El Dragonario: 03/20/16

domingo, 20 de marzo de 2016

ANTORCHA AYUDÓ A MOREIRA A ESCONDER 1,100 MDP EN EL EDOMEX

El escándalo de la deuda de Humberto Moreira en Coahuila alcanzó también a ex funcionarios federales e involucra a la organización priista Antorcha Campesina, cercana al Presidente Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La maniobra para ocultar 1 mil 100 millones de pesos defraudados al erario de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira utilizó al Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, gobernado por Antorcha Campesina, organización priista con la mayor cercanía al Presidente Enrique Peña Nieto.

Los detalles de cómo se realizó la obtención ilegal del crédito con Banca Santander por los 1 mil 100 millones de pesos que ha llevado a prisión a cercanos de Moreira, también ex presidente nacional del Partido Revolucinario Institucional (PRI), se encuentran en el auto de plazo constitucional existente dentro de la causa penal 16/2012-II abierto por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales del entonces Distrito Federal contra Jorge López Alarcón, uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) involucrados en el timo.

SinEmbargo posee copia completa de este documento.

Básicamente, con la finalidad de obtener el crédito, diversos funcionarios del Gobierno estatal proporcionaron a Santander datos sobre el monto de los activos de Coahuila.

Banco Santander y el Gobierno de Humberto Moreira Valdes formalizaron el crédito por hasta mil 100 millones de pesos el 12 de julio de 2010 firmando, como representante de Gobierno, Héctor Javier Villarreal Hernández, en ese momento Secretario de Finanzas.

Para llegar a este punto, se falsificó la autorización del Congreso de Coahuila para la adquisición de la deuda y, además, la Dirección de Deuda Pública de Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó el visto bueno a favor del estado para la obtención de los recursos.

El crédito quedó anotado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, también dependiente de la SHCP, con el folio 415/2010.

Al respecto, se lee en la acusación penal:


“Sin embargo, el registro anterior carece de toda validez jurídica y resultó apócrifo en virtud de que en los registros de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, ese número corresponde a un contrato de apertura de crédito simple entre el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, como deudor directo, y como acreedor, Banca MIFEL, por la cantidad de 74 millones de pesos”.

Y, fuera de la investigación penal referida, algo llama la atención: actualmente, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios no existe ningún crédito contraído por Chimalhuacán con Banca MIFEL. En el listado aparecen únicamente dos empréstitos de esa demarcación con Banobras, ambos de 2013, uno por casi 30 millones de pesos y el otro por 95 millones de pesos.

En 2010, cuando se efectuó el fraude, Chimalhuacán tenía como Presidente Municipal a Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder en el Estado de México de Antorcha Campesina y eventual jefe nacional de la organización.


CERCANOS

Si bien es claro que Humberto Morerira fue ungido presidente nacional del PRI al término de su Gobierno en Coahuila para acompañar la candidatura presidencial Enrique Peña Nieto, ¿qué relación existe entre el político mexiquense y Antorcha Campesina?

El domingo 21 de junio de 2009, Enrique Peña Nieto vivió el Estadio Azteca repleto de playeras rojas. La marea, más que priista, era antorchista y desbordaba el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.

De esto, de ser un evento electoral y, en consecuencia, un acto anticipado de campaña, se acusaría a Peña Nieto ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). El órgano resolvió la improcedencia de los señalamientos.

Peña estaba ahí para celebrar el 35 aniversario del Movimiento Nacional Antorchista. Vestido con camisa de blanco impecable, sin corbata, presenció el Can Can de Offenbach puesto en escena por los mismos antorchistas.

El Gobernador asintió con la cabeza y habló:


“Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional. Les saludo con gusto y con afecto. Este evento tiene particular significado para esta organización social, porque da muestra evidente de su fuerza y de su capacidad de convocatoria”.

La gente coreó:

“¡Se ve, se siente: Antorcha está presente!”.

Peña sonrió e hizo una pausa. Continuó con el ceño fruncido, aplomado.

“En el Gobernador del Estado de México tienen un aliado porque desde su Gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos”, dijo.

La multitud rugió y así siguió, sin notar el resbalón en el discurso del Mandatario cuando deseó el destierro “del escenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, en esta gran nación, justicia y desigualdad social”.

Peña tardó algunos instantes en reparar que había resbalado y quiso meter reversa en voz baja: “Igualdad”, se corrigió.
Los gritos y la insolación encubrían todo.


Aquiles Córdova devolvió el halago a Peña Nieto:

“México necesita políticos comprometidos con las mayorías… políticos de altura, emprendedores y valientes”, expresó.

Además de Peña acudieron Ulises Ruiz Ortiz, aún Gobernador de Oaxaca, y la entonces Senadora María de los Ángeles Moreno. El festejo, admitieron entonces sus organizadores, costó 4 millones de pesos.



La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública correspondiente a 2011 para ese Fondo Metropolitano, reparó en la adquisición del predio con recursos asignados al Estado de México del Rancho El Pimiango, en el municipio de Texcoco, vecino de Chimalhuacán.

El órgano fiscalizador anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho El Pimiango por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. El contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.

El fin de la compra, se estableció formalmente, fue la reubicación de los asentamientos irregulares ubicados en el Ejido Santa María Chimalhuacán, en el área de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.

La operación ascendió a 165 millones de pesos, en su mayoría provenientes del Fondo Metropolitano. El contrato también incluyó la cesión de derechos por parte de una empresa para el aprovechamiento y explotación del pozo de agua ubicado dentro del terreno adquirido.

La ASF anota que la compra del rancho tuvo una asignación de recursos federales por 125 millones de pesos transferidos el 1 de diciembre de 2011, dos meses y medio después del inicio de gobierno de Eruviel Ávila.

La ASF emitió la siguiente observación:

“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.



Fuente: Sin Embargo
Autor: Humberto Padgett
http://www.sinembargo.mx/20-03-2016/1638278

¿De qué se trata?, ¿para qué tanta lucha?

Tijuana, 18 de marzo.- “Nada… no ha cambiado nada”, dice María, una campesina del Valle del San Quintín quien el 17 de marzo de 2015 salió junto con miles de jornaleros agrícolas a marchar para exigir mejores condiciones laborales.

Advierte que desde ese día a la fecha solo una cosa es diferente: gana 20 pesos más, pero trabaja casi el doble, aunque sigue peleando por sus prestaciones y la existencia de un sindicato que en verdad los represente y defienda.

“Yo, por ejemplo, tengo tres hijos... mi esposo tiene como siete meses que murió, prácticamente en la lucha. Mis niños se quedan en una estancia, y qué bueno que la tenemos pero ya han pasado accidentes de que se caen o salen lastimados y nadie responde... si antes tenía que llenar 40 botes con fresas, ahora son casi 70 y no me dejan ir hasta que los cumplo… ¿de qué se trata?, ¿para que tanta lucha?”, cuestiona al hacer una reflexión sobre su panorama.

Su caso es igual al de otros 60 mil trabajadores del Valle de San Quintín, quienes después del levantamiento del 17 de marzo cuando bloquearon la carretera Transpeninsular, se confrontaron a las corporaciones policiacas, se deshicieron de la unidad blindada conocida como “el tiburón” para protestar y no han visto cambios en sus vidas o en las de sus familias ni en el resto de los campesinos que viven al sur de Ensenada.

Uno pensaría que es mejor, pero todo es más caro

Luis Benítez es un joven de 19 años, trabaja en el rancho agrícola Los Pinos, de los Rodríguez. Llegó de Oaxaca hace un par de meses porque le prometieron mejores condiciones laborales que derivarían del movimiento jornalero, pero gana 900 o máximo mil pesos por semana –100 más que en su lugar de origen, siempre y cuando trabaje siete días de la semana con una prima dominical–.

“Sí, claro que sí, uno lo reconoce, es mejor aquí que allá en el centro... las casitas están mejores y te dan unos pesos más. Pero con todo lo que pasó y salió en la televisión uno pensaría que aquí uno puede vivir como campesino, pero no, todo es más caro también, las tiendas de raya, los servicios, la verdad a veces quisiera regresarme porque no sé si separarme de mi familia valió la pena, y todavía la gente nos sigue despreciando”, lamenta.

Después de la movilización que inició hace un año, de los bloqueos de la carretera federal y múltiples reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno, que en al menos dos ocasiones terminaron en enfrentamientos, se acordó un aumento salarial.

Los jornaleros que ganaban 110 pesos diarios exigieron 200, pero obtuvieron 130 y después terminaron por crear tres categorías: de 150 pesos la primera, 165 la segunda y 180 la tercera, pero a la fecha, ningún campesino gana ese monto.

Abuso a mujeres, alta incidencia

El levantamiento jornalero fue escenario para denunciar que el acoso sexual y laboral contra las mujeres por parte de capataces y encargados de los campos es situación recurrente, por lo que el cese a esas prácticas fue uno de sus principales reclamos.

No se ha informado si se aplicaron medidas correctivas, pero mientras tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CBDH) reportó que casi la mitad de las quejas que se han recibido en lo que va del año por abuso a mujeres por su condición de género corresponden precisamente a Ensenada.

La directora del organismo, Melba Adriana Olvera, detalló que en total son 42 quejas de las cuales 33 son por condición de género y 14 se presentaron en Ensenada que rebasa la estadística de Tijuana que tiene mayor población.

Anunció que antes de que concluya marzo instalarán una mesa de seguimiento a las quejas en el sur de Ensenada para hacer un análisis sobre el tipo de abuso contra la población femenina. Al momento se ha detectado que hay abuso sicológico en los campos laborales –acoso laboral o sexual– y el resto tiene que veer con violencia intrafamiliar derivada de condiciones de pobreza, educación y cultura.

Ruptura campesina, surgen dos sindicatos

El organismo que inició con la lucha por los derechos laborales de los campesinos fue la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social que, en ese entonces, la encabezaban 13 voceros. Después de reuniones, pactos y una serie de señalamientos de corrupción entre sí, terminaron por dividirse y crear dos sindicatos, sin que alguno haya obtenido beneficios para los jornaleros.

La primera agrupación en crearse fue liderada por Justino Herrera –ex miembro del movimiento y líder de la comunidad triqui de San Quintín–, quien con apoyo del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consiguió el registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, dirigido ahora por su secretario general Enrique a la Torre.

“Desde nuestra existencia somos casi unos 500 afiliados, más o menos, pero hay un problema… los patrones y rancheros no cumplieron. No hay mejores salarios, no hay más servicios de salud, tampoco prestaciones y lo peor, ni siquiera un mejor trato, estamos por el camino de dialogar pero no de quitar el dedo del renglón porque hay que decirlo, seguimos igual”, advirtió.

Fidel Sánchez es otro líder de los trabajadores que representa al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agríco-las (Sindja), con un registro de alrededor de 40 jornaleros y unos 350 en proceso de “enlistarse”.

“Empezamos juntos y ahora… nos dividieron. Lo lograron. Pero lo que no lograron es pararnos; con ellos o sin ellos seguimos peleando por nuestros derechos, tal vez desde otras trincheras, desde otros sitios y de maneras distintas, pero al final buscamos lo mismo, un alto a tanta explotación, al enriquecimiento de unos y la miseria de otros, de nosotros los campesinos y de nuestros hijos”, aseguró.

Sánchez señaló que la creación de los sindicatos para los trabajadores del campo “es un gran avance” para romper con las organizaciones “charras” que durante décadas fueron testigos de la explotación laboral de sus agremiados y nunca hicieron nada, pero “lo que sí hicieron fue enriquecerse pactando con los empresarios”, sin contemplar las necesidades de los jornaleros.

Los representantes campesinos coincidieron en denunciar que los ranchos agrícolas han emprendido una campaña de presión y amenazas contra sus trabajadores para que permanezcan en los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), ambos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se unen organizaciones civiles a marchas

El 17 de marzo se cumplió un año de la movilización de campesinos, por lo que activistas y representantes de los trabajadores como Fidel Sánchez y Gloria Gracida, hicieron un llamado para asistir a una marcha que organizan para las primeras horas de ese jueves que partirá del Valle de San Quintín para finalizar en el Faro de Playas de Tijuana.

Su intención es que la caravana termine en el muro que divide a México con Estados Unidos para reunirse con integrantes de organizaciones de Estados Unidos que también luchan en favor de los jornaleros bajacalifornianos.

Entre sus propósitos se encuentran el hacer visible el boicot contra las agroindustrias que operan al sur de Ensenada y que mantienen la explotación de sus trabajadores.

Además de ser hija de padres campesinos, Gracida es maestra y activista. Desde que inició el movimiento ha encabezado la campaña en otros países en contra de la compañía Driscoll's, dedicada a la producción de fresas y que tiene como afiliada a Berrymex en San Quintín, la cual es señalada como una de las agroempresas con peores condiciones laborales.

“Lo único que siempre hemos exigido son nuestros derechos, nada más, ninguna otra cosa que no merezcan o ¿ser campesino significa resignarse a morir de hambre? Hemos buscado replicar el boicot y lo hemos llevado hasta Nueva York, lo hicimos en California y lo haremos en más partes del mundo, la gente tiene que saber que a veces el costo de una canasta de fresas es la vida de un trabajador”, advirtió.

Miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) también participarán en la movilización, dijo uno de los representantes en Tijuana, Rogelio E. Méndez, quien además detalló que apoyarán con despensas y diferentes artículos de necesidad para las familias de los campesinos en San Quintín.

“Si bien no somos como tal el movimiento, tenemos que pensar en nuestra gente, Muchos de ellos son hermanos indígenas que vienen del centro del país y que llegan esperando mejores oportunidades, pero al estar aquí se enfrentan a todo, ir y acompañarlos es nuestra forma de decir que aquí estamos, lo hicimos al principio y lo haremos de nuevo”, señaló.



Fuente: La Jornada Baja California
Autora: Gabriela Martínez
http://jornadabc.mx/tijuana/18-03-2016/de-que-se-trata-para-que-tanta-lucha

Driscoll's busca esclavos no trabajadores: jornaleros

Tijuana, a 20 de marzo.- La empresa Discroll's busca esclavos no trabajadores, aseguró el dirigente del Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo Rodríguez, al llegar al Faro de Playas de Tijuana, luego de cuatro días de una caminata de protesta que realizaron desde San Quintin.

El dirigente explicó que la marcha se realizó en conmemoración del aniversario del levantamiento de jornaleros en el Valle de San Quintin, que se registró el 17 de marzo del 2015.

Lorenzo Rodríguez señaló que desde entonces a la fecha las condiciones siguen siendo las mismas, ya que algunos ranchos continúan pagando hasta 130 pesos por jornadas de trabajo de 12 horas, ello a pesar de la firma de los acuerdos con el gobierno.

El dirigente sindical aseguró que por eso se mantienen en pie de lucha impulsando el boicot comercial internacional en contra de la empresa exportadora de fresas de San Quintin Driscoll's.

Lorenzo Rodríguez destacó también que en este boicot participan organizaciones y sindicatos de Estados Unidos para presionar a empresas trasnacionales como Walmart y Costco, para que no distribuyan estas fresas conseguidas con la explotación de los jornaleros.

Explicó que está empresa aunque paga 180 pesos, mantiene jornadas de 12 horas diarias, seis días a la semana y si por algún motivo un trabajador falta le descuentan 30 pesos diarios durante una semana.

