El Dragonario: 11/01/15

domingo, 1 de noviembre de 2015

Grandes vacíos en caso de multihomicidio en la Narvarte

A tres meses del multihomicidio en la Colonia Narvarte, donde asesinaron a cinco personas, entre ellas al fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, nadie sabe por qué y cómo pasaron los hechos, pues no hay hasta el momento un móvil del crimen sustentado pericialmente.

Leopoldo Maldonado, abogado de la Organización Artículo 19, coadyuvante en el caso, advirtió que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) debe aclarar si tiene la capacidad de determinar pericialmente el móvil, o de lo contrario, se deben habilitar peritos independientes mexicanos o extranjeros que permitan avanzar en la investigación.

Afirmó que el reto para las autoridades es esclarecer qué fue lo que pasó la noche del 31 de agosto, pues hasta el momento hay graves vacíos periciales y científicos en la investigación e incluso contradicciones entre las declaraciones de los tres detenidos, Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino.

“Se debe privilegiar el derecho a la verdad y el derecho al acceso de justicia para las víctimas por encima de cualquier formalidad, además la Ley permite la habilitación de peritos independientes, pero primero se deben aceptar las propias incapacidades”, consideró.

Advirtió que la PGJDF ha señalado que la definición de homicidio no exige conocer las causas del hecho, y aunque legalmente no se exija, en términos del derecho de las víctimas se tiene que conocer la verdad histórica “ No podemos quedarnos con esta versión de los hechos chata, incompleta, y que en tribunales será difícil sostener sobre los tres únicos implicados en el crimen de la Narvarte”.

Lamentó que a través de filtraciones, la PGJDF quiera apuntalar la investigación hacia líneas como el robo, las drogas o el sexoservicio, cuando ninguna de estas hipótesis está jurídica ni pericialmente sustentadas. Advirtió que estas filtraciones, que incluyen las declaraciones de tres detenidos, van dirigidas a una versión de los hechos, y a desacreditar la línea de amenazas y hostigamiento que padecieron Rubén y Nadia en Veracruz.

“Hasta el momento no hay un reconstrucción de los hechos, no se sabe qué pasó esa noche, ni la secuencia de los asesinatos, no hay evidencia científica que diga que pasó, lo que nos parece una incapacidad de la PGJ”, consideró. Alertó que es preocupante que no haya avances en la investigación, y aunque oficialmente no se cierre el caso, se mantenga indefinidamente abierto el expedientes, pero no se esclarezcan los hechos ni haya más detenidos.

Atracción de expediente de la PGR, un riesgo

En su consideración la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) subejerce su capacidad de atracción en el caso de asesinatos de periodistas. Sin embargo, en este caso, hay dudas, pues se teme que solo se atraiga el caso de Rubén para su investigación y no el de las otras cuatro víctimas y que se empiece desde cero.

“Si no decidiera atraerla investigación de los cinco casos, eso implicaría replantear toda la investigación, o continuar con las líneas que la PGJDF se ha planteado”. Dijo que hay riesgo de que se abran tantas líneas de investigación que al final la verdad sea diluida, y se pierda. Aclaró que en este momento no se planteará a la PGR la atracción del caso, pero se exigirá a la PGJDF avanzar en la investigación que al momento sigue estancada.


La diez inconsistencias más graves del caso Narvarte

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Fidel Herrera, el cónsul impresentable

El nombramiento de Fidel Herrera Beltrán como cónsul en Barcelona ha sido muy mal visto en Cataluña, donde la historia oscura de este personaje no es desconocida. La comunidad mexicana asentada en la Ciudad Condal y la propia población catalana repudian al veracruzano, cuyo nombre aparece con mucha frecuencia en los tribunales donde se ventilan casos de corrupción y narcotráfico. Pero los analistas ven otro aspecto: “degradar” de ese modo al consulado barcelonés es una jugada para restarle importancia a esa región española, que busca la independencia.

MADRID: El cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, dueño de una de las más negras biografías del priismo mexicano, no logra aquietar la repulsa que su nombramiento provocó y, todo indica, mancha de manera irremediable las “magníficas relaciones bilaterales” que presumen los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Mariano Rajoy.

El 26 de octubre, en visita a la embajada de México en Madrid, Herrera adelantó que su prioridad es conseguir la reanudación del vuelo México-Barcelona. Para esta gestión –que tiene el propósito también de limpiar su imagen– busca los servicios de Jordi Segarra, consultor político andorrano que participó en la campaña de Barack Obama.

Su llegada a Cataluña generó una reacción de indignación entre los mexicanos afincados en España y ya tuvo sus primeras consecuencias: la Casa América Catalunya anunció que por un “conflicto de conciencia”, los escritores Juan Pablo Villalobos, Jordi Soler y Laura Restrepo declinaron participar en unas sesiones literarias dentro del Festival MXaBCN.

