lunes, 10 de octubre de 2016

Wikileaks revela el interior de campaña de Clinton: pugnas y preocupación por Sanders

Este lunes, el sitio Wikileaks filtró un intercambio de correos entre John D. Podesta, coordinador de campaña de Hillary Clinton y miembros cercanos de su equipo, detalló The New York Times.

Los mensajes ponen al descubierto que la demócrata comenzó a plantear su posible candidatura dos años antes del anuncio ofical, hecho en abril de 2015.

“El género será un gran campo y motivador de voluntades, pero no cerrará el trato”, escribió en 2014, Robby Mook, quien se convertiría en director de la campaña.

La filtración reveló, además, conflictos al interior del equipo demócrata, preocupación por una posible candidatura del vicepresidente Joe Biden y por el sorpresivo éxito de Bernie Sanders entre los jóvenes.

“El mensaje necesita ser más positivo, enérgico, esperanzador“, escribió un asesor a Podesta, tras el triunfo del nominado demócrata en la votación primaria de New Hampshire.

“Bernie está diciendo que podemos cambiar el mundo. El mensaje de ella es ‘No, no podemos, porque…'”, explicó.

En los correos también se detalla el enfrentamiento entre Chelsea Clinton, hija de la demócrata, y el asesor de alto nivel, Douglas J. Band, por los “límites borrosos” entre la Fundación Clinton y la consultora de Band, Teneo.

También se detalla el cuidadoso proceso de preparación detrás de cada mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Clinton. En una ocasión, cuatro asesores debatieron cómo redactar el tuit donde la demócrata habló por primera vez del uso de un servidor privado para sus correos.


Wikileaks ya había publicado una filtración previa de los correos de Podesta este viernes, en la que se detallaban discursos pagados de Hillary Clinton ante ejecutivos importantes de Wall Street. En estos encuentros, la demócrata alabó el sistema de “comercio abierto, fronteras abiertas”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mundo/wikileaks-revela-el-interior-de-campana-de-clinton-pugnas-y-preocupacion-por-sanders/

Pide Peña Nieto no regatear logros en materia de educación

Reconoce sin embargo, al inaugurar tres universidades tecnológicas, que todavía hay rezagos en la cobertura de educación media superior y todavía más en el nivel superior.


México ha logrado un gran avance en la cobertura de educación media superior, pues del año 2012 a la fecha, pasó de 68 a 79 por ciento, destacó este lunes en Ramos Arizpe, Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar tres universidades tecnológicas, el mandatario dijo que aunque todavía hay rezagos en la cobertura de la educación media superior y todavía más en el nivel superior, no se deben regatear los logros que ha obtenido su gobierno en el terreno de la educación.

Al aceptar preguntas de estudiantes de las universidades tecnológicas, recordó que la meta para el final de su gobierno es alcanzar 80 por ciento en la cobertura en nivel medio superior, para que los jóvenes encuentren mayores espacios de realización personal.

Afirmó que su gobierno busca ser un facilitador para que las próximas generaciones tengan más oportunidades para realizarse, tras señalar que ha habido resistencias de quienes estaban acostumbrados a otros paradigmas y recibir beneficios.

En este sentido, sostuvo que gracias a los cambios estructurales, cada vez son menos los jóvenes que migran a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir, y que desde hace cinco años, son más los mexicanos que regresan de esa nación por encontrar más oportunidades de realización en su país natal.

Acompañado por los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, el Ejecutivo federal subrayó que está decidido a no claudicar y mantenerse firme en seguir impulsando la transformación del país.


Luego de destacar las ventajas del modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable), Peña Nieto respondió preguntas de los estudiantes, algunas en inglés, acerca de las oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral nacional al terminar sus estudios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/pide-pena-nieto-no-regatear-logros-en-materia-de-educacion/

Familiares de desaparecidos de Coahuila reclaman a Peña en acto oficial

CIUDAD DE MÉXICO: Familiares de personas desaparecidas de Coahuila se manifestaron afuera de la Universidad Politécnica de Ramos Arispe, donde el presidente Enrique Peña Nieto encabezó un acto oficial, y le reclamaron atención a la búsqueda de las víctimas.


“Queremos que nos escuche Peña Nieto, que se interese por esta exigencia de la localización de los desaparecidos que hay en Coahuila que son muchos y no hemos recibido respuestas ni del gobierno estatal ni del gobierno federal. Por eso estamos aquí con esta exigencia”, dijo Diana Iris, una de las inconformes, según el diario Vanguardia.

“Por una búsqueda incanzable (sic). Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, decían las pancartas que los manifestantes llevaron para llamar la atención del mandatario federal, pero el esfuerzo fue en vano.

Eran integrantes de las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) que libraron un filtro colocado por el Estado Mayor Presidencial y se instalaron sobre la carretera Saltillo-Monterrey.

No obstante, sólo se acercó personal del área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, de acuerdo con el diario local.

Los manifestantes demandaron la “identificación certera de los 458 cuerpos no identificados que están en fosas comunes y los más de 15 mil restos óseos (en resguardo de la Policía Científica y Procuraduría General de la República) que se han encontrado en los operativos realizados en los últimos años, sólo en nuestro estado”.

Mediante un comunicado, Fuundec aseguró que las familias de desaparecidos saben que la cantidad de evidencias “rebasa la capacidad de las instituciones responsables de la identificación y, por tanto, la necesidad de realizar convenios de colaboración con laboratorios e instituciones nacionales e internacionales que nos apoyen en esta importante tarea”.

Agregó que sus integrantes demandan “una Ley de Exhumaciones e Identificaciones de Personas Desaparecidas en Coahuila.

Según los manifestantes, hace 15 días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó la ciudad de Torreón y pactó una reunión para discutir el tema. Sin embargo, el encuentro no se ha realizado.


