jueves, 12 de mayo de 2016

Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en 2010

La administración del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los atacantes que emboscaron a una caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y de la que resultaron muertos dos defensores de derechos humanos, la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.

El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres comandantes de la Policía Estatal estaban en posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de ellos recibió la orden de regresar a su comandancia cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron sino hasta un día después del crimen, aunque ya sabían que había personas lesionadas, según el expediente de investigación del caso.

A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión de los familiares de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.

El centro ceremonial Triqui de San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Desde 2014 su agente municipal es Antonio Cruz Merino, hijo de Antonio Cruz Martínez, apodado “Pájaro”, ambos están acusados y tienen orden de aprehensión por los asesinatos. Padre e hijo siguen libres.

Mientras tanto, los Cruz mantienen el control del centro ceremonial Triqui cobijados por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), organización política que gestiona recursos públicos para sus agremiados y que ya anunció su apoyo político al partido Morena, como antes hicieron con el PRD y candidatos del PRI.

Según el investigador Francisco López Bárcenas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el derramamiento de sangre de la etnia Triqui, originaria de Oaxaca, puede rastrearse desde la época de Independencia, pasando por su lucha en la Revolución Mexicana y hasta el bombardeo sobre sus casas a manos del ejército mexicano a mediados del siglo XX.

“Aquí, los Triquis como deportes sólo practican el basquetbol y andar matando”, dijo un joven originario de La Cumbre Yerbasanta, en una de las comunidades que forman parte de la etnia. Cada comunidad está dirigida por líderes llamados Agentes Municipales, aunque legalmente dependen de tres municipios: Santiago Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario.

San Juan Copala es el centro ceremonial de la etnia Triqui; todos los lunes, sus miembros acuden desde los alrededores principalmente para comerciar. Ese centro perdió el estatus de municipio en 1948, cuando se dividió y se anexó al territorio del municipio de Santiago Juxtlahuaca, entre violencia y conflictos armados por las tierras de esa zona, explica el mismo López Bárcenas.
Las pugnas con terratenientes y las luchas internas entre comunidades hicieron que los Triquis se agruparan en distintas asociaciones, el Club en los años setenta, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1981 y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) en 1994, todos con demandas similares: reconocimiento de su territorio y la atención de los gobiernos hacia sus poblaciones.


El gobierno federal no ignoraba estos conflictos, al menos, desde 1975, según un informe desclasificado del Archivo General de la Nación para esta investigación, y redactado por la principal corporación de inteligencia de la época, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que recibía reportes de los mestizos de la zona que acusaban a los Triquis de oponerse a ellos “por medio de las armas” cuando reclamaban terrenos.

Sobre la repartición de las tierras, “el gobierno no dio la razón a ninguna parte y el problema siguió manifestándose de diversas maneras”, señala el investigador López Rosas.

En los años recientes, los problemas sobre tierras ha derivado en pugnas entre organizaciones que compiten por tener el control del territorio. Cada organización controla cierta comunidad y no hay libre tránsito entre ellas, pues solamente están “autorizados” a pasar a cada zona los originarios del lugar y las personas que pertenecen a la organización que la controla, según se pudo constatar en una reciente visita de Aristegui Noticias a esa región.

Con el paso de los años, estas organizaciones además de sumar gente y territorio, han sumado capital político que pueden negociar con partidos políticos como PRI, PRD o Morena.

Aunque a Ubisort se le relaciona con los gobiernos del PRI y al MULT con partidos de izquierda, ambas organizaciones han intercambiado miembros y han hecho pactos electorales con partidos de todas las ideologías, al mismo tiempo que gestionan obras en sus comunidades.

Uno de los momentos de mayor agitación en la región Triqui comenzó después de 2006, cuando una de sus organizaciones apoyó las manifestaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una insurrección estatal que había comenzado con demandas de profesores y cuyas demandas escalaron hasta exigir la destitución del gobernador Ulises Ruiz.