En un comunicado emitido el 22 de octubre, la institución organizadora señala que MXaBCN es un “proyecto cultural”, pero que “es imposible desligar la cultura de otros aspectos de actualidad político-social, y por tanto entendemos y somos respetuosos con las posturas que puedan surgir entre los participantes invitados”.

Tras el comunicado no hubo más declaraciones de los involucrados, pero este semanario corroboró que la declinación se produjo porque el consulado participa en los patrocinios de dichas jornadas literarias.

Fidel en “observación”

El caso de Herrera no pasa inadvertido en España: lo estudian abogados especializados en temas de derechos humanos en Europa, algunos de los cuales, en el pasado, llevaron querellas contra el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld; los “vuelos de la CIA” o el primer ministro uzbeko, Zakir Almatow.

Así lo explica Gonzalo Boyé, abogado y asesor del European Center for Constitutional and Human Rights, de Berlín, agrupación que llevó las causas referidas. “Lo grave que resulta que el gobierno de España haya brindado el exequatur (autorización definitiva) para este cónsul mexicano. Una labor mínima de los cuerpos de inteligencia españoles podía haber corroborado el perfil del personaje, como el hecho de que su nombre fue mencionado por testigos sometidos a procesos por blanqueo de capitales en tribunales en Estados Unidos”.

Se refiere al juicio que se celebró en la Corte de Distrito Oeste, en Austin, Texas, en 2013, que declaró culpables de blanqueo de capitales y de arreglo de carreras de caballos a José Treviño Morales –hermano de Miguel Ángel, líder de Los Zetas–y otros coacusados, entre ellos el empresario Francisco Pancho Colorado.

En ese proceso, encabezado por el juez Sam Sparks, el nombre de Fidel Herrera salió a la luz. Según los testigos, se “invirtieron” 12 millones de dólares para que alcanzara la gubernatura de Veracruz y dejara operar a Los Zetas en esa entidad clave para la ruta del Golfo de la cocaína (Proceso 1906).

El nombre del priista fue mencionado por el agente especial del FBI, Scott Lawson, que en la audiencia del 26 de septiembre de 2012 dijo que entre 2003 ó 2004, “Francisco Colorado se estableció como un intermediario entre Los Zetas y el gobierno de Veracruz”. Habló de supuestos sobornos para “darles libertad en el trasiego de drogas en el estado de Veracruz y al mismo tiempo como una manera de ayudar a Fidel Herrera a financiar su campaña como gobernador”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.

La Fórmula Uno acaba con la Ciudad Deportiva

El Gobierno del Distrito Federal entregó a tres empresas el control de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca para que se disputara ahí el Gran Premio de la Fórmula Uno el domingo 1 de noviembre. CIE, OCESA y Televisa han hecho lo que han querido con esas instalaciones públicas: ya impidieron la entrada a los deportistas, talaron 2 mil 500 árboles, ocuparon canchas, destrozaron enormes zonas y otras las convirtieron en basureros. Y ni siquiera han cumplido con los tiempos y los compromisos que adquirieron con la Federación Internacional de Automovilismo.

MÉXICO, D.F: El viernes 23, cuando faltaba sólo una semana para que se realizara el Gran Premio de México de la Fórmula Uno, la improvisación predominaba en la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez, que seguía inconcluso. Paralelamente se recrudeció el rechazo de grupos de usuarios y vecinos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca (CDMM) contra las medidas del gobierno de Miguel Ángel Mancera por la “privatización” de todo ese complejo.

Además, el circuito de 4.3 kilómetros seguía sin recibir la homologación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y, de hecho, el comité organizador ya se excedió de la fecha límite señalada (20 de octubre) por el organismo de la especialidad. Los organizadores habían prometido que el escenario estaría listo y en condiciones en agosto pasado.

Así, la entrega de la licencia Grado Uno de la FIA se mantenía en suspenso:

El problema es que la FIA no termina de convencerse de varios detalles que detectó en la remodelación del circuito. Por lo anterior, en su última visita al autódromo capitalino, el martes 20, el director de Carrera y de Seguridad de la F1, Charlie Whiting, dejó un cuaderno de pendientes y recomendaciones que, advirtió, deberán cumplirse el jueves 29, es decir, apenas un día antes del inicio de las pruebas libres del GP de México.

En el caso del circuito restaban detalles, como pintar las líneas de ingreso y salida de pits, el semáforo de pits, así como dovelas a la salida de los boxes, entre otras recomendaciones de Whiting.

No obstante que el responsable organizador, la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), incumplió con el tiempo de entrega a la FIA, la realización de la carrera está fuera de peligro gracias a que Whiting aprobó su realización.

Ahora bien, desde el martes 13 el director de pista de la FIA, el ingeniero mexicano Julián Abed, sentenció que el circuito debería estar totalmente en condiciones a partir del 20 de octubre, o se correría el riesgo de recibir una sanción del organismo “dependiendo de lo que no se cumpla. Esperamos y confiamos que no sea el caso”, declaró Abed a medios locales.

Abed, quien esperaba que ese día la FIA entregara el certificado de homologación de la pista, abundó que, de detectarse alguna falla, aún “hay tiempo para corregirlo. Son 10 días antes del evento, y si hubiera algún detallito lo tendríamos que llevar a cabo”.

No es la primera vez que un comité organizador incumple los plazos y términos establecidos. También pasó con los autódromos de Yeongam, en Corea del Sur, y de Buda, en India. Ninguna de estas carreras fue cancelada, pero ambos escenarios ya están fuera del calendario de la Fórmula Uno.

La competencia de automovilismo más importante se realizará en la CDMM del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Pero antes de que tres pilotos asciendan al podio, el GP de México ya tiene a sus grandes ganadores: CIE, su subsidiaria OCESA y su socio Televisa, el consorcio que por primera ocasión anuncia una transmisión en vivo de la F1 –con los millonarios ingresos que representan los patrocinadores– desde que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez corre en el llamado gran circo (2010).

En pleno año de recorte presupuestal y en tiempo de crisis, el gobierno de Peña Nieto pactó la presencia de la F1 en el país para los próximos cinco años y se obligó a pagar al dueño de los derechos de comercialización del serial, Bernie Ecclestone (presidente de la Fórmula Uno), un total de 213 millones de dólares, lo que significa que anualmente saldrán del erario 42.6 millones de dólares.

Al hacerse oficial el regreso de la F1, el 23 de julio de 2014, así lo expusieron el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; el presidente de grupo CIE, Alejandro Soberón, y la entonces secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

Pese a que el gobierno federal y capitalino afirmaron que el regreso de la Fórmula Uno será una buena inversión pública, lo cierto es que la CIE y su subsidiaria OCESA son las primeras favorecidas, pues se quedarán con la totalidad del ingreso por boletaje y con todas las ganancias derivadas de la venta de alimentos, souvenirs y parte de los derechos de transmisión durante los tres días del encuentro. Para operar durante la carrera, dicha empresa entregará 20 millones de dólares al emporio de Ecclestone.

Adicionalmente, CIE invirtió 50 millones de dólares en la remodelación y adecuación del inmueble, con un aforo para 110 mil espectadores.

Los precios de los boletos van desde mil 500 y hasta 18 mil 750 pesos en la zona Grandstands (tribuna principal-recta principal). Si se toma como referencia la cifra más baja, el lleno del inmueble representará ingresos de al menos 200 millones de pesos.

Compromisos violados

En agosto de 2014, Horacio de la Vega, vocero de la F1 designado por el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, reveló que la administración capitalina invertiría en la remodelación restante de las instalaciones de la CDMM (Proceso 1970). “Pretendemos transformarla en algo totalmente rehabilitado, con espacios nuevos, que comulgue perfectamente con el proyecto de la Fórmula Uno”.

Nada más distinto a la realidad. Hoy la CDMM presenta dos rostros opuestos: un autódromo que contrasta con un entorno desolado por el paso de tráileres, maquinaria pesada y trabajadores.

De la Vega no sólo ha fallado con la llamada remodelación de la Ciudad Deportiva. Más aún: dentro del inmueble, una parte que los aficionados en general no suelen conocer quedó convertida en un muladar: se acumulan toneladas de basura y los troncos de los árboles talados –al menos 2 mil 500– para cumplir con las necesidades de los organizadores del GP, de acuerdo con el presidente de la asociación Ecoactivistas de la Ciudad Deportiva, Elías García. Aunado a ello, algunas canchas de futbol fueron afectadas por el incesante recorrido de la maquinaria pesada.

Los reclamos se incrementan en torno al uso y excesos de OCESA, que tiene la zona bajo su absoluto control desde el domingo 18, y por ello prohibió el acceso a usuarios, vecinos y futbolistas de las diferentes ligas de futbol, no obstante que pagaron sus respectivas cuotas.

Otro abuso: el 15 de agosto de 2014, Miguel Ángel Mancera reinauguró, “para uso y disfrute de los deportistas capitalinos”, el estadio de futbol y de atletismo Jesús Martínez Palillo, en la Ciudad Deportiva, con una inversión de 25 millones de pesos. Sin embargo, desde la primera semana de octubre, ese escenario está totalmente ocupado por enormes carpas bajo las cuales el CIE proyecta instalar parte de la zona de comedores y venta de souvenirs, con el riesgo de dañar la cancha y la pista sintética de atletismo.

