Tras el ataque, comisarios y habitantes de diversos pueblos se reunieron para exigir la creación de policías ciudadanas en poblados de cinco municipios de la sierra de Guerrero, pues acusaron que el Gobierno les niega lo que les corresponde, como proyectos productivos y la reparación de los caminos, pero lo peor, señalaron, les niega el derecho a la seguridad.
Las víctimas eran originarias de Vuelta del Sur y fueron atacadas por hombres con armas y uniformes tipo militar. De acuerdo con testigos, los criminales habían llegado a esa comunidad una noche antes a bordo de una camioneta de redilas.
Los familiares de las víctimas denunciaron los homicidios el sábado pasado en una reunión en Chicahuales, municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a su sistema de seguridad y justicia para conformar la Policía Ciudadana para que se encargue de la seguridad de los pueblos de la zona.
Las víctimas son Martín Ramírez Gregorio, conocido en la zona como el Comandante 4 de la Policía Ciudadana de Vuelta del Sur; su hijo Luis Alberto Ramírez Marcelo; sus sobrinos Rafael Trujillo Ramírez y Leonardo Guzmán Marcelo, así como un menor de 14 años de edad.
Los familiares denunciaron que ninguna autoridad acudió para tomar conocimiento de la masacre e iniciar la averiguación correspondiente y que mucho menos se está investigando ni haciendo nada para detener a los responsables que, dijeron, se refugian en la comunidad de Tecamazúchitl, del mismo municipio de Heliodoro Castillo.
Martín Ramírez Gregorio era hijo de Tomasa Gregorio Barragán, quien denunció que el 23 de abril del año pasado, al parecer el mismo grupo delictivo ejecutó también a su nieto José Luis Trujillo Ramírez y a su yerno Manuel Guzmán Ramírez.
Los familiares de las víctimas denunciaron que en esa ocasión los delincuentes asesinaron a otras cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y a su hijo de aproximadamente 4 años, así como a otro hombre que no fue identificado.
La madre del comandante, su esposa Reyna Marcelo Oláis, y otros familiares de las víctimas, denunciaron que las dos masacres no se han investigado, ni las autoridades buscan a los responsables.
A raíz de la impunidad de la masacre del año pasado, en la que murió su sobrino y su cuñado, Martín Ramírez, “El Comandante 4”, creó un grupo de la Policía Ciudadana, adherida a la UPOEG, para encargarse de la seguridad de su comunidad.
El martes 24 de mayo Martín Ramírez y su grupo hacían un recorrido aproximadamente a la 01:00 de la tarde en la carretera que comunica a su pueblo, y al llegar al crucero de El Jilguero fueron emboscados y asesinados cinco de los integrantes de su grupo, incluido el menor de 14 años que los acompañaba.
“Ellos andaban trabajando por la seguridad del pueblo, por eso los mataron”, dijo Reyna Marcelo, esposa del Comandante 4 durante la asamblea de la UPOEG en Chicahuales, donde asistieron comisarios y representantes de más de 30 pueblos que aprobaron su adhesión a esa agrupación y a la Policía Ciudadana.Según testigos, en la emboscada participaron de entre 12 a 15 hombres con armas y uniforme tipo militar, entre ellos reconocieron a Juan Castillo Gómez, conocido en esos pueblos como El Teniente, además de Avelino Márquez Guzmán, Enrique Guzmán García y otra persona al que sólo identifican como El Pica, quienes radican en la comunidad de Tecomazúchitl, municipio de Heliodoro Castillo.
Los familiares contaron que el grupo armado llegó a Vuelta del Sur la noche anterior a bordo de una camioneta particular de redilas, todos vestidos con uniformes tipo militar y portando armas largas, igual que las que usan los militares.
“Yo creo que ya andaban rondando por allí, queriendo matar al Comandante 4”, dijo un familiar de las víctimas.
Consultadas al término de la asamblea, Tomasa Gregorio y Reyna Marcelo exigieron justicia y denunciaron que las autoridades no subieron a tomar conocimiento del caso para integrar la averiguación previa y que ninguna corporación policiaca ha subido para investigar el caso.
Tomasa, de unos 75 años, dijo que se siente desamparada totalmente, y que los últimos hombres con los que contaba dentro de su familia eran su hijo y sus dos nietos que le mataron el martes pasado. “Yo contaba en la casa con mi hijo y con mis dos nietos, pero ya me los mataron, y ahora no sé qué voy a hacer”, dijo a punto de desfallecer.
