mexicanas son las desviaciones del servicio público, es decir, cuando los médicos titulares delegan su responsabilidad en pasantes.

Además, la entidad también enfatizó la violación a un trato médico digno, ya que a pesar de las quejas e insistencias de la joven de revisar el proceso, éstas no fueron atendidas.

La CNDH también advirtió violación a los derechos humanos a la libertad y autonomía reproductiva; inadecuada integración del expediente clínico, y violación al derecho a conocer la verdad respecto a la atención médica.

Por ello exhortó a las autoridades a optar por medidas efectivas de prevención, inscribir a la agraviada y a su pareja en el Registro Nacional de Víctimas; y mejorar la infraestructura y equipamiento del lugar.

Según un documento del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en 2014 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió 17 mil 304 quejas sobre negligencia médica; de estas, 80% fueron contra servicios públicos de salud y el resto en relación a instituciones privadas.


La misma fuente advierte que las mujeres pobres, generalmente rurales o hablantes de lengua indígena, han sido las más afectadas por las deficiencias en la calidad de los servicios de salud, sobre todo durante el embarazo, parto y puerperio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461392/emiten-recomendacion-al-imss-muerte-bebe-en-clinica-chiapas

Impugnarán licitación de Red Compartida; acusan a SCT de favorecer a Megacable y Axtel

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida, el proyecto de telecomunicaciones más ambicioso del actual gobierno, que prevé inversiones por 7 mil millones de dólares.

Por lo tanto, sólo queda el otro competidor, Consorcio Altán, formado por un conglomerado de empresas off shore, las empresas Megacable y Axtel, y fideicomisos cuya integración es poco transparente.

El fallo de la SCT alteró al CEO de Consorcio Rivada, Declan Gangley, quien reveló en su cuenta de Twitter (@declanganley) que fueron “secuestradas” las cajas donde entregarían su propuesta técnica para la Red Compartida, el pasado 20 de octubre. Y aclaró que se entregaron cartas de crédito por mil millones de pesos de BBVA Bancomer.

Según Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, en lugar de presentar su propuesta de seriedad el pasado 20 de octubre, Rivada sólo mostró un escrito solicitando una prórroga de cinco días.

El 31 de octubre, Consorcio Rivada presentó en la oficialía de partes de la SCT una carta de crédito expedida por BBVA Bancomer, con la misma fecha y por el monto de mil millones de pesos.

“Sin embargo, no fue viable responder a esta solicitud, ya que las bases de concurso señalan que la SCT debe mantener la igualdad de condiciones en el concurso, por lo que la garantía debió ser entregada en el evento del 20 de octubre”, abundó Gil Huerta.

Consorcio Rivada, conformado por Rivada Network y Spectrum Frontier, se inconformó y denunció mediante comunicado emitido poco después de conocerse el fallo, que litigará en “las cortes” y se reinstalará su propuesta. Acusó a la SCT de favorecer de manera predeterminada a un solo consorcio.

La inconformidad de Rivada, formada por capital norteamericano y europeo, puede manchar la licitación considerada como el proyecto de telecomunicaciones más ambicioso del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Red Compartida trata de desplegar una infraestructura para dar servicios de telefonía móvil, banda ancha y fibra óptica oscura a mayoristas y tener una cobertura del 85% del territorio nacional.

A través de una Asociación Público Privada, el gobierno pondrá a disposición los 90 Mhz liberados de la banda 700 Mhz, recién desocupados con el “apagón analógico”, así como el par de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se calcula una inversión de 7 mil millones de dólares en ocho años.

El proyecto debió iniciar en 2014, pero se retrasó dos años. De los primeros 21 consorcios interesados, sólo quedaron dos: Rivada y Altán. Este último se perfila como el único ganador, ya que fue descalificada la propuesta técnica de Rivada.

Perfil de consorcio Altán

El Consorcio Altán está formado por la empresa off shore Isla Guadalupe Investment S.LU, cuyos verdaderos financiadores no está claro quiénes son, junto con Marapendi Holding B.V., Hansam, Corporación Financiera Int., CMF Investment Company LI BV, de los que se conoce muy poco; Fideicomiso de Administración Número 2431 y el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Eflatam-15-2, y las dos empresas de telecomunicaciones mexicanas Megacable y Axtel.


Megacable fue socio de Grupo Televisa en el despliegue del par de fibra óptica de la CFE que ahora se integrará a la Red Compartida. En los últimos dos meses Megacable y Televisa han sostenido una disputa pública por el contenido de las señales de televisión por cable.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461381/impugnaran-licitacion-red-compartida-acusan-a-sct-favorecer-a-megacable-axtel

Sí son tres las fosas en Tetelcingo… al menos

Declaraciones ministeriales, testimonios de vecinos y evidencias sobre el terreno indican que en Tetelcingo, Morelos, hay al menos tres fosas clandestinas operadas por el gobierno, y no sólo dos, como admite la administración de Graco Ramírez. Ante la sistemática negación del gobernador y la inoperancia de las autoridades que coordina, han sido los ciudadanos –sólo ellos– los que han hecho avanzar las indagatorias…


CUAUTLA, Mor: La tercera fosa en Tetelcingo no es un mito. Existe. Se encuentra ubicada a 500 metros de donde fueron localizadas las primeras dos. No tiene más que una cruz de hierro negro sin ninguna leyenda, pero vecinos de la zona confirman que se ubica en el panteón de la colonia Cuauhtémoc.

El predio El Maguey, de 30 mil metros –donde se halla el panteón sin licencias de Tetelcingo– alberga además, separados por bardas de bloc de granito o ladrillos, los cementerios (también irregulares) de las colonias Cuauhtémoc y 19 de Febrero. Esta tercera fosa clandestina, excavada y usada por la Fiscalía General de Morelos, está en una finca de 3 mil metros cuadrados rodeada por una barda de bloc de granito.


Vecinos del lugar aseguran a este reportero que la fosa fue donada por la propia colonia Cuauhtémoc a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal (PAN), en torno a 2003 o 2004. Sin embargo, la primera vez que se usó fue en el gobierno del también panista Marco Antonio Adame Castillo, después de 2009, justo después de la muerte en Cuernavaca de Arturo Beltrán Leyva El Barbas, quien codirigió con sus hermanos el cártel que lleva sus apellidos.

Pero existen otros indicios. Por ejemplo la declaración del dueño del predio, Socorro Tlapala Becerro, que forma parte de la carpeta de investigación SC01/10193/2015, referente al caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, joven secuestrado y asesinado en 2013 y luego inhumado clandestinamente en 2014 en las fosas de Tetelcingo.

En el documento se le pregunta a Tlapala Becerro cómo se hizo la donación de las fosas a la PGJ: “No es la primera vez que apoyo a esta institución. Es la tercera vez, porque en 2003 doné al Dr. José de Jesús Mendoza Moreno, en ese entonces coordinador general de Servicios Periciales, una fosa para inhumar cadáveres”.