Por su parte, el dirigente de los jornaleros, Fidel Sánchez, dijo que "Driscoll's está acabando con la humanidad, por que se está llevando el agua".

Los jornaleros también tuvieron un encuentro con organismos y sindicatos americanos que llegaron por la playa y dialogaron a través de la malla divisoria hasta donde llegaron representantes de 53 organizaciones de ese país, que no pudieron acercarse a la malla por la presencia de elementos de la patrulla fronteriza que lo impidieron.

Sin embargo, instantes después dirigentes americanos se acercaron unos momentos a la malla escoltados por agentes migratorios y el mítin se trasladó al parque binacional.



Fuente: La Jornada Baja California
Autor: Hamlet Alcántara
http://jornadabc.mx/tijuana/20-03-2016/driscolls-busca-esclavos-no-trabajadores-jornaleros

“Tengo miedo del gobierno mexicano”: Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En una entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui para la cadena CNN Español, la actriz Kate del Castillo confiesa que teme al gobierno mexicano.

La entrevista, la primera que Del Castillo concede en español, saldrá en un programa especial de CNN Español los próximos martes y miércoles a las 11:00 pm hora del este de Estados Unidos.

Cuando Aristegui le pregunta a la protagonista de La Reina del Sur si teme alguna represalia y teme por su vida, Del Castillo responde con voz entrecortada: “Tengo miedo del gobierno mexicano”.

La actriz habla de su polémica relación con Joaquín El Chapo Guzmán, preso en el penal del Altiplano.

En el promocional de la entrevista, se observa que Aristegui le pregunta a Kate si Sean Penn resultó una “caja de sorpresas” y si consideraba eso una “traición”.

En una entrevista transmitida el viernes pasado, Del Castillo respondió “¡Lo siento!” al ser cuestionada por la periodista estadunidense Diane Sawyer sobre su reunión con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Soy una mujer honorable… lo siento”, justificó la actriz mexicana durante el programa 20/20, de la cadena de televisión estadunidense ABC, transmitido en horario estelar.

El programa “especial” de una hora fue dedicado en su totalidad a la entrevista con Del Castillo sobre su reunión con Guzmán Loera en octubre del año pasado, meses antes de la segunda recaptura del capo, ocurrida el 8 de enero pasado en Los Mochis, Sinaloa.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/434140/tengo-miedo-del-gobierno-mexicano-kate-del-castillo

De Tlatelolco a Ayotzinapa, continuidad del autoritarismo

El mes pasado la televisión pública holandesa transmitió el documental Gustavo Díaz Ordaz: Todo tiene un límite, el cual establece paralelismos entre la matanza de Tlatelolco y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para mostrar lo que para su autora, Stefanie de Brouwer, es una “tiranía invisible” que ha controlado México desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hasta la fecha. La periodista confiesa que su experiencia en este país ha sido “la más asfixiante” por ese abuso impune del poder de la autoridad: “Más que en los países africanos que también se presentan como democracias y que todos saben que no lo son”.

BRUSELAS (Proceso).- El video, tomado en la oscuridad con un teléfono celular, es confuso y angustiante. Un grupo de jóvenes de la normal de Ayotzinapa les grita a los policías que les disparan que ya le “dieron” a uno de sus compañeros: se trata de Aldo Gutiérrez, de 19 años, quien yace en el suelo con un balazo en la cabeza que lo dejó en coma desde entonces.

“¡Ya mataron a uno! ¡Espérense! ¡Llamen a una ambulancia!”, clama desesperada una voz. De fondo y en aparente contradicción con el drama que se intuye, se escucha una música triste que aumenta la pesadumbre de esa escena ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, episodio en el cual la Policía Municipal detuvo a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa, quienes desde entonces están desaparecidos.

La imagen forma parte de un documental holandés; la siguiente es una toma diurna de esa normal guerrerense. Jóvenes alumnos caminan, van de un aula a otra. El narrador interviene: “Hacia afuera (México) parece una democracia, pero hacia adentro existe una represión que no quedaría mal en una dictadura. La tiranía invisible que controla México se hizo visible para el mundo entero en 2014 con la desaparición de 43 estudiantes…”.

El documental fue producido por la televisora pública holandesa VPRO y transmitido el 6 y el 10 de enero pasados como parte de la serie histórica Speeches (Discursos).

Titulado Gustavo Díaz Ordaz: Todo tiene un límite, el trabajo periodístico de la televisión holandesa es excepcional en la manera en la cual relaciona dos acontecimientos que han marcado la historia de México. El documental de 48 minutos relata la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, durante el gobierno de Díaz Ordaz, y en paralelo presenta a los televidentes holandeses el más reciente capítulo de violencia, ahora contra los estudiantes de Ayotzinapa, con otro régimen priista, el de Enrique Peña Nieto.

La periodista que realizó el documental, Stefanie de Brouwer, explica a Proceso que “la idea fue partir de un hecho de actualidad y después acudir a la historia.

“Cuando me puse a investigar –relata–, me percaté de que había una relación entre esos casos, el del 68 y Ayotzinapa, e incluso me enteré que el historiador Sergio Aguayo estaba escribiendo un libro sobre el tema. Mi intuición fue correcta y decidimos realizar el documental.”

Autoritarismo histórico

El documental arranca con un filme de archivo en blanco y negro de un mitin en 1968, en el cual una joven estudiante se dirige a sus compañeros. Nerviosa y a punto del llanto, dice que hay tanques en el Zócalo. “Agreden a todos, mujeres, hombres y niños. Pisotean la Constitución. No hay libertad de palabra. ¡No somos guerrilleros, somos estudiantes! ¡Que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos su juventud!”.

El narrador expone una síntesis de lo que el programa plantea a los televidentes, mientras se observa en la pantalla una manifestación de protesta contra la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa:

“Cada discurso tiene su propia historia. En México, un país fracturado por la guerra contra las drogas, desaparecieron 43 estudiantes después de un enfrentamiento violento con la policía. Los estudiantes estaban en autobuses; querían ir a conmemorar un evento que sucedió hace casi 50 años.

“En ese entonces (1968), decenas de estudiantes, cientos según algunos, fueron asesinados por disparos de metralletas salidos de la nada. ¿Por qué tenían que morir? Nadie puede responder esta pregunta de manera satisfactoria: es uno de los misterios históricos del país”, prosigue.

Las palabras que dan título al documental forman parte del discurso que pronunció Díaz Ordaz en su cuarto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1968, un mes antes de la matanza de Tlatelolco:

El discurso original, con todo y la interrupción de los diputados al presidente para aplaudirle de pie, aparece en cuadro: “Se cuentan por centenares los casos en toda la extensión de la República en que estudiantes o seudoestudiantes se posesionan violentamente de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores y maestros, llegando inclusive a su secuestro (…) Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo”.

Esta última parte se repite varias veces a lo largo del documental para situar al telespectador holandés en el fondo del tema: el autoritarismo –pasado y presente– del régimen mexicano.

De Brouwer recabó los testimonios de Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha, y Luis González de Alba, líderes del 68, y entrevistó al periodista Jacinto Rodríguez Munguía, quien, luego de una investigación en el Archivo General de la Nación, sostiene la hipótesis de que el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, manipuló a Díaz Ordaz para que usara mano dura contra los estudiantes, y que incluso pudieron ser francotiradores a su servicio quienes iniciaron el tiroteo en Tlatelolco.

La periodista holandesa también charló con el normalista José Luis Méndez Pérez, uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala en septiembre de 2014.

El documental de la televisora holandesa está estructurado como un juego de espejos: continuamente salta de una época a otra, de tal modo que el televidente comprenda los paralelismos entre el 68 y la desaparición de los 43 normalistas.