Contó que hace medio año falleció su esposo y que su yerno asesinado el año pasado le dejó a su hija muy enferma de diabetes.
“Ahora no sé de que o como voy a vivir, si con mis hijos y mis nietos eran con los únicos que contaba. Eran los que me ayudaban. El día que me los mataron yo sentía que me iba a morir, que ya no iba a aguantar tanto dolor”.
Dijo que del gobierno es el único responsable de la violencia que se vive en esos pueblos y que no ha recibido nada, “por el contrario, yo creo que se vende (el gobierno) o no sé por que respaldan a esa gente, no es posible que les permitan cargar armas y uniformes que usa el Ejército”, se quejó.
“Nosotros ya no sabemos que pensar, no sabemos que está pasando, no entendemos por que los dejan hacer estas cosas sin que nadie les haga nada. Eso es lo que quisiéramos saber. Queremos el apoyo para que esa gente cuando menos se largue de por aquí” exigió.
Por su parte, Reyna Marcelo contó que su esposo trabajaba por la seguridad del pueblo desde finales del año pasado cuando constituyó el grupo de la Policía Ciudadana junto con otras comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri.
Incluso informó que acudiría junto a su grupo de policías ciudadanos a la reunión que se hizo este sábado para continuar con la organización de los pueblos para la conformación de su grupo de policías ciudadanos, porque el gobierno no les ha ayudado con la seguridad a los pueblos que siguen siendo atacados por los delincuentes, sin que nadie los detenga.
“Estamos confundidos. No sabemos en quien confiar, llegan (los delincuentes) a las comunidades con armas y uniforme militar, y uno dice pues son militares, y onde que no son, y en vez de cuidarnos nos atacan”.
“Por eso queremos que el gobierno no se preste para esas cosas, porque como ellos (los delincuentes) consiguen esas armas de los militares, como permite el gobierno eso”.
Por otra parte, comisarios de comunidades de la sierra de Guerrero denunciaron que los gobiernos federal y estatal retiraron la seguridad a más de 100 pueblos ubicados en los municipios de Heliodoro Castillo, Leonado Bravo, Chilpancingo, San Miguel Totolapan y Eduardo Neri.
El Ejército, que realizaba recorridos e instalaba retenes en las carreteras, y la Policía Estatal que tenía bases en algunos pueblos, se retiraron después del 28 de abril, cuando habitantes de las localidades bajaron a marchar y bloquearon la Autopista del Sol en el tramo del bulevar Vicente Guerrero en la capital y que terminó con un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 71 detenidos.
Comisarios y habitantes de varias localidades, denunciaron que desde entonces se retiraron los militares y policías del estado y que gran parte del territorio de la sierra se quedó sin seguridad, a pesar de que es considerada como un foco rojo ante la violencia que provocan las bandas del crimen organizado que se disputan la producción de amapola y mariguana.
El sábado, en una reunión a la que asistió el promotor estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, comisarios y representantes de más de 30 localidades pidieron el respaldo de la agrupación para organizarse y constituir su policía ciudadana ante el abandono en materia de seguridad en que los tienen los tres órdenes de gobierno.
El dirigente estatal de la UPOEG informó que 50 localidades de esos cinco municipios están solicitando su adhesión a la organización y conformar la Policía Ciudadana. Mientras que en otras 50 comunidades la Policía Ciudadana ya venía operando discretamente a petición de los pobladores.
A la reunión asistieron los comisarios Heriberto Romero Adame, de la comunidad de Izotepec; Eduardo González Dimas, de La Guitarra; Reyna Marcelo Oláis, de Vuelta del Sur; Felipe Solano Cruz, representante del comisario de Los Bajos; José Rodríguez Nieto, representante de la comunidad de Balsamar; Fermina Guzmán Dimas, comisaria de Pueblo Viejo; Saturnino Castro Leyva, de Tierra Colorada; José Natividad Sacristán Millán, representante del comisario de Chautipan, y José Nieto Romero, comisario de de Jaleaca de Catalán.