Ya en el gobierno de Adame Castillo (y después de 2009) supuestamente se realizó la inhumación de entre 20 y 30 cuerpos, según testimonios recogidos entre los vecinos. “Esa vez vinieron en la noche. Se armó una revolución. Vinieron en la noche y la gente de la (colonia) Cuauhtémoc se enteró y vino, con antorchas y todo, a ver qué estaba pasando en el panteón. Al principio se puso fea la cosa, pero ya después se supo que era la policía judicial que venía a enterrar unos cuerpos en la fosa”, dice un poblador de la zona que recuerda el hecho y pide guardar el anonimato.

En el extremo oriente de este panteón, pegado a la barda, se encuentra un terreno lleno de vegetación donde se levanta una cruz de hierro negra, con una placa para epitafio, vacía. Uno de los habitantes confirma que en ese lugar se encuentra la tercera fosa de Tetelcingo. Nadie sabe cuántas veces ha sido utilizada por la Fiscalía, nadie sabe cuántos cuerpos oculta, pero todos saben que ahí está.

En junio pasado, colectivos de familiares de víctimas lograron que durante 15 días la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Fiscalía del estado abrieran las otras dos fosas. Con la participación de peritos forenses de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los familiares atestiguaron la exhumación de 199 cuerpos y 12 restos humanos más.

El cúmulo de irregularidades en torno a estas sepulturas implicó, primero, en 2015, una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que no ha sido atendida. No obstante, la acción de los familiares de víctimas hizo que el pasado jueves 6, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hiciera lo propio. Solicitó al gobernador Graco Ramírez, al fiscal Javier Pérez Durón y a los miembros del cabildo de Cuautla reparar el daño en la medida de lo posible, regularizar los panteones y hacer un censo de fosas en el estado.

Entre las ilegalidades más alarmantes está el hecho de que 21 cadáveres estaban identificados plenamente y no se entregaron a sus familias ni se hizo nada para localizarlas. También fueron inhumadas dos niñas, a varios cuerpos no se les practicó la necropsia y más de 80 fallecidos tenían huellas de tortura. Y sin embargo, un año después de que se hiciera público el caso, sólo hay una persona sometida a proceso y una más indiciada. La recomendación de la CNDH habla de la necesidad de deslindar responsabilidades de 42 funcionarios y exfuncionarios.

Como parte de los acuerdos que se tomaron en el grupo interinstitucional que ha trabajado desde principios de este año para abrir las fosas en Tetelcingo, se estableció que el pasado 30 de septiembre serían realizados sondeos para verificar que no existieran más fosas en el panteón de esa localidad. Sin embargo, esto no ocurrió. Los familiares de víctimas exigen que se haga a la brevedad. Ahora, las organizaciones deberán pugnar para que estas excavaciones no sólo se realicen a unos metros de los dos enterramientos ya intervenidos en junio, sino que el sondeo alcance los 500 metros y se realice un pozo en el panteón de la colonia Cuauhtémoc, para localizar la tercera fosa.

Violencia creciente

La historia de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos tiene relación con la creciente violencia que padece la entidad. Durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea (1994-1998), los altos índices de secuestros y el involucramiento de los cuerpos policiacos con las bandas de plagiarios provocaron que el mandatario abandonara el cargo dos años antes de lo previsto.

Con la llegada del PAN al poder, en el gobierno de Estrada Cajigal (2000-2006) aumentó la presencia de varios cárteles en la entidad. De hecho, el jefe de la Policía Judicial de aquel entonces, Agustín Montiel López, fue apresado en abril de 2004 acusado de brindar protección al líder del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza El Azul. Esto provocó un juicio político al gobernador panista, del que se libró gracias al cobijo del gobierno federal de su correligionario, Vicente Fox.

Con la llegada de Marco Adame al gobierno morelense (2006-2012), la violencia se agudizó por una pugna entre narcos. Sin embargo, lo que disparó los homicidios y la saña para perpetrarlos fue la ejecución de Arturo Beltrán Leyva. El 16 de diciembre de 2009, en el residencial Altitude de Cuernavaca, marinos cercaron y abatieron al llamado Jefe de Jefes.

A partir de ahí, la pugna por controlar dicha entidad superó cualquier violencia conocida por los morelenses. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2006 a 2008, cada año se cometieron 132 asesinatos en promedio; a partir de 2009 el número se elevó a 317, luego a 559 en 2010, a 583 en 2011 y hasta los 862 en 2012.

Fueron los tiempos en que aparecieron descabezados y colgados. El 9 de abril de 2010, los cadáveres de dos personas fueron dejados en un puente a la altura del centro comercial Galerías, en Cuernavaca; en julio de ese mismo año, fueron otros tres.

La situación empeoró el 16 de abril de 2010, luego de la divulgación de un correo electrónico en el que se advertía que esa noche las bandas del crimen organizado dirimirían sus diferencias a balazos.

La psicosis social, sumada a la inoperancia del gobierno, provocó que la ciudad se autoimpusiera un “toque de queda”. A las 7:30 de la noche y ante la amenaza de guerra en las calles, las plazas comerciales, la UAEM y las oficinas de gobierno enviaron a todo mundo a sus casas. Al final no hubo tiroteos, pero el miedo se instaló en el estado.

Como sea, el incremento de homicidios dolosos hizo que los frigoríficos de los Servicios Médicos Forenses se vieran rebasados. Por lo tanto, comenzaron a abrirse fosas en las que, sin respetar el mínimo protocolo forense –o incluso la ley– se inhumaron de forma clandestina los cuerpos de decenas y decenas de personas. Algunas habían sido reportadas desaparecidas por sus parientes.

Entregarán cuerpo de Tetelcingo

Israel Hernández Torres, joven comerciante de materiales de construcción, fue secuestrado el 24 de julio de 2012, y aunque su familia negoció con sus captores, nunca apareció. Sus parientes lo buscaron incansablemente en hospitales, morgues, montes, barrancas y en todo lugar donde se enteraban que los grupos del crimen “tiraban cuerpos”.

Cuando supieron de las fosas clandestinas de Tetelcingo se acercaron a la UAEM. Junto con otras víctimas impulsaron la exigencia de que las autoridades abrieran las fosas y dieron muestras genéticas.

Mientras eran exhumados los 117 cuerpos, María Félix Torres Peralta y Edith Hernández Torres, madre y hermana de Israel, respectivamente, acudieron todos los días a Tetelcingo. Uno de los cuerpos resultó ser el de Israel. El 30 de septiembre pasado les informaron. Apenas este jueves 20 se llevó a cabo la audiencia judicial en la que la juez María Luisa Cadena ordenó que les sea entregado el cuerpo. Y el lunes 24 Israel regresaría a casa.

