El levantón y la ejecución de 10 pobladores de un municipio michoacano en julio pasado tiene inquietantes semejanzas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, cometida en 2014. Dado el horror del crimen, el gobernador Silvano Aureoles se apresuró a barajar versiones que ofendieron a los familiares de las víctimas, pero el contradictorio expediente del caso deja entrever que en éste también se ocultaron pruebas, se falsearon declaraciones y se intimidó a los testigos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los levantaron, los entregaron al crimen organizado, los ejecutaron y los quemaron durante una madrugada lluviosa del pasado mes de julio.
A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, el crimen organizado y el poder político se mezclaron de nuevo para desaparecer y matar a 10 habitantes del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán.
Igual que en el caso de Ayotzinapa, las autoridades –en este caso las judiciales de Michoacán– difundieron una “verdad” que no convence a las familias de las víctimas, quienes han realizado cuatro manifestaciones para pedir que se esclarezcan los hechos.
La versión oficial está llena de contradicciones, como lo muestra el expediente MOR/053/06913/2016.
El pasado 29 de julio, aproximadamente a las 11 de la noche, 10 hombres fueron levantados por policías de Álvaro Obregón y ministeriales vestidos de civil. Según cuatro personas que alcanzaron a resguardarse en el interior de la tienda Los Arcos –adonde llegaron primero tres de las víctimas y después otras siete a comprar cervezas– los municipales llegaron al lugar en sus patrullas y los estatales en autos particulares. Ahí detuvieron a los 10 y los golpearon antes de llevárselos con rumbo desconocido.
Al siguiente día, el 30 de julio, apareció una decena de cadáveres en una camioneta Tacoma, calcinada con todo y cuerpos.
El gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, se apresuró a informar el 1 de agosto que se trató de una explosión por “ordeña de combustible”. Luego reveló que los agentes estaban involucrados, “incluido un elemento de la policía ministerial del estado”. Después sostuvo que “aparecieron indicios” de que el presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, “tenía algunos vínculos con grupos de la delincuencia organizada”.
Finalmente Aureoles indicó: “Todo parece indicar que es una disputa por el territorio para la venta o distribución de droga”. Esto indignó a los familiares de los asesinados, quienes rechazaron la versión en diversos medios.
Fuente: Proceso
Autora: Jesusa Cervantes
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