El Dragonario: 03/16/16

miércoles, 16 de marzo de 2016

México, preparado para vaivenes económicos: Videgaray

Ciudad de México. México está preparado para enfrentar el actual contexto económico mundial, destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

En un encuentro con la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que lo anterior se debe a que el país cuenta con un tipo de cambio flexible, con un sólido marco regulatorio en el sistema financiero y con una congruencia entre las políticas fiscales y monetarias.

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, aseveró que la "coyuntura macroeconómica" es una oportunidad para fortalecer a la industria.

"Gracias al establecimiento de un diálogo abierto y el trabajo en conjunto con diversas dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proponer desde la industria políticas públicas en torno a las oportunidades para los diversos sectores y regiones productivos del país, estamos convirtiendo la coyuntura macroeconómica en excelentes oportunidades para el fortalecimiento de nuestros sectores, basados en un trabajo de encadenamiento productivo con inclusión de pymes a las grandes operaciones del comercio exterior mexicano”, consideró el dirigente de los industriales en una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

El encuentro en el marco de la sesión de la mesa directiva de la Concamin, el funcionario federal dijo que, si bien la alta volatilidad e incertidumbre a nivel internacional "poco tienen que ver con la situación interna del país, sí afectan al entorno económico de México y por ello se han tomado diversas medidas para mantener la solidez de la economía nacional".

Según un comunicado de la Concamin, Videgaray Caso realizó un análisis de la situación por la cual atraviesa la economía internacional, caracterizada por una desaceleración y aversión al riesgo, con un comportamiento de la economía china en el futuro próximo que es una interrogante, naciones como Brasil en franca recesión y en general los flujos del comercio inhibidos.


Destacó que esta situación representa un reto para México como nación exportadora, pues "debe apostar a la estabilidad y economía de mercado por una parte, y por la otra la integración en las cadenas de producción global".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTRO: JULIO REYNA QUIROZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/16/mexico-preparado-para-contexto-economico-global-videgaray-1550.html

Campesinos denuncian a Duarte ante diputados por retención de recursos

Ciudad de México: Campesinos del municipio Soledad Atzompa –el tercero más pobre del país– denunciaron en la Cámara de Diputados el incumplimiento del gobierno de la entidad, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, en la aplicación de 265 millones de pesos presupuestados para construir un hospital y obras carreteras.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, decenas de agricultores, respaldados por la fracción parlamentaria del PRD, solicitaron el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales a las autoridades del estado que han obstaculizado la aplicación de los recursos aprobados por el Congreso Federal, con objeto de resolver las necesidades en materia de salud y comunicación.

En Soledad Atzompa se proyectó la construcción de un Hospital de Servicios Médicos Ampliados, con un presupuesto de 79 millones de pesos, y a la fecha sólo se han ejercido 5.

Ubicado en la Sierra de Zongolica –la zona montañosa de Veracruz– el municipio también se ve afectado desde décadas atrás por la escasa comunicación en la región. Tanto que se mantiene en obra de construcción la carretera Atzompa-Atexcalco-Tetlaltzinga, con una longitud de 7.4 kilómetros, así como el urgente reencarpetado en el ramal de 16 kilómetros entre Tlalpan y Tepepechico.

Los denunciantes advirtieron que la presencia de delincuentes y mafias de narcotraficantes, asaltantes y secuestradores se ha incrementado, pero al enviar a 18 habitantes del poblado a capacitarse en la academia estatal de policía, es hora que los nuevos policías no han recibido equipo para cumplir su función.

Cabe recordar que las obras descritas tienen 10 años de haberse iniciado, y su avance es prácticamente nulo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/16/campesinos-acusan-a-duarte-ante-diputados-9879.html

Fracción de Los Zetas, ahora Cártel del Noreste, advierte masacre por extradiciones

NUEVO LAREDO, Tamps: Ante el desprestigio de la marca Zeta, la fracción mayoritaria de esa organización cambió de nombre y ahora se autodenominan Cartel del Noreste (CDN).

No obstante, continúan con sus viejas prácticas y ahora amenazan con desatar una masacre si se extradita a Estados Unidos a sus exlíderes detenidos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z40 y Z42 respectivamente.

De hecho desde la semana pasada comenzaron a asesinar personas inocentes. El 8 de marzo colgaron una serie de narcomantas en calles de la capital de Tamaulipas. Junto a los avisos dejaron los primeros cadáveres.


El texto de la amenaza, escrito con pintura negra y roja y con faltas de ortografía, precisaba:

“Sr. Presidente Enrique Peña Nieto y Gob. De Tamaulipas
Las ejecuciones del día 8 de marzo son en represalia porque después de koperar en sus campañas ahora salgan con ke nos kieren extraditar. Sino dan fin a ese proceso de extradición a la Unión Americana como parte de su convenio gubernamental así seguirán las ejecuciones de jente inocente
Ciudad Victoria es territorio del C.D.N. al mando del Komandante Kucho Boss y del líder máximo del Kartel Kiko Treviño. Así que ya están enterados. No nos asustan con sus kartelitos fabrikados por el mismo gobierno corrupto y traidor.
ATTE. SR. L-40 y L-42”

El hombre a quien identifican como líder máximo del ahora CDN se llama Juan Francisco Treviño Chávez, Kiko Treviño. Es sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales. Fue detenido en junio del 2012 en un estacionamiento de una cadena de tiendas de autoservicio en la ciudad de Monterrey junto con otra persona. Estuvo preso pero al parecer un juez lo liberó ya que su cómplice se declaró culpable por las armas de uso exclusivo del Ejército que encontraron en su automóvil.

Kiko Treviño tomó el poder de la fracción Zeta de Nuevo Laredo después de que la organización se sumergió en una larga disputa por la dirección; pugnas que la han debilitado e hicieron que perdiera influencia en toda la región frente a su rival: el Cártel del Golfo.

De hecho los Zetas ya no funcionan como organización centralizada. Actualmente operan como federación de grupos: El de Veracruz, Tabasco y Cancún.

En su principal bastión, Tamaulipas, la división provocó que la fracción de Nuevo Laredo se trasformara en CDN. Mientras que otro grupo que controla Ciudad Victoria y el sur del estado ahora se hacen llamar “Zetas vieja escuela”.

La fracción “Vieja Escuela” se alió con una célula del CDG que opera en la capital de Tamaulipas que se hace llamar “Grupo Bravo”.

Los grupos de la “Vieja Escuela” exigen que las organizaciones criminales regresen a su negocio original: el narcotráfico, y dejen atrás los secuestros y las extorsiones que afectan a la población.

En el CDG los grupos de Matamoros y Reynosa también proponen regresa a la “vieja escuela”. Capos como El Comandante Toro de Reynosa, han dado órdenes a su grupo que terminen con los secuestros, pero no le hacen caso ya que ese delito es el que predomina actualmente en Tamaulipas, aunque las autoridades se encargan de esconderlo.