La realizadora incluye un diálogo con Omar García, uno de los voceros de los estudiantes, mientras se dirigen a una actividad política en un autobús de la compañía Costa Line “secuestrado”.

El narrador del documental señala que el Estado cerró los fondos para la normal de Ayotzinapa por su “potencial amenaza” contra la autoridad, pero que los estudiantes tienen “formas no muy ortodoxas” para seguir funcionando. “El estacionamiento (de la escuela) está lleno de camiones de Coca-Cola y autobuses secuestrados”, precisa la voz.

–¿Este autobús es uno detenido? ¿O cómo lo veo? –le pregunta, medio confundida, la periodista holandesa.

–Hasta el momento no ha habido ninguna queja de las empresas de autobuses. Ninguna ha denunciado o le ha pedido al gobierno: “Queremos que rescaten nuestros autobuses o a nuestros choferes” –responde García, y explica que hay convenios con las líneas de autobuses para utilizarlos.

–¿Entonces la empresa está con ustedes?

–No es un convenio… ¿cómo se puede decir?… de plena voluntad, pues… Más bien es un convenio que nos conviene a ambos: nosotros nos transportamos (…) y la empresa se ve beneficiada en que sus autobuses no sean maltratados.

–¿Entonces hay un contrato social?

–Algo parecido…

Desprotegidos

El documental deja notar cierto pesimismo al afirmar que los estudiantes de Ayotzinapa “perdieron toda la inocencia y no esperan nada del Estado”, en tanto que los muchachos que se manifestaban en el 68 “todavía creían que con argumentos podrían convencer al gobierno” de sus exigencias de mayor apertura.

El comentario final es un balde de agua helada: “Las familias y padres de los 43 estudiantes todavía se encuentran en la oscuridad. Pero no quieren dejar de pensar que siguen vivos… en contra del sentido común”.

–El documental muestra que en México hay un problema estructural de violencia de Estado, de violaciones a los derechos humanos, de represión contra los estudiantes –le comenta este corresponsal a De Brouwer.

–Sí, es la información que contiene el documental.

–¿Y qué lectura de los hechos pretende transmitir a los televidentes holandeses?

–Quería explicar sobre todo qué pasó con los muchachos de Ayotzinapa. Su desa­parición fue una noticia que llamó mucho la atención en Holanda. Quería contar la historia detrás de esta noticia de actualidad. Sobre México siempre se habla del narcotráfico, un problema que existe y que es enorme; pero yo quería informar que hay algo mucho más grave en el país y que existe desde hace mucho tiempo. El objetivo es dar un panorama más profundo de lo que sucede.

–¿Y cuál es ese problema más profundo?

–Lo que más me ha impactado de México es la falta de orden jurídico. Nadie está protegido contra la fuerza del Estado, contra la policía. Eso me parece más importante tratándose de un país que se considera una democracia.

De Brouwer comenta que ha viajado por todo el mundo, y asegura que su experiencia en México ha sido “la más asfixiante” por ese abuso impune del poder de la autoridad: “Más que en los países africanos que también se presentan como democracias y que todos saben que no lo son”.

En el documental no hay una referencia directa al presidente Peña Nieto ni a su gobierno. Sólo aparece un instante una pancarta con su imagen y su nombre durante una manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México.

Según la periodista holandesa, “la prioridad no era denunciar a algún gobierno, sino explicar un fenómeno político” más amplio.

Peña Nieto visitará Holanda los próximos 30 y 31 de mayo. A finales de enero pasado, un grupo de mexicanos residentes en ese país lo declaró persona non grata. En una carta pública declararon: “La invitación hecha a un presidente que encabeza un gobierno corrupto y violador de derechos humanos demuestra que para los Países Bajos, igual que antes para el Reino Unido y Francia, los intereses económicos siempre tendrán prioridad”.

–¿El gobierno de Holanda debe abordar con Peña Nieto los problemas que plantea en su documental, o al menos el tema de Ayotzinapa? –se le cuestiona a De Brouwer.

–Sí. El papel de Europa, y de Holanda, es hablar de estas cosas. El problema de siempre es cómo, cómo hacerlo de una manera que pueda influir para demostrar que sí somos críticos. Tendríamos que hacer más, pero es muy difícil.



Fuente: Proceso
Autor: Marco Appel
http://www.proceso.com.mx/433980/tlatelolco-a-ayotzinapa-continuidad-del-autoritarismo

Juez que liberó a Moreira dio conferencias en México con Baltasar Garzón, exasesor del PRI

MADRID (proceso.com.mx).- El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien dejó en libertad al priista Humberto Moreira en la investigación en su contra por blanqueo de capitales y relación con el crimen organizado, participó en varias conferencias organizadas en México por su excompañero Baltasar Garzón, quien en 2011 asesoró al entonces dirigente nacional del PRI, reveló este domingo el diario El Español.

La publicación basa su investigación en la información publicada el pasado 3 de febrero por la agenciaApro, titulada “El entramado política tras la liberación de Moreira”, en la que se desvelaron las asesorías que Garzón dio al CEN del PRI, en agosto de 2011, que sirvieron para la construcción de la plataforma política que llevó a Enrique Peña Nieto al poder.

Y cómo, meses después, Garzón organizó conferencias en México en las que uno de los participantes fue el juez Pedraz, hoy al frente de la causa contra Moreira y quien decretó su libertad para sorpresa de la opinión pública y parte de la judicatura española.

También se alude a la fotografía que en esos días se les tomó juntos a Garzón, Moreira y al hermano de éste, Rubén, entonces gobernador electo, departiendo alrededor de una mesa. El diario digital español publica dicha imagen.

El reportaje de Apro documentó los cruces en las biografías de los principales actores: Moreira, Baltasar Garzón (a quien se le pidió inicialmente encabezar la defensa pero que declinó, según fuentes de la investigación), Santiago Pedraz; el abogado de Moreira, Manuel Ollé y Antonio Navalón, señalado en España como un “conseguidor” y que ha estado involucrado en algunos de los mayores escándalos político-financieros.

Seis meses después de la asesoría de Garzón al PRI de Moreira, organizó junto con Antonio Navalón algunas conferencias sobre seguridad y derechos humanos en las que participó el juez Santiago Pedraz.

La información de El Español, firmada por el periodista Daniel Montero, señala que desde hacía un año, fiscales y agentes de la Policía Nacional seguían los pasos de Moreira ante la sospecha de que utilizaba España para blanquear parte de los fondos detraídos en su etapa como gobernador de Coahuila.

El 15 de enero, horas antes de su detención, los agentes de la policía avisaron a la Audiencia Nacional de su llegada con una llamada, según confirmó este medio. El juez Pedraz les explicó que tenía un compromiso ineludible y pidió a los agentes que siguieran al político mexicano durante el fin de semana.

Sin embargo, los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) replicaron que no había personal suficiente para monitorearlo y había riesgo de que Moreira escapara. “Era mejor hacer la detención cuanto antes”, señala.

Fue entonces cuando el juez Pedraz llamó a su compañero José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ese fin de semana entraba de guardia. Pedraz le pidió a su compañero que tomara declaración a Moreira y le explicó los pormenores de la operación que llevaba abierta desde hacía un año.

Fue entonces que se detuvo a Moreira cuando descendió de un vuelo procedente de México. El expresidente nacional del PRI pidió la asesoría legal de Baltasar Garzón.

La defensa la llevó entonces Manuel Ollé, un reconocido abogado y especialista en derechos humanos, quien en su historial profesional ha sido protagonista de varios de los casos más mediáticos instruidos por Garzón en su etapa como juez: el proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet y otro contra los implicados en la dictadura argentina.

Ollé también fue representante legal de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en su denuncia contra el genocidio en Guatemala presentada en 1999. En aquella ocasión fue Santiago Pedraz el juez instructor.

El juez De la Mata mandó a prisión a Moreira, de acuerdo con la petición de la Fiscalía Anticorrupción española. Cuando el juez Pedraz retomó su causa contra el político mexicano y otros, tomó declaración al exgobernador de Coahuila y recibió la documentación de la defensa que alegaba que los recursos que le fueron transferidos desde México eran conseguidos de forma lícita y permitió la libertad del político con la condición que no abandonara el territorio español, para lo cual le retiró el pasaporte.

Cinco días después decretó su libertad y le devolvió el pasaporte. La Fiscalía considera las pruebas insuficientes para acreditar la licitud del dinero que le fue transferido desde México a Moreira.

El exdirigente del PRI abandonó de prisa España para refugiarse en México y desde ahí aseguró que era objeto de un ataque a su honor.

Tras solicitar el sobreseimiento de la causa contra Moreira, la fiscalía presentó un recurso contra la decisión del juez, que está pendiente de ser resuelta por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.


Fuente: Proceso
Autor: Alejandro Gutiérrez
http://www.proceso.com.mx/434130/juez-espanol-del-caso-moreira-participo-en-conferencias-baltasar-garzon-exasesor-del-pri

Desaparición de mujeres y niñas en Tlaxcala sucede con la mirada y simulación de las autoridades

Ante el alto número de casos de mujeres y niñas desaparecidas en el estado de Tlaxcala -muchos de ellos que podrían estar ligados a las redes de trata- el próximo lunes 21 de marzo, la titular de la Procuraduría General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez, comparecerá ante el Congreso del estado para que rinda cuentas por el fenómeno. No obstante, el jueves 17 de marzo, los diputados tlaxcaltecas modificaron el acuerdo inicial, y la reunión con la procuradora se hará a puerta cerrada.

Ante este hecho, diversas organizaciones de la sociedad civil repudiaron la decisión, y consideraron que forma parte de la simulación que existe en el estado de Tlaxcala. Señalaron que el avance que representaba el llamar a comparecer a una servidora pública quedó truncado con esta decisión de los legisladores.

Al respecto, Karla Michel Sala, abogada integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, apuntó que de mantener esta postura, se perdería una oportunidad para que la funcionario rinda cuentas y explique el porqué ha avanzado tanto el fenómeno y sobre todo, la actuación omisa de la dependencia a su cargo.

Cabe recordar que la comparecencia de la procuradora se detonó luego del caso de desaparición de la niña de once años, Karla Romero Tezmol, en donde la PGJ de la entidad a más de 60 días no tiene líneas de investigación, de manera tardía aplicó protocolos de búsqueda y se ha negado a abrir una averiguación previa a pesar de los indicios que la menor puede ser víctima de trata.

“El 3 de marzo, el pleno del Congreso decide adoptar un punto de acuerdo a través del cual se solicita la comparecencia de la procuradora. En la legislatura es la segunda vez que se aprueba un punto de acuerdo con estas características.

“Este era un hecho histórico porque permitía un ejercicio democrático de rendición de cuentas, no sólo para el caso de Karla Romero Tezmol, sino para todos los casos de desaparición de Tlaxcala, que como se sabe es una de las violaciones graves a DDHH que se están presentando en la entidad, dicho por la propia ONU que tiene a Tlaxcala identificado como la capital de la trata”, dijo.

En lo referente, la abogada señaló que esta oportunidad para “sentar a la procuradora a que informe cual es el estado que guarda cada una de las investigaciones se ha perdido con la decisión que tomó la Junta de Gobierno y de Concertación Política”, en donde “decide que en la reunión sólo estarán los diputados, sin medios de comunicación, sin OSC, sin familias, es decir no vamos a enterarnos exactamente que van a discutir y cuál es la información que le van a solicitar a la procuradora”.

De mantener esta actitud, dijo Salas, se está tirando por la borda la posibilidad de que las familias puedan conocer de voz de la procuradora cuáles son los motivos que han llevado a que “de forma sistemática la PGJ se niegue a iniciar averiguaciones previas y que por tanto no se investigue”.

Asimismo, la jurista señaló que esta actitud forma parte de una política de simulación que se ha dejado ver en el estado. Dijo que el hecho “es preocupante en términos de acceso a la justicia para las familias y el derecho a conocer que está ocurriendo en Tlaxcala con estas desapariciones, que pueden estar vinculadas a las redes de trata, que operan desde hace varias décadas”.

Ante este panorama, el aboga David Peña, integrante del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que este viernes 17 de marzo, se entregó al Congreso del Estado una misiva firmada por 100 organizaciones nacionales en donde se pide a los legisladores cambiar el acuerdo y permitir que la comparecencia sea abierta al público.

Enfatizó que resulta importante que la comparecencia sea abierta como una medida de rendición de cuentas, sobre todo ante el contexto de desapariciones y trata de mujeres y niñas que se vive en Tlaxcala y el llamado corredor de la trata formado por varios municipios, entre ellos San Pablo del Monte.

“Si no tenemos una respuesta y una modificación del acuerdo, lo que vamos a hacer es una comparecencia pública a las afueras del Congreso, en donde les expresamos a los diputados la verdadera situación de las desapariciones en Tlaxcala.”

El jurista reiteró que este hecho es parte de una simulación. No obstante, dijo, si continúa la decisión se realizará a la 9:00 horas el acto afuera del recinto de los diputados.

“Decimos que es un acto de simulación adentro del Congreso, pero si no hay cambio en donde se nos permita participar, nosotros daremos nuestra competencia a las afueras, en donde señalemos la problemática, la forma en que opera las redes de trata para contrarrestar y presentarles a los diputados la otra realidad sobre la desaparición de niñas y mujeres”, dijo.

Por último, la abogada Miriam Pascual, integrante de la Red Retoño -que ha acompañado el caso de Karla Romero Tezmol- llamó a los diputados a rectificar. Manifestó que el la situación es grave, sobre todo por la actuación de las autoridades. Recordó que el caso de Karla Romero, que han acompañado desde el mes de enero, demuestra la omisión de las PGJ para dar seguimiento a este tipo de casos.

“Siendo Tlaxcala un estado con una cifra alarmante de desapariciones de mujeres, y niñas, solicitamos que el Congreso llamara a comparecer a la procuradora del Estado para que diera explicación por estas irregularidades, que explicara porque en Tlaxcala las redes de trata trabajan con tanta facilidad”, concluyó.



Fuente: Revolución 3.0
Autor: Edgar Rosas
http://revoluciontrespuntocero.com/desaparicion-de-mujeres-y-ninas-en-tlaxcala-sucede-con-la-mirada-complaciente-de-autoridades-pgj-simula-investigacion/

#Querétaro En enero levantaron y narcotizaron a dos jóvenes para abusar de ellas: T´ek´ei

En el mes de enero, dos jóvenes mujeres fueron ´levantadas´ en la vía pública; a ambas se les obligó a inhalar una sustancia con la que habrían perdido el conocimiento y durante un día nada se supo de ellas; al volver a sus hogares, aunque no recordaban lo que sucedió, mostraban señas de abuso físico y sexual.

Los casos se registraron en las colonias La Loma y Reforma Agraria. La organización T´ek´ei acompañó a las familias durante la denuncia por desaparición y posteriormente a las víctimas, que fueron localizadas entre 24 horas y un día después, cerca de sus domicilios.

Cabe señalar que las dos afectadas fueron sustraídas cerca de su casa o lugar de trabajo, por lo que al considerar que su entorno era peligroso, solicitaron protección a las autoridades, misma que les fue negada porque no se identificó al responsable, de acuerdo a la activista Aleida Quintana.

“Es importante que haya un trato digno hacia las víctima, un proceso de seguridad para ellas y para quienes denuncian lo que está pasando, e investigaciones que den con el paradero de los responsables, que hasta el momento siguen libres”, expresó.