“Pero ¿te imaginas cuántos casos más debe haber en estas condiciones?”, se pregunta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y uno de los principales impulsores de la apertura de las fosas. “Por eso tenemos que abrir todas las fosas que este gobierno y el crimen organizado tienen en Morelos. Ya se habla de que fue localizada otra fosa en Tetelcingo, están las de Jojutla y otras más”, sostiene. “¿Quién sabe qué destapamos en Tetelcingo?”, se pregunta, y mueve la cabeza.

Los otros enterramientos

A unos 10 kilómetros del predio El Maguey, en Tetelcingo, se encuentra la colonia Año de Juárez. Justo a la orilla de la autopista que conduce de Oaxtepec a Cuautla están dos terrenos utilizados como panteones. Según la información del ayuntamiento tampoco se encuentran regularizados. Sin embargo, se observan más de dos centenares de tumbas organizadas en conjuntos más o menos equilibrados.

Al fondo del segundo cementerio, el conocido como 3 de Mayo, hay dos fosas señaladas con cruces de hierro negro en las que se lee: “Propiedad de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 30 de agosto de 2007” y “Propiedad de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 22 de Sep. del 2002”.

Estas dos sepulturas existen desde hace nueve y 14 años, respectivamente. Sin embargo, la Fiscalía General de Morelos ni siquiera tiene registrada su existencia. Al menos así lo manifestó el titular de la dependencia, Javier Pérez Durón, quien ha señalado que no tiene completa la información del número y ubicación de las fosas en la entidad.

Eso ocurre en la zona oriente del estado. Pero en el sur también existen fosas de estas características. Proceso dio a conocer en junio pasado que en el panteón municipal de Jojutla, ubicado en la colonia Pedro Amaro, se encuentran dos fosas, al menos, donde según los vecinos se han inhumado cuerpos desde “hace más de 10 años”.

Copias de documentos oficiales en poder de este semanario revelan que en julio de 2014, apenas cuatro meses después de realizada una inhumación en Tetelcingo el 28 de marzo de ese año, los restos de 39 personas fueron enterrados en Jojutla. Según los documentos, el cabildo autorizó este hecho, en el que incluso participó personal de la Jurisdicción Sanitaria Regional.

Los testimonios de exfuncionarios del ayuntamiento dejan constancia de las inhumaciones, ahí, de 45 y 75 cuerpos, realizadas en la administración de Adame Castillo. Todos coinciden en que no se tiene registro de esos entierros ni en el ayuntamiento ni en el gobierno del estado, pero vecinos, exautoridades municipales y periodistas certifican que ocurrieron.

“Seguido vienen a echar cuerpos ahí. Desde la administración de Nelson (Torres Mondragón, 2003-2006). Llegan con la máquina y luego ahí nomás los tiran. Aunque nos hemos quejado del mal olor que despiden las fosas, no nos hacen caso. En el ayuntamiento no hacen nada. Y en la Procuraduría nadie quiere meterse con los judiciales. Y luego, pues están los malos, con esos nadie se mete”, asientan testimonios recogidos en junio de este año por el reportero.

La semana pasada, el fiscal Pérez Durón, al asegurar que aceptan la recomendación de la CNDH por las fosas de Tetelcingo, informó que el 7 u 8 de noviembre próximos se “podrían iniciar las diligencias para abrir la fosa de Jojutla y comenzar con el trabajo de identificación de los cuerpos”.

Pero abrirlas e identificar los cuerpos no es todo. Es un punto de partida para buscar a los deudos y hacer justicia. Sin embargo, el mandatario Graco Ramírez ya parece conforme con lo ocurrido en Tetelcingo, tanto que continúa diciendo que el actuar gubernamental “es un ejemplo”.


“Es un ejemplo, pero de cinismo y de desvergüenza”, revira, molesta, Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao y motor fundamental en las acciones para abrir las fosas de Tetelcingo. “¿Cuántos muertos más se necesitan para que entienda? ¿Cuántos cuerpos son necesarios para parar a este desgraciado? ¿Qué se necesita hacer para que tenga tantita sensibilidad y deje de burlarse de nosotras?”, dice conteniendo la rabia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461339/tres-las-fosas-en-tetelcingo-al-menos

Sector privado ve con optimismo el Plan de Negocios de Pemex

La Coparmex consideró que en este replanteamiento, hecho por el gobierno, con el compromiso de alcanzar un equilibrio financiero, Pemex dejará atrás los rezagos.

La implementación del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2017-2021, abre la posibilidad de alcanzar en los próximos años el equilibrio financiero, para que la empresa esté a la altura de las expectativas de los mexicanos y para que sea competitiva en el mercado internacional, opinó el sector privado.

El presidente de la Comisión Nacional de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Daniel Vázquez Díaz, consideró que en este replanteamiento, hecho por el gobierno, con el compromiso de alcanzar un equilibrio financiero, Pemex dejará atrás los rezagos.

El reto, dijo, es que se acelere la instrumentación de la reforma energética, de manera plena y urgente; ahí el gobierno y las empresas tienen mucho por hacer, por lo que expresó su confianza en que llegarán nuevas alianzas de Pemex con capital privado, lo que permitirá captar más inversiones y mejorar su perfil de deuda.

Destacó que dentro de los retos de la reforma energética está el ingreso de más participantes privados en la generación de energía eléctrica, donde es clave la implementación de tecnologías eficientes, reemplazando en muchos casos las plantas viejas, ineficientes y caras.


“Se evitará que las tarifas reflejen costos muy altos de producción de energía por la ineficiencia operativa, ya que hoy gran parte de la electricidad que se produce proviene de plantas que utilizan combustibles muy caros como el combustóleo, en lugar de las de ciclo combinado que son tres veces más baratas en sus costos operativos” finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0411/mexico/sector-privado-ve-con-optimismo-el-plan-de-negocios-de-pemex/

“El TPP, raspado, desastroso… y en México tienen prisa por aprobarlo”

"No tiene ningún sentido ratificar un tratado con un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos...".

Un nuevo tratado de libre comercio se discute en el Senado: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Estados Unidos lo impulsó, y fue negociado en secreto con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam.

A pesar de que Claudia Ruiz-Massieu e Idelfonso Guajardo aseguran que el TPP va a beneficiar a México, los datos y el contenido del tratado nos dicen otra cosa. La realidad es que pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad en internet. En el fondo, se trata de un acuerdo que se disfraza como un tema “comercial” pero privilegia los intereses de compañías multinacionales, dándoles poder por encima de los gobiernos mismos.


México ya firmó el tratado el pasado 4 de febrero en Nueva Zelanda, y ahora está pendiente de ratificar en el Senado. Sin embargo, los legisladores no puedan cambiar una coma del texto negociado: la respuesta será “sí” o “no”, sin condiciones. Con las elecciones de Estados Unidos en el horizonte, la ratificación del tratado se complica. Los próximos meses son cruciales para definir el destino del TPP, y con éste, nuestras libertades.