Ante la amenaza de matar a inocentes, los Zetas “Vieja Escuela” y “Grupo Bravo” respondieron al Cartel del Noreste colgando mantas en diversos puntos de ciudad Victoria.

Las narcomantas también escritas con varios errores de ortografía advierten:

“Grupo Operativo Los Zetas: hace un llamado a todas las autoridades y en la cual nos deslindamos del CDN (Cártel del Noreste) el cuál es comandando por el Kiko Treviño y en Cd. Victoria por su subordinado de Alias El Boss, el cual está asesinando GENTE INOCENTE haciendo de Tamaulipas un caos.

“Cd. Mante, San Fernando y Norias es nuevamente territorio de la vieja escuela, no se equivoquen traidores solo venimos a reclamar…”.

El grupo de los Zetas “Vieja Escuela” ofrecen un millón de pesos por la cabeza de Kiko Treviño quien –dicen—está escondido en Nuevo León.

La pugna entre los dos grupos rivales ya provocó el incremento de la violencia en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y otras ciudades, donde los enfrentamientos han dejado decenas de muertos que no son reportados por las autoridades.
Incluso el Ejército se ha inclinado por un bando, ya que en toda la ciudad en disputa se ha visto la cacería de los militares contra los miembros del Cartel del Noreste.


A esa violencia generada por esa disputa se suman los enfrentamientos de los grupos rivales del CDG en Reynosa y Matamoros que han derivado en narcobloqueos, mientras que la intervención del Ejército aumenta las constantes balaceras que se protagonizan en zonas urbanas altamente transitadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433674/fraccion-los-zetas-cambia-a-cartel-del-noreste-advierte-masacre-extraditan-al-z-40-z-42

Cinco empresas buscan importar gasolina y dos construir poliductos en México: Sener

CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, informó que dos grupos de inversionistas están interesados en construir poliductos en México y otras cinco empresas desean importar gasolina por ferrocarril.

“Nos da mucho gusto que a unas cuantas semanas del anuncio (para importar gasolinas a partir de abril próximo) estamos viendo una gran respuesta de los inversionistas”, destacó el funcionario federal durante su participación en el 11 Summit de Capital Privado en México, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

Añadió: “Hay dos grupos de inversionistas que se han acercado a la Secretaría, a la Comisión Reguladora de Energía a plantear que quieren hacer poliductos en México y hay cinco grupos que quieren importar gasolina por vía de ferrocarril, los mismos están muy interesados en construir terminales de almacenamiento muy cerca de donde están los mercados de consumo el Valle de México, el área conurbada de Monterrey, Guadalajara, la frontera norte”.


Luego de señalar lo anterior, Joaquín Coldwell precisó que esas terminales serán construidas en los principales centros de consumo de gasolina.

“Hace más de 20 años que no se construyen en nuestro país poliductos, hace más de 20 años que ha habido un crecimiento casi nulo de terminales de almacenamiento y por seguridad energética tenemos que incrementarlo”, apuntó.

El pasado 22 de febrero, el gobierno federal anunció que el permiso para la introducción de gasolinas al país se adelantaba para el primer día de abril de este año y no hasta 2017.


Al respecto, Joaquín Coldwell señaló: “Lo hicimos para mandar una señal a los inversionistas para que pudieran desde ahora ir programado inversiones que van a ser positivas para el país y que necesitamos mucho”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433684/siete-empresas-interesadas-en-importar-gasolinas-construir-poliductos-en-mexico-sener

Bajan sentencia y hasta le regresan dinero de multa a Rodrigo Vallejo “El Gerber”

CIUDAD DE MÉXICO: La sentencia de un año ocho meses de prisión impuesta a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, fue disminuida a solamente siete meses y la multa de 7 mil nueve pesos con 35 centavos también bajó a mil 344 pesos.

Como Vallejo Mora ya había estado en la cárcel más tiempo del que fue finalmente condenado, automáticamente se dio por compurgada la sentencia, y hasta le devolvieron parte de los 7 mil pesos que había pagado como fianza original.

Con ello, “El Gerber”, quien fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado, quedó completamente libre.

Rodrigo Vallejo fue detenido y encarcelado por el delito de encubrimiento en 2014, luego de aparecer en un video difundido por la agencia de noticias Quadratín, en el que se le veía acompañando al entonces líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, “La Tuta”.

A mediados de 2015, fue requerido en el momento en que acudía a firmar el juzgado federal para declarar sobre una nueva investigación sobre el delito de delincuencia organizada.


La última aparición en público de Rodrigo Vallejo fue el 16 de febrero durante la visita del papa Francisco a Morelia, donde acudió a un evento realizado en el Estadio Venustiano Carranza acompañado de una mujer de la tercera edad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433669/bajan-sentencia-multa-a-rodrigo-vallejo-gerber-queda-completamente-libre

Desembolsará la Cámara $960 mil en 6 boletos de avión

Si viajaran a África en clase turista el costo sería de $210 mil. Participarán en asamblea de la Unión Interparlamentaria en Zambia.

La Cámara de Diputados gastará casi un millón de pesos en boletos de avión de primera clase para seis diputados que viajarán a Zambia, África, a participar en la 134 asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se realizará del 19 al 23 de marzo en Lusaka.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política es que el viaje incluya a dos legisladores del PRI, dos del PAN, uno del PVEM y uno del PRD. Información de la Dirección de servicios a diputados refiere que cada uno de los boletos tendrá un costo de 160 mil pesos.

Adicionalmente se pagarán 520 dólares diarios de viáticos por cada uno de los seis legisladores, para hospedaje, transporte terrestre y alimentación.

El viaje más reciente ocurrió en diciembre, a París, Francia, para participar en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se envió a 11 diputados.

De éstos, nueve boletos tuvieron un costo de 120 mil pesos y de 30 mil para dos diputados que renunciaron a sus reservaciones en primera clase y ocuparon asientos en clase turista. Además se les entregaron viáticos por 450 euros diarios.

En las aerolíneas que ofrecen vuelos a Zambia el costo por boleto de avión está entre 28 mil y 35 mil pesos en clase turista.

Sin cargos por cancelación


Este diario ha informado que en el documento Análisis sobre diplomacia parlamentaria, la secretaría general de San Lázaro ya explicó a la Junta de Coordinación Política –instancia que se encarga de autorizar las salidas al extranjero– los factores que elevan los costos de los boletos de avión de los legisladores.

El citado documento explica: ‘‘Conforme a los lineamientos, los boletos para vuelos mayores a tres horas se otorgan en clase ejecutiva o su equivalente, siendo rembolsable en su totalidad y sin restricciones de cargos por cambios, razón por la cual el costo de los boletos es elevado”.