La organización que había estado en las revueltas era una escisión del MULT, llamada Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-Independiente), la misma que inició el proyecto del llamado Municipio Autónomo de San Juan Copala.

A principios de 2007, MULT-Independiente y parte de las comunidades de Ubisort, instauraron el proyecto de autonomía para San Juan Copala, con la visión de separarlo de Santiago Juxtlahuaca y llamarlo Municipio Autónomo.

El 1 de enero de 2007, nació el “Municipio Autónomo de San Juan Copala”. Alberta Cariño, conocida como Bety, accedió a montar una radio comunitaria en el nuevo municipio, pero no era la primera vez que lo hacía, Bety montaba radios comunitarias a través de su Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus). La radio para San Juan Copala se llamaría “La voz que rompe el silencio”.

Su pareja y padre de sus dos hijos, Omar Esparza, también apoyó al municipio con proyectos productivos, a través de la organización que dirigía, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Ambos eran originarios de Puebla, pero tenían una intensa relación con las comunidades indígenas de Oaxaca por su trabajo como líderes de organizaciones civiles, que les habían llevado a participar en las manifestaciones de 2006, junto con la APPO.

Todo parecía marchar bien en el nuevo Municipio Autónomo, aunque tuvo adversarios en varios frentes. Desde legisladores federales, hasta las otras organizaciones Triquis que mantenían el control en las zonas aledañas. MULT, y la fracción de Ubisort que no se sumó al proyecto, porque –dijeron–, no fueron consultadas.

En 2009 empezó el fin del proyecto, cuando organizaciones contrarias sitiaron el lugar, instalando retenes armados a la entrada y salida de San Juan Copala, los habitantes quedaron atrapados entre disparos que venían desde los montes, de acuerdo con relatorías de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

El sitio comenzó el 28 de noviembre de 2009, cuando miembros armados de Ubisort impidieron que un grupo de campesinos de Atenco, Estado de México visitaran San Juan Copala, invitados por los dirigentes del Municipio Autónomo.

Los de Atenco no pudieron pasar más allá de una comunidad cercana a San Juan Copala. Los hombres de Ubisort amenazaban con disparar si avanzaban más. Ese mismo día hubo disparos hacia el centro del Municipio Autónomo, se reportó la muerte de un niño y las escuelas del lugar decidieron suspender las clases, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde entonces, las salidas del corazón de la región Triqui estaban asediadas por tiradores escondidos entre los matorrales. Al norte, por la comunidad de La Sabana que controlaba Ubisort; al sur, por la comunidad de El Rastrojo, bastión del MULT. El centro de operaciones del Municipio Autónomo estaba sitiado, sin posibilidad de llevar comida y transitar libremente. 39 personas serían asesinadas desde que se instauró el sitio a San Juan Copala y hasta el 31 de diciembre de 2010, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cinco meses después del sitio, una caravana de ayuda humanitaria se aventuró a llevar víveres a los habitantes atrapados en San Juan Copala. Bety Cariño y su pareja Omar Esparza convocaron a maestros de la APPO, defensores de derechos humanos de México, Alemania, Bélgica, Italia y Finlandia, según las distintas declaraciones que dieron a las autoridades después que fueron emboscados, a participar.

La emboscada

La mañana del 27 de abril de 2010, más de 20 personas partieron de Huajuapan, Oaxaca a San Juan Copala. Les esperaban tres horas de camino si querían entregar los víveres. Al frente iba una camioneta blanca Ford Econoline, en la que viajaron Bety Cariño y Jyri Jaakkola, un activista finlandés de 33 años que visitaba Oaxaca como parte de su trabajo en la organización Viento Nuevo.

Maestros de la APPO, otros defensores de derechos humanos y dos periodistas de la revista Contralínea seguían el paso de la camioneta. Todos salieron antes de las 11 de la mañana, según el expediente de la averiguación.