¿Por qué el TPP es tan peligroso?

Para empezar, la ganancia económica si ratificamos el acuerdo, es mínima. El propio Banco Mundial pronosticó que con la implementación del tratado, el crecimiento para países que forman parte del TLCAN, como México, sería de apenas un 0.6%.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP fortalece a las empresas multinacionales por encima de nuestros intereses como país. El problema empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto), las compañías extranjeras pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7).


Cualquier disputa de este estilo se resolvería en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el zika. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca y tienen que esperar ocho años para curarse: es literal, un tema de vida o muerte.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.


En específico, el TPP obliga a México a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Esto implica que los autores y creadores de música, libros o películas puedan tener la exclusividad sobre sus creaciones no solo mientras vivan, sino que ese beneficio se extienda a sus herederos, hijos y nietos. A la larga, solo las élites podrán pagar por contenido cultural que debería estar al alcance de todos. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.


Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Youtube y Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “viole” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. Si no lo hacen, son también responsables de la “violación”. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Por ejemplo, en México, Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar sus metidas de pata al decir que “León es un Estado”. Casos como este podrían replicarse con el TPP.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

El momento político

Para que el acuerdo entre en vigor, hay dos opciones. Primero, que los doce miembros completen el proceso de ratificación al interior de sus países. Entonces el TPP entraría en vigor dos meses después de que todos los hayan hecho. Sin embargo, la oposición al tratado alrededor del mundo ha sido fuerte, por lo que esta primera ruta no es tan viable.

Si algún país se queda fuera, la segunda opción es que el TPP entre en vigor si al menos seis países lo ratifican, siempre y cuando representen el 85% del PIB total entre los doce miembros. Como Estados Unidos y Japón representan el 80%, el tratado básicamente depende de ellos. Es una movida política.

Por eso el proceso electoral en Estados Unidos es tan importante. Y aquí, el TPP ha salido muy raspado. El senador Bernie Sanders –ex candidato a la presidencia por el Partido Demócrata– calificó al tratado como “desastroso” diciendo que afectaría a la clase media, e implicaría cientos de pérdidas de trabajos. El propio Donald Trump dijo que China, Japón y México estaban “matando” el comercio de Estados Unidos gracias a los malos deals que negociadores “estúpidos” habían hecho. Ya al final hasta Hillary Clinton, quien había promovido el acuerdo cuando fue Secretaria de Estado, se unió al coro diciendo que había que “aniquilar el TPP”.

En cambio en nuestro país, el Secretario de Economía tiene prisa por aprobar el TPP. El Instituto de Estrategia Económica de Washington ha estimado que se podrían perder hasta 30,000 empleos, pero parece no importar. A la par, las presiones políticas al Senado aumentan mientras el Consejo Coordinador Empresarial exige acelerar la ratificación del tratado.

Pero que quede claro: el TPP no debe aprobarse. No tiene ningún sentido ratificar un tratado con un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos. Sin la consulta ni participación de ciudadanos o sociedad civil, el proceso además es antidemocrático. Solo gobiernos y lobistas participaron en el proceso de negociación que culminó en el texto final.


No debemos aceptar esta imposición de condiciones económicas y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes. Los senadores tienen que recapacitar. Y pronto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: GISELA PÉREZ DE HACHA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0411/mexico/el-tpp-no-debe-aprobarse-articulo-de-gisela-perez-de-acha/

Tras más de 100 ejecuciones, Guanajuato urge a la Sedena encabezar Mando Único

GUANAJUATO, Gto: El gobierno del estado urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a hacerse cargo del Mando Único en la zona limítrofe entre esta entidad, Jalisco y Michoacán, triángulo en el que se ubica el municipio de Pénjamo, donde se han registrado al menos 100 homicidios dolosos de enero a octubre.

Las autoridades estatales han reconocido la existencia de una fuerte pugna entre grupos del crimen organizado en la zona.

Decapitados, bolsas con restos y cuerpos tirados en caminos vecinales han quedado en el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en un recuento de dicha instancia y medios de comunicación que hasta este viernes 4 llegó a las 102 personas asesinadas sólo en este municipio.

Según las estadísticas, en septiembre pasado se contabilizaron 18 homicidios dolosos, la cifra más alta de enero a octubre.

Aunque, según explicó el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, el registro de los homicidios dolosos en Pénjamo no corresponde al número de asesinatos, puesto que varios de los cuerpos encontrados son de víctimas originarias o ejecutadas en Michoacán depositados en territorio penjamense.

De todos modos, el Secretario de Seguridad admitió un alza en la incidencia de este delito en Pénjamo y otros municipios del sur del estado: Salvatierra, Cortazar, Salamanca y Acámbaro.

Por ello, los titulares de las corporaciones que participan en los operativos conjuntos en esta región se reunieron esta semana para rediseñar la estrategia que, hasta la fecha, no ha logrado frenar los homicidios dolosos y ejecuciones extrajudiciales en estas localidades, lo mismo que en León e Irapuato, municipios del corredor industrial.

Cabeza de Vaca dijo ayer en una visita a Pénjamo que se está reforzando la estrategia. “No la vamos a cambiar, pero sí a reorientar y reforzar operaciones, rediseñar la presencia y los operativos de las corporaciones”, aclaró.

Pero el funcionario dijo también que el gobierno estatal está en espera de que la Sedena admita encabezar el Mando Único en la zona, como lo propuso desde hace meses el gobernador Miguel Márquez.

“Primero nos dijeron que lo tendría la Policía Federal. Ahora nos dicen que la Sedena. La propuesta del gobernador sigue firme: aplicar (el Mando Único) en este triángulo entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato” en los límites que convergen en Pénjamo, mencionó.


“Estamos esperando instrucciones… sería subordinar al mando militar las operaciones de la Policía Federal, la Policía estatal” y las demás corporaciones”, explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461407/tras-100-ejecuciones-guanajuato-urge-a-la-sedena-encabezar-mando-unico

Denuncia semanario Zeta campaña de desprestigio desde el gobierno de BC

CIUDAD DE MÉXICO: La directora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello, dio a conocer que en días recientes distintas personas se comunicaron con ella para informarle que colaboradores del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, iniciarán una campaña de desprestigio en su contra.

En una columna titulada: “Periodismo de investigación vs campañas negras”, Navarro destaca que esos ataques desde el gobierno estatal tienen que ver con información difundida por Zeta sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad.


A continuación, el texto publicado por el semanario este viernes 4:

En los días recientes, distintas personas por distintos medios, se han comunicado con quien esto escribe y con personas allegadas, para decir lo mismo: colaboradores de Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador del Estado, iniciarán una campaña de desprestigio contra tu persona. De manera sistemática ese fue el mensaje; en alguna ocasión incluyeron como objetivo de la campaña también a la periodista Dora Elena Cortés Juárez.

En mi caso fueron contundentes: Referirán públicamente infamias con tu vida privada como protagonista. Días después, la información se hizo pública. En los periódicos El Mexicano y El Informador, en el portal noticioso AFN Noticias, en Radio Enciso y en redes sociales, la versión era la misma: hay personas relacionadas con el gobierno, intentando desprestigiar a la directora de ZETA.

Hace unos meses, la Unesco nos convocó a un foro sobre seguridad para comunicadores. Ellos quisieron sumarse a la red de protección y defensa de los periodistas en el mundo. Cuando hablamos de las difamaciones, refirieron que tal acción era un atentado a la libertad de expresión en la modalidad de ataque a la moral y la credibilidad de una persona para acabar con un medio.

Algo así sucede en Baja California en estos momentos y desde hace tres años. Justo cuando el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid dio inicio. Será coincidencia o un acto premeditado, pero así ha sucedido. Si el tema que les preocupa es periodístico, estamos a sus órdenes y públicamente en el mismo lugar donde inició este proyecto periodístico hace ya 36 años.

No nos escondemos ni acudimos al anonimato. Somos responsables, suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha publicado por el equipo de editores, reporteros y fotógrafos. Si quieren encontrarme aquí estoy, en el semanario ZETA, en Américas 4633 Fraccionamiento El Paraíso, en La Mesa, Tijuana, en los teléfonos 664 6816913 al 17 y en correo electrónico adela@zetatijuana.com, para cualquier información, aclaración o si buscan derecho de réplica –aun cuando tenemos como principio buscarlos para entrevista y normalmente nos la niegan–, el espacio aquí está para una carta, una aclaración.

Pero si el tema es atacar la vida privada de un periodista para acabar con la moral y la credibilidad de un medio, se equivocan. El periódico que codirijo con César René Blanco Villalón desde su fundación ha respetado la vida privada de los funcionarios públicos. Y no por falta de información, sino por principio y compromiso periodístico. El interés público es sobre el desarrollo del gobierno y quienes en él se mueven, siempre y cuando no crucen la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada, mezclando la primera con la segunda generalmente en el ejercicio y aprovechamiento del presupuesto.

A raíz de publicaciones sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o de las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad, supimos que desde la coordinación de Comunicación y las secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico, iniciarían una campaña de desprestigio.

Esa información se hizo pública la semana que termina. El miércoles 2 de noviembre, Gerardo Fragoso, un columnista del periódico El Mexicano, publicó: “En los próximos días, una de las periodistas más reconocidas de Baja California podría enfrentar una dura campaña de desprestigio… (Consiste) en publicar diversas infamias sobre la vida personal de Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA… Quien platicó con nosotros nos dijo que la razón por la cual tiene a Navarro entre ceja y ceja, era por exhibir los pecados de Carlos Humberto Bonfante Olache y Antonio Valladolid Rodríguez”. El columnista señala que los personeros de quienes amenazan con una campaña contra mi persona, han ofrecido dinero a cambio de publicar tales dichos.

El jueves 3 de noviembre en la columna principal del periódico El Informador que dirige Luis Fernando Vázquez Bayod, publicaron con el título “campaña de desprestigio” lo siguiente: “No se ha dicho de dónde, no se ha dicho de parte de quien, pero al parecer ha iniciado una campaña de desprestigio contra la codirectora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello. Los ataques no van exclusivamente contra su reconocida trayectoria profesional, pues han comenzado a echar tierra, de forma sucia y vulgar, a su vida personal. En esta casa editorial hemos recibido supuestos pitazos informativos vía correo electrónico en los que se mencionan todo tipo de calumnias contra la persona de la periodista…”. Finaliza el texto: “Una campaña infundada contra una figura como Adela Navarro es un ataque a la libertad de prensa y, por lo mismo, un ataque contra otros medios de comunicación”.

Unas horas antes, en el portal AFN de la periodista Dora Elena Cortez, la misma publicó: “Apenas ayer comenté con Roberto Karlo López Páez, director de Comunicación Social del gobierno del estado, que tenía información muy precisa en el sentido de que el ‘dilecto’ ‘director de imagen’ del gobernador Kiko Vega, el exreportero Jorge Alberto Cornejo Manzo, estaba instrumentando sendas “campañas sucias o negras” en contra de la compañera Adela Navarro Bello, codirectora del semanario Zeta y contra una servidora, porque estaba sumamente molesto por el hecho de que hubiésemos criticado sus argucias para acallar a la prensa, sobre todo en el tema del adeudo del gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Baja California”.

Otros periodistas han sido solidarios con ZETA. Incluso nos han revelado cómo Jorge Cornejo, quien trabaja de subordinado de Roberto Karlo López, pero contratado por el gobernador Francisco Vega, se ha apersonado en algunas redacciones, y comunicado a otras, para ordenar no se aborde un tema –éste en específico–, se saque de circulación una nota, con la amenazada que de no hacerlo se les cortaría o rebajaría el convenio publicitario a los medios.

Al cierre de edición, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que encabeza Melba Olvera, emitió un comunicado, “Urge CEDHBC a garantizar el respeto al libre periodismo”, donde informa que “reiteró un llamado enfático a las autoridades de gobierno, en especial al Ejecutivo del estado, para que instrumenten acciones orientadas a la garantía y el respeto al ejercicio libre del periodismo”.

Además, iniciaron el expediente 120640/4VG para investigar “posibles vulneraciones a los derechos humanos derivados de estos hechos”. Insisto: en ZETA desde su fundación el 11 de abril de 1980, hemos participado en la vida de Baja California con periodismo de investigación, análisis y opinión.

Hemos mantenido una línea editorial crítica, contestataria, anti oficialismo. Hemos sido amenazados por narcotraficantes. Generalmente del mismo cártel que asesinó a nuestros compañeros Francisco Javier Ortiz Franco y Luis Lauro Valero, y desde el cual intentaron quitarle la vida al director fundador, J. Jesús Blancornelas, el cártel de los hermanos Arellano Félix.

También hemos sido presionados por políticos, funcionarios y gobiernos, pero no hemos cedido a ese hostigamiento. ZETA se mantiene firme en su compromiso con el periodismo, la información veraz, y sostiene todas y cada una de las letras aquí publicadas desde 1980. Nuestro trabajo es en aras de la transparencia, la justicia social, el buen gobierno, la democracia, la seguridad y el bienestar. No hemos comprometido nuestra línea editorial y no lo haremos, el derecho a informar y ser informado supera en mucho la pequeñez de cualquier funcionario que corruptamente manipulando el dinero público pretenda orquestar alguna campaña de desprestigio.


