viernes, 19 de febrero de 2016

Gobierno de Peña otorga plena impunidad a los delitos ambientales

Ciudad de México: Si bien la administración de Enrique Peña Nieto presume discursos sobre el “desarrollo sostenible”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que, en materia de política ambiental, las instituciones no se encuentran a la altura: mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se maneja sin objetivos claros ni datos confiables, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) prácticamente no sanciona los delitos contra la naturaleza.


Lo anterior se desprende de cuatro reportes sobre la cuenta pública 2014 que publicó el órgano fiscalizador el pasado miércoles, el cual aseveró que “la Semarnat no ha gobernado el problema público, ya que sus acciones de prevención, control, restauración y preservación (…) no han logrado revertir la tendencia de la contaminación ambiental”.

Durante los primeros dos años de la administración de Enrique Peña Nieto los recursos ejercidos por la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) en programas que tienen incidencia en contaminación ambiental sufrieron un recorte de 500 millones de pesos, al pasar de 7 mil 560 millones a 7 mil 60 millones de pesos, indicó la ASF.


En 2014, este monto representaba apenas el 1% de los 766 mil millones de pesos que costó la degradación de la calidad del aire, del agua y del suelo en México; mientras que según la Semarnat, 72.2 millones de mexicanos viven expuestos a un aire de mala calidad y el número de sitios contaminados se disparó en un 253% entre 2000 y 2013.

Quién contamina no paga

Las empresas que perpetran delitos contra el ambiente tienen pocas probabilidades de pagar algún día por ello, pues no es común que uno de los 192 inspectores de la Profepa realice una visita improvisada a sus instalaciones, y es más improbable aún que la inspección desemboque en sanciones efectivas.

Así, en 2014 fueron inspeccionadas solamente 4 mil 70 empresas –del padrón de 91 mil 340 empresas emisoras de algún tipo de contaminante que integró la Profepa–, equivalente al 4.5%. Los funcionarios detectaron irregularidades en seis de cada diez visitas.

El número de inspecciones “fue marginal respecto del número de fuentes de contaminación ambiental de competencia federal identificadas, además, se verificó que la Profepa no dispuso de objetivos ni metas para realizar la inspección industrial que permitiera incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental”, sostuvo la ASF.

Asimismo, la Profepa realizó 371 visitas a sitios contaminados en 2014 para determinar si las mil 89 medidas que dictaminó anteriormente fueron cumplidas. La ASF se alarmó: mil 10 de ellas eran incumplidas o parcialmente cumplidas, o sea el 92.8%, lo que “demuestra que aún no es efectivo el principio de que quién contamina paga”.

De las 375 inspecciones que realizó la Profepa en sitios industriales para verificar si estaban conformes con las normas ambientales, se percató que 242 presentaron irregularidades, y que 25 de ellas no tenían Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Según la ASF, entre 2007 y 2014 el número de inspecciones a empresas se redujo en un 0.6% anual, cuando por otro lado el padrón de empresas contaminantes se disparó en un 5.9% cada año.

La ASF detectó que el número de sitios contaminados se disparó en un 43.3% anual entre 2007 y 2014 y que la superficie afectada se incrementó en un 53.6% cada año.

Rebasada, la dependencia restauró apenas una tercera parte de la zona afectada –afirmó que la remediación “está supeditada a que el responsable de la contaminación del sitio cuente con los recursos necesarios que se realice la misma–.

Cuando la Profepa emite sanciones, envía sus 192 inspectores para verificar del cumplimiento de las medidas que dictó. En 2014 dictaminó 7 mil 394 medidas. Una de cada tres se incumplió.

De acuerdo con la ASF, sólo 16 de las 32 delegaciones federales de la Profepa presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y la dependencia aseguró que exhibió 200 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2007 y 2014, la cual, por su parte, registró 21 averiguaciones previas, una cifra 89.5% inferior a la que presentó su contraparte ambiental.

Si bien la Profepa tiene registradas 19 mil 949 empresas que contaminan el suelo, la Semarnat reconoce apenas 2 mil 525 de ellas, –un 13%–, lo cual llevó la ASF a la conclusión que la dependencia “no contó con información clara, confiable y suficiente para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas”.

De acuerdo con la Semarnat existen mil 983 sitios contaminados en el país, los cuales cubrían una superficie de 369 millones 867 mil metros cuadrados en 2014. De éstos, solamente el 0.5% fueron remediados, mientras que 339 millones 463 mil metros cuadrados — el 86.2% eran considerados “de riesgo alto”– no recibieron acción de remediación.

Aun así, estos datos de la Semarnat resultaron poco confiables, pues según la ASF la institución “no dispuso de criterios, metodología ni de un cronograma para elaborar e integrar el inventario de sitios contaminados”.

Y sentenció: “Las acciones de gestión realizadas por la Semarnat para la remediación de los sitios contaminados han contribuido de manera mínima en la prevención y mitigación de los riesgos a la salud y el ambiente del entorno donde se ubican los sitios contaminados que han sido remediados”.

Lo mismo ocurrió con las 63 mil 344 empresas generadoras de residuos peligrosos: el 98.8% de ellas operaron en 2014 sin contar con un permiso de manejo integral de residuos de la Semarnat, y el órgano fiscalizador estimó que la dependencia “desconoce el universo de empresas generadoras de residuos, así como el volumen general que generan”.

Monitoreo insuficiente

La Semarnat tiene entre sus obligaciones monitorear a las 90 ciudades de más de 500 mil habitantes, zonas metropolitanas, sitios con industrias contaminantes y conturbaciones registradas en el país –tal como lo establece la norma NOM-156-SEMARNAT-2012–.