Asimismo, Guillermo Sandoval, representante de Toro Muerto; Crescencio Pacheco González, de Campo de Aviación; Manuel Valdez González, representantes de Tepozonalco, Adrián Vélez Maldonado, representante de El Naranjo; Juan Esteban Barragán, representante de La Felicidad; Pablo León Martínez, comisario de Camotla La Torre; Irineo Castro Silverio, comisario de La Laguna; Antonio Zúñiga Maldonado, comisario de Tres Cruces; Guillermo Vázquez Nava, comisario de Acahuizotla, quien a su vez es coordinador en Chilpancingo de la UPOEG. El anfitrión fue el comisario de Nuevo Chicahuales, Manuel Catalán Moreno.
La reunión fue originada ante la emboscada que sufrieron los cinco habitantes de la comunidad Vuelta del Sur, municipio de Heliodoro Castillo el pasado martes.
“No nos queda más que unirnos, incluso en contra de la banda más poderosa, que es el Gobierno”, dijo uno de los asistentes, quien se identificó como el señor Moreno.
Denunció que el Gobierno siempre ha marginado a los pueblos de la sierra a los que les niega lo que les corresponde, como proyectos productivos y la reparación de los caminos, pero lo peor, dijo, que les niega el derecho a la seguridad.
Dijo que por la falta de caminos y por la violencia, los centros de salud y las escuelas están cerradas, y que cuando alguien se enferma o resulta herido lo más recurrente es que se muere antes de llegar al hospital o centro de salud más cercano por la falta de transporte o por lo lejano que se encuentran.
Agregó que en el caso de que los pacientes llegan con vida, de todos modos se mueren porque o no hay médicos o no hay medicinas.
El hombre de avanzada edad, era escuchado por unas 300 personas que se concentraron bajo lonas colocadas en la falda de un cerro, a unos 500 metros de Nuevo Chicahuales, municipio de Chilpancingo.
Por su parte, una mujer que se identificó como Rosa, denunció que en la sierra “la delincuencia ya rebasó todo y lo que nos queda ante el abandono del Gobierno es organizarnos para cuidar nosotros mismos a nuestros pueblos”.
Denunció que las comunidades son acechadas desde atrás de los árboles y los cerros por los criminales”, y pidió a la UPOEG que a través de su Policía Ciudadana, les enseñe a usar las armas “para cuidarnos nosotros mismos”.
Siguió: “Aquí lo que necesitamos primero es gente con armas para combatir a los delincuentes, porque lo que sentimos es impotencia y coraje cuando pasan cosas como la emboscada de Vuelta del Sur en donde murió alguien como el comandante 4 que se dedicó a cuidar los pueblos para lograr la paz”.
Manifestó que el Gobierno no da la cara en la sierra, “entonces no nos queda otra que defendernos nosotros mismos, y lo primero que necesitamos, incluso las mujeres, es aprender a usar un arma, después, usarla no sería un gusto, sino una necesidad”, argumentó.
Además, la mujer añadió que ya no confían ni creen en las autoridades, y destacó: “vean como nos trató en la marcha (del 28 de abril), dijeron que éramos de la delincuencia organizada, que llevábamos armas, como si fuéramos ingenuos para llevar armas a una marcha a la capital del estado”.
La mayoría de los pueblos que acudieron a la reunión son de los que marcharon el 28 de abril, con la demanda de que el Ejército ya no fumigue desde el aire los cultivos ilícitos porque dañan sus huertos de aguacate, durazno y peras, también demandaron fertilizante y proyectos productivos.
Una de las agrupaciones que marcharon el 28 de abril fue la Unión de Comisarios por la Paz y la Seguridad, que después de la marcha se manifestó por la legalización de la siembra de la amapola. Sin embargo durante la reunión de este sábado ya no se hizo ningún pronunciamiento en ese sentido.
Por su parte, un dirigente de la UPOEG les había dicho a todos en la reunión que “la droga es un asunto que tiene que resolver el gobierno, no los pueblos”. Dijo que como se trata de un negocio del gobierno los pueblos no deben caer en su juego porque por eso se dividen.
Incluso agregó que el objetivo de la Policía Ciudadana no es combatir el cultivo de la droga, sino evitar que haya violencia en los pueblos e impedir las extorsiones, el secuestro y los asesinatos que comete la delincuencia organizada en los pueblos, “nuestro papel como Policía Ciudadana es cuidar que los delincuentes no se metan en los pueblos”, dijo ya cuando los asistentes había aprobado por unanimidad crear su Policía Ciudadana.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ZAVARÍAS CERVANTES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-05-2016/1666391