A quienes se han solidarizado con nosotros, gracias. A nuestros compañeros periodistas que no han hecho eco de la campaña de desprestigio, nuestra solidaridad y confianza. A quienes desde el anonimato, con recursos públicos e infraestructura gubernamental pretenden presionar para inhibir la publicación de irregularidades, les decimos que en ZETA seguiremos, más allá de amenazas, haciendo periodismo de investigación, respondiendo a la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y lejos del gobierno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461378/denuncia-semanario-zeta-campana-desprestigio-gobierno-bc

México trabaja para enfrentar cualquier resultado en EU: Meade

CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, aseguró que en México se está haciendo todo lo posible para reducir la incertidumbre de la economía “frente a las dudas o a la voracidad que nos viene de fuera”, en particular frente a la elección presidencial en Estados Unidos.

Lo que el país debe hacer frente a la contingencia de esos comicios o cualquier otra que se enfrente por delante, es construir mecanismos que le permitan ser resistente frente a las sorpresas, destacó en entrevista con radio Fórmula.

“Todo eso hemos venido haciendo en estas semanas y en estos meses. Hemos venido prefondeando nuestros vencimientos, los que tenemos temprano el año que entra. El anuncio del programa de negocios de Pemex es parte de ese esfuerzo de blindaje, y el paquete económico que nos regresa al superávit primario también lo es”, puntualizó.

Son medidas que contribuyen a generar certidumbre y a prepararse frente a una sorpresa, como en este caso el resultado de la elección en Estados Unidos, y cualquier otra que pueda venir, agregó.

De acuerdo con el funcionario federal, en estos momentos los mercados están tranquilos y funcionando bien. Algunos días, dijo, el tipo de cambio se ha movido entre 40 y 50 centavos, en un sentido o en otro, “y eso ha venido dando la oportunidad de modelar, cómo estarían reaccionando los bancos, los corporativos, las diferentes variables en la economía”.

Añadió: “Todo nuestro actuar en los últimos días y en las últimas semanas ha estado orientado a mandar a los mejores elementos para que frente a la incertidumbre que nos viene por delante, estemos lo mejor preparados posibles”.

En el caso de un posible triunfo del candidato republicano, Donald Trump, “lo que tenemos que ver y estamos preparados para hacerlo, es entender cómo se mueven las variables, cuáles serán los movimientos permanentes, cuáles serán movimientos temporales, estamos atentos y tenemos instrumentos para ir reaccionando en función de lo que vayamos viendo”, subrayó.

Sea cual sea el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos, dijo, no habrá una reacción precipitada.

La Federación cumplió en tiempo y forma en Veracruz

Sobre las participaciones a municipios de Veracruz, Meade aseguró que la Federación no puede hacer dos veces el pago, y aseguró que continúan las conversaciones con el gobierno de esa entidad.

Reiteró que la Federación cumplió en tiempo y forma, entregó los recursos que deben de llegar a los municipios, por lo que en el manejo que haga el gobierno del estado está por venir.

“Ese es un compromiso que tiene pendiente el gobierno del estado con los municipios, que tendrá que ver cómo acomoda, que tendrá que ver cómo ajusta”.


El exsecretario de Desarrollo Social indicó que están en la disposición de participar, de dialogar, de poner a la mano del gobierno veracruzano instrumentos de banca de desarrollo, revisar cuáles son sus flujos y cuáles los fondos que podrían estar disponibles, pero todo eso bajo la premisa de que la Federación no puede pagar dos veces un recurso que ya entregó y con el que ya cumplió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: TERESA DEL MAZO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461365/mexico-trabaja-enfrentar-cualquier-resultado-en-eu-meade

Alerta ante agresiones a mujeres periodistas

“Funcionarios públicos y políticos tienen un mayor atrevimiento para denigrar y descontextualizar el trabajo de las mujeres periodistas. Les es más fácil agredir a una mujer periodista que a un hombre de la misma profesión.

Se les violenta por el hecho de ser mujeres y las agresiones en su contra tienen un componente de género que las impacta de manera diferenciada. Amenazan a su familia, se meten con su vida personal, estado civil, con sus hijos, y entre otras cosas. con su aspecto físico”, afirma a Desinformémonos Jade Ramírez Villanueva, periodista de Jalisco y Oficial de Libertad de Expresión de Periodistas de a Pie .

En días recientes, el Informe “Tiempo de romper el ciclo de violencia contra periodistas” de la Directora General de la UNESCO sobre la Seguridad de Periodistas y el Peligro de la Impunidad, afirmó que existe un ligero aumento en el asesinato de mujeres periodistas.

De 2014 a 2015 la instancia internacional documentó 195 asesinatos de hombres periodistas y 18 de asesinatos de mujeres periodistas. Si bien el principal flanco de agresiones registrado continúa siendo contra los periodistas varones, la UNESCO lo atribuye a que son más el número de hombres que se dedican a esta profesión y quienes mayoritariamente realizan coberturas en zonas de alto riesgo. Sin embargo, el mismo informe asegura que “entre 2006 y 2013 un promedio de cuatro periodistas mujeres eran asesinadas por año pero tanto en 2014 como en 2015 fueron asesinadas nueve periodistas por cada año”, es decir, el número de asesinatos de mujeres periodistas se duplicó.

En el caso de México, la periodista Jade Ramírez afirma que incrementa el número de agresiones pero también las formas y los matices violentos con los que se ataca el trabajo periodístico. “En años anteriores había estados que eran foco rojo o zonas conocidas como de alto riesgo como Veracruz, Tamaulipas o Ciudad Juárez, pero particularmente desde 2013 en poblaciones, comunidades y municipios donde aparentemente no hay un alto índice de ataques contra la prensa o los medios de comunicación se presentan situaciones violentas contra las periodistas. Ahora hablamos de zonas de riesgo, de agresiones por temática y de un aumento en las agresiones a las mujeres periodistas”.

De acuerdo con el informe de la UNESCO en los últimos 10 años registró 827 asesinatos. De 2014 a 2015 documentó 51 asesinatos de periodistas en América Latina, lo que la coloca en la “segunda región más peligrosa del mundo para los periodistas, detrás de los países árabes”. Además de los asesinatos, otras agresiones documentadas fueron secuestro, detención arbitraria, tortura, intimidación, hostigamiento, destrucción del material, entre otros.

Conclusiones del informe publicado esta semana por la UNESCO aseguran que existe un “aumento pronunciado en 2015 de periodistas de medios digitales asesinados” y que “el mayor número de periodistas asesinados fueron periodistas locales”.

Jalisco, refiere Jade Ramírez, “siempre se mantiene por debajo de la media de ataques, anualmente documentamos dos o tres situaciones de riesgo, sin embargo cuando se documentan son realmente de alto riesgo, no sólo amenazas o señalamientos públicos contra el trabajo de periodistas sino van subiendo de tono. Recientemente un grupo de periodistas acudieron a Lagos de Moreno, cerca de León, Guanajuato para realizar una cobertura sobre el despojo y defensa del territorio de una comunidad wixarika por parte de ganaderos en la frontera entre Jalisco y Nayarit, estuvo por más tres horas incomunicado. Estás coberturas siempre tienen un componente de alto riesgo e impacto que pone en riesgo la vida e integridad de las y los periodistas”.