El esposo de Bety, Omar, seguía a la caravana desde atrás en un auto Shadow oscuro. Decidiría si entrar o no cuando estuviese cerca de llegar, porque un día antes el líder de Ubisort, Rufino Juárez, había dicho a una radiodifusora local que no se haría responsable de lo que pudiera pasarle a los activistas si insistían en penetrar el poblado de San Juan Copala. Omar era quien había tenido mayores fricciones con los líderes Triquis de Ubisort y MULT, y temía ser también el más visible. Omar no entró y decidió esperarlos a unos kilómetros antes de llegar, dijo a Aristegui Noticias.

La caravana siguió hasta que unas piedras colocadas en el camino les impidieron avanzar.

Según el relato de los hechos recabados por la Procuraduría de Oaxaca, un grupo de hombres encapuchados salió de entre los matorrales que bordeaban el camino. La camioneta intentó echarse en reversa, pero los autos que venían atrás –y que formaban parte de la caravana– se lo impidieron. Entonces comenzaron a recibir disparos. Una bala impactó la cabeza de Bety. Por unos instantes, Jyri sostuvo el cuerpo sin fuerzas de Bety, todo siempre de acuerdo con las declaraciones juradas de los testigos que están en en el expediente.


Después, otra bala alcanzó la cabeza de Jyri y no pudo sostener más a Bety. La caravana quedó varada cerca de la comunidad de La Sabana, a unos metros de San Juan Copala, donde los dos cuerpos quedaron tendidos hasta el día siguiente, cuando entró una delegación de la policía estatal en Santiago Juxtlahuaca, según dijo el comandante delegado en ese lugar, Ranulfo Méndez.

Declaración del comandante en Santiago Juxtlahuaca, Ranulfo Méndez, ante la Procuraduría de Oaxaca (IH)
La versión del comandante de Juxtlahuaca la confirma un parte informativo que envió el también comandante Amando Cruz, pero de una región cercana, Huajuapan, a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que dijo que el gobierno estatal no mandó elementos sino hasta un día después:

Parte informativo del comandante de Huajuapan, Amando Cruz, dirigido a la PGR.
Otro comandante cercano a la zona y asignado al municipio de Putla, Silverio Cruz Nolasco, iba a auxiliar a la caravana por órdenes de “su superioridad”, pero el secretario de su comandancia le notificó que debía regresar porque, supuestamente, había otro enfrentamiento en la región que debía atender, según su declaración a la PGR:

Declaración del comandante en Putla, Silverio Cruz Nolasco, ante la PGR
Si realmente existió el enfrentamiento que este comandante dijo que debía atender en Putla, esa historia no mereció una sola nota en los diarios de los siguientes días, de acuerdo con una revisión hemerográfica del periódico nacional Reforma ni de los dos diarios más importantes de Oaxaca, Noticias y El Imparcial.

Diarios locales de Oaxaca Noticias y El Imparcial.
El gobierno estatal supo

El gobernador Ulises Ruiz y su entonces secretario de gobernación, Evencio Martínez, siempre negaron tener “conocimiento formal” de que una caravana humanitaria intentaba llevar víveres a San Juan Copala aquel 27 de abril.


Hay documentos y testimonios que apuntan a que la autoridad estatal sí supo que la caravana se dirigía al corazón de la cultura Triqui. Las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos emitieron recomendaciones sobre el caso, en las que señalan que el gobernador y su secretario de gobierno fallaron en su responsabilidad de garantizar la seguridad del territorio y el libre tránsito.

Al menos tres testigos en la averiguación de PGR dijeron que policías estatales vieron a la caravana, momentos antes de llegar al municipio de Santiago Juxtlahuaca e incluso después del ataque. La Policía Estatal depende directamente del gobernador del estado y sus elementos “rendirán por escrito el parte de novedades de su sector”, dice la ley de la policía de Oaxaca.

Declaración de Víctima 1 ante PGR.

Declaración de Víctima 2 ante PGR.
Declaración de Omar Esparza ante la PGR.
Pero aun cuando ninguna autoridad municipal o representante estatal hubiese informado al gobernador y su equipo cercano, bien pudieron enterarse por la prensa. El diario local Noticias informó desde la edición del 27 de abril que observadores de derechos humanos saldría de Huajuapan hacia San Juan Copala.