En contraste, este lunes en distintas avenidas de la capital de Coahuila fueron colocados anuncios espectaculares con el mensaje “Peña: Gracias por la paz”, acompañados del escudo nacional y el símbolo del gobierno estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458199/familiares-desaparecidos-coahuila-reclaman-a-pena-en-acto-oficial

Revelan que célula de Los Rojos asesinó a dos normalistas de Ayotzinapa

CHILPANCINGO, Gro: Los cinco presuntos asesinos de Jonathan Hernández Morales y Filemón Tacuba Castro, ambos normalistas de Ayotzinapa, forman parte de una célula al servicio del grupo criminal Los Rojos que opera en esta capital, indicaron fuentes oficiales.

Incluso, las mismas fuentes consultadas por Apro señalaron que el jefe de esta banda es un sujeto identificado como La Niña, quien actualmente se encuentra prófugo junto a otros miembros de esta pandilla al servicio de la delincuencia organizada.

Este hecho contrasta con la versión del gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien asegura que la ejecución de los estudiantes se trató de un asalto cometido por delincuentes comunes a los que ahora les imputan varios atracos y el homicidio de al menos 13 personas en esta capital cometidos de agosto a septiembre, entre ellos dos universitarios, un juez de paz, un niño y un trabajador del Poder Judicial.

Incluso, uno de los inculpados –identificado como Israel– estuvo preso en la cárcel de esta capital acusado por robo simple y es cuñado de otro de los detenidos por el caso del múltiple crimen cometido el martes 4, abundaron las fuentes que pidieron el anonimato por seguridad.

Por su parte el juez de control Celso Ubaldo de la Sancha dictó prisión preventiva a cuatro de los cinco jóvenes acusados por la Fiscalía General del estado (FGE) de asesinar a dos normalistas de Ayotzinapa.

Durante la audiencia inicial realizada esta tarde en la primera sala de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), al sur de esta capital, también se concedió la ampliación del término legal para definir si los imputados quedan sujetos a proceso o son liberados por falta de elementos de prueba.

La prórroga legal fue solicitada por el agente del Ministerio Público del fuero común, argumentando que durante estos días va a realizar “investigaciones complementarias” para sustentar las acusaciones contra los presuntos homicidas.

Hasta ahora, las imputaciones de la FGE están basadas en la declaración de dos testigos identificados como el chofer de un vehículo de transporte público y el propietario de un auto particular que, tras el múltiple crimen ocurrido el martes 4 al oriente de esta capital, fue obligado a trasladar a los criminales a la colonia Sección Séptima, ubicada al extremo poniente, indicó la autoridad ministerial.

En la audiencia donde estuvo presente este reportero, el agente del Ministerio Público del fuero común desmintió la versión oficial del vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, quien afirmó que los delincuentes huyeron corriendo luego de asaltar y ejecutar a los dos normalistas, así como al profesor Juventino Carranza Tejacal.

Al respecto, el representante de la FGE señaló que los inculpados escaparon a bordo de “un auto tipo Tsuru” hacia la ciudad de Chilpancingo, llegaron a la colonia Ampliación Revolución y mataron al conductor de una unidad de transporte público identificado como Marco Antonio Organista Lorenzo.

Luego interceptaron al ahora testigo de la Fiscalía, quien se desplazaba en un auto negro tipo Sonic, y los cinco inculpados lo obligaron a que los llevara al otro extremo de la capital, donde finalmente escaparon.

Antes de esta afirmación de la autoridad ministerial sobre la mecánica de los hechos, la versión oficial del gobierno de Héctor Astudillo Flores ya había sido puesta en duda.

En la edición 2084 de Proceso que circula esta semana se publicó el reportaje titulado Asesinato de normalistas, “estrategia de exterminio”, donde un sobreviviente del asalto entrevistado por este reportero afirmó que los primeros baleados fueron los dos normalistas, quienes nunca opusieron resistencia. Añadió que los criminales huyeron en un auto azul y una camioneta roja, y no corriendo, como afirmó el gobierno estatal.

Por su parte, los cuatro inculpados identificados como Israel, Carlos, Ismael y Antonio fueron asistidos legalmente por dos defensores públicos, y durante la audiencia inicial se limitaron a escuchar las imputaciones del Ministerio Público y solicitaron la ampliación del plazo legal para preparar su defensa.

El juez de control que lleva este caso, Celso Ubaldo de la Sancha, es conocido porque en febrero pasado liberó por falta de pruebas a tres hombres acusados del secuestro y homicidio de la joven Anahí Ramírez Ambrosio, quien tenía 24 años cuando fue asesinada en marzo de 2015 en la colonia La Trinchera de la cabecera municipal de Huitzuco.

Entre los inculpados estaban dos familiares del exalcalde priista de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, durante el periodo 2012-2015.

Mientras que la situación del quinto inculpado se va a resolver en el sistema de justicia penal para adolescentes.

Las acusaciones de tortura

Esta mañana la esposa de Israel, uno de los cinco señalados como responsables en el crimen de los normalistas y la ola de violencia en esta capital, denunció que los agentes ministeriales incurrieron en actos de tortura y allanamiento de morada.

Dijo que la noche del viernes 7 agentes ministeriales irrumpieron de manera violenta en su domicilio ubicado al norte de esta capital y se llevaron por la fuerza a su marido, argumentando que sólo querían que los llevara a la casa de su cuñado Antonio –otro de los detenidos– y que al día siguiente lo iban a dejar libre.

No obstante, la mujer que cargaba a su hija de un año señaló que su esposo ya no regresó a la casa, pensó que había sido desaparecido y tres días después se enteró que estaba detenido al ver su foto en medios de comunicación.


La joven acudió esta mañana a la sede del Poder Judicial donde solicitó asesoría y señaló que su esposo ya había estado preso en la cárcel de esta capital acusado de robo simple, informaron fuentes oficiales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458250/revelan-celula-los-rojos-asesino-a-dos-normalistas-ayotzinapa

Investiga PGR más de 3 mil números telefónicos por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: La procuradora general de la República, Arely Gómez, afirmó que el expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue abierto y “se siguen concentrando todos los esfuerzos para esclarecer los sucesos” del 26 y 27 de septiembre de 2014, además de que se ha profundizado en el “rastreo” de llamadas entrantes y salientes de “más de 3 mil 220 números telefónicos”.