En el caso de las periodistas “en 2015 quienes cubrieron las campañas electorales también tuvieron que sobre vivir el acoso, la persecución, la censura y sobre todo la inhibición de los carteles que operan en Jalisco. Ante las agresiones contra las periodistas siguen haciendo falta fórmulas y métricas más especificas para entender la violencia contra nosotras, no es una situación menor la que estamos viviendo. En este gran contexto de violencia de género que se vive en el país, incluso dentro del propio gremio, no podemos poner en el mismo cajón las agresiones diferenciadas que vivimos las mujeres que hacemos periodismo”.

En días recientes, la periodista Rosa María Rodríguez Quintanilla, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) abandonó el estado de Tamaulipas luego de “una campaña de desprestigio en su contra y de amenazas de muerte que recibió por parte de un presunto grupo de la delincuencia organizada”. Según información difundida por la RIPVG y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el 29 de octubre la periodista junto con su esposo e hijo fueron atacados y amenazados en redes sociales por lo que tuvieron que desplazarse de manera forzada. Días antes, “el 3 de octubre la periodista fue golpeada por un escolta del procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, cuando intentó acercarse a realizar una entrevista con el funcionario”, afirman en un comunicado.

Al cuestionarla sobre el papel de las autoridades, la periodista Jade Ramírez advierte que su acción es “la más innecesaria respuesta y la menos preocupada y garantista del acceso a la justicia en el tema preventivo, de protección y de reacción en el caso de las agresiones contra periodistas. Las actuaciones de la autoridad son bastante opacas tanto a nivel local como federal con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Podemos decir que el mecanismo, es uno de los fracasos más significativos de este sexenio en el rubro de atención a víctimas, defensoras de derechos humanos, y periodistas”.


En los últimos cinco años ha incrementado el número de agresiones y ataques contra periodistas. “La Ciudad de México, es una amenaza para fotorreporteros que ahora tienen que superar situaciones adversas de cobertura en las marchas, plantones o mítines, que se realizan ante el descontento social. En Oaxaca, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, hay una preocupación grave ante el acoso del crimen organizado, grupos políticos y autoridades, no todo se hace público con la idea de contener, pero las agresiones existen. Veracruz y Guerrero, siguen siendo estados de mayor preocupación”, concluye la periodista.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/alerta-ante-agresiones-mujeres-periodistas/

México es uno de los cinco países con mayor desigualdad en AL

En México, uno de los cinco países con mayor desigualdad en América Latina y el Caribe, quienes padecen más la desigualdad económica son las mujeres, quienes deben invertir mayor tiempo en trabajos no remunerados, y los indígenas, que tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza, indicó el informe “La matriz de la desigualdad en América Latina” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La tasa de pobreza entre los indígenas en México es del 50 por ciento, el cual supera en 13 puntos a la población no indígena del país que alcanza el 37 por ciento, destaca el informe.

“La tasa de pobreza entre los indígenas era igual o superior al 50 por ciento en Guatemala, México y Paraguay, cercana al 40 por ciento en Bolivia, Brasil y Ecuador, y de un 26 por ciento en Perú”, dice el documento de la CEPAL.

Por otra parte, el informe señala que en México, Panamá, Venezuela, Colombia y Perú, la diferencia entre las regiones con mayor y menor tasa de pobreza es mayor a los 40 puntos porcentuales.

“Una de las dimensiones más expresivas de los altos niveles de desigualdad en América Latina y el Caribe es la brecha en los niveles de desarrollo de diferentes localidades dentro de cada país”, destaca el informe.

El estado que mayor índice de pobreza presentó, de acuerdo al estudio de la CEPAL, fue Chiapas, con el 70 por ciento de su población vulnerable. Sin embargo, los 32 estados de México cuentan con un índice de pobreza que incrementa en las zonas con mayor población indígena.

Además, la desigualdad económica también está presente por cuestiones de género, ya que las mujeres mexicanas de entre 25 y 45 años de edad dedican 42 horas a labores en el hogar y cuidado de familiares, las cuales son actividades no remuneradas. Por el contrario, en las actividades remuneradas, los hombres son quienes alcanzan las 45 horas y las mujeres sólo 20.

“La reducida participación masculina en esas actividades y la ausencia de sistemas asequibles de cuidado tienen como contrapartida menores posibilidades para que las mujeres puedan participar en el trabajo remunerado, en particular en la etapa adulta”, dice el estudio de la CEPAL.

A finales de julio, la organización Oxfam posicionó a México dentro de los 25 países en el mundo con mayor desigualdad, pues un 54.4 por ciento de los mexicanos vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con su informe.


Con la llegada del actual presidente, Enrique Peña Nieto, al gobierno en el 2012, tan sólo entre el 2013 y el 2014 dos millones de mexicanos cayeron en la pobreza.

FUENTE: DESINFORMÉMONOOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/mexico-uno-los-cinco-paises-mayor-desigualdad-al/

A horas de protestar como diputado, extesorero de Duarte busca amparo para evitar detención

Vicente Benítez está involucrado en el caso de empresas fantasma, y fue acusado de ser uno de los prestanombres de Duarte y enriquecerse ilícitamente.

El extesorero y exsubsecretario de Desarrollo Social de Veracruz, Vicente Benítez González, interpuso una demanda de amparo en contra de una posible orden de presentación o detención girada en su contra por la PGR, solo 48 horas antes de rendir protesta como diputado local por el partido Nueva Alianza.

La demanda de amparo, fue presentada este jueves 3 de noviembre y quedó radicada en el Juzgado Quinto de Distrito de Veracruz bajo el expediente 1103/2016. El juez la admitió a trámite pero no ha concedido – hasta ahora – alguna suspensión en favor de Benítez.

El exfuncionario del gobierno de Duarte, ya había tramitado en octubre una primera demanda de amparo también por los mismos hechos, en la que el juez negó conceder una suspensión definitiva.

Vicente Benítez González se encuentra actualmente bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de recursos públicos, entre otros delitos.

Animal Político publicó en mayo que Benítez fue subsecretario de Desarrollo Social y estaba a cargo de los programas de combate a la pobreza a través de los cuales se entregaron múltiples contratos a empresas fantasma. Algunos contratos eran para repartir productos en supuestas tiendas comunitarias que este exfuncionario anunció, pero que en los hechos nunca existieron.

Vicente Benítez se había desempeñado previamente como tesorero de Veracruz pero renunció al cargo luego del escándalo por el hallazgo de una maleta con 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca en enero de 2012. El dinero lo llevaban funcionarios de Finanzas del estado.

En julio pasado se reveló otro reportaje en donde se evidenciaba que Benítez tenía una red de propiedades a su nombre y el de su esposa en Costa Rica. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnes, lo denuncio por fungir como presunto prestanombres de Javier Duarte (actualmente prófugo) en Estados Unidos y enriquecerse ilícitamente.