Diario Noticias del 27 de abril de 2010 (Diario Noticias).
De hecho, un día después de la emboscada, el diputado local Zenén Bravo Castellanos aseguró que él mismo había informado al entonces subsecretario de Gobierno, Javier Jiménez Herrera, sobre la ruta de la caravana que ingresaría el martes 27 de abril.

“Le dije que el MULT-Independiente solicitaba garantías y medidas de seguridad ya que habría presencia de observadores internacionales, nacionales y estatales en la caravana del 27 de abril […] Javier Jiménez Herrera me respondió que tomaba nota y que le avisaría al secretario General de Gobierno, Evencio Martínez Ramírez, hasta ahí. Nunca encontramos eco a la petición […]; en el gobierno del estado conocen los resolutivos de la sección 22 del SNTE (el sindicato de maestros) y uno de ellos era apoyar con el 10 por ciento del magisterio de la Mixteca a la caravana”, dijo al diario Noticias.

Las reuniones con el gobierno estatal

El ex vocero del Municipio Autónomo, Jorge Albino Ortiz, también declaró durante la investigación ministerial. Dijo que participó en reuniones con Rufino Juárez, hoy preso, en las que –según Albino–, Juárez decía que el entonces secretario de gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, había amenazado con impedir apoyos para la región Triqui mientras existiera el Municipio Autónomo:

“Les dijo que tenía instrucciones del secretario general de gobierno del estado, Evencio Nicolás Martínez, en una plática que había tenido con él y con el presidente de Santiago Juxtlahuaca, que no iba a haber ningún apoyo del gobierno hacia ellos si no se reorganizaba la Ubisort”, se puede leer en el expediente judicial.

Declaración de vocero del Municipio Autónomo, Jorge Albino Ortiz, ante Procuraduría Oaxaca.
En esa reunión, siempre según la declaración de Albino Ortiz, Juárez dijo que “por eso estaba invitando para que se fortaleciera la Ubisort y que sentaran un proyecto, que se sentaran a dialogar con el gobierno del estado y que se olvidaran del proyecto de la autonomía del municipio de San Juan Copala, porque si no “iban a sufrir las consecuencias”.

El entonces presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca era Carlos Martínez Villavicencio, un miembro del PRI que había sido abanderado por el MULT y que después de dejar la presidencia municipal, intentó ser diputado federal por el PRD en 2015. Antes de las elecciones murió emboscado de la misma forma que Bety y Jyri.

Rufino Juárez fue detenido en mayo de 2011, ya que había terminado el sexenio de Ulises Ruiz, al igual que los otros tres hombres que ya fueron aprehendidos. En entrevista desde la Penitenciaría, el ahora ex líder de Ubisort primero negó que se hubiera reunido con el secretario de gobierno, pero al preguntarle específicamente por las declaraciones que hizo el vocero del Municipio Autónomo, reconoció que sí se reunió con el secretario de gobierno para hablar sobre temas de seguridad y apoyos para la región Triqui, pero que nunca hubo un condicionamiento de recursos para la región o presiones del gobierno estatal para eliminar al Municipio Autónomo, como dijo el vocero del Municipio Autónomo.

Recoger los cuerpos

Las autoridades estatales entraron por los cuerpos de Bety y Jyri hasta casi 18 horas después de la emboscada, de acuerdo con el acta oficial de traslado de los cadáveres:

Diligencia de traslado, inspección, descripción del lugar de los hechos y levantamiento del cadáver de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca.
Lo que no dijeron los Agentes Estatales de Investigación, en esa acta, fue que los acompañaba Rufino Juárez, quien en entrevista para Aristegui Noticias dijo que él dio permiso a las autoridades para entrar y que acompañó a la Agencia Estatal de Investigación mientras recogían los cuerpos; su dicho coincide con las declaraciones que hizo, por separado y en el marco de la averiguación de la PGR, uno de los comandantes de la policía de Oaxaca.

Las armas usadas para la emboscada a la caravana

En la zona de la emboscada, las autoridades localizaron 22 casquillos percutidos. 20 de ellos corresponden con armas de uso exclusivo del ejército mexicano, ¿cómo llegaron esas armas ahí?

La asociación civil Enlace Rural, que trabajó con los Triquis para impulsar proyectos agrícolas y de desarrollo económico en los años noventa, guarda un rico archivo sobre su presencia en la zona. Una de sus memorias históricas, consultada por Aristegui Noticias, podría arrojar luz sobre el origen de las armas.

El líder de una fracción del PRI en la zona, Martín Anacleto, habló con Enlace Rural sobre las posibles soluciones a los principales problemas de la región. En una nota fechada el 8 de diciembre de 1996, se recoge su opinión acerca del armamento:


“Pasan por las casas unos y otro armados. Ahora el gobierno ha empezado a hablar de desarme. Piensan como niño; ‘quito las armas, ¡y ya!’. Después se volverán a comprar más armas. Y es cierto, el gobierno sabe por dónde entran las armas”, decía el líder Triqui que ahora es líder de la Comisión Nacional Campesina (CNC) en Oaxaca.

Notas de Enrique Gómez, director de Enlace Rural / (Archivo Enlace Rural 1996).
Entre el 2009 y el 2013 el ejército mexicano decomisó 28 armas de fuego en Santiago Juxtlahuaca, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información hecha por Aristegui Noticias:


Relación de armas decomisadas en el municipio de Santiago Juxtlahuaca (Secretaría de la Defensa Nacional)
Entre ellas hay una subametralladora, pistolas y fusiles que son de uso exclusivo del ejército.

Los recursos de las organizaciones (¿Y el dinero?)

Las organizaciones de la región Triqui aseguran que su propósito es gestionar obras y programas sociales para sus comunidades.

“Yo vislumbro a una etnia unida, a todas las organizaciones marchando juntas para exigir al gobierno estatal y federal todos los recursos que merece toda nuestra etnia Triqui”, dice el actual líder de Ubisort, Fabián Pereda, para Aristegui Noticias.


La fuente oficial de esos recursos son las partidas federales de apoyo a municipios, que año con año aumentan con poca o nula vigilancia sobre su destino final, como lo comprueban los reportes de auditorías federales y estatales.

Tabla de recursos federales para el municipio de Santiago Juxtlahuaca (SHCP/ tabla elaborada por Yuriria Ávila).
Aristegui Noticias cuestionó a los actuales líderes de las organizaciones, que se encuentran activas hoy en la región, sobre la transparencia en los recursos que gestionan y sobre sus gastos de operación.

El consejero principal de Ubisort, un hombre de 31 años llamado Fabián Pereda, dijo que ninguna obra prometida por el gobierno de Gabino Cué, como parte del pacto de paz de 2012, se ha terminado y afirmó que la organización que dirige, desde que su predecesor fue encarcelado, opera con recursos que aportan los propios miembros de las comunidades adheridas a Ubisort:

–No se entrega el recurso económicamente, el recurso se entrega en obra […], cada gestión de los presidentes municipales se encargan de la comprobación y el agente municipal se encarga de ejecutar la obra. Para que la Ubisort salga a manifestarse se hace una cooperación entre comunidades –dijo Pereda.

Por su parte, el actual líder de MULT, Rufino Merino Zaragoza, dijo a Aristegui Noticias que su organización únicamente gestiona los recursos y son los funcionarios municipales los que se encargan de administrarlo hacia las comunidades, a través de los agentes municipales:


–Lo que el gobierno hace es, ya está la petición, lo concursan, no sé cómo le hacen, ya salió la empresa que va a hacer la obra, la empresa se presenta en la región y hace la obra. No pasa ningún peso por MULT –dice el ex diputado local.

–¿Y para cuestiones administrativas?
–Los compañeros de la región nos apoyan, nos ayudan y caminamos.

Comprobar si hubo desvíos de recursos es casi imposible. La Auditoría Estatal reconoce que el municipio al que pertenecen la mayor parte de las comunidades Triquis, Santiago Juxtlahuaca, ha destruido sistemáticamente la papelería de comprobación de gastos desde 2010 y, por lo menos, hasta 2013, de acuerdo con las auditorías públicas del estado.

Aristegui Noticias preguntó a la Contraloría de Oaxaca, mediante una solicitud de información pública, si había funcionarios sancionados de ese municipio, pero respondió que se trataba de información reservada pues las pesquisas seguían en curso.

Para el año 2014, únicamente están disponibles en su sitio oficial de internet las auditorías de los órganos estatales y no se hace mención de las cuentas municipales.

La Auditoría Superior de la Federación no hizo una sola revisión sobre los recursos federales destinados a Santiago Juxtlahuaca, sino hasta la cuenta pública 2014. El resultado general fue de una “gestión adecuada”, con 20 obras terminadas, pero aún con daños al erario público.

Los acusados

Aquel 27 de abril, fallecieron Bety y Jyri, hubo dos heridos de bala y dos periodistas fueron rescatados de la zona después de permanecer más de 48 horas escondidos de las balas, en el bosque Triqui. Hay al menos 13 personas acusadas por los hechos de ese día. Además del líder de Ubisort en esa época, Rufino Juárez Hernández, hay un personaje que salta a la vista por su continua presencia en la zona y por escapar de las manos de la justicia desde hace más de 20 años.


Antonio Cruz García, apodado “Toño Pájaro”, pertenece a la Ubisort desde los primeros años de su surgimiento, en 1994, y para 1995 ya era reconocido como líder de Ubisort en San Juan Copala, según una “Relación de comunidades y principales de la organización Ubisort”, que forma parte del archivo histórico de la asociación civil Enlace Rural.

“Relación de comunidades y principales de la organización Ubisort” (Archivo de Enlace Rural de 1995).
A mediados de los años 90, un miembro de Enlace Rural, Pablo García España, enviaba informes sobre los acontecimientos más importantes de la zona. En octubre de 1996, la noticia más relevante fue que “Toño Pájaro” había sido detenido como sospechoso de homicidio, pero que había sido liberado, como en una ocasión anterior, cuando “la Procuraduría de Asuntos Indígenas pagó su fianza”:

Informe de Enlace Rural del 23 de octubre de 1996 (Archivo de Enlace Rural de 1995).
Dos meses antes, en agosto de ese año, “Toño Pájaro” había sido detenido junto a otros tres miembros de Ubisort por “ataques a las vías de comunicación y portación de arma de fuego sin licencia”, según se puede leer en una nota del diario Noticias, del 3 de agosto 1996.

Diario Noticias del 3 de agosto de 1996 (Archivo de Enlace Rural).
El actual dirigente de Ubisort, Fabián Pereda, confirmó que Antonio Cruz García dejó Ubisort para formar parte de MULT: “desde que dejó la Ubisort desde 2010 él ya militaba con el MULT, pero ya no sabemos qué esté haciendo”

–¿En San Juan Copala hay gente que le rinde cuentas a “Toño” Cruz?
–No sabríamos decir eso porque nosotros no controlamos San Juan Copala.


Rufino Merino, líder del MULT, dijo –trastabillando– que Cruz García sigue en la región Triqui cobijado por MULT y que tiene influencia en el centro ceremonial de San Juan Copala, donde su hijo es Agente Municipal desde 2014.

–¿Qué papel juega en MULT “Toño Pájaro”?.

–Ahí en Copala, estuvo “Toño Pájaro”… y finalmente, cuando Toño Pájaro logra ganar, sacar a los de MULT-Independiente, el que estuvo ahí hasta el último momento Miguel Ángel Velasco que era del MULT-Independiente […] Miguel Ángel es mi gran amigo, “Toño Pájaro” fue mi compañero de escuela y así los viejos son compadres, amigos, […] finalmente allí es donde logran eso y poco a poco los viejos fueron platicando con varios de ellos, no nada más con “Toño Pájaro” y allí es donde se acuerda que haya paz, se acuerda que trabajen en el municipio.