Y no sólo en la capital queretana las mujeres enfrentan agresiones similares: en el municipio de Cadereyta se registró el caso de una joven a la que se le inyectó un narcótico, aunque ésta pudo escapar y ponerse a salvo.

Todos los casos fueron denunciados oportunamente ante el Ministerio Público y salen a colación ante lo sucedido la noche del pasado miércoles, cuando una joven fue obligada a abordar una camioneta, en la que fue trasladada a un lugar solitario para abusar sexualmente de ella, en las inmediaciones de la carretera a Chichimequillas.

“Como estos casos hay muchos casos más, donde las jóvenes están denunciando que están siendo acosadas, seguidas en la vía pública intentando ser levantadas e intentando ser víctimas de abuso sexual”, puntualizó Quintana Ordaz.


Fuente: Express Metropolitano
Autor: Redacción
http://www.expressmetropolitano.com.mx/2016/03/18/enero-levantaron-y-narcotizaron-a-dos-jovenes-para-abusar-de-ellas-tekei/

Cárteles mexicanos, desafío del posconflicto colombiano

No sólo se trata de acabar una guerra de más de medio siglo. El gobierno colombiano ya piensa en lo que vendrá después de que firme la paz con la guerrilla de las FARC. Y más allá de abatir los índices de marginalidad y pobreza extrema en las zonas que controlaron los rebeldes, un nuevo problema se avizora: el narcotráfico mexicano. Ahí, donde el Estado reculó ante el enemigo, es donde se planta la hoja de coca y se procesa la droga que anhelan los cárteles de Sinaloa y Jalisco.


BOGOTÁ (Proceso).- Ante la inminencia de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de este país tiene ya la mira puesta en el posconflicto y en los desafíos institucionales que implicará garantizar que la pacificación en su territorio sea real y sostenible.

Después de 52 años de guerra y del abandono estatal de extensas zonas rurales azotadas por el conflicto, por la pobreza extrema y por el narcotráfico, el gobierno colombiano proyecta recuperar esos territorios –donde las FARC tienen notable influencia– con políticas públicas, presencia institucional, inversión social y una estrategia de ­seguridad.

De acuerdo con el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, la paz permitirá al Estado colombiano abatir la marginación en el campo, el principal escenario de la confrontación armada y donde la pobreza afecta a la mitad de la población, y responder con más eficacia a la histórica violencia que ha golpeado al sector rural.

Y para ello, afirma, dos de los principales componentes del posconflicto serán la inversión social y el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública y los organismos de justicia en las áreas donde se desmovilizarán unos 16 mil 500 guerrilleros y milicianos que, según estima el Ejército, tienen las FARC.

Según un plan anunciado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “cuando venga la paz y las FARC dejen esas zonas donde están protegiendo actividades delincuenciales, como minería ilegal o narcotráfico, tenemos que copar inmediatamente ese espacio para evitar que lo ocupen bandas criminales”.

La estrategia del gobierno prevé el aumento de efectivos de la Policía Nacional de Colombia (PNC) y la creación de grupos de fuerzas especiales y un servicio de inteligencia integrado para combatir a las bandas criminales (bacrim).

Cárteles al acecho

Fuentes de la PNC dicen a Proceso que uno de los retos del posconflicto será evitar que los cárteles mexicanos de la droga financien a las bacrim locales para asegurar el abasto de la cocaína.

“Tenemos informes de que existe preocupación de los narcotraficantes mexicanos de que una salida de las FARC del negocio de la cocaína haga caer la producción y el suministro. Ellos están buscando asegurar el negocio y tienen el dinero para financiar a sus socios colombianos”, asegura una de las fuentes consultadas.

Según un reporte de inteligencia de la PNC, el Cártel de Sinaloa es la organización delictiva mexicana con mayores “alianzas criminales” en Colombia, mientras que el de Jalisco Nueva Generación “ha ampliado sus redes con las bacrim colombianas en el proceso de reconfiguración del negocio del narcotráfico a nivel regional”.

Los cárteles de Juárez, del Golfo y Los Zetas registran un notable descenso en sus contactos con traficantes de drogas colombianos, agrega el informe.

El documento de cinco páginas de la PNC asegura que en los últimos cuatro años los principales proveedores de cocaína de los cárteles mexicanos han sido “las FARC, las bacrim y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que está en pláticas exploratorias con el gobierno para iniciar un proceso de paz)”.

Con la inminente salida de las FARC del negocio, como parte de los compromisos asumidos por esa guerrilla en los acuerdos de paz, “se presentará un proceso de transformación criminal en Colombia”, agrega.

Entre los escenarios que anticipa la PNC con la desmovilización de las FARC, que podría comenzar a finales de este mes, está “una mayor fragmentación y geolocalización del delito con estructuras con menor nivel de cohesión y cobertura”.

Las bacrim y el ELN podrían cobrar más protagonismo en el negocio de la producción y procesamiento de hoja de coca y “los nexos de los narcotraficantes colombianos y cárteles mexicanos se fortalecerían y extenderían”.

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, indica que el ELN ha ocupado espacios que han dejado las FARC en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño –donde se concentra 36% de los plantíos de hoja de coca del país–, y ha recibido “a parte de los hombres” de esta guerrilla que no aceptan la desmovilización.

Restrepo considera que algunos otros efectivos de las FARC, inconformes con los acuerdos de paz, acabarán engrosando las filas de las bacrim.

Según el reporte de la PNC, en la reconfiguración del negocio de la cocaína, que se avecina con la firma de la paz, es previsible que “se refuerce el despliegue de contactos de los cárteles mexicanos que han enviado a delegados al país en búsqueda de proveedores de estupefacientes para suplir el vacío que va a generar la salida de las FARC” de esa actividad, la cual les ha servido para financiar la guerra contra el Estado colombiano.

“Comisionados mexicanos”

El politólogo y experto en seguridad Ariel Ávila señala que las FARC operan en 281 municipios del país –la cuarta parte del total–, en 190 de los cuales hay presencia de negocios ilegales, como minería clandestina y siembra y procesamiento de hoja de coca.

En la mayoría de esos municipios operan organizaciones criminales con capacidad de reemplazar a las FARC en los negocios ilícitos una vez que se desmovilicen, dice Ávila.

“Eso significa que existe un riesgo muy grande de que en las dos terceras partes de los municipios donde hoy está la guerrilla otros grupos lleguen a tomarse esos mercados ilegales”, afirma.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación considera que, en ese escenario, los cárteles mexicanos, que son los que concentran las grandes ganancias del tráfico de cocaína, presionarán a las bacrim colombianas “para que copen esos territorios y garanticen el abastecimiento de droga”.

Dice que en las regiones cocaleras “se habla de que los cárteles mexicanos están enviando comisionados para financiar, con préstamos, esa transición, sin que eso quiera decir que las organizaciones mexicanas del narcotráfico vayan a tener en Colombia estructuras propias armadas”.

Para Ávila, mientras los mercados de la droga mantengan su alta demanda, será inevitable que los centros de producción hagan todo lo posible por abastecerlos.

“Eso va a pasar, pero lo importante es que eso pase con muy poca violencia y que no ocurra en todas las zonas donde se van a desmovilizar las FARC”, sostiene el investigador de los fenómenos criminales y maestro en sociología.

Dice que, además, es “casi inevitable” que los cárteles mexicanos se mantengan al margen del posconflicto colombiano pues son los que se encargan de introducir a Estados Unidos 80% de la droga que se produce en Colombia y “van a buscar a toda costa mantener el abastecimiento”.

El coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, quien se dedicó a estudiar los fenómenos de violencia tras dirigir en los noventa el Bloque de Búsqueda que capturó a los principales jefes del Cártel de Cali, considera que los cárteles mexicanos de la droga forman parte de las “nuevas amenazas” que afectarán la seguridad pública tras la desmovilización de las FARC.

De acuerdo con el maestro en estudios políticos y analista militar, la firma de la paz con esa guerrilla y una eventual negociación con el ELN significarán el fin de la guerra interna, “pero quedará el crimen organizado local y trasnacional como el mayor desafío de seguridad”.

De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos, las plantaciones de hoja de coca en Colombia llegaron en 2014 a 69 mil hectáreas, 44% más que en 2013, y todas se localizan en zonas de fuerte presencia guerrillera.

Esa cantidad de cultivos alcanza para producir 442 toneladas de cocaína en un año, según el reporte. Si se restan las 147 toneladas de estupefacientes que decomisaron las autoridades colombianas, quedan 295, las cuales tendrían un valor de 5 mil 900 millones de dólares en Estados Unidos.

Como parte de las negociaciones de paz, las FARC y el gobierno colombiano alcanzaron en mayo de 2014 un acuerdo sobre drogas ilícitas en el cual la guerrilla se compromete a que, al finalizar el conflicto, pondrá “fin a cualquier relación, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)”.

El gobierno, por su parte, asume el compromiso de financiar un programa de sustitución de cultivos ilícitos que abarcará la formalización de la propiedad de sus tierras a los campesinos, acceso a créditos, subsidios y asistencia técnica, y la provisión de bienes y servicios públicos como carreteras, agua potable y energía eléctrica.

Este programa, que se implementará con ayuda de las FARC, resulta muy atractivo para miles de familias campesinas que siembran hoja de coca por falta de alternativas, lo que le augura posibilidades de éxito y de que Colombia reduzca en forma significativa su oferta de esa droga.

La guerrilla, además, acordó contribuir “de manera efectiva y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, lo que de acuerdo con el presidente Santos significa que las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico.

Y el gobierno, por su parte, se comprometió a enfrentar el consumo de estupefacientes como un problema de salud pública y a revisar y ajustar su política antidrogas promoviendo un debate internacional sobre el asunto en el que se exploren alternativas al prohibicionismo.

El jefe de la delegación de negociadores de las FARC, Iván Márquez, ha sostenido que la guerra contra las drogas “es un fraude y una farsa total, lo que explica su fracaso”.

De acuerdo con el comandante guerrillero, “la causa de la persistencia en esa política son los negocios, y Colombia y México aportan las víctimas de un prohibicionismo hipócrita”.

En un escrito divulgado en la capital cubana, sede de los diálogos de paz, señaló que “donde huela a drogas, ahí están las tropas estadunidenses erradicando la cocaína, la heroína y el opio de los demás, y protegiendo a los barones de la droga que blanquean sus dineros a través de los bancos de Estados Unidos y de Europa”.

Para el politólogo Ariel Ávila, el éxito de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos que instrumentará el gobierno tras la firma de la paz dependerá de que el Estado cumpla con los acuerdos, en especial el de desarrollo rural, y que invierta los recursos para sacar de la marginación a las áreas más afectadas por el conflicto armado.

De acuerdo con un estudio del exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el cumplimiento del acuerdo de desarrollo rural requerirá una inversión pública anual de entre 2 mil 500 y 3 mil 200 millones de dólares por espacio de una década. Esta última cifra equivale al 5% del presupuesto público de este año.

“La clave es que haya esa inversión, que haya una estrategia de seguridad efectiva y que las FARC, desmovilizadas y convertidas en un partido político, se involucren en la sustitución de cultivos”, asegura Ávila.

Agrega que si esos tres factores se cumplen, muchas zonas del país podrán comenzar a salir de los cultivos ilegales y del procesamiento de hoja de coca, así como de la violencia que esas actividades traen consigo.

“Pero lo cierto es que, al otro día de que las FARC dejen las armas, habrá grupos criminales que van a intentar ocupar esas zonas, muchos de ellos con el respaldo financiero de los cárteles mexicanos. Es inevitable que eso pase”, señala el experto en seguridad.



Fuente: Proceso
Autor: Rafael Croda
http://www.proceso.com.mx/433984/carteles-mexicanos-desafio-del-posconflicto-colombiano

Ratifican pena de 70 años de cárcel a joven por matar a 5 familiares

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Magistrados de la Tercera Sala Penal ratificaron la sentencia de 70 años de cárcel a Iván Arturo Mena Trejo por la comisión de diversos homicidios en agravio de cinco de sus parientes a quienes asesinó por disparo de arma de fuego el 24 diciembre de 2014 en un inmueble de la delegación Álvaro Obregón.

Los jueces aumentaron además la cantidad que el sujeto debe pagar de 124 mil 800 pesos por reparación del daño, luego de que éste impugnó la pena inicial.

El imputado también deberá pagar un millón 702 mil 437 pesos por concepto de indemnización y gastos funerarios, de acuerdo con la resolución inicial dictada por el juez 17 Penal del Reclusorio Preventivo Oriente.

Las indagatorias ministeriales mostraron que el día de los hechos, Mena Trejo llegó a su domicilio ubicado en avenida Vasco de Quiroga, colonia Tlapechico, que cohabitaba con las víctimas. Con un revólver se dirigió a la casa de su tío y la esposa de éste, a quienes disparó en la cabeza.



Posteriormente, acudió a la vivienda contigua donde se encontraba otra tía y sus dos hijos, a los que con engaños llevó al sitio donde había cometido los dos primeros homicidios, asesinándolos de la misma manera.

Luego Mena Trejo introdujo los cinco cuerpos al baño y causó desorden para alterar la escena del crimen, a fin de confundir a la policía. El sentenciado guardó la ropa ensangrentada en una bolsa de plástico y la escondió en un tinaco.

Un día después de los hechos se comunicó con su madre para decirle que había encontrado los cadáveres, y ella se encargó de dar parte a las autoridades ministeriales ante quienes el homicida rindió su declaración.

Tras diversas diligencias, el Ministerio Público detectó que Iván Arturo Mena Trejo cayó en contradicciones, razón por la cual cambió su situación jurídica de denunciante a probable responsable.

El indiciado aceptó haber dado muerte a sus familiares por conflictos, por lo que elementos de la policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio lo capturaron y consignaron.




Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/434134/ratifican-pena-70-anos-carcel-a-joven-matar-a-5-familiares

Denuncian desmantelamiento de radios comunitarias y detención de dos indígenas

OAXACA, Oax.(proceso.com.mx).- La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló violentamente de forma simultánea cuatro radios comunitarias de la ciudad de Tlaxiaco y detuvo a dos indígenas un triqui y un mixteco, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y la Casa de los Derechos de Periodistas.

Los defensores Maurilio Santiago Reyes y Víctor Ruiz Arrazola, precisaron que alrededor de las 10:30 horas de este sábado 19 de marzo, un grupo de unos 60 agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad industrial de la PGR irrumpió en las radios comunitarias y se llevaron detenidos al indígena triqui Heriberto Martínez Hernández y al mixteco Héctor Cruz.

Dijeron que lo preocupante es que el indígena triqui, originario de San Martin Itunyoso, es una persona ajena a la radio comunitaria, únicamente renta un cuarto en el edificio donde se ubica la radio La Tlaxiaqueña, mientras que Héctor Cruz solo efectuaba trabajo de limpieza en la radio La Perla de la Mixteca.

Los elementos de la PGR, además, se llevaron los equipos de transmisión, de cómputo, y documentación.



Los activistas exigen la libertad de los detenidos y el respeto a los derechos de Libertad de Expresión y de la Información de las personas que operan las radios comunitarias La Máxima 107.9, La Perla de la Mixteca 96.5 FM, La Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM de Tlaxiaco y como consecuencia que se les devuelva su equipo de transmisión.

También pidieron respeto al derecho de los pueblos indígenas que es violentado al allanar la radio comunitaria La Máxima que mantiene un noticiero que se enlaza con radios comunitarias de la región mixteca.

Explicaron que la radio La Máxima 107.9, que se ubica en el centro de Tlaxiaco, tienea proximadamente tres años de informar a la región Mixteca con espacios comunitarios como es el noticiero “Máxima Noticias” que se desarrolla todos los días de 10:00 a 11:00 y que se enlaza con las radios comunitarias San Juan Mixtepec, Radio Tigre de Santa María Cuquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcatongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomecatly Radio Yucuixi de San Esteban Atatlahuca.

Consideran que ese espacio es uno de los medios de información de mayor alcance para las comunidades indígenas de la región Mixteca, y que en ella colaboran periodistas comunitarios.

Mientras que La Tlaxiaqueña 91.5 FM, que se ubica en avenida San Bartolo número 19, Barrio San Bartolo, Tlaxiaco, Oaxaca, tiene dos años de transmisión con un Noticiero diario denominado El Reloj.

En tanto que Radical Stereo 98.3 FM, también ubicada en el centro de Tlaxiaco, es un espacio de difusiónde música y programas culturales y juveniles de aproximadamente con un año y medio de estar al aire.

En tanto que La Perla de la Mixteca 96.5 FM que se ubica en la calle independencia número 4, centro de la ciudad de Tlaxiaco, tiene 8 años de funcionamiento con espacios de difusión comunitaria, con el noticiero Despierta Tlaxiaco, y cuenta con una solicitud de radio ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Mencionaron que la radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto alcance sin fines de lucro que responde a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local.

Las radios comunitarias tienen su base jurídica en el artículo 2 de la Constitución federal de la República; aunado que el derecho a la libertad de expresión también está fundamentado en los artículos 13 de la Convención Americana; y es recalcado por el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisa que “la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”.




Fuente: Proceso
Autor: Pedro Matías
http://www.proceso.com.mx/434125/denuncian-desmantelamiento-radios-comunitarias-detencion-dos-indigenas

Demoras en Volaris y VivaAerobús afectan a 4,200 pasajeros

Ciudad de México. Un total de 4 mil 200 pasajeros de las aerolíneas Volaris y VivaAerobús resultaron afectados este sábado por 3 cancelaciones y 22 demoras en vuelos programados en diferentes aeropuertos del país, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La dependencia aseguró que los consumidores afectados podrán recibir hasta un 25 por ciento de indemnización adicional al costo total de su boleto en caso de presentar la queja correspondiente.
Apenas el jueves pasado Ernesto Nemer, titular de la Profeco, se reunió con dirigentes de la Canaero y las principales aerolíneas mexicanas e internacionales que operan en el país para exhortarlos a trabajar en conjunto a fin de evitar afectaciones y abusos contra los consumidores.
La dependencia desplegó un operativo de supervisión y vigilancia en las terminales aéreas del país así como"un conjunto de acciones para resarcir a la brevedad posible el daño causado a los usuarios en sus viajes, recordando que en algunos casos al presentar quejas ante la Profeco el consumidor podrá recibir hasta un 25 por ciento de indemnización adicional al costo total del boleto".
Preciso que la aerolínea Volaris registró 3 cancelaciones y 11 demoras en vuelos que afectaron a 2 mil 700 pasajeros aproximadamente en 8 terminales aéreas (Ciudad de México, Guadalajara, Culiacán, Monterrey, Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez, Cancún y Los Ángeles).
"Volaris informó a la Profeco que la cancelación de los 3 vuelos y las 11 demoras se debió a cuestiones operativas propias de la compañía. Asimismo Vivaaerobus informó a la Procuraduría que 11 de sus vuelos reportaron demoras y resultaron afectados cerca de 1500 pasajeros", detalló la dependencia.
El personal de la Profeco atendió a los afectados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otras terminales aéreas para lograr respuestas satisfactorias a favor de los derechos de los consumidores.
Al final, Volaris informó a la Dirección General de Quejas y Conciliación de la Profeco que de los 2 mil 700 afectados, 2 mil 460 tuvieron este mismo sábado una alternativa de solución para llegar a sus destinos. En el caso de Vivaaerobus la mayoría de los pasajeros afectados fueron compensados con boletos adicionales, según dijo la aerolínea a la procuraduría.
También se logró en algunos casos que las aerolíneas otorgaran alimentos y hospedaje a los afectados, la ubicación de vuelos en rutas alternas, reembolsos y el pago de traslados en autobús en los casos en que los pasajeros así lo aceptaron.
La Profeco aseveró que se privilegiará el resarcimiento inmediato del daño a los pasajeros a través de la conciliación y que en caso de que persistan las infracciones a la ley Federal de Protección al Consumidor se iniciarán procedimientos para multar a las empresas.

Fuente: La Jornada
Autor: Susana González G.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/19/demoras-en-volaris-y-vivaaerobus-afectan-a-4-200-pasajeros-6564.html

Comunidades indígenas michoacanas exigen cese a hostilidades

Foto: La Voz de Michoacán
Morelia, Mich. Habitantes de 30 comunidades indígenas demandaron al gobierno estatal cesen actos de represión y hostigamiento, tras señalar que hubo detenciones y abuso de autoridad con tres de sus compañeros de Santa Fe de la Laguna y Cocucho, comunidades ubicadas en la zona purépecha.
El Consejo Indígena de Michoacán informó que el pasado domingo 13 de marzo el comunero Rigoberto Francisco Reyes, de 35 años de edad, y Jorge Luis Jacobo Francisco de 11 años, originarios y avecindados en la comunidad indígena de Cocucho, fueron agredidos por elementos de la Fuerza Rural de Charapan en terrenos de la propia comunidad de Cocucho, lo anterior en represalia, porque la comunidad exige la entrega y administración del presupuesto directo y la conformación de un gobierno comunal.
El estado de salud del menor es delicado. Ante ello se interpuso la denuncia correspondiente y una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Apenas en noviembre pasado fue detenido arbitrariamente el comunero de Santa Fe de la Laguna Nicolás Bautista Ramírez, mismo que posteriormente, gracias a la movilización social, fue liberado y absuelto de los cargos que injustamente se le imputaban.
“Además, nuestro asesor, el historiador Pavel Uliánov Guzmán, ha recibido diversas llamadas telefónicas donde ha sido amenazado en su integridad física, por asesorar a nuestras comunidades”, señala el comunicado enviado por la organización indígena que integran autoridades indígenas de Ostula, Santa Fe de la Laguna, Caltzontzin, Pichátaro, Zirahuén, Sevina, Capácuaro, Urapicho, Angahuan, Uricho, Pamatácuaro, Tacuro, Corupo, Nuevo Zirosto, entre otras.

Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/20/comunidades-indigenas-michoacanas-exigen-cese-a-hostilidades-6549.html

En España, red de lavado de 'Los Zetas' en el caso Moreira

Madrid. La Fiscalía Anticorrupción española junto con la Policía Nacional y los servicios de inteligencia estrechan el cerco de la supuesta trama en la que estaría vinculado el ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira.

Después de su detención, del registro de su domicilio y de una primera declaración, el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano deberá dormir en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real por orden del juez José de la Mata, quien advirtió riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos imputados: blanqueo de capitales y organización criminal. La información y los documentos incautados en la operación aún son secretos, así como la mayor parte del sumario en el que hay abundantes grabaciones realizadas al ex gobernador de Coahuila cuando residió en Barcelona, en 2013.




Fuente: La Jornada

Autor: Armando G. Tejeda

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/20/en-espana-red-de-lavado-de-los-zetas-en-el-caso-moreira-6666.html