jueves, 21 de abril de 2016

Diputado con casas en Miami preside Comisión de Ciencia, pero nunca ha realizado una iniciativa

El caso de la compra de once condominios en Estados Unidos por un Diputado del Partido Nueva Alianza destapó el pacto que hay entre los sindicatos y el Gobierno, aseguraron bancadas de oposición. ¿Qué sucederá con el Diputado Bernardo Quezada Salas?

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza (Panal) hizo una solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) sin detallar delito para que se al Diputado de la bancada José Bernardo Quezada Salas por la compra de once inmuebles de lujo en Estados Unidos.

Esta mañana el coordinador del Panal en la Cámara de Diputados, Luis Alfredo Valles Mendoza, refirió a diversos medios de comunicación que la petición serviría para esclarecer el escándalo destapado por una investigación periodística del diario estadounidense Miami Herald.
“Nosotros estaremos en la misma postura, en tanto no se emita una resolución judicial sobre este caso”, dijo el Diputado Valles. Sin embargo, cuestionado sobre el tipo de delito por el que se hará solicitud, el coordinador de la bancada evadió la respuesta: “Nosotros vamos a hacer una solicitud a la PGR para que se haga una investigación pertinente. Él ha puesto toda su disposición a operar por el bien de la transparencia”, dijo Valles Mendoza.
El coordinador de diputados del Panal aseguró que también la solicitud de indagación se haría llegar al Servicio de Administración Tributario (SAT).

“Nosotros les pedimos a las autoridades competentes, financieras inclusive, de que revisen el tema a profundidad, pero también si no existe, que el derecho de defensa le corresponda al Diputado [presunción de inocencia]”, dijo Valles.

Por su parte, durante una breve conferencia de prensa, Quezada Salas negó las acusaciones en su contra y anunció su intención de colaborar con las autoridades sin importar la condición del fuero que le protege.


“En todos los cargos que he tenido el privilegio de servir, me he desempeñado con honorabilidad y en estricto apego a la ley. Aclarando, que nunca he tenido bajo mi responsabilidad el manejo de recursos públicos”, dijo Quezada. “En el caso que alguna autoridad me requiera, me presentaré a colaborar, sin escudarme en el fuero, para aclarar este asunto”, agregó.

HISTORIAL EN EL CONGRESO

En lo que corresponde al segundo periodo legislativo, entre febrero y abril, el Diputado Quezada Salas ha faltado al 18 por ciento de las votaciones en el pleno.

El Diputado se ausentó en votaciones clave en temas de equidad de género, endeudamiento de las entidades, leyes de educación inclusiva, bancos de leche, y cambios a la Ley de cultura física y deporte.

Asimismo, en lo que respecta al periodo que lleva la LXIII legislatura, que arrancó en septiembre. El Diputado Bernardo Quezada Salas ha presentado cinco iniciativas de ley entre septiembre y lo que va del mes de abril.

Estas propuestas tratan sobre la necesidad de dar mejores créditos a las pequeñas y medianas empresas; regular el servicio social de los pasantes de la salud; una reforma contra la piratería; políticas que vinculen productividad con la educación media y superior; así como la entrega de libros y memorias documentales al termino de cada legislatura.

Por otro lado, no hubo iniciativas de parte de Quezada Salas que estuvieran relacionadas a la Comisión de la cual es presidente y única a la que pertenece: Ciencia y Tecnología.

ACUSACIONES DEL HERALD

Una investigación del Miami Herald publicada el 16 de abril revelo que Quezada Salas presuntamente pagó por 11 condominios de lujo en Estados Unidos. La transacción habría sido hecha en el 2005, en un solo día, y el pagó de los inmuebles en efectivo.

La adquisición fue hecha, según el Herald, por empresas de sus familiares establecidas en Florida. Además, su esposa, Jessica Peredo Rincón, supuestamente pagó 1.1 millones de dólares por un departamento de lujo en South Beach, Florida.

En 2008 la pareja adquirió otro condominio del Sunny Isles Beach, éste por una suma de 848 mil dólares.

Los 11 departamentos representan casi la décima parte de los 116 condominios de lujo de un edificio ubicado en la exclusiva avenida Brickell de Miami. La torre que lleva el mismo nombre de la avenida tiene 36 pisos, y se conforma también por oficinas y bufetes, y aun el Hotel Conrad Miami, de la cadena Hilton.

Parte de la problemática del origen del dinero también está relacionada, de acuerdo con el Miami Herald, con los cargos públicos de Quezada Salas, quien desde el 86 hasta el 2015 fue miembro de distintos puestos directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ayer, el Presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva consideró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debía investigar el posible desvío de recursos por Quezada Salas.

“Debe entrar a hacer una investigación de oficio, diría yo, sin esperar a que hubiere una denuncia específica formal. Es su obligación hoy con los nuevos ordenamientos legales. Por supuesto que, además, si todo esto se manejó a través del SNTE en su momento, el SNTE también recibe recursos de carácter público, de carácter federal, en los que la propia Auditoría Superior de la Federación debería hacer la investigación”, dijo Zambrano.

PACTO DE IMPUNIDAD

Legisladores de distintas bancadas apuntaron que el pacto de impunidad entre el SNTE y el Gobierno ha hecho que miembros del sindicato se enriquezcan, sin que las dependencias indaguen.
“Lo que hay es un acuerdo explícito entre el SNTE y el Gobierno federal, que se enfoca en la complicidad. Esto es exactamente lo mismo que el lavado de dinero. Es convertir dinero público en privado y limpiar, por la vía sindical,  el origen de los recursos que termina teniendo efectos de peculado”, dijo Jorge Álvarez Maynez, Diputado del Movimiento Ciudadano (MC).
El legislador ciudadano refirió que este tema no se ha abordado en la Reforma Educativa. “Finalmente son recursos públicos, más que de los trabajadores, sobre todo cuando hay un ejercicio monopólico de la representación sindical de los trabajadores de la educación. Estamos convencidos de que tiene que haber una Fiscalía que pudiera revisar este tipo de casos. Y que lo hiciera de oficio”, dijo Álvarez.


Tampoco los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo Álvarez, han sido flexibles en cuanto a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. Prueba de eso, aseguró, fue su rechazo a incluirlas en la Ley Federal de Transparencia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-04-2016/1650610