Entre esos números se encuentran los de los normalistas desaparecidos, los de diversas autoridades municipales e integrantes del cuerpo de seguridad pública. “De hecho, se hizo una solicitud a las compañías telefónicas para que no fueran a borrar ninguno de éstos, porque ellos cada dos años borran y estamos en esto”, abundó.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, Gómez expresó su confianza en que este rastreo de llamadas dé resultados ministeriales pronto, y presumió que se ha cumplido con “93% de las 940 peticiones” realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero no especificó cuáles hacen falta.

“¿Por qué no se han cumplido? Porque hay alguna que está en la NASA, otra en el FBI, otra en el Departamento de Justicia. Y todo esto toma tiempo, pero las cumpliremos antes de que termine el año”, se comprometió Gómez al responder al senador David Monreal, del PT.

Sobre las últimas 20 recomendaciones, incluyendo el segundo informe del GIEI, la procuradora afirmó que “todas se están trabajando” y “todas se van a cumplir”.

Entre las acciones relevantes está la de seguir la línea de investigación sobre la policía municipal de Huitzuco. Han declarado 70 policías municipales y “se están indagando otros aspectos para verificar si hubo alguna intervención de ellos”.

En relación con la línea de investigación sobre El Caminante, como posible autor intelectual de los hechos ocurridos en Iguala, la procuradora afirmó que “estamos investigando la identidad de él, y este sujeto ya tenemos hoy que tuvo contacto con 11 policías de Iguala”.

Sobre las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gómez indicó que fueron aceptadas y se atienden en coordinación con esta institución.

Para el rastreo de llamadas, aseguró que se utilizan tecnologías “de última generación”, como es el sistema LIDAR para que, en compañía de los representantes legales y forenses de los padres, se ubiquen posibles lugares en donde puedan localizar fosas clandestinas.

Gómez insistió a lo largo de su comparecencia que se realizan “acciones concretas” para proteger derechos humanos y abandonar prácticas que transgreden la ley. En el tema del arraigo, la procuradora informó que esta medida se redujo en 98% y que el número de testigos protegidos disminuyó en 94%.

Sobre los indicios de corrupción en la propia PGR, Gómez indicó que durante su periodo (1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016) se consignaron 156 averiguaciones previas por la comisión de presuntos delitos y se ejerció acción penal contra 209 personas.

Presumió que al 18 de junio pasado se alcanzó “el 100% de implementación del nuevo sistema de justicia penal”.

Durante el debate con los senadores, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, cuestionó a la funcionaria sobre las fosas clandestinas encontradas en Coahuila, con 3 mil 147 restos humanos, aparentemente enterrados por el crimen organizado.

La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, señaló como un acierto que Tomás Zerón saliera de la PGR porque es el artífice de “el gran error de la PGR de querer tergiversar lo que aconteció en Ayotzinapa y contra los 43 estudiantes”.

De la Peña preguntó también sobre los casos de Tanhuato, Tlatlaya, Nochixtlán, San Fernando, así como las recientes fosas clandestinas halladas en Coahuila.

Cuestionada por la senadora Martha Tagle sobre los expedientes de los crímenes contra periodistas, Arely Gómez afirmó que la Fiscalía Especial de la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión contaba con 220 averiguaciones previas sin resolver y que las mismas se han ido presentando ante el juez.

“El hecho de que tengamos tan pocas consignaciones, también implica toda la normatividad que existe en el proceso penal y en el proceso a cuando uno ya presenta ante el juez la consignación”, explicó la procuradora.

Afirmó que la fiscalía especial ha incrementado en 26% el ejercicio de la acción penal y comentó que en los casos de homicidios a periodistas en Veracruz, “no todos los casos nos llegan a la Federación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Presupuesto del INE, “racional y congruente” con situación del país: Lorenzo Córdova

Dijo que no hay margen para recortarlo "a menos que se quiera cancelar alguna de las áreas prioritarias" y que no pedirán dinero para nueva sede.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que el presupuesto que el organismo solicitó para el año 2017 “es racional y congruente con la situación que atraviesa el país” y que no hay margen para recortarlo “a menos que se quiera cancelar alguna de las áreas prioritarias”.

“El INE, en el presupuesto para 2017, ha pretendido actuar con mucha responsabilidad, entendiendo la situación del país, y se ha planteado un presupuesto con una disminución del cinco por ciento en términos reales respecto de lo que se pidió para 2016”, comentó.

“El INE no le jugó a presentar un presupuesto abultado para poder administrar eventuales recortes que le hicieran al mismo en la Cámara de Diputados”, agregó.

Córdova indicó que el instituto organizará cuatro elecciones locales el año próximo, entre ellas la del Estado de México, cuyo padrón es el más grande y en septiembre de 2017 comenzará con los preparativos de los comicios de 2018.

Con respecto a las obras de infraestructura que se construirán en las instalaciones del INE, como la edificación de dos torres, Córdova Vianello dijo que los recursos para ello corresponden al presupuesto de 2016.

“Eso es importante decirlo, ese dinero ya se autorizó, ya se entregó y se está ejerciendo, no se está pidiendo, ni vamos a pedir un peso más para la ampliación de la sede central del instituto”, aseguró.


Comentó que la construcción de los edificios tiene un propósito de racionalidad presupuestal, que es dejar de gastar alrededor de 100 millones de pesos anuales en rentas.

FUENTE: ARISTEGUI NTOCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/presupuesto-del-ine-racional-y-congruente-con-situacion-del-pais-lorenzo-cordova/

‘Los Zetas’, detrás de tragedias de San Fernando y Allende

El estudio, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, académico de El Colmex, pide buscar la verdad en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, para que se entiendan las lecciones dejadas y que no se vuelvan a repetir este tipo de tragedias.

Las policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, estaban bajo el mando de “Los Zetas” cuando integrantes de esa organización criminal cometieron las masacres y desapariciones multitudinarias registradas en esos municipios durante los años 2010 y 2011, destaca un informe elaborado por El Colegio de México con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El reporte “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, agrega que los alcaldes de ambos ayuntamientos eran figuras prácticamente decorativas o inexistentes, puesto que ninguna autoridad municipal alzó la voz o presentó algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercían “Los Zetas” sobre sus cuerpos policiacos.

