Las políticas públicas, subrayaron especialistas, deben estar instauradas en una Ley General para el Control y la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad con el fin de asegurar su continuidad, además de la integración intersectorial, la asignación de recursos y la evaluación adecuada de dichas políticas para la prevención de los padecimientos mencionados. “Una Estrategia es débil frente al cambio de administración, no garantiza la permanencia”, dijeron.
El presupuesto asignado a la prevención de la diabetes, sobrepeso y obesidad abarca únicamente “acciones, programas y estrategias aisladas” que no responden a una política pública de Estado efectiva, reveló un análisis desarrollado por la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria.
Ante este panorama, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, subrayó la “urgencia y emergencia” de que el Poder Legislativo destine recursos para la prevención de estas enfermedades, ya que, recordó, México es el país que presenta mayor cantidad de muertes provocadas por la diabetes y a consecuencia de ella en 2013 se realizaron 75 mil amputaciones. Además, alertó, 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad y 1 de cada 3 niños presentan dichos padecimientos.
“Es una situación de emergencia […]. Las tasas de crecimiento son alarmantes e inauditas”, alertó Calvillo.
Atzimba Baltazar, consultora de Probatio aseguró que dichos problema de salud son “el riesgo sanitario más grande en nuestro país y el mundo en general” y, dijo, tienen implicaciones no sólo para quienes la padecen, sino para sus familiares, amigos, empleados y para la sociedad mexicana en general, por ejemplo, el costo de atención directa para obesidad y sobrepeso fue de 42 mil millones de pesos en 2008.
Federico A. Cortés, consultor Probatio reconoció que el Gobierno federal ha implementado medidas para hacer frente a dichos problemas, entre ellas el lanzamiento en 2013 de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que contempló un gravamen al consumo de bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, además del fortalecimiento a las acciones de prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
Sin embargo, el especialista señaló que existe una “fragmentación institucional que ha impedido alinear todos los esfuerzos en una sola política nacional completa, articulada e integral en la materia”, por lo que destacó la urgencia de “realizar medidas diferentes que logren cambios, ya que al hacer lo mismo siempre se obtienen los mismos resultados”.
El análisis “El legislativo y los nulos recursos para la prevención de la epidemia de obesidad y diabetes: De la estrategia a una política pública de Estado” alerta que la primera consecuencia de no implementar políticas articuladas se traduce en “la falta de información que permita saber el monto específico de los recursos que efectivamente se destinan a acciones de prevención, así como los programas a través de los cuales se ejercen estos recursos. Más preocupante aún, es la dificultad para valorar los resultados y el valor público que generan (o no) las distintas intervenciones gubernamentales”.
Los expertos coincidieron en que las autoridades, especialmente la Secretaría de Salud, a cargo de José Narro Robles, lleve a cabo acciones para enfrentar esta epidemia y tal como ha recomendado la Organización Mundial de la salud (OMS), invertir en prevención.
Las políticas públicas, subrayaron, deben estar instauradas en una Ley General para el Control y la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad con el fin de asegurar su continuidad, además de la integración intersectorial, la asignación de recursos y la evaluación adecuada de dichas políticas para la prevención de los padecimientos mencionados. “Una Estrategia es débil frente al cambio de administración, no garantiza la permanencia”, dijeron.
“Por ahora que la detengan y después la reviertan (la epidemia)”, exigió Baltazar y señaló que el diseño de política en la prevención es lo más importante, ya que existen “esfuerzos dispersos y desarticulados porque no hay herramientas de política pública que permitan al Estado cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de salud y cumplir con sus compromisos internacionales y sexenales”, aseguró.
Ante este panorama, Calvillo aseveró que implementar campañas para la prevención, incentivar el consumo de agua natural, trabajar en una política que rescate las riquezas culinarias, así como influir a los padres para que modifiquen los hábitos para dar un buen ejemplo a los niños, pueden ser un primer paso para lograr una disminución en los índices de dichas enfermedades.
A través del documento, los especialistas recomendaron reforzar la política del impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica, al considerarla “una herramienta recaudatoria importante que permite generar un círculo virtuoso para enfrentar los problemas de salud pública asociados a la prevalencia de sobrepeso y obesidad”.
Asimismo urgieron a diseñar una política pública que logre garantizar en el largo plazo los mecanismos legales, institucionales y los recursos para que México pueda enfrentar dichos padecimientos de forma efectiva y cumplir con los compromisos constitucionales e internacionales que se han planteado en el tema.
Otro de los llamados es hacía la creación de una instancia conformada por expertos que representen a las autoridades e institutos de salud, la academia y la sociedad civil “que estén libres de conflicto de interés para que realicen un diagnóstico adecuado del problema y sus causas y aporten elementos e información adecuada para el diseño de la política pública rectora para el control y prevención del sobrepeso y de la obesidad en nuestro país”.
Tras la información recabada por los expertos, las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala el análisis, deberán elaborar un diagnóstico específico para la creación del Programa presupuestario, mismo que tendrá que incluir a todos los elementos que integran la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa, entre ellos su propósito, componentes, actividades, metas e indicadores.
Atzimba y Calvillo remarcaron que padecer dichas enfermedades no supone una responsabilidad individual, ya que “las personas deben tener información y condiciones para alimentarse y ejercitarse para evitarlas”.
AUTOR: IVETTE LIRA: