“Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) lo han expresado en un concierto de voces, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita en el 2014 y el propio Alto Comisionado de la ONU, todos han coincidido en los últimos cinco años en un diagnóstico crítico, pero también en el diseño de una ruta propositiva”.
Entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, Juan E. Méndez, relator especial de la ONU para la Tortura, estuvo en México documentando el problema . Su informe final lo presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la Organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, el 5 de mayo de 2015.
“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, dijo entonces. Y su largo y crítico informe por la inacción del Gobierno federal frente a este crimen generó el descontento y una respuesta virulenta de parte de la administración de Enrique Peña Nieto.
Este mediodía, durante la inauguración del “Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada, cometida por particulares en México”, Jan Jarab reiteró que México enfrenta una situación muy preocupante. Si bien reconoció que este concierto de voces solo se dio debido a la permisión del Estado de ser escrutado, resaltó que tampoco hubiera sido posible sin el papel de las víctimas de no dejarse vencer por el miedo.
“La sociedad civil ha jugado un rol central en la detección de los problemas que enfrenta México en materia de tortura y desaparición de personas, su contribución ha sido notable en la documentación de casos, acompañamiento, exigencias, eventos a favor de la memoria y en contra del olvido, y muestras de conciencia pública, como este foro”, recalcó.
Jarab reconoció la aprobación de las leyes federales contra la tortura, la implementación de protocolos y unidades especializadas al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, puntualizó, son procesos que se han replicado a nivel estatal “pero a manera dispar”.
Los diagnósticos de las organizaciones no gubernamentales han hecho numerosas recomendaciones en las que al país tiene que trabajar.
Entre ellas enlistó: ”Reconocer la dimensión de ambas problemáticas, desarrollar políticas de prevención, investigar diligentemente la tortura y la desaparición de personas a fin de acabar con la impunidad, garantizar el acceso efectivo a la justicia, a medidas para una búsqueda efectiva, brindar apoyo a las familias y organizaciones defensoras, adoptar un enfoque de género, y garantizar el interés superior del niño y la niña, así como proteger a grupos vulnerables, entre ellos, migrantes, personas de la diversidad sexual; contar con registros de detención, regular el uso de la fuerza, profesionalizar e independizar loas servicios periciales y finalmente reparar a las víctimas”.En el foro llevado a cabo en la sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Alto comisionado de Derechos Humanos, detalló que en México aún existe el prejuicio de la sociedad de que quienes desaparecen están metidos en problemas relacionados con el crimen. Una forma de criminalizar a las víctimas.
Jarab reconoció que tomando en cuenta el caso mexicano, las medidas del Gobierno deben traducirse en acciones concretas y traspasar el ámbito de lo formal.
“En este contexto es importante construir instituciones que tengan la confianza del público […], por ejemplo, en el contexto de recomendaciones que mencioné, sería útil crear una institución forense de tipo independiente y una organización nacional de búsqueda de personas desparecidas, podemos añadir que también es importante garantizar que las comisiones estatales de derechos humanos sean encabezadas por personas con un perfil y trayectoria distinguida por la defensa de los derechos humanos y no por intereses políticos”, sentenció.
Apenas el pasado 1 de julio, Jan Jarab consideró que el Gobierno de México ha fracasado en la políticas para enfrentar las desapariciones forzadas.
Durante la presentación de la campaña “No Olvidamos. Un llamado a la justicia”, el representante del organismo internacional señaló que las campañas de este tipo ponen en evidencia “que algunas acciones institucionales no se llevaron a cabo de la manera adecuada, que faltan muchas más por realizar” y consideró que la misma es “urgente y necesaria en México”.
Jarab destacó también en esa ocasión que son las familias de los desaparecidos las que “han asumido enormes riesgos por exigir justicia y verdad”.
El funcionario arribó a mediados el mes pasado a nuestro país y fungirá como nuevo Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dará seguimiento a las observaciones y hallazgos hechos por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante su visita a México en octubre 2015.
El pasado 28 de junio, la organización Amnistía Internacional dio a conocer un informe donde documentó, durante ocho meses, y luego de entrevistar a 100 mujeres, violaciones tumultuarias de policías y soldados, descargas eléctricas en los genitales y una impunidad que arropa a los agresores y los mantiene en la calle.
El estudio de Amnistía reveló que de 100 mujeres entrevistadas, 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual durante su detención. Los agresores fueron elementos de la Marina, Policía Municipal, Estatal, Federal y Ejército.
La organización detalló que pese al alto número de denuncias, las autoridades han afirmado que en los últimos cinco años sólo se han presentado seis cargos de violación contra funcionarios públicos en la justicia federal.
Siete soldados fueron juzgados por violación en 2012 y 2013 por tribunales castrenses. No obstante, entre 2010 y 2015 ningún miembro del Ejército fue suspendido por delitos sexuales. Tres marinos fueron suspendidos por abuso y uno fue condenado, pero inhabilitado sólo hasta salir de prisión.
“Es realmente alarmante el informe, porque estamos hablando que la tortura sexual se vuelve el método preferido de las fuerzas armadas y de seguridad de este país. Estamos hablando que de 100 mujeres, todas alegaron haber recibido algún tipo de violencia psicológica o verbal. Realmente son cifras escalofriantes y lo peor es que el gobierno sigue sin castigar prácticamente a casi ningún soldado o policía por estos hechos”, dijo a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.
La investigadora reveló que Amnistía no conoce que exista una sola persona encarcelada por los delitos que denunciaron las 100 mujeres.
De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violación sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la policía municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-07-2016/3070076