El estudio fue coordinado por el académico Sergio Aguayo. A lo largo de un resumen ejecutivo y ocho anexos o reportes complementarios se reconstruye la actuación que tuvieron las diferentes autoridades antes y después de dos tragedias: 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de al menos 42 personas en la localidad de Allende, Coahuila.

El documento exhibe principalmente las complicidades y debilidades de las autoridades municipales, pero también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no salen mejor parados, ya sea por la discrecionalidad del anterior ombudsman o por los graves conflictos internos que marcan la operación del segundo organismo autónomo.

El informe es muy claro en cuanto a la complicidad de las policías municipales en el caso de los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de Los Zetas o en el caso de las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende por las disputas internas al interior de ese grupo delictivo. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad. que llevaban el apellido Garza.

“En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta el informe.

En el documento también se advierte que los funcionarios municipales de ambas localidades incumplieron con su obligación de denunciar de forma inmediata los secuestros y desapariciones de decenas de personas dentro de sus territorios, dejando en el desamparo a las víctimas y a sus familias.


Los alcaldes de San Fernando y Allende argumentaron por separado que no contaban con ninguna información de las tragedias ocurridas dentro de los territorios que gobernaban en ese momento.

Omisiones e indiferencia de los gobernadores

El reporte elaborado por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México también hace señalamientos concretos sobre losgobernadores en funciones al momento de la tragedia: Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Jorge Juan Torres López en Coahuila.

Por lo que respecta a San Fernando, Tamaulipas, se indica que el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú, se negó a reconocer la gravedad del problema y y evadió cualquier responsabilidad de su gobierno, por lo que dejó la investigación en manos de la Federación y ya no realizó ninguna acción de prevención o de combate a la célula criminal de “Los Zetas” que operaba en ese lugar.

En el caso de Coahuila, el informe señala que el gobernador interino en 2011, Jorge Juan Torres López, actualmente prófugo por acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos de América, ocultó la desaparición masiva de personas ocurrida en Allende entre enero del 2011 y agosto del 2012, lo que ha dificultado la investigación y alimentado la especulación sobre el número total de víctimas.

La Procuraduría General de Justicia de Coahuila solo ha dado por desaparecidas a 42 personas en Allende, pero una cifra extraoficial sobre este evento, proporcionada por un sicario que se convirtió en testigo protegido de la justicia norteamericana, habla de 300 víctimas, cantidad que incluiría a residentes de municipios colindantes como Piedras Negras, Múzquiz, Nava y Zaragoza en Coahuila.

El reporte agrega que la actuación del gobierno de Coahuila se modificó sustancialmente con la llegada a la gubernatura de Rubén Moreira Valdéz, quién se comprometió con las familias de las víctimas a investigar el caso.

La indiferencia de los ex gobernadores Egidio Torre y Jorge López para actuar en ambos eventos lleva al informe a cuestionar sobre la incompetencia o vinculación de sus respectivas administraciones con el crimen organizado, situación que se agrava por la falta de investigación de las procuradurías locales y las instancias federales que han intervenido.

Procuradurías omisas, descuidadas, lentas

El informe sobre el desamparo de las víctimas añade que las Procuradurías de Tamaulipas y Coahuila casi no han desarrollado labores de investigación para llegar a la verdad de los hechos, debido a que los fiscales se limitan a construir imputaciones en contra de los involucrados con el apoyo de pruebas testimoniales y confesiones autoinculpatorias.


Las omisiones de la procuraduría tamaulipeca incluyen un descuido evidente al momento de levantar y resguardar los cuerpos de los 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, lo que dificultó la identificación de las víctimas y provocó errores al momento de entregar los restos a sus familiares.

Por lo que se refiere a la tragedia de Allende, el documento confirma que la Procuraduría de Coahuila no investigó de manera inmediata por la desaparición masiva de personas. En los días y semanas posteriores al hecho ocurrido entre el 18 y 20 de marzo del 2011, cuando se llevaron al mayor número de víctimas, las autoridades solo realizaron una visita ocular y recabaron un testimonio entre la población.

Las primeras declaraciones ministeriales y diligencias formales sobre este evento, se realizaron hasta el año 2014, es decir, tres años después.

La ineficiencia y falta de actuación no se limita sólo a los gobiernos municipales y estatales, puesto que en el caso de San Fernando, Tamaulipas, la comisión local de derechos humanos se negó a investigar los hechos de manera independiente. En el caso de Allende, fue la CNDH quien se negó a intervenir a favor de las víctimas, por lo que nunca ejerció su facultad de atracción para revisar posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

Debido a la deficiente actuación de gobernadores, organismos de derechos humanos y procuradurías, el reporte concluye que las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y las de Allende, Coahuila, no han recibido un trato adecuado a nivel municipal y estatal.

La pasividad del gobierno federal en Allende y San Fernando

Las tragedias de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, tuvieron lugar en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuyo nombre apenas aparece en el reporte del Colegio de México. Sin embargo, el documento sí advierte que la presencia del crimen organizado en ambas regiones fue producto de la omisión y pasividad de dependencias federales.

A pesar de esta primera conclusión, el estudio reconoce que existe un gran vacío sobre el papel que desempeñaron instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Ejército Mexicano, por lo que el Colegio de México planea una segunda etapa de la investigación para tratar de entender la pasividad del gobierno federal frente al dominio de “Los Zetas” en Coahuila y Tamaulipas.

La CNDH tampoco sale bien librada en el informe, derivado de que si titular al momento de ambas tragedias, Raúl Plascencia, tardó tres años en emitir una recomendación para el caso San Fernando, excluyendo decenas de pruebas y autocensurando el alcance de su señalamientos; mientras que en el caso de las desapariciones forzadas de Allende hasta la fecha no ha iniciado una investigación sobre la violación a los derechos humanos de las víctimas.

“La CNDH no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones. Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación 80/2013”, detalla el informe.


Una de las principales debilidades en el trabajo de la CNDH es que no se interesó en los vínculos del crimen organizado con la policía municipal de San Fernando, pese a que existen documentos y declaraciones de que al menos 16 agentes locales participaron en la masacre de los 72 migrantes, señala el reporte.

Por lo que respecta a Allende, se resalta que el organismo ni siquiera inició una investigación de oficio como ocurrió en San Fernando. La responsabilidad principal de las omisiones en que incurrió la CNDH se atribuye a su anterior titular, Raúl Plascencia, quien llegó al cargo muy cuestionado por diversos actores. El análisis añade que su sucesor en el cargo, Luis Raúl Gónzalez Pérez, tampoco ha dado continuidad a estas investigaciones.

Pero más allá de sus titulares, el informe cuestiona que la CNDH no haya ejercido su facultad de calificar como graves las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en San Fernando y Allende, decisión que habría dado a las víctimas y a la sociedad mayores recursos para exigir la verdad y obtener la reparación del daño a las víctimas.

“Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El Estado ni previno ni actuó con la celeridad que se merecían ambos casos”, enfatiza el reporte.

Sobre el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se concluye que ha sido incapaz de dar buena atención positiva a las víctimas de San Fernando, mientras que a las de Allende ni siquiera las considera, puesto que no tienen ningún expediente sobre el segundo caso. Uno de sus problemas principales es la confrontación y división entre los comisionados, situación que se reconoce al interior del organismo.

Pese a todos los hallazgos negativos, el reporte concluye con tres recomendaciones básicas para mejorar la atención a las víctimas en el país: reestructurar a profundidad los organismos destinados a este fin como la propia CEAV, mejorar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad para que haya mayor empatía entre las partes y favorecer la búsqueda de la verdad en todos lo casos de violaciones a derechos humanos.


Sólo con el cumplimiento de estos enunciados, señala el reporte, se podrán entender las lecciones dejadas por los casos de San Fernando y Allende, desde la penetración del crimen organizado en todos los sectores de la sociedad como ocurrió con Los Zetas, hasta la autonomía aparente de los alcaldes que responden más a los grupos delictivos que a los gobernadores de sus propios estados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/los-zetas-detras-de-tragedias-de-san-fernando-y-allende-informe-especial/

Venganza y chantaje político en la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO: El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.

Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.

La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.

Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.

El discurso y la acción

El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.

A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.

La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.

Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).

Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.

A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).

Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.

El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía NEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.

Oportunismo político

El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.

Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).

Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.

Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.

El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.

Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general”, “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido”… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.

Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.


Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIARDO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458129/venganza-chantaje-politico-en-la-sedena

Ejecutan en Monterrey a supuesto sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén

MONTERREY, NL: Un sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillen, exjefe del Cártel del Golfo, habría sido asesinado a tiros el sábado 8, al sur de esta capital.

De acuerdo con fuentes oficiales, Manuel Pérez Castro fue ejecutado la noche de ayer, alrededor de las 19 horas, cuando llegaba a su domicilio en la colonia Residencial La Escondida, acompañado de su esposa y dos hijos pequeños.

La víctima conducía un automóvil Mercedes Benz oscuro. Cuando se detuvo en la caseta de vigilancia del inmueble se le emparejó un vehículo Jetta gris, y por el lado del copiloto un hombre le disparó con un arma corta directo al cuello.

Herido, Pérez todavía manejó su auto unos 100 metros, hasta que perdió el conocimiento e impactó a unidad, lo que ocasionó lesiones leves a sus acompañantes.

Los ocupantes del Jetta huyeron por la Carretera Nacional y hasta ahora no han sido localizados.


En publicaciones de internet relacionadas con el crimen organizado se menciona que Manuel, Manny, era hijo de Mario Cárdenas Guillen, el M-1, hermano de Osiel, quien actualmente purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458165/ejecutan-en-monterrey-a-supuesto-sobrino-del-capo-osiel-cardenas-guilen

Sección 22 reactiva sus protestas contra las reformas estructurales

OAXACA, Oax: Con bloqueos carreteros, tomas de oficinas educativas y casetas de peaje, así como con una concentración en el zócalo de esta ciudad, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) reactivó sus acciones por la abrogación de las reformas estructurales.

Mientras que la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) bloqueó los accesos a la oficina de inventarios del Instituto Estatal de Educación Pública estatal, ubicado en el Fraccionamiento La Cascada.

Maestros y padres de familia bloquearon la carretera panamericana 190 Oaxaca-Tehuantepec en inmediaciones de Soledad de las Salinas, precisamente en el tramo El Gramal-Totolapa, para exigir al presidente municipal, Alberto Quero, que se abran las escuelas de nivel básico en Nejapa de Madero con docentes de la Sección 22.

Los inconformes cuentan con el respaldo del sector Tlacolula para que la autoridad municipal les devuelva los edificios de preescolar, primaria y secundaria donde fueron expulsados los maestros por no iniciar este ciclo escolar en la fecha oficial.

“Que ya se abran las escuelas de nivel básico en Nejapa de Madero, Yautepec, Oaxaca con docentes de la XXII”, se lee en la pancarta que fue colocada en el centro del bloqueo carretero donde fueron colocadas unidades de transporte para evitar el paso vehicular.

Los profesores exigen al alcalde Alberto Quero les devuelvan los edificios de preescolar, primaria y secundaria; de los cuales fueron expulsados durante el paro que hicieron al inicio de este ciclo escolar.

De igual forma, en la Región de la Mixteca se acciona en las casetas de peaje en la carretera Oaxaca-México donde se deja el paso libre y cuotas “voluntarias”.


Y en la capital continúa la toma de las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública y se reforzó el plantón en el zócalo de esta ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458155/seccion-22-reactiva-sus-protestas-contra-las-reformas-estructurales

Vigilancia de comunicaciones privadas en AL incumple estándar internacional

El derecho a la privacidad que garantizan las Constituciones de los países de América Latina está amenazado por actores públicos y privados que utilizan la tecnología para conocer aspectos de la vida privada de las personas, concluye un reporte de la Electronic Frontier Foundation (EFF).

