De acuerdo con el documento, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense, de las cuales al menos 28 estuvieron involucradas en violaciones a los derechos humanos en 14 países de la región entre el 2000 y 2015. En once de estas naciones, líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, activistas, mineros, periodistas, abogados y sindicalistas, entre otros, resultaron muertos.
Concretamente, durante ese periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas, de las cuales 212 eran líderes comunitarios defensores de los pueblos, y en 709 casos se registraron acciones de criminalización de la oposición a los proyectos, entre las que se encuentran demandas, detenciones y condenas, señala el informe.
El JCAP afirmó la complicidad de las empresas mineras con los gobiernos, e incluso grupos criminales, para enfrentar las protestas sociales contra los proyectos y así continuar con las invasiones territoriales, lo que afecta principalmente a los pueblos y comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales.
A través del documento se cita el ejemplo del 7 de abril del 2015, cuando un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí, (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.
Tres días después, para apaciguar la polémica que despertaron las declaraciones, McEwen se disculpó por el “malentendido” que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.
El informe también reveló que las empresas mineras ocultan de sus informes de actividades tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.
Por último, señaló la relativa “inutilidad” del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero. Ante esto, especificó que el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, mientras que el NCP sólo investigó cinco casos desde el 2011.
Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/seis-proyectos-canadienses-se-vinculan-hechos-violentos-mexico/