Es ella, otra vez, la imagen de un nuevo escándalo. Es quien, de nuevo, por una propiedad inmobiliaria de lujo hasta ahora desconocida en su peculio, se encuentra en el punto crítico del ámbito gubernamental. El diario británico The Guardian sostiene que la esposa del Presidente de la República usa un departamento de dos millones de dólares en Cabo Vizcaya, en el sur de Miami Beach. La propiedad es de Grupo Pierdant, una empresa que podría significar un conflicto de interés si es que recibe contratos de la presente Administración.
Es un paisaje de costos altos que según observadores de Transparencia y politólogos pudo evitarse muy bien si el Presidente de la República hubiera puesto dedicación especial al ámbito de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y en consecuencia, al Combate a la Corrupción. No sólo hablan de la legislación, también del ejercicio.
Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exclama frente al reciente escándalo inmobiliario: “Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una convicción personal de resistencia. No hay voluntad política. El Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad. Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe ser un ejercicio exhaustivo”.
Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que la declaración patrimonial de los servidores públicos incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere.
Ernesto Gómez Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expone que el primer eslabón de una cadena que debe hacerse cuanto antes es la declaración patrimonial. “Tal como quedó, la declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, expone.
Al cierre de este texto y horas después de la publicación de The Guardian, de la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún colgaba la declaración patrimonial actualizada al 31 de mayo de 2016 por el Presidente de la República. El documento tiene el mismo contenido que tanto fue cuestionado en medio del escándalo de la “casa blanca”. No muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve propiedades que posee le fueron donadas por su padre o su madre, mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años de edad.
Por la casa que adquirió en 1982 –en su adolescencia, con esos 15 años– pagó 924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber ocurrido en vida de Pretelini porque ella falleció seis años después. El valor de sus propiedades no está actualizado. En algunas, está expresado en viejos pesos, lo que genera confusión más que certeza.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y uno de los autores del Índice de Impunidad México. Frente al nuevo affair que ocupa las planas de los periódicos, piensa que todos los escándalos de corrupción en el futuro pueden ser subsanados desde ahora con un recurso que en apariencia es simple: la declaración detallada de posibles conflictos de interés. No se aleja de lo que piensa Alejandro González de la Organización no Gubernamental Gestión Social (Gesoc), quien sostiene que la declaración del Presidente aún carece de detalles y tales huecos abren una gran zanja de suspicacia.
LA PRIMERA DAMA, OTRA VEZ
Nada obliga a la esposa del Presidente a la Rendición de Cuentas. Su papel escapa de toda legislación y reglamento. Pero vista desde la lupa de la Transparencia y a estas alturas, ya no se trata de un personaje que pueda esconderse en los entretelones, ni bajo el traje del bajo perfil. Hoy, de nuevo, es ella la protagonista del escándalo.
Villanueva Villanueva exclama: “Estamos en una situación de claroscuros. Ella no ejerce recursos públicos. Pero de manera directa o indirecta vive cerca de ellos. Tras la experiencia de este sexenio, es una figura que más que nunca debe ser regulada”.
El nombre de Angélica Rivera Hurtado ha generado una lista de preguntas durante la presente administración ante el INAI. Y hasta ahora, para no especificar cuánto gasta, la Presidencia, apegada a la Ley, responde siempre que ella no es funcionaria pública. El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de 2013 registra las compras, pagos y erogaciones por capítulos, conceptos y partidas de los funcionarios públicos y en efecto, Rivera Hurtado no aparece ahí ni por asomo.
Pero nada detiene las preguntas que su ser ha generado ante el INAI. Los ciudadanos han pedido el presupuesto para regalos navideños, el reporte de su gasto del viaje realizado al Vaticano, otro tipo de viajes, gastos de ella y sus hijas, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, cuánto se le paga a su maquillista Alfonso Whaitsman, el contrato con la empresa que montó su sitio web, así como su agenda de trabajo. Todo, para la Presidencia, está declarado como “inexistente”.
En cuanto a los gastos, las solicitudes han sido turnadas a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la cual ha indicado en varios oficios: “… Hago de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva tanto en el estado del ejercicio del presupuesto asignado al Ramo 02 Oficina de la Presidencia de la República, como en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP [Dirección General de la Función Pública], no se identificaron erogaciones presupuestarias por los conceptos requeridos…”.
EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y LA TRANSPARENCIA
Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).
Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país.
El impulso por la Transparencia se redujo cuando Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también panista, llegó a la Presidencia y su política se concentró en el combate al crimen organizado. Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a México en la posición 98 y a Chile en la 21.
En 2012 ganó de nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto como candidato. Y la Transparencia se marchitó. En su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento impronta de los Presidentes mexicanos, le dedicó sólo tres párrafos y no expuso ninguna ruta de lo que pensaba hacer en ese ámbito pese a que se proponía impulsar un andamiaje de reformas estructurales en los sectores educativo, económico y petrolero.
Aunado a ello, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala durante 17 meses. Conforme a la Reforma de la Ley de Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía desaparecer para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción; de modo que sobrevivió con un encargado de despacho mientras el Gobierno transcurría.
En campaña, ante Notario Público, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear esa Comisión que abatiría la corrupción. Pero pronto, las cosas cambiaron. No fue el combate a la corrupción un tema en su Primer Informe de Gobierno. Tampoco en el Segundo. Menos en el tercero. La noche del 19 de agosto de 2014 en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.
La “casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.
Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado.
En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.
Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LINALOE R FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078238