La legislación que regula la vigilancia de las comunicaciones en México no cumple con los estándares de derechos humanos, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y, en particular, a los defensores de derechos humanos y periodistas, concluye un reporte de la Electronic Frontier Foundation (EFF), que analiza las debilidades de estas leyes en países de América Latina.

El estudio que se publica a nivel internacional este lunes, y del cual Aristegui Noticias presenta un adelanto, señala: el derecho a la privacidad que garantizan las constituciones de todos los países latinoamericanos está amenazado por actores públicos y privados que utilizan la tecnología para conocer aspectos de la vida privada de las personas.

El documento reconoce que es legítimo que el Estado use la tecnología para perseguir el crimen y garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero se debe reconocer que estos procesos son “altamente invasivos” y pueden implicar “graves riesgos a los derechos humanos”.

En México, el derecho a la privacidad está en riesgo porque durante la última década se ampliaron “de manera exponencial las capacidades técnicas y legales para la vigilancia de las comunicaciones”, sin acompañarlas de los contrapesos adecuados, sostiene el documento.

EL PANORAMA DE LATINOAMÉRICA

La EFF presenta un reporte que compara las legislaciones de países latinoamericanos sobre vigilancia de comunicaciones privadas y en cada caso destaca los retos y debilidades.

MÉXICO: DERECHOS HUMANOS EN RIESGO

El análisis sobre México, elaborado por Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), sostiene que las leyes mexicanas no cumplen los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos sobre la Vigilancia de las Comunicaciones, elaborados por organizaciones internacionales.

Se trata de 13 principios que se dieron a conocer en julio de 2013, después de que Edward Snowden filtró a medios de comunicación los complejos mecanismos tecnológicos que utiliza en gobierno de Estados Unidos para espiar a sus propios ciudadanos.

Los principios son:

  • Legalidad
  • Objetivo Legítimo
  • Necesidad
  • Idoneidad
  • Proporcionalidad
  • Autoridad Judicial Competente
  • Debido Proceso
  • Notificación del Usuario
  • Transparencia
  • Supervisión Pública
  • Integridad de las Comunicaciones y Sistemas
  • Garantías para la Cooperación Internacional
  • Garantías contra el Acceso ilegítimo y Recurso Efectivo
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/vigilancia-de-comunicaciones-privadas-en-al-incumple-estandar-internacional/

Dos militares mueren y uno resulta herido tras caía de helicóptero en Ciudad Victoria, Tamaulipas

La Sedena informó que la tripulación del helicóptero estaba conformada por dos tenientes pilotos aviadores, así como un teniente coronel de Caballería que viajaba como observador aéreo, perdiendo lamentablemente la vida el piloto y el observador, resultando herido el copiloto quien fue trasladado vía aérea a un hospital de Ciudad Victoria.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que dos militares murieron y uno resultó herido tras el desplome de un helicóptero en el ejido Constitución del 17, en Tamaulipas, frente al Aeropuerto de Victoria “Pedro J. Méndez”.

En un comunicado, la Sedena detalló que el helicóptero MD-530F, matrícula 1134 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un accidente aéreo a 8 kilómetros al este de Ciudad Victoria.

La aeronave despegó a las 14:21 horas, tiempo local, del Aeropuerto Internacional de la capital del estado, para realizar un vuelo de reconocimiento, sin embargo, éste perdió contacto a las 16:30 horas.

“La tripulación del helicóptero estaba conformada por dos tenientes pilotos aviadores, así como un teniente coronel de Caballería que viajaba como observador aéreo, perdiendo lamentablemente la vida el piloto y el observador, resultando herido el copiloto quien fue trasladado vía aérea a un hospital de Ciudad Victoria”, informó la dependencia.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la caída de la aeronave el piloto solicitó auxilio a través del radio, pues él y otras dos personas, supuestamente policías estatales, habían resultado heridos.


Fuentes extraoficiales informaron que el helicóptero habría derribado con algún objeto contundente desde una brecha, sin embargo, la Sedena aseguró que se trató de una falla técnica.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102485

EPN y los San Román: una amistad a costa del erario

Una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 mdp y en México se pagaron 485 mdp con recursos entregados por el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

Enrique Peña Nieto es un político que gusta mezclar negocios públicos con relaciones personales. En la biografía del mandatario no está sólo la ‘”casa blanca” y  el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, con sus millonarios contratos. Otras historias rozan al mandatario. Ahora, su amistad y compadrazgo con la familia San Román, del Estado de México, apuntan al Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la controvertida constructora española OHL.

El 27 de diciembre de 2005, cuando llevaba unos meses como gobernador del Estado de México, Peña Nieto adquirió a una empresa de Roberto San Román Widerkehr una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, como reveló The Wall Street Journal en enero de 2015.

El valor de esa mansión fue de 5.6 millones de pesos, tiene una superficie de 2 mil 138 metros cuadrados y 850 metros cuadrados de construcción.

Ese mismo mes, la cercanía de Peña Nieto con la familia San Román escaló a un compadrazgo bajo las leyes de la Iglesia católica: Roberto San Roman Dunne, hijo de San Román Widerkehr, se convirtió en padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del ahora presidente.


La revista Quién difundió, aquel mes, una foto de la ceremonia oficiada en la diócesis de Atlacomulco. La recepción incluso se llevó a cabo en los jardines del Hotel del Rey en Ixtapan de la Sal, propiedad de los San Román.

En octubre de 2007, el Gobierno mexiquense lanzó la licitación para construir una de las obras emblemáticas de la administración de Peña Nieto: el Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado, que corre sobre el Anillo Periférico Norte.

La obra fue ganada por la española OHL, en abril de 2008. Una de sus obligaciones como parte de la concesión era adquirir y operar dos barreras móviles que permitieran modificar  el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto para aligerar la carga vehicular en horas pico.

Dicho equipo fue suministrado por la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, uno de los corporativos del magnate norteamericano Warren Buffet.

Sin embargo, OHL lo compró a través de una empresa intermediaria con un nombre casi idéntico al de la empresa estadounidense: Operadora Barrier Systems de México S.A. de C.V. Una compañía no reconocida como proveedor o subsidiaria oficial.