Los partidos en San Lázaro han definido que los boletos sean rembolsables por las aerolíneas, debido a que en ocasiones el viaje se cancela. De optar por una tarifa en clase turista, el costo no sería recuperable por la Cámara y ello “representaría daño patrimonial por pagar un boleto no utilizado’’.


En su reporte a la Junta de Coordinación Política expuso que en los costos inciden dos factores “de manera directa en la falta de disponibilidad y en consecuencia en el costo elevado de los boletos’’: que ese órgano de dirección emite la autorización pocos días antes de la fecha del viaje, así como la falta de designación oportuna de los nombres de los diputados que participarán.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/16/politica/014n1pol

Fusil en escondite de 'El Chapo', ligado con 'Rápido y Furioso: EU

Washington. Una de las armas que según funcionarios mexicanos fue hallada en el escondite del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán está asociada con el operativo Rápido y Furioso, un fallido programa de rastreo de armas traficadas, confirmó el miércoles el Departamento de Justicia.

El departamento estadunidense dijo en una carta al Congreso que un fusil calibre 0.50 recuperado tras el arresto de El Chapo en enero fue rastreado hasta Rápido y Furioso.

Los funcionarios dijeron que el fusil fue una de las 19 armas de fuego recuperadas del escondite y fue el único que determinaron estaba relacionado. Fue comprado en el 2010 por alguien no conocido por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en el momento.


Rápido y Furioso fue un operativo de la ATF en donde la agencia permitió que traficantes compraran armas con la esperanza de rastrearlas y poner fin a las pandillas de tráfico de armas.

FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/16/fusil-en-escondite-de-el-chapo-ligado-con-rapido-y-furioso-eu-8652.html

IRIS, una “guerrilla” contra la corrupción

Al caos que impera en Michoacán se suma ahora otro ingrediente: un grupo de reciente aparición en la conflictiva Tierra Caliente. Pero, según sus integrantes, no es un cártel ni una autodefensa… ni siquiera tiene armas de alto poder. Se trata de IRIS y, como afirma su vocero, su objetivo es desenmascarar –pacíficamente, dicen– a los políticos corruptos, empezando por Silvano Aureoles y Alfredo Castillo. México necesita una chispa que detone el cambio, señala, y “nosotros queremos ser esa chispa”.

SIERRA DE MICHOACÁN: Con sólo dos videos de menos de un minuto difundidos en redes sociales en febrero pasado, el grupo Insurgencia por el Rescate Institucional y Social (IRIS) puso en estado de alerta al gobierno michoacano de Silvano Aureoles, que los descalificó diciendo que son “una broma”.

En entrevista con esta agencia, José María, vocero y representante de este grupo armado, sostiene que el gobernador pactó con el narcotráfico y anuncia la declaración de guerra contra todos los políticos vinculados con el crimen organizado.

El encuentro con una decena de integrantes de IRIS tuvo lugar en la zona montañosa de Michoacán colindante con el estado de Guerrero. En el camino se ven chozas paupérrimas habitadas por gente que apenas sobrevive sin más posibilidad que la siembra de maíz y aguacate y la tenencia de algunas vacas y gallinas.

“Nuestra zona es Tierra Caliente, ahí es donde nos hemos reunido desde hace ocho meses para tomar esta decisión de rebelarnos. Sabemos que el gobierno ya nos está investigando y que estamos en medio de los criminales, pero no podíamos quedarnos con los brazos cruzados”, explica José María momentos antes de empezar la entrevista.

Flanqueado por Pável, otro de los miembros de este grupo, el vocero de IRIS rechaza los calificativos del gobierno de Silvano Aureoles y hasta de miembros de la Iglesia católica, en reacción a los mensajes en redes sociales con los que el grupo se dio a conocer los pasados 6 y 22 de febrero.

Reafirma que el suyo es un movimiento social insurgente que no descarta el uso de las armas, pero sólo para defenderse. Anuncia que su estrategia será más política y de denuncia –directamente o mediante las redes sociales–, principalmente de los políticos que están coludidos con el crimen organizado como Alfredo Castillo, a quien acusan de haber pactado con los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y el H3.

“Somos el pueblo, no somos ningún cártel, no somos terroristas, somos el pueblo cansado que se está organizando. Si bien hoy operamos de manera clandestina es por nuestra seguridad, porque queremos que esto trascienda, queremos ser la chispa que México requiere para cambiar. No somos los únicos que pensamos que nuestro país está mal.

“El pueblo no debe tenerle miedo al gobierno, es el gobierno quien debe temerle al pueblo y para que esto se encienda, lo que ocupa (necesita) es una chispa y nosotros queremos ser esa chispa”, sostiene José María, quien usa un sombrero calentano, pasamontañas, lentes oscuros y no está armado.


El vocero de IRIS rinde un homenaje a los michoacanos que han luchado por la transformación del país, como Melchor Ocampo y el general Lázaro Cárdenas, y manifiesta que el movimiento insurgente que encabeza no debe ser la excepción en estos tiempos en los que se necesita urgentemente un cambio. “Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, sentencia.

Gente común

Contra las acusaciones de que podrían ser un grupo semejante a las autodefensas de Tierra Caliente que ahora forman parte de nuevos grupos criminales, como el H3 que comanda El Americano, o que se han integrado al Cártel de Jalisco Nueva Generación o a la Nueva Familia Michoacana, José María asegura que en IRIS “no hay ningún tipo de persona que tenga algo de qué avergonzarse”; está integrado por campesinos, ganaderos, profesores, restauranteros y profesionistas.


“Somos ciudadanos que decidimos dejar nuestra zona de comodidad para salir a hacer lo necesario para que el pueblo se levante”, afirma en la entrevista, en la cual precisa que si bien su presencia se ha dado en las redes sociales, muy pronto la llevarán a otros escenarios, incluyendo Morelia, la capital.

“Nos estamos organizando porque México no aguanta más, Tierra Caliente no aguanta más; estamos cansados de que nos vengan a ver la cara de tarugos. No somos tarugos como para que el gobierno venga a burlarse de nosotros montando sus circos. Todo lo que pasó con las autodefensas con Alfredo Castillo fue un circo de grandes proporciones. Es el momento de regresarle a este gobierno corrupto un poco del daño que ha hecho”, advierte.

–¿IRIS es un movimiento insurgente armado?

–Sí tenemos armas para defendernos, armas que no son ilegales, que no son de uso exclusivo del Ejército; son armas para defendernos del gobierno. Cuando venga a pretender acabar con esta chispa nos vamos a defender. A mí no me gustan las armas, creo más en las instituciones, no ando armado, pero cuando las instituciones están podridas, cuando las leyes sólo sirven para dar impunidad al corrupto y chingar al pueblo, es válido que el pueblo tome las armas para defenderse, no para hacer daño. Nosotros no vamos a hacer daño, nos vamos a defender.

