En conferencia de prensa para presentar la recomendación general 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, el ombudsman detalló que entre 2009 y 2010 la CNDH sólo recibió cuatro quejas por violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a someter a consideración de los pueblos indígenas los proyectos de infraestructura que modificarán su entorno físico y cultural.
Sin embargo, de 2014 a 2015 el número de denuncias recibidas aumentó a 12, y en lo que va de 2016 suman 18.
“Hay quejas en función de las reformas estructurales”, destacó González Pérez, luego de señalar que el crecimiento en el número de denuncias se debe a la proliferación de “proyectos que afectan y pueden afectar a los pueblos indígenas, pero no han sido consultados”.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordó que los gobiernos federal y estatales están obligados por los tratados internacionales a realizar consultas durante las distintas etapas de la consolidación de proyectos, “con información precisa de sus alcances y efectos, incluida la que tienen que proporcionar las autoridades de medio ambiente, pero no se está entendiendo adecuadamente cuáles son los parámetros internacionales para una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
De acuerdo con el presidente de la CNDH, para la elaboración de la recomendación general se tomaron en cuenta las quejas recibidas, así como las recomendaciones 56/2012, 23/2015 y 43/2015, relacionadas con las violaciones al derecho a la consulta del pueblo indígena Wixárika, el de la soya genéticamente modificada y el proyecto Acueducto Independencia.
De esa revisión, dijo, se llegó a la conclusión de que el carácter previo de la consulta “es constantemente vulnerado”, toda vez que las obras de infraestructura, así como las concesiones y permisos para la explotación de recursos se otorgan sin el conocimiento de los pueblos indígenas.
Y cuando se hacen las consultas, añadió, en ocasiones se dan en “un contexto de violencia, amenazas, hostigamientos, represión, criminalización hacia los integrantes y representantes de las comunidades”.
Abundó que de acuerdo con las quejas recibidas, “los defensores de derechos humanos en materia de consulta previa o representantes de comunidades indígenas se ven presionados a partir de que les inician averiguaciones previas, los acusan de tal o cual cosa por la defensa de su derecho, y muchas veces se ve presionados o criminalizados”.
González Pérez destacó que en los procesos de consulta, las autoridades han incurrido en omitir información “sobre posibles riesgos ambientales y el impacto que conllevaría el desarrollo de los proyectos”, e incluso han impulsado “campañas de desinformación entre las comunidades, o las consultas se han formulado como un medio para legitimar una propuesta”.
Además, algunas de esas consultas se hicieron sin tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos que serían afectados. “En ocasiones se llevaron a cabo en una biblioteca de alguna ciudad, y no en las comunidades”, o bien sólo se tomó en cuenta al sector comunitario que estaba de acuerdo con el proyecto en cuestión.
Advirtió, asimismo, que el Estado mexicano está en deuda con los pueblos indígenas que “han sido objeto de la denegación de sus derechos”.
A pesar del marco regulatorio nacional e internacional, agregó, siguen sufriendo violación a sus derechos. “No debemos olvidar que de los millones de mexicanos en situación de pobreza extrema, un porcentaje más alto se da en comunidades indígenas, y parte de los derechos que tienen es el derecho a la identidad cultural y a su territorio”.
González Pérez urgió a las autoridades correspondientes a legislar en materia de consulta previa a los pueblos indígenas, por ser “no sólo una herramienta fundamental para preservar los derechos de las comunidades y mitigar los efectos de los proyectos de infraestructura o de extracción de recursos naturales, sino para que sean coparticipes de esos beneficios”.
La cuarta visitadora Norma Inés Aguilar León destacó que a pesar de las reformas en materia de derecho indígena impulsadas en México desde 1992, sólo Durango y San Luis Potosí “tienen una ley específica que regula y desarrolla el derecho a la consulta previa”, aunque 25 entidades reconocen ese derecho.
Tras un análisis comparado de las legislaciones locales, la visitadora enlistó ocho recomendaciones dirigidas a las autoridades federales y estatales, así como a las legislaturas federal y locales.
En su recomendación general, la CNDH exhorta al Presidente de la República a “presentar una iniciativa al Congreso de la Unión sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del país”, que recoja como mínimo los estándares del Convenio 169 de la OIT y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Al Congreso de la Unión le pide estudiar la iniciativa que en su caso envíe el Ejecutivo federal, es decir, que vigile que cumpla con los estándares internacionales para su regulación y que “se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país, realizando consultas a las mismas, y se integre a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas durante el proceso legislativo”.
La CNDH también exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los Ejecutivos de las entidades federativas a proponer una iniciativa “sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”, en las mismas condiciones que a nivel federal, y que se someta a discusión en los congresos locales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450353/pide-cndh-legislar-consultas-proyectos-a-pueblos-indigenas