Esa razón social fue registrada en diciembre de 2007 en la Ciudad de México, unas semanas después de que el Gobierno de Peña Nieto publicó la licitación para construir el Viaducto Elevado.

Uno de los dueños de la empresa pertenece a la familia San Román.

Las máquinas vendidas por Barrier Systems a la empresa de San Román tuvieron un precio de 19.6 millones de dólares, unos 240 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. El precio que OHL pagó por la maquinaria a la empresa de los amigos de Peña Nieto, fue de  485 millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros de la empresa.


Es decir, las mismas máquinas fueron pagadas al doble del precio original.

La licitación

El 23 de octubre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno mexiquense, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, lanzó las bases de licitación para construir el Viaducto Elevado, del Toreo de Cuatro Caminos hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Un requisito de la licitación, decía: “Desde el inicio de la construcción y como parte del Proyecto en su primera etapa, se deberá adquirir y poner en operación dos unidades vehiculares ‘removedoras de barrera intercarriles’, incluidas dichas barreras (…) que permitan manipular el sentido de circulación vehicular en carriles de contraflujo”. El propósito era aligerar el tráfico durante las horas pico.

Una de las empresas que se registró en la licitación, fue la española OHL. Esta compañía ya había ganado, en 2003, otra de las grandes obras realizadas en el Estado de México: el Circuito Exterior Mexiquense.

Sin embargo, ésta última empresa con esa razón social, no existe. Tampoco aparece como una subsidiaria o representante oficial de Barrier Systems, en Estados Unidos.

En realidad, OHL compró las barreras móviles a la empresa Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V., propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne y sus socios Jorge Antonio Huau Rachner y Alberto Chapa García.


Dicha empresa, de acuerdo con el Registro de Comercio de la Ciudad de México, fue creada el 11 de diciembre de 2007, siete semanas después de que el Gobierno mexiquense lanzó la licitación.

A través de un correo electrónico, la española confirmó a Aristegui Noticias la operación: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V.”.

La compañía agregó que no tenía conocimiento “sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems”, de Estados Unidos.

El 18 de abril de 2008, el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México declaró ganador a OHL del concurso público para construir el Viaducto Bicentenario.

La concesión de la vía rápida a favor de OHL tiene una duración de 30 años, es decir, concluirá en 2038. La inversión para la construcción y operación de la obra, de acuerdo con el fallo, es superior a los 15 mil millones de pesos.

Desde antes que se lanzara la licitación, el entonces titular de transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo a El Universal:

“El proyecto contempla una barrera móvil en la parte baja para los que vienen de Cuautitlán hacia el Toreo puedan circular con mayor rapidez. Pensamos abrir un carril adicional con una barrera móvil que va a ser a cargo del proyecto; es una máquina que cuesta bastante carito y que va moviendo la barrera en 15 minutos a una velocidad muy rápida y abre un carril adicional para los coches que vienen de allá para acá”.

Ruiz Esparza actualmente es el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.

Los reportes en EU de Barrier Systems

Barrier Systems de Estados Unidos propiedad del magnate  Warren Buffet emite reportes públicos trimestrales en EU. En los informes correspondientes a 2009, dio cuenta de una operación en México.

“Se ha adjudicado un contrato por aproximadamente el 19.6 millones de dólares para proveer máquinas de barrera y barrera de transferencias móviles para un tramo de una autopista en la Ciudad de México”, dice un reporte de abril de 2009.

En ese mismo comunicado, se informó que Rick Parod, presidente y jefe ejecutivo de Lindsay Corporation de la cual es subidiaria Barrier, expresó: “Estamos encantados con la oportunidad de ofrecer una solución, en parte, a los problemas de congestión del tráfico que enfrenta la Ciudad de México.

La compra de las barreras móviles se retrasó durante los siguientes meses. En julio, la empresa reportó: “El proyecto de barrera móvil de la Ciudad de México continúa retrasado hasta la resolución de problemas entre el contratista y el gobierno local. En este punto, la Compañía no puede estimar cuándo o si se resolverán los problemas entre el contratista y el gobierno local”.

El 19 de agosto de ese mismo año, la empresa dio a conocer que había recibido el depósito inicial del proyecto en México y esperaba comenzar el proyecto en el primer trimestre de 2010.

Pero el depósito coincidió con un movimiento que realizó Gerardo Ruiz Esparza a favor de OHL para el Circuito Exterior Mexiquense.

El Circuito Mexiquense y OHL

El 7 de agosto de 2009, doce días antes de que Barrier Systems, en Estados Unidos, recibiera el anticipo pactado por las barreras móviles, el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, firmó el acuerdo 01/2009 con OHL, CON  el cual modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

Bajo este acuerdo, el Gobierno de Peña Nieto entregó como contraprestación un total de 850 millones de pesos a favor de OHL, los cuáles se etiquetaron así: 500 millones para la “adquisición de maquinaría especializada para la gestión de tráfico”.

Todo indica que OHL pudo haber adquirido las barreras móviles con los recursos que le autorizó el Gobierno de Peña Nieto, a través de Gerardo Ruiz Esparza, a cargo del Circuito Exterior Mexiquense y, en consecuencia, a los usuarios de esa vía rápida y al erario mexiquense.

Los otros 350 millones de pesos que dio el Gobierno del Estado de México, encabezado entonces por el hoy presidente, fueron usados por OHL para construir el Museo Torres Bicentenario, en el Paseo Tollocan, de Toluca. Esta obra fue construida por Grupo Higa, el consorcio que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto.

Un reporte de Lindsay Corporation y Barrier Systems, en Estados Unidos, dio cuenta que la entrega de las barreras móviles concluyó en 2010: “Las ganancias de infraestructura aumentaron principalmente debido al aumento de ingresos de las barreras móviles, como resultado del proyecto de carretera de la Ciudad de México completado en la primera mitad del año fiscal 2010”.