–¿Cuánto tiempo tienen organizándose?

–Ocho meses y con la idea, más de un año pero reuniéndonos, organizándonos y cooperando menos. Ha sido muy difícil conseguir las armas que no son de uso exclusivo del Ejército, son armas que utiliza la gente en el campo para defenderse, que utiliza la gente en la sierra para cazar y comer, para subsistir. Ha sido muy difícil empezar un movimiento como éste sin que se dé cuenta el gobierno.

–Ustedes tiene encima la vigilancia del gobierno, también al crimen organizado, al Ejército, a los policías; se ve como imposible el surgimiento de un movimiento insurgente como el que ustedes están planteando en medio de una situación que parce una guerra de todos contra todos.

–Sí, sería imposible porque la línea que divide a los cárteles delictivos del gobierno es inexistente. Son lo mismo, el crimen organizado y el gobierno son lo mismo. Si uno busca o quiere adquirir armas, a veces se da cuenta más rápido el crimen organizado y es el primero que le va a avisar al gobierno, porque viven en una connivencia que les permite coexistir. Para que un gobierno corrupto se pueda sostener, ocupa del crimen organizado; y para que éste pueda sobrevivir, ocupa de un gobierno corrupto. Así que son absolutamente lo mismo.


“Nosotros estamos construyendo un movimiento con base en el pueblo. Aquí hay empresarios, ganaderos, personas que viven bien, sacan lo necesario para vivir, que no tendrían necesidad de estar en un movimiento de estos porque de una u otra manera tienen una profesión, otro trabajo y tienen mucho que perder.

“Pero si decidieron desprenderse de comodidades para asumir un riesgo es por la simple y sencilla razón de que están cansados de que aunque vivan o tengan para comer, les da mucho coraje de quienes llegan y se enquistan en el gobierno sin trabajar o sin esforzarse como ellos, sin tener que madrugar o desvelarse para poder llevar alimentos a su casa, vivan de la manera en que nunca van a vivir. No tiene nada de malo ser rico, lo que es una mentada de madre, una grosería, un insulto para el pueblo es ser rico a costillas del pueblo”.


El vocero de IRIS aclara que no son autodefensas, aunque algunos de ellos participaron directamente o apoyaron ese movimiento encabezado en un principio por José Manuel Mireles e Hipólito Mora.

Precisa que las autodefensas hicieron su parte con gente honesta, pero que desafortunadamente enfocaron mal su lucha, porque el problema era el gobierno y al final fueron infiltrados por el crimen organizado que, sostiene, “subsiste porque el gobierno así lo quiere, porque le conviene, porque es un instrumento para tener temerosos a los mexicanos”.


–Así como las autodefensas compuestas con criminales pactaron con el gobierno, ¿ustedes estarían en disposición de pactar con el gobierno?

–No. Nosotros no vamos a pactar con ellos porque ellos son el problema. Sabemos que hay gente buena en el gobierno, confiamos en el Ejército, hacemos un llamado a los generales honrados, a los coroneles que son los que corren los riesgos, a la tropa, para que nos apoyen. Hacemos un llamado a los elementos buenos que están en la Policía Federal: que dejen de chingar al pueblo.

“No vamos a pactar con el gobierno porque somos un movimiento legítimo, del pueblo; y si el problema está en el gobierno, cómo vamos a pactar con ellos. Que cambie el gobierno, que se investiguen los actos de corrupción. No estoy conforme con las explicaciones de la Casa Blanca, no estoy conforme que un par de empresas se lleven toda la obra pública, no estoy conforme con el estilo de vida ostentoso de la familia presidencial.

–Ahora se dice que El Chapo financió las campañas políticas…

–Es parte del circo. Ya no me causa ninguna sorpresa, es algo que todo mundo sabe. Que lo digan no nos va a sorprender, hemos perdido la capacidad de asombro. El problema en México va más allá de ver quién financió a los políticos, si fue El Chapo o fueron Los Zetas, eso ya no sorprende. El problema de México está incrustado en las instituciones, son los gobiernos corruptos, está en lo más alto del poder.
José María advierte que esta situación no va cambiar con elecciones ni con campañas políticas porque el sistema está diseñado para que sean candidatos los más corruptos y sean ellos los que estén en el Congreso.


“¿Cómo van a pretender cambiar los problemas de un municipio de Michoacán o del país si les brota mierda por las ventanas de Palacio Nacional?”, asevera el vocero de IRIS, quien propone el inicio de un movimiento de insurgencia social en todo el país.


El circo de Castillo

José María sostiene que el excomisionado enviado por el presidente Enrique Peña Nieto para arreglar la situación en Michoacán, Alfredo Castillo, fue una farsa y un circo, porque en realidad empoderó a los criminales y a la poca gente buena que hubo en el movimiento de las autodefensas la metió a la cárcel o la tiene asustada, viviendo temerosa de que los vayan a matar, porque sigue habiendo cárteles delictivos, siguen operando los mismos, sólo cambiaron los nombres.

Castillo y el gobierno de Peña Nieto, dice José María, “confiaron más en asesinos y delincuentes que se aprovecharon de un movimiento para saciar y disputarse plazas criminales y mandaron al pueblo a arriesgarse contra un grupo criminal que le hacía mucho daño a México y a Michoacán”, señala.

–¿Con quién pactó Castillo?


–Con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con Los Templarios, que tanto daño le hicieron a México y a Michoacán. Pactó con narcotraficantes. Pero yo no sé quiénes son más peligrosos, si ellos o los que llegaron con Alfredo Castillo, que aquí siguen robando, secuestrando, extorsionando. Son muy eficientes para secuestrar y la gente tiene miedo de denunciar. Lo que antes hacían Los Templarios ahora lo hace la gente que llegó con Castillo.

La llegada de Aureoles al gobierno no cambió esa situación, sostiene el vocero de IRIS, quien asegura que el perredista sólo está de adorno y además no ganó las elecciones… fue impuesto “como premio por vender el patrimonio de los mexicanos desde el Congreso de la Unión al aprobar las reformas. Aquí está su premiesote: Michoacán”.

–¿Qué ha pasado con Michoacán después de la declaración de guerra de Felipe Calderón y de la continuación de la misma que ha hecho Enrique Peña Nieto?

–Fox fomentó el vacío de poder; se dejó de perseguir a los delincuentes, comenzaron a formarse los cárteles delictivos y se dio el debilitamiento institucional. Calderón sacó al Ejército de los cuarteles a combatir al crimen, a que hubiera masacres, asesinatos y desapariciones, a que se sacudiera el país. La cereza del pastel la propició Peña Nieto. Es una bien elaborada estrategia en la que hoy los militares andan cuidando a un futbolista en lugar de cuidar al pueblo, andan de guaruras de los políticos, de los funcionarios, de los gobernantes. Esta elaborada estrategia sólo es la continuación de una burla para el país.