En las elecciones estatales pasadas Vicente Benítez consiguió salir electo como diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla. Desde ahí no ha tenido apariciones públicas. Incluso, en octubre no se presentó en el organismo electoral local a recoger su constancia de mayoría.

Pero fuentes legislativas en Veracruz confirmaron a Animal Político que Benítez si está registrado para la toma de protesta como diputado local de la nueva legislatura, hecho programado para este sábado 5 de noviembre en el Congreso Estatal.


Una vez envestido como diputado Vicente Benítez gozará de fuero en contra de investigaciones por delitos locales pero no contra un eventual proceso penal federal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/extesorero-veracruz-amparo-detencion/

La Judicatura, con casi $2 mil millones para seguros médicos

Pese a contar con Issste, 35 mil empleados tienen cobertura particular: informe

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene vigente un contrato multianual para la prestación del seguro de gastos médicos para sus trabajadores –desde consejero hasta oficial de servicios y mantenimiento– por un monto máximo de mil 888 millones 141 mil 125 pesos, cifra que representa casi 3 por ciento del presupuesto previsto para 2017, que es de 66 mil 863 millones 900 mil pesos.

La prestación es recibida por los más de 35 mil empleados de base y de confianza del CJF –así como esposa e hijos–, quienes cuentan, por ley, con atención médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).dLa prestación laboral para consejeros, magistrados y jueces federales, así como personal administrativo del consejo fue suscrita en 2015 con una institución de seguros, después de muchos años de que, tanto el CJF como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron convenio con otra fiduciaria.

En el contrato, cuya copia fue obtenida por La Jornada mediante una solicitud de información, se detalla que la cantidad asegurada depende del puesto laboral, de manera que los trabajadores de mayores ingresos, desde los seis consejeros –el presidente de la Suprema Corte y del CJF recibe su sueldo y prestaciones en el máximo tribunal– hasta los asesores, quienes pueden disponer de hasta 333 días de salario por siniestro, es decir, 729 mil pesos.

El primer nivel de funcionarios incluye las primeras 20 categorías del escalafón, entre otros a magistrados de circuito, jueces federales, directores generales, visitadores judiciales, secretarios técnicos y de tribunales, así como juzgados y defensores públicos, entre otros.

El segundo nivel incluye sólo cuatro niveles: subdirector de área, actuario judicial, secretarios particulares de magistrados y jueces de distrito y delegados administrativos, quienes están protegidos por la suma de 324 mil 297 pesos por cada siniestro, es decir, 148 salarios mínimos.

El tercer nivel abarca del lugar 24 al 33 del escalafón, que incluye coordinadores de ayuda y sanidad, jefes de departamento, técnico de enlace, analista especializado, oficial administrativo, educadora, enfermera, niñera, secretaria, choferes, cocineras hasta oficial de servicios, quienes cuentan con una póliza equivalente a 111 salarios mínimos, es decir, 243 mil 223 pesos por suceso.

De acuerdo con trabajadores consultados, el contrato del CJF es el mismo que suscribió la Suprema Corte, tanto en montos como en prestaciones para los más de 3 mil trabajadores del máximo tribunal.

En caso de que los empleados pretendan incrementar la cantidad asegurada deben potenciar su poliza con un tope máximo de mil días de salario mínimo vigente, equivalente a más de 2 millones 160 mil pesos.


Trabajadores entrevistados comentaron que los únicos que pueden aspirar a esa protección son los primeros 20 del escalafón.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/politica/011n1pol

Diputados eliminan juntas de conciliación; empoderan al trabajador

Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional en sus artículos 107 y 123, eliminando así las juntas de conciliación y arbitraje, y promoviendo la secrecía y libertad sindical.

Los legisladores se allanaron a la minuta enviada por el Senado de la República que dictaminó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, quien dio por llamar a su propuesta, reforma en materia de justicia laboral.

Así se establece la obligación de acudir a centros de conciliación, antes de proceder a los tribunales laborales definiendo las características de tales centros.

Los cambios promovidos en el ámbito constitucional definen criterios para designar a los integrantes de los tribunales laborales, y la vez consignan los principios que regirán los procedimientos y requisitos de los procesos laborales. El alcance del voto personal es libre y secreto para los trabajadores.


De esta forma también se obliga a acreditar (a los líderes sindicales) que cuentan con la representación de los trabajadores para la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/04/diputados-eliminan-juntas-de-conciliacion-empoderan-al-trabajador

Rechazan presencia de Gendarmería Ambiental en la Selva Lacandona

Miles de habitantes mayas de la Selva Lacandona, en Chiapas, junto con organizaciones sociales, autoridades comunitarias y pueblos indígenas, se pronunciaron contra las políticas del gobierno mexicano de militarización, especialmente contra la formación de la Gendarmería Ambiental, en el marco de la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) el 14 de abril de 2016, señaló la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala–México, (MODH).

Por su parte, la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática denunció los proyectos hidroeléctricos y la expansión de las plantaciones de palma africana, las cuales devastan miles de hectáreas de selva en los municipios de Benemérito de Las Américas y Marqués de Comillas.

Señaló que la verdadera intención de la preparación de las gendarmerías es “entregarle en manos privadas la biodiversidad, plantas medicinales, aguas y otros recursos naturales de la zona”, así como “realizar actos de despojo, invasión con fines de exterminio de los verdaderos guardianes de la selva y recursos naturales; los pueblos originarios”.

La ARIC puso como ejemplo la construcción de una presa hidroeléctrica que devastó cientos de hectáreas de selva, en boca del cerro del municipio de Palenque, Chiapas. Además, en los municipios de Benemérito y Marqués Comía, se destruyeron 20 mil hectáreas de selva para la siembra de palma africana.

El gobernador del estado, Manuel Velasco, autorizó a varios empresarios la destrucción de otras 10 mil hectáreas de Selva para el mismo fin, agregó.

Por otra parte, el pasado 25 de octubre miles de personas de los pueblos mayas que habitan la zona Lacandona se aglutinaron en Nueva Palestina y Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, para pronunciarse en defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

Las comunidades indígenas, autoridades y organizaciones defensoras del territorio y los derechos de los pueblos revelaron que el interés en la región es gracias a que, a pesar de que representa sólo el 0.16 por ciento del territorio nacional, alberga el 20 por ciento de la diversidad biológica mexicana, hidrocarburos, recursos minerales y el 30 por ciento de los recursos hidrológicos del país.


Por último, las comunidades se quejaron de que su petición para establecer un diálogo con las autoridades e instituciones gubernamentales no ha sido atendida, y que la única respuesta ha sido enviar a la Gendarmería para reprimir la organización de los pueblos.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/rechazan-presencia-gendarmeria-ambiental-la-selva-lacandona/