Otra vez, la ASF detectó que 48 de estas zonas –en las que habitaban más de 19 millones de personas– se encontraban fuera de las redes de monitoreo de la Semarnat, por lo que la institución desconoció los efectos que provocaron 6 millones 448 mil toneladas de contaminantes liberados en el aire en 2014; y todavía 15 estados no habían firmado ningún convenio con la Semarnat en materia de monitoreo de la calidad del aire en 2014.

Por si fuera poco, las estaciones de monitoreo de la Semarnat no miden las emisiones de plomo en el atmósfera, a pesar de que este elemento puede causar graves daños en el sistema nervioso del ser humano.

En materia de manejo de los desechos urbanos, el panorama no fue más alentador: la ASF observó que los datos difieren según las instituciones que los registran y que la Semarnat “no cuenta con información sobre la infraestructura e instalaciones para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos”, por lo que en 2014 la secretaría liberó 11 subsidios de infraestructura “sin considerar las necesidades” de los sitios.

Si bien el presupuesto asignado a la “prevención y gestión integral de residuos” se incrementó en un 24.6% entre 2013 y 2014 –con 685 millones 507 mil pesos–, la Semarnat no definió de manera clara sus criterios ni la población objetivo; no contó con un padrón de beneficiarios ni registro de municipios con la infraestructura insuficiente, por lo que sus acciones “no fueron suficientes para que (…) se controle la contaminación del suelo”.

Promesas al aire

En noviembre pasado, Peña Nieto presentó ante los integrantes de la COP 21 los compromisos de México en materia ambiental, entre ellos el de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030 –pese que en los últimos 33 años, las emisiones de bióxido de carbono se incrementaron en un 3.4% anual en promedio–.

Sin embargo, la ASF aseveró que, más allá de las promesas hacia un futuro lejano, la administración actual no cumplió con las metas que ella misma estableció en materia de mitigación de cambio climático, entre ellas la de desacoplar su el crecimiento de su economía de sus emisiones de CO2 –uno de los principales elementos de los GEI–.

Para respetar los objetivos nacionales, que consisten en reducir las emisiones de CO2 en un 30% en los próximos 4 años, México deberá mitigar 288 millones de toneladas de este gas en 2020. Pero al ritmo actual, solamente se puede esperar una mitigación de 112.9 millones de toneladas, precisó la ASF, apenas el 40% de la meta.

“Para las restantes 175.1 millones de toneladas de CO2 (60.8%), los miembros del (Sistema Nacional de Cambio Climático) no definieron las instancias responsables de su mitigación”, planteó la ASF, que concluyó: “la Semarnat no sustentó lo realizado (…) que permitiera verificar la viabilidad de las metas nacionales de mitigación”.

Así, a lo largo de las 33 páginas del reporte de auditoría 14-0-16100-07-0134, la ASF señaló, entre muchos, que la Semarnat “no promovió proyectos de mitigación”, que “se ejercieron 35 mil 16 millones de pesos sin considerar las acciones ni metas de mitigación”, o que “la falta de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos (…) puso en riesgo la reducción prevista de los volúmenes de GEI”.

Conclusión de la ASF: “la Semarnat no ha tenido la capacidad operativa suficiente para coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para cumplir con los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional”.

Agua contaminada

En materia de agua, el diagnóstico de la ASF no fue mucho mejor, pues determinó en la auditoría 14-0-16B00-01-0123 que la Conagua no logró “avanzar en la preservación de la calidad del agua”, y aseveró que “persiste una tendencia al deterioro de la calidad del agua” en México.

De acuerdo con la ASF, uno de cada cinco sitios que visitó la Conagua en el país 2013 –de un total de 8 mil 914 sitios visitados– estaba contaminado o fuertemente contaminado.

Lo anterior es preocupante, pues el órgano fiscalizador se percató, al revisar la Cuenta Pública 2014, que “no fue posible determinar el monto del presupuesto original destinado a las acciones de prevención y control de la contaminación y restauración de su calidad del agua”.

Sin embargo, determinó que entre 2012 y 2014 la administración de Peña Nieto recortó de 953 millones 81 mil pesos los recursos ejercidos en programas que inciden en la contaminación del líquido, al pasar de 6 mil 387 millones a 5 mil 434 millones de pesos en estos años.

Así, en 2014 este monto alcanzó apenas el 6.4% del costo estimado por la degradación de la calidad del agua –que se elevó a más de 85 mil millones de pesos—y 0.7% del costo por degradación de la degradación general del ambiente –que representó 765 mil 825 millones de pesos–.

De hecho, la ASF observó que la Conagua incrementa sus emisiones de permisos de descarga de aguas residuales a un ritmo de 6.8% por año “sin considerar la calidad de los cuerpos de agua”, aunque reduce los volúmenes de aguas residuales liberados en el ambiente.

“El porcentaje de sitios con excelente y buena calidad (del agua) disminuyó en 1.8% en promedio anual, de 65% a 57.4%, a diferencia del porcentaje de sitios contaminados y fuertemente contaminados que aumentó en 1% anual, de 17.2% a 18.5%”, advirtió la ASF.

Asimismo, el órgano fiscalizador determinó que en 2014 hubo 98 descargas residuales más que el número de permisos otorgados –377 descargas contra 279 permisos–, y esta diferencia denota “la insuficiencia de la acción preventiva de la Conagua para preservar la calidad de los recursos hídricos” según la ASF.


La Profepa y la Conagua no tienen acuerdo ni instrumentos de coordinación en materia de inspección y vigilancia, de determinación de medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como de promoción para la reparación de daños en ecosistemas asociados al agua, señaló la ASF.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430659/gobierno-de-pena-otorga-plena-impunidad-a-los-delitos-ambientales