–¿Qué va a hacer IRIS en un estado donde gobierna el narco?, ¿cómo va a enfrentar al narco, que es el poder?

–El narco son personas, son el reflejo de una sociedad corrompida, son el reflejo del hartazgo de mexicanos que no encuentran otro camino para salir adelante.

“Nos da mucho coraje encontrar que nuestros gobernantes estén robando. Creo que el principal problema de México, más que ellos que son un problema, son las instituciones que están podridas. El narcotráfico son las vacas lecheras del gobierno, las ordeñan para sacarles dinero, pactan con ellos y cuando no firman, los meten al bote o los matan, porque los principales asesinos están en el gobierno. Muchos de los autodefensas muertos no fueron asesinados por los cárteles, fue el gobierno quien lo hizo para fomentar los pleitos entre los grupos.

–¿Qué va a hacer IRIS en Michoacán?

–Será la chispa que encienda un movimiento de grandes proporciones y que fomente el cambio.

–¿Creen que la gente vaya a responder?

–Vamos a intentarlo, no podemos anticiparnos al asegurar que lo vamos a lograr, pero vamos a intentarlo. Tal vez sólo sembremos una semilla, tal vez para eso IRIS sirva, sembrar una semilla.

“Este es un movimiento de lucha, de insurgencia social, es una lucha que busca inspirar. Nosotros, con las armas que traemos, un pelotón militar nos aniquila en cinco minutos; pero no van a aniquilar nuestras ideas, no van a aniquilar la causa que nos mueve. En cada persona que nos vea dejaremos sembrada la semilla de la esperanza y del cambio”.


Y sentencia: “Nosotros somos gente buena y tienen que aprender a confiar en nosotros, porque en el momento en que nos maten la esperanza van a matarnos como nación”.

–¿Qué va a hacer IRIS para ganarse la confianza de la gente?


–Vamos a llegar a las ciudades. Los políticos corruptos serán nuestros objetivos, no los vamos a matar, no somos terroristas, no somos asesinos. Los vamos a exhibir. Habrá un integrante de IRIS en cada persona que tenga el valor de ir a aventar huevazos a un diputado corrupto. Habrá un representante de IRIS en cada persona que tenga el valor de levantarse en un mitin político a decirle corrupto al que tenga el micrófono en la mano; habrá un integrante de IRIS en cada evento en el que un gobernante o el presidente pretenda engañar la realidad de los michoacanos y decirles sus verdades. Acciones como esas serán la que vamos a hacer.




FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433633/iris-una-guerrilla-contra-la-corrupcion

Desatino, una cárcel para secuestradores

CIUDAD DE MÉXICO: Empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila se oponen a que el Cefereso Número 14 CPS Durango, recién establecido en esta región, albergue a secuestradores. Temen que se eleven los secuestros en la zona, ya que los criminales siguen operando desde los reclusorios.

Presentado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como un penal que “cubre la más alta seguridad y tecnología”, ellos insisten en “el alto nivel de corrupción en todos los niveles del sistema penitenciario”.

Agustín Arellano Saucedo, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y Eugenio Treviño, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, así como seis regidores del PAN de Gómez Palacio, Durango, encabezados por el coordinador de la fracción, Oswaldo Santibáñez, presentaron al cabildo un punto de acuerdo para impedir que los secuestradores se concentren en ese penal.


Arellano solicita que en el CPS Durango se concentré a los reos de los municipios laguneros que fueron trasladados al Cereso de la ciudad de Durango. El dirigente empresarial dice que resulta muy caro a sus familiares sufragar los viajes para visitarlos.

El pasado 19 de enero, la CNS informó que a partir de ese mes, “todos los internos en el Sistema Penitenciario Federal por la comisión de este delito se concentrarán en dicho Centro. Así se pretende eliminar la posibilidad de que los grupos dedicados a sustraer a una persona para privarla ilegalmente de la libertad, continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en reclusión. El centro posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna”.

Treviño, por su parte, advierte sobre el riesgo de que se concentre a todos los secuestradores del país en ese penal: “Estamos pidiendo que al menos a los del sur no los trasladen para acá. Si concentras a todos aquí, se va a volver una universidad del secuestro”.

Y agrega: “Van a venir otras personas a establecerse a la Laguna, desde sus familiares hasta los socios que no agarraron. Además, lo que ellos saben hacer es secuestrar; y cuando queden libres, sin dinero, van a dedicarse al secuestro y lo van a hacer en La Laguna.

“El problema es que el secuestro es un delito, silencioso porque nadie lo denuncia, o se hace en muy baja escala, por lo que se desconocen las estadísticas exactas. Hace cuatro años tuvimos problemas, apenas estamos saliendo porque los delitos que se registran actualmente son del fuero común, los de alto impacto son muy pocos, estamos retomando la estabilidad.

“En La Laguna, hace un par de años, tuvimos grupos armados, secuestros, matanzas de alto impacto. Sabemos que esos delincuentes ya salieron de La Laguna; era cuando la disputa entre Los Zetas y (el Cártel de) Sinaloa”.

Los empresarios tuvieron un encuentro con Ricardo Rebollo, Flor Rentería y Refugio Sandoval, diputados federales de La Laguna, para discutir sobre un posible encuentro con el secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, y con el comisionado Sales Heredia.

“Nos preocupa ese Cefereso porque ya tuvimos un problema con el Cereso de Gómez Palacio, pues la directora del penal dejaba salir a los reos durante la noche sólo para delinquir. Salían a ejecutar sus crímenes y regresaban a dormir”, recuerda Treviño.

–Según Sales Heredia, al concentrar a los secuestradores se evitará la contaminación de los otros reos –se le comenta al empresario.

–Nuestra percepción es que a quienes están empezando y los agarran, van a aprender de quienes tienen mucho tiempo en el negocio. El CPS Durango se volverá una escuela del crimen. En Gómez Palacio no hay policía municipal desde hace cuatro años; las funciones preventivas están en manos de los militares. Tú sabes que los soldados se mueven lento, esperan órdenes para actuar.

–Pero el comisionado insiste en que esta medida evita la contaminación ­criminógena.

–Eso dicen de todos los Ceresos. Pero la realidad es que se siguen recibiendo llamadas de extorsión de personas que, por su acento, sabemos que son del sur del país. El Cereso está en la salida de Gómez Palacio, y en el pueblo cercano de Máximo, las familias de los presos ya están rentando casas para quedarse a vivir.

“Y aunque este Cefereso fue construido por gente de La Laguna que maneja todas las normas internacionales, e incluso certificado por Estados Unidos, su punto débil es la corrupción. Ese es nuestro miedo.”

Malestar generalizado

Los empresarios no son los únicos que han protestado. El panista Osvaldo Santibáñez, regidor en el municipio de Gómez Palacio, expone que la región aún no se repone de la inseguridad.

“Los tres municipios duranguenses estamos bajo el mando único del Ejército. Eso nos habla de que las cosas aún no están bien. Son los estragos que en el 2010 dejó la mala operación del Cereso de Gómez Palacio, cuando la directora Margarita Rojas Rodríguez permitía que un grupo de presos saliera por las noches a cometer ajustes de cuenta con bandas rivales”.

Desde entonces la Policía Municipal fue desmantelada. Y como los policías municipales estaban al servicio de los malhechores, el Ejército tomó el mando. En Gómez Palacio la contratación de policías se inició hace tres meses. Se necesitan 400, dice, apenas hay 100. Mientras, los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a casas habitación, están desbordados.

“Analice cómo han evolucionado los municipios en donde han instalado penales de alta seguridad –dice a la reportera–. El Altiplano, que tiene capacidad para 800 reos, por ejemplo, recibió 36 mil vistas en 2008, incluidos familiares, amigos, abogados y presuntos cómplices de los internos.

“Si se hace un comparativo, en el penal federal de Gómez Palacio, con capacidad para 2 mil 500 reos, estaríamos recibiendo 86 mil personas en un año ¡Es demasiado!”

Dice que es una sinrazón concentrar a todos los secuestradores, cuando uno de los principales problemas que han agobiado a la región es precisamente ese delito. “Tenemos empresarios lecheros, metalúrgicos, una diversidad de inversión. Yo haría un paralelismo: es como si el gobierno federal decidiera enviar a todos los sentenciados por narcotráfico al penal de Culiacán”, comenta.

Y aun cuando los alcaldes comentan que habrá una derrama económica, el turismo penitenciario es el menos deseado por los municipios.

La reportera pregunta a Edna Jaime, de la organización no gubernamental México Evalúa, sobre el sistema penitenciario.

“Por lo general –responde– en las cárceles de México se violan sistemáticamente los derechos humanos; en algunos incluso existe el autogobierno. En resumidas cuentas, son un desastre.

“El problema es enorme y tenemos que replantearlo. Lo que está de por medio son vidas de sentenciados, quienes incluso privados de su libertad conservan la mayoría de sus derechos y el Estado mexicano está obligado a velar y garantizar esos derechos. No lo ha hecho.

“El gobierno federal está presionado por el apoyo que recibe por medio de la Iniciativa Mérida, a través de la ACA, organización que establece estándares básicos para certificar los penales. Esto está moldeando la política penitenciaria mexicana.”

Orlando Camacho, de la organización SOS, presidida por Alejandro Martí, la secunda: “El tema no es tanto separar o no a los secuestradores. El tema es de origen. De nada servirá un área exclusiva para secuestradores si el control del penal lo siguen teniendo delincuentes, si hay un cogobierno o corrupción de la propia autoridad”.

El asunto es más profundo: “Pueden tener un área exclusiva para cada tipo de delincuentes, pueden dividir a los diferentes brazos armados o modificar sus horarios siempre y cuando hayan tomado una decisión férrea de reformar íntegramente al penal. Si no es así, nada sirve, sólo es un parche”.


Asegura que los pernales pueden ser de la más alta tecnología, pero la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, demostró que pese al monitoreo, él se evadió debido a la corrupción; y la madre de la corrupción es la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433395/desatino-una-carcel-secuestadores

El gran fracaso de la certificación penitenciaria

La certificación oficial de las cárceles mexicanas es una farsa. Desde abril de 2011, cuando empezó a aplicarse, a la fecha, la Asociación de Correccionales de América ha cobrado 14 millones de dólares provenientes de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, ese organismo ha entregado resultados catastróficos. Los 26 penales que considera más seguros en el país distan de serlo, según el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2014, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO: Desde el sexenio pasado, la Asociación de Correccionales de América (ACA) ha recibido 14 millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos al mexicano para la certificación de 29 de los 431 penales nacionales, pero los resultados son desastrosos, pues los amotinamientos, asesinatos, sobrepoblación, vulnerabilidad y corrupción en las prisiones continúan.

La certificación penitenciaria, iniciada en abril de 2011 a petición del entonces presidente Felipe Calderón a través del Programa de Correccionales financiado con recursos de la Iniciativa Mérida, es un gran fracaso.

Según la embajada estadunidense, el propósito de ese programa es brindar apoyo al gobierno de México para mejorar las capacidades del sistema penitenciario, que redunde en un manejo más eficiente de su población, e impulsar reformas sustantivas en los reclusorios federales, estatales y municipales para prevenir que las organizaciones criminales trasnacionales operen en ellos.

“A la fecha, señala la legación, más de 14 millones de dólares se han comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo”. Los reclusorios certificados por la ACA incluyen 16 federales, ocho de Chihuahua, uno de Baja California y cuatro del Estado de México; ahí tres penales se sumaron apenas en febrero pasado.

Sin embargo, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la consultora dirigida por James Gondles no cumple con gran parte de los 139 estándares internacionales que ella misma maneja. Según los diagnósticos del ómbudsman nacional al sistema penitenciario de 2014, en los penales estatales y federales la sobrepoblación es de 74%.

Asimismo, en un comunicado la CNDH sostiene que en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 78 incidentes, entre riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones que implicaron a 159 reos.

En Estados Unidos, la Prison Legal News –organización civil defensora de los derechos humanos de los reclusos– denunció a la ACA porque, aun cuando se presenta como asociación sin fines de lucro, cobra 3 mil dólares a cada penal y mil 500 dólares al día por cada auditor. En 2011, por ejemplo, la asociación de Gondles recibió 4.5 millones de dólares por acreditación, casi la mitad de sus ingresos de ese año (Proceso 2051).

La reportera se comunicó vía telefónica con Gondles para solicitarle una entrevista. Y como el director de la ACA pidió un cuestionario, se le hizo llegar uno de 35 preguntas por correo electrónico. Gondles devolvió la llamada y canalizó a la reportera con Eduardo Guerrero, representante de la ACA en México y comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Guerrero tampoco aceptó la entrevista. La Comisión Nacional de Seguridad respondió por medio de su área de Comunicación Social que las entrevistas “están suspendidas”.

Cifras negras

En 2011 la ACA certificó los primeros cuatro penales federales: el del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; el Noreste, en Tamaulipas, y el del Rincón, en Nayarit.

Dos años después se sumaron el Sudeste, de Huimanguillo, Tabasco; el Nornoroeste, de Durango; el Norponiente, de Sinaloa, y el Oriente, de Veracruz. Asimismo se incorporaron al Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida cuatro penales de Chihuahua y uno de Baja California.