Testimonios de habitantes de la zona corroboraron a Aristegui Noticias que Antonio Cruz García está implicado en las muertes de otros Triquis y que sigue libre.

Merino Zaragoza también confirmó que su organización apoyará al partido Morena, para las próximas elecciones del 5 de junio de 2016. Cuando Aristegui Noticias visitó la región, el líder de Ubisort, Fabián Pereda, dijo que aún no había decidido apoyar a ningún candidato; no obstante, propaganda del PRI y Partido Verde ya estaba almacenada en la Agencia Municipal de la Cumbre Yerbasanta, en abril de 2016.

Las respuestas


Desde la penitenciaría de la ciudad de Oaxaca, Rufino Juárez Hernández negó que hubiese participado en la emboscada del 27 de abril de 2010 señalando que estaba en la ciudad de Huajuapan, a más de 100 kilómetros cuando sucedieron los hechos. Como prueba presentó, ante la procuraduría, un libro de registro de un juzgado en el que se puede ver su firma con la misma fecha que en que ocurrió la emboscada.

Fotografía del libro del Juzgado de Huajuapan, analizado por la Procuraduría de Oaxaca (IH).
El perito asignado a la averiguación estatal determinó que los cinco nombres de dicho registro están escritos con la misma caligrafía. Juárez dijo que al ser licenciado en derecho, acompañaba a unas personas que pertenecían a su organización para ver un caso de la región y, siempre según su respuesta a Aristegui Noticias, que esas personas no sabían escribir.


No obstante, al menos tres testigos, habitantes de San Juan Copala, dijeron haberlo reconocido minutos después del ataque.

Declaración de Víctima 3 ante PGR (IH).
Después de aceptar que sí se reunía con el secretario de gobierno estatal para tratar temas de seguridad y que la Policía Estatal le pedía autorización para entrar a la zona, Rufino Juárez aseguró que él siempre solicitó la presencia del ejército y la policía estatal para las comunidades de Ubisort, por lo que niega ser responsable de la violencia en la zona Triqui.

Juárez dice que cinco años en reclusión han cambiado su manera de pensar y que ahora cree que la solución para el conflicto de su región “solamente la pueden lograr los Triquis”, sin partidos políticos:

“Para que no digan que voté por éste o por aquél; cuando estás recluido nadie te respalda”, sentenció el antiguo líder de Ubisort al terminar la entrevista.

A seis años de los hechos, la inocencia o culpabilidad de todos los acusados sigue sin determinarse, pues el poder judicial del estado de Oaxaca todavía no inicia el juicio. Mientras tanto, la PGR decidió archivar sus dos averiguaciones sobre el caso, en las que buscaba comprobar los delitos de crimen organizado y posesión de armas exclusivas del ejército, según revelaron los abogados de las víctimas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Aristegui Noticias buscó en tres ocasiones al ex gobernador Ulises Ruiz, recién removido como delegado del PRI en Quintana Roo, para que pudiera comentar sobre la libertad con la que actuaron los asesinos, permitida por funcionarios de su administración y hasta que terminó su sexenio en Oaxaca. Respondía su teléfono, pero al plantearle el tema comentaba que no podía hablar en ese momento y pedía que se le llamara después, lo cual ocurrió en dos ocasiones, la tercera ocasión otra persona dijo que se encontraba ocupado.


Aristegui Noticias también pidió una entrevista al entonces secretario de gobierno, Evencio Martínez, quien ahora tiene una notaría en la ciudad de Oaxaca. Aunque se le llamó dos veces a su oficina, hasta el momento no se ha puesto en contacto para responder sobre los indicios que apuntan a que sí supo del ingreso de la caravana y acerca de las reuniones que tuvo con los acusados del asesinato de los defensores de derechos humanos, Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/permitio-gobierno-de-oaxaca-ataque-a-caravana-humanitaria-en-2010/