Aristegui Noticias tiene en su poder la lista de pedimentos de importación entre Barrier Systems, de EU, y la empresa llamada casi igual propiedad de San Román. La empresa estadounidense estuvo enviando pieza por pieza las partes de las barreras móviles a lo largo de 2009 y 2010.

Las máquinas, en el olvido

En mayo de 2015, el diario El Universal dio cuenta que las máquinas compradas por OHL, a través de la concesión del Viaducto Bicentenario, estaban en el olvido.

La nota daba cuenta de las declaraciones hechas, en 2009, por el Manuel Ortíz García, entonces director estatal de aeropuertos y autopistas de cuota del Estado de México. El funcionario declaró: “El removedor barrera tuvo un costo de 400 millones de pesos,. (…) Estos removedores sólo operaron de forma fugaz en la zona de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, mientras que en Naucalpan nunca operaron para ampliar carriles de circulación en horas pico”.

El texto del periódico incluso dio cuenta que en 2014, el entonces secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, aseguró que la maquinaría pertenecía al Gobierno mexiquense y pedía a OHL que lo entregara.


Unas fotos entregadas a Aristegui Noticias daban cuenta que las máquinas estaban abandonadas en un bajo puente del Circuito Exterior Mexiquense, en la zona de Ecatepec, muy cerca del Centro Comercial Las América.

Días después,  este medio acudió a la zona, pero ya estaba rodeada por una valla y en el interior sólo quedaba una máquina.

Para este reportaje se consultó a Barrier Systems de Estados Unidos, al Gobierno mexiquense y a la familia San Román, pero no han dado respuesta.

La empresa española dijo: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. Sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems (de EU)”.

La oficina de Ruiz Esparza, en la SCT, informó: “La adquisición de las máquinas especializadas para la gestión de tráfico, fue derivada de la necesidad de contar con equipos para mover barreras separadoras de carriles y poder hacer carriles reversibles o en contraflujo en cualquier vialidad donde fuera necesario, con el fin de garantizar un tránsito más ágil”.

Aunque el acuerdo 01/2009 fue firmado por Ruiz Esparza, su oficina dijo que “la modificación a la concesión y los equipos son responsabilidad del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM)”.

La piedra de la corrupción

En julio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció disculpas a los ciudadanos por la compra de la casa blanca, de Sierra Gorda 150, a un contratista de su Gobierno. Aseguró que cometió actos que lastimaron a la investidura presidencial.

Apenas este miércoles 28 de septiembre, durante su participación en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, Peña Nieto volvió a pronunciarse sobre la corrupción:

“El tema de la corrupción, está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar para beneficio de una sociedad que repito es más exigente”.

Sin embargo, hasta ahora se desconocía que la familia San Román, a la cual Peña Nieto está unido por amistad y compadrazgo, resultó beneficiada con un negocio millonario, soportado con  recursos públicos a través de una triangulación de recursos entre la española OHL y el Gobierno del Estado de México, cuando él fue gobernador .


La  familia San Román es la misma que vendió a Peña Nieto una residencia en un club de golf en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde suele descansar los  fines de semana, al lado de su familia y  amigos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: RAFAEL CABRERA, IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/epn-y-los-san-roman-una-amistad-a-costa-del-erario/

ONG identifica 15 cuerpos entre los restos de Patrocinio, donde la PGJE de Coahuila sólo acepta tres

El pasado 7 de octubre, fueron descubiertos tres mil 147 restos humanos, cifra que durante el fin de semana aumento a 4 mil cien. Ante tal situación, la PGJE aseguró que las osamentas fragmentadas pertenecen sólo a tres personas. No obstante, Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios contradijo las afirmaciones de las autoridades coahuilenses, pues señaló que la Policía Científica ha procesado dichos restos con los que se obtuvieron 100 perfiles genéticos, de los cuales sólo han identificado a 15 personas.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Coahuila aseguró que los más de 4 mil restos humanos localizados en ejido de Patrocinio, municipio de San Pedro, pertenecen sólo a tres personas. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, afirmó que las autoridades estatales cuentan con 100 perfiles genéticos de dichas osamentas.


El pasado 7 de octubre, activistas descubrieron tres mil 147 restos humanos, cifra que durante el fin de semana aumento a 4 mil cien, los cuales, presuntamente, fueron enterrados por miembros del crimen organizado, en dicho lugar.

Ante tal situación, la PGJE publicó un comunicado en el cual aseguró que las osamentas fragmentadas, con “un alto grado de carbonización y calcinación”, pertenecen sólo a tres personas, y que es precisamente a esa segmentación, resultado de “una descalcificación en el hueso, originada por la exposición a altas temperaturas inducidas por el uso de hidrocarburos, así como a factores ambientales”, lo que hacer pensar que los restos pertenecen a cientos de personas.

La dependencia argumento que las condiciones en las que fueron encontrados los restos “puede resultar que un gran número de fragmentos que se encuentren en un lugar”, pero puede que “pertenezcan a un solo hueso o a una misma persona”.


No obstante, Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios contradijo las afirmaciones de las autoridades coahuilenses, pues señaló que la Policía Científica ha procesado los restos recién descubiertos en Patrocinio, mismos con los que se obtuvieron 100 perfiles genéticos, de los cuales hasta el momento se han identificado a 15 personas.

En entrevista telefónica para el programa Despierta con Loret, detalló que que no han encontrado cuerpos completos, sino fragmentados, y que no sabe a cuántas personas podrían corresponder, situación que, precisó, hará más difícil identificarlos ya que algunos huesos fueron quemados, y que se convierte en un problema muy serio en México, pero en particular en Coahuila, porque no hay capacidad humana ni técnica para identificar este tipo de restos.

Chamberlin también indicó que las fosas recién descubiertas en San Pedro son campos de exterminio, así como las localizadas en Allende, Piedras Negras y en ranchos cercanos a Parras, también han descubierto fragmentos, la cuales no son las únicas en Coahuila ni en el noreste de México.


Asimismo dijo que hay una deuda de la procuración de justicia en México porque sólo investigan hasta dar con los autores materiales pero que si rascaran un poquito más, descubrirían que en muchos casos hay policías locales involucrados en estos crímenes

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102473