En 2014 se otorgó la acreditación al Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte; al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, CPF Papantla; al Centro Federal Femenil de Readaptación Social Rehilete, y al Centro Federal de Readaptación Social Morelos.

Para enero de 2015, en Chihuahua ya estaban certificados los ocho penales estatales. Y el 16 de febrero último, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presumió que la ACA certificó cuatro de los 21 penales mexiquenses: el de Otumba; el Guillermo Colín Sánchez, en Ciudad Nezahualcóyotl; el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo, y la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

Según Ávila, fueron certificados por la ACA “después de pasar los más estrictos controles en temas como humanidad, justicia, protección, administración y seguridad”. Sin embargo, pese a la certificación, los problemas en las cárceles persisten.

En su Diagnóstico de 2014, la CNDH documentó 993 incidentes violentos en penales estatales (ceresos), 740 en los reclusorios federales (ceferesos) y cuatro en las prisiones militares (PM). Las riñas ocuparon el primer lugar: mil 435 y ocurrieron en 700 ceresos, 734 en ceferesos y uno en una PM.

Siguieron los desórdenes, con 126, todos ellos en ceresos; los suicidios, con 68 –62 en ceresos y seis en ceferesos–; los abusos, con 51; los homicidios, con 49, y los motines, con cinco, todos ellos en ceresos.

En el caso de homicidios, los penales con mayor índice fueron el Distrito Federal (18), Guerrero (seis), Tamaulipas y Estado de México (cinco cada uno), Sonora (cuatro), Chihuahua y Sinaloa (tres cada uno). La mayoría en los dormitorios.

Con respecto a los ceferesos, el incidente con mayor número de reportes fue el de riñas: 734. Los centros con más casos fueron los certificados por ACA: el Número 3 Noreste, de Matamoros, Tamaulipas (124); el Número 4 Noroeste varonil, de Tepic, Nayarit (119); el Número 2 Occidente El Salto, Jalisco (115); el Número 12 CPS Guanajuato (94); el Número 13 CPS Oaxaca (56). Por lo general ocurrieron en el comedor, las instalaciones deportivas y en los patios.

El Diagnóstico también expone que en los penales certificados se detectó falta de capacitación en los custodios y falta de elementos que cumplieran esa función; así como fallas administrativas. Ello, pese a que en mayo de 2009 se inauguró la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz, donde fueron capacitados 7 mil 519 nuevos oficiales.

De manera adicional, 120 oficiales se especializaron en técnicas de supervisión de primera línea y se impartieron dos cursos a 132 empleados de prisiones: uno de liderazgo en Denver, Colorado; otro sobre Grupos de Amenaza contra la Seguridad/Inteligencia, impartido por personal del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland.

Otros 118 oficiales de prisiones recibieron entrenamiento en procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, impartidos por especialistas de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y 22 instructores recibieron su certificación para impartir cursos de respuesta ante emergencias.

Se adquirieron también dos unidades móviles para el entrenamiento extramuros sobre el manejo de prisiones estatales y federales. Los instructores federales han capacitado a mil 561 custodios en materia de derechos humanos, desarrollo humano, emergencias, uso de la fuerza y simuladores de armas de fuego.

Y las quejas se multiplican

Hasta ahora, la certificación de la ACA a los penales nacionales ha sido infructuosa.

El Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014 otorga la máxima calificación a los penales de Guanajuato, 7.59, mientras la más baja es para Quintana Roo, 3.66.

En este rubro, la CNDH señala que el promedio obtenido en la aplicación del diagnóstico penitenciario en 2014 fue de 6.2 en los ceresos, menor al de 2011 (6.41), al de 2012 (6.28) y al de 2013 (6.10). Según la ACA, los penales certificados de Chihuahua obtuvieron 6.67; los de Baja California, 7.23, y los del Estado de México, 6.01.

En Chihuahua, el Cereso Número 3 –al que acudió el Papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en febrero pasado–, obtuvo 5.61 en el Diagnóstico de la CNDH, mientras el Número 7 de Ciudad Cuauhtémoc, 6.86, y el Número 2, 6.19.

Este centro obtuvo 4.53 en cubrir aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; en aspectos que garantizan una estancia digna sacó 7.26; en condiciones de gobernabilidad, 6.2; en reinserción social del interno, 6.53, y en grupos de internos con requerimientos específicos, 3.52, muy lejos de los estándares de la ACA.

Respecto a “condiciones de gobernabilidad”, la CNDH indica que falta un manual de procedimientos para traslado de internos y para motines; existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; presencia de cobros por parte de los custodios, así como por parte de los internos.

En dos de las cuatro prisiones mexiquenses certificadas por la ACA se repite el mismo fenómeno que en las de Chihuahua: el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba obtuvo 6.27, mientras el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón llegó a 6.22.

La tendencia se repite en la mayoría de los ceferesos, en los cuales el promedio fue de 6.83, según el documento de la CNDH. El Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ciudad Ayala, de Morelos, obtuvo 8.18.

El Número 2 de Occidente, en Jalisco, el Número 7 de Guadalupe Victoria, Durango, el Número 5 de Villa Aldama, Veracruz, y el Número 4 de Tepic, Nayarit, obtuvieron calificaciones que fluctúan entre 7.22 y 7.76. Otros, de 6.02 a 6.37, mientras que el más bajo es el Número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 5.53.

La CNDH indica también que en los primeros cuatro meses de 2015 detectó una sobrepoblación de 74% en los ocho ceferesos donde están recluidos los criminales más peligrosos de México, pese a que son consideradas las instalaciones más seguras del país.

Ahí se han registrado 78 incidentes, como riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones entre internos, los cuales implicaron a 159 reos.

La vida cotidiana de los reclusos, incluidos los que purgan sus sentencias en las prisiones certificadas, dista mucho de los estándares de calidad que pregonan los especialistas de la ACA. Y ello se refleja en las quejas presentadas ante la CNDH: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 sumaron mil 542.

El caso del Altiplano es singular. El 26 de febrero del año pasado, 138 internos enviaron a la CNDH una carta en la que se quejaban por malos tratos. Según el portal Nayarit en Línea, entre los firmantes estaban Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Beltrán Leyva, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Meses después, el 11 de julio, El Chapo se fugó.

El 18 de mayo de 2015 Sayra Rodríguez, hija de Nestora Salgado, la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa entonces en el Cefereso Número 4 El Rincón, en Nayarit, por presunto secuestro, denunció que los derechos humanos de su madre eran violados de manera constante. Salgado inició una huelga de hambre.


El 26 de febrero último, un centenar de custodios del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez denunciaron que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales los envían a otros centros penitenciarios del estado sin apoyo económico. Se quejaron de la falta de uniformes y de la mala calidad de la comida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433658/gran-fracaso-la-certificacion-penitenciaria

El tufo de la corrupción

Será hasta el 7 de abril cuando en la comisión anticorrupción, de participación ciudadana y estudios legislativos del Senado de la República, se discuta y se vote la propuesta para integrar la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción que fue creado en mayo de 2015. Pero la marginación de la sociedad y las negociaciones políticas en este momento están en su apogeo.

