viernes, 1 de julio de 2016

Caso Tlatlaya “permanece en la impunidad”: Patrón


La Procuraduría General de la República "tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad".

A dos años del operativo militar que terminó con la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que hay “un contexto de tristeza frente a la impunidad de los hechos, frente a la realidad de que hoy en día no haya ningún procesado por la masacre, pero incluso frente a la realidad de una intencionalidad política de borrar los hechos, incluso de generar juicios en torno a la inexistencia de los mismos, a pesar de existir con toda claridad una recomendación que establece que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, ya estando a disposición de las autoridades del Estado”.

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “se alteraron las evidencias vinculadas con la escena del crimen , y se privó arbitrariamente de la libertad a tres mujeres que a la postre fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Consideró que hay “una intencionalidad en un contubernio entre autoridades federales como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con autoridades del Estado de México, justo para negar la existencia de los hechos, no podemos olvidar que el día posterior de los hechos, tanto la Sedena emitió un boletín oficial en donde refería que las 22 personas fallecidas era por consecuencia de un enfrentamiento, eso fue encubierto por las autoridades del Estado de México, quienes agradecieron públicamente a la Sedena su valor y su valentía en los operativos”.

Agregó que “el propio Estado de México estaba vinculado en los hechos, en la manipulación de la escena y en la tortura posterior a las tres mujeres sobrevivientes”.

A dos años del caso “hay indignación por la ausencia de respuesta de las instituciones del Estado Mexicano. No podemos olvidar de que a pesar de que fueron inicialmente procesados siete elementos del Ejército Mexicano, tres de ellos acusados de la ejecución extrajudicial, homicidio calificado, fueron liberados… por insuficiencia indagatoria”, expuso.

La Procuraduría General de la República “tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo Patrón.

Otra versión

El jueves, el diario mexicano El Universal publicó Tlatlaya: otra versión de la historia, una entrevista con Patricia, de 29 años de edad, sobreviviente y testigo de lo ocurrido el 30 de junio de 2014.

De acuerdo con el periódico”su historia contrasta con la de Clara Gómez —la testigo que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se identificó con el nombre de Julia, y fue clave en el expediente contra los militares acusados del homicidio de siete de los civiles— .Clara ha dicho que Érika, su hija de 15 años que murió en el lugar, estaba secuestrada por el grupo armado y que ella estaba esa noche en el lugar del enfrentamiento porque había llegado para recuperarla. Patricia, sin embargo, afirma que ambas estuvieron ahí por su voluntad y que acompañaban a los integrantes del grupo armado que chocó con el Ejército”.


“Explica que llegó al sitio en el que estaba el grupo armado para dar sexoservicio, pero ahí encontró por casualidad a su novio, quien la mantuvo a su lado, lo que le permitió conocer durante los cuatro días previos a los hechos a otras mujeres que convivían con ellos.Entre ellas estaba también Cynthia Nava, recuerda, otra de las sobrevivientes, quien también hacía compañía a los integrantes de la organización delictiva”.

Al respecto, Patrón indicó en la entrevista para Aristegui CNN que “la señora Clara nos ha comentado que no es su intención entrar a una suerte de debate sobre la legitimidad del dicho de las víctimas. Nosotros lo que entendemos es que la versión que obra en actuaciones en el expediente es que doña Clara acude en rescate de su hija después de la llamada de ella, cuando se encuentra con los hechos que ya describíamos al inicio”.

“Nos parece que si bien el reportaje del periódico da cuenta de un testimonio de las víctimas sobrevivientes, los hechos centrales del caso están intocados, la propia víctima que entrevista el diario no se refiere a los hechos de la ejecución y de alguna manera se refiere tangentemente a los hechos posteriores de la ejecución”.

Además “no hay ningún cuestionamiento central a la veracidad y mécanica de los hechos en términos de que de 12 a 15 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida, que hubo una manipulación de la escena del crimen y que con posterioridad las tres mujeres fueron privadas arbitratariamente de su libertad, sometidas a tortura”.

Agregó que “como centro de derechos humanos, nos parece seria la tendencia de la contraposición de los dichos y las versiones de las víctimas. Entrar en un debate sobre la legitimidad de las víctimas, es decir, si son víctimas puras o no puras, o si pudieron haber cometido algún hecho ilícito, es muy riesgoso en términos de que se podrían justificar atrocidades, como es la ejecución de un conjunto de personas”.

“Somos respetuoso del dicho de esta otra testigo sobreviviente, y nos parece, incluso irrelevante, si se trataba de personas que ejercían el trabajo sexual o no, ha habido una tendencia de descalificación al origen de su trabajo de que si era bueno o malo. Llevar ese debate a una supuesta calificación por la legitimidad de las víctimas, nos puede llevar a justificar atrocidades”, apuntó.

“El testimonio debe tomarse en cuenta para este momento de la investigación, pero en nada contradice los hechos ya planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró.

Recordó que “después de que la CNDH emitió su recomendación en octubre de 2014, la PGR hizo su consignación correspondiente en contra de siete militares, tres de ellos acusados por homicidio calificado, y los otro cuatro por delitos vinculados con la obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Sin embargo pronto se fue diluyendo esa posibilidad del acceso a la justicia”.

Primero fueron liberados cuatro militares “que no habían sido acusados por homicidio, y posteriormente por desgracia sucedió la emisión de la sentencia del Tribunal Militar del Estado de México, en mayo de este año, en donde termina por liberar a los tres militares que estaban por homicidio calificado”.

“El caso permanece en la impunidad, actualmente no hay actores materiales vinculados a proceso, acusados de ningún delito, tampoco se ha investigado la responsabilidad institucional o por cadena de mando“, acotó Patrón.

El caso Tlatlaya “es un reflejo de un problema sistémico y estructural”, finalizó.