Los legisladores que encabezan la comisión, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional (que para el caso son lo mismo), dieron a conocer hace unos días un documento en el que integraron las propuestas tanto de su partido como las del PAN y del PRD. De hecho fue el partido del Sol Azteca el que más iniciativas sobre el caso introdujo, seis en total, contra cuatro del albiazul y una del rojo/verde.

Discuten sobre los detalles que habrán de dar forma, sustento, a los que se determinen como delitos de corrupción –los que no estén ya en las leyes que nos rigen-, y que a su vez determinarán las investigaciones, la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entidad que conocerá de los casos para su proceso judicial, y que estará integrado por 16 magistrados.

Los legisladores, que solo concedieron del 22 al 25 de febrero de 2016 para escuchar las voces de la sociedad organizada y sus propuestas para la ley general anticorrupción, parece que se debaten más sobre cómo protegerse unos a otros, que en abonarle al combate a la corrupción, con sus debidas sanciones. Por ejemplo, se omite la prisión para quien abuse del erario, se enriquezca ilícitamente, trafique con influencias o sea beneficiario de manera personal o entre sus familiares, de pactos desiguales, de bienes y servicios, de cantidades económicas. Contemplan los legisladores únicamente la sanción administrativa, la inhabilitación, y el pago o reparación del daño causado. Mientras el PRI/PVEM propone que sean 20 años de inhabilitación en caso de delitos graves, el PRD exige 30, y si los primeros van por la reposición del daño y algo más, los amarillos le apuestan al doble o al triple del pago.

Muy orondos, los senadores presumen que en la ley vendrá la obligación del funcionario a presentar la declaración patrimonial propia y la de su cónyuge, también que deberán informar sobre la situación de no conflicto de intereses, pero obviaron lo que desde la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada se ha venido proponiendo: La llamada ley 3 de 3, o propuesta de Ley General Anticorrupción que por estos días cuenta con el apoyo de más de 120 mil ciudadanos, y que entre otros muchos preceptos, incluye también la entrega por parte de funcionarios y sus parejas, de la declaración fiscal, con el fin de cuadrar y dar un seguimiento más detallado y justo a la vida económica, patrimonial y tributaria de quienes trabajan en los gobiernos.

Pero si ignoran a los ciudadanos organizados, los senadores también se protegen. En letra cursiva, no más pequeña pero sí de tratamiento especial, escriben en su propuesta que será el funcionario y solo él, quien determine si la información que ha proporcionado debe hacerse pública o no. Es decir, intentan regularlos y obligarlos a la transparencia, nada más para ocultar la información.

En el documento de la “La Ley general que establezca las bases para el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes que regulen y le den facultades a la Auditoria Superior de la Federación, la que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conocerá de los casos de corrupción, y la ley general que distribuya las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos”, se inscriben, entre las diferentes propuestas, lo que a la fecha han determinado como delitos graves:

Causar daño a la hacienda pública o al patrimonio, adquirir para sí o para personas cercanas, bienes y valores. La obtención de bienes inmuebles al contado o mediante crédito en circunstancias favorables, precio inferior al del mercado, tratos preferenciales, exclusión de licitaciones. Y no viene muy claro, pues lo catalogan en otros delitos, las comisiones a legisladores por el acceso al presupuesto por parte de federación, estado y municipio, práctica conocida como “moche”.

Proponen también, aparte de la inhabilitación de funcionarios, el cierre de empresas que hayan participado en el acto de corrupción. Sanciones a funcionarios y privados que hayan caído en el soborno, la malversación de fondos, peculado, desvío de recursos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, extorsión y nepotismo.

Otra más. De entre todos los representantes en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que son, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, solo quienes tengan un cargo en alguna entidad de gobierno lo presidirán. Ningún ciudadano será titular del comité, es decir, los funcionarios presidirán el ente que se encargará de investigar a los funcionarios. Mientras, las sanciones a los servidores públicos y a las empresas, las determinará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que los propios legisladores seleccionarán e integrarán.

Luego se preguntan por qué la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto ha disminuido tan drásticamente en los últimos meses, pues de acuerdo a una encuesta publicada por el periódico El Universal en colaboración con Buendía & Laredo, de noviembre 2015 a marzo 2016, el mandatario perdió 10 puntos de aprobación, al pasar de un 42 por ciento a un 32 por ciento, mientras quienes de plano lo desaprueban incrementaron 5 puntos, al pasar de 51 por ciento a 56 por ciento, y los apáticos se alzaron con el 11 por ciento.

Cuando le preguntaron a los encuestados dónde estaba el peor desempeño del Presidente, un 8 por ciento respondió que en las reformas (el orgullo de Peña Nieto), otras áreas de las que se adolecen los mexicanos y ven como consecuencia del gobierno federal: el aumento de precios, la devaluación del peso, el precio del dólar, la inseguridad. Los temas pues, que padecemos todos los días pero que el Gobierno de México no reconoce, ni ve, ni actúa en consecuencia para solventarlos.

La corrupción es uno de los principales problemas de este país. El tufo de corrupción en el Gobierno Federal sería una de las causas de la disminución en la aprobación del presidente, y ese tema, en estos momentos se discute en el Senado para establecer las leyes secundarias para el Sistema Nacional contra la Corrupción.


Ahora sí que es momento de actuar, pero no como los legisladores, en lo oscurito y en base a negociaciones políticas, sino desde la sociedad civil. De aquí al 7 de abril cuando se discuta en Comisión, y al 12 del mismo mes cuando se lleve al pleno del Senado, los ciudadanos tienen mucho por hacer para ser escuchados y considerados en el combate a la corrupción real, superando con creces el simulacro proteccionista que proponen los partidos políticos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/16-03-2016/47258

Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto

En las primeras dos entregas de esta investigación se mostró cómo el Grupo Comercializador Cónclave, manejado por Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, uno de los operadores del Cartel de Juárez, se convirtió en proveedor del programa oficial Cruzada contra el Hambre y también logró involucrarse en las operaciones del futbol internacional. Pero eso no es todo: en esta tercera y última parte, se documenta cómo aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto en el año 2012, en un caso que públicamente se conoció como “Monexgate”.

Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.


En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.

En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.


Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.

“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.


Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de debito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.

Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.


El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.


A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda.


El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con las documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.

Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.


En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.

Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.


Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.

En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.


El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.

Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.


La incorporación de Inizzio dejó el esquema PRI-Monex de la siguiente manera:


Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.


Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.

Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodassa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.



Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.

En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.


El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de debito utilizadas por el PRI.


De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.

La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013.



Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
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