El retorno del GP de México implicó, además, la mudanza del equipo de beisbol profesional Diablos Rojos, cuyo propietario –Alfredo Harp Helú– tiene la promesa de Mancera de que varias canchas de futbol de la CDMM se destinarán a cumplir el sueño más acariciado del empresario: la edificación de la nueva sede de su novena, que disputaba sus partidos de local en el Foro Sol, también concesionado por CIE a través de OCESA.

La ira creciente

Aun cuando la construcción del estadio de beisbol sigue en duda, la manera en que el jefe de gobierno capitalino ha privilegiado a los empresarios ya desembocó en una alianza de usuarios, vecinos, presidentes de ligas de futbol, vendedores locales e incluso de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista –los grandes perdedores–, que se muestra decidida a impedir el desarrollo de dicho proyecto de beisbol en las 150 hectáreas de la CDMM.

Desde hace meses, este grupo se manifiesta con marchas y plantones en la Ciudad Deportiva, frente a los edificios del Gobierno del Distrito Federal y del Indeporte. En su pliego petitorio, la alianza demanda frenar la privatización del complejo, reducir el costo por usar las instalaciones, reconectar la red de agua tratada, cuya suspensión alcanza los 10 meses, no destruir más canchas y frenar la tala.

Para rematar, el grupo opositor exige a Mancera destituir al titular del Indeporte, Horacio de la Vega, por considerar “que no ha querido resolver las peticiones de los deportistas. Por tal motivo, ejerceremos nuestro derecho a protestar con mítines y una marcha a la Ciudad Deportiva”, advierte Víctor Roldán, responsable de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista y representante de los usuarios y vecinos del complejo.

“No es posible que por organizar un encuentro que sólo beneficia a la clase adinerada castiguen a los deportistas quitándoles los espacios creados para la práctica del deporte popular”, asienta Roldán.

Además, Roldán explica que se había planeado un boicot contra el GP de México a partir del viernes 23. Sin embargo, se aplazó esa decisión a raíz de una invitación del gobierno central.

“Aparentemente hay una respuesta del gobierno capitalino para quedarnos quietos. Si nos dan una respuesta positiva, estaremos tranquilos hasta firmar el convenio. De lo contrario, vendrá una larga lucha. Esto no termina, porque tampoco queremos otro estadio de beisbol en Ciudad Deportiva. Por ahora llevamos más de 10 mil firmas de usuarios y vecinos de la Ciudad Deportiva, y vamos por más.”

El jueves 15, el grupo fue convocado a una reunión de negociaciones con autoridades del gobierno capitalino. El encuentro duró apenas 20 minutos, ya que Julio Escamilla, director de Asuntos Políticos dependiente del gobierno del DF, se mostró soberbio e intransigente, según asistentes. El funcionario sentenció que no habría arreglos y que los usuarios, a quienes amenazó con no permitirles el uso de las instalaciones, deberán atenerse a las consecuencias.

A la par, desde el 20 de mayo, la asociación Ecoactivistas, A.C., que encabeza Elías García, exige al gobierno de Mancera que los 27 millones de pesos que entregó OCESA por la afectación ambiental a la Ciudad Deportiva se reinviertan en mejoras de las áreas verdes y canchas deportivas. Al mismo tiempo solicitan crear una Comisión de Seguimiento para la correcta ejecución del proyecto, así como la plantación de al menos 2 mil árboles.

Elías García teme que con el cierre temporal de la Ciudad Deportiva, ordenado por CIE, el consorcio continúe con el derribe de árboles. “Si lo hicieron en presencia de los usuarios, ahora que no estaremos presentes es posible que continúen”.

Asesorado por la administración del complejo deportivo, José Enrique García, quien durante 56 años ha trabajado en su local de alimentos dentro del recinto, decidió ampararse ante los frecuentes amagues del administrador de la CDMM, Pedro Martínez, de retirarlo del espacio que ha conservado desde que el inmueble abrió sus puertas.

Este complejo fue construido en 1959 como parque público para la práctica y desarrollo del deporte popular, pero nada queda de aquella esencia, ya que el recinto, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, es operado bajo la concesión de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V., a través de OCESA, una de sus subsidiarias.

Es CIE, la empresa socia de Televisa, y no el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la que dicta las reglas y dispone del inmueble las veces que se lo propone, para uso y disfrute de particulares.


En agosto de 2014, De la Vega reveló que para el GP de México se utilizarán 90% de las 150 hectáreas que conforman la CDMM. Por ello, admitió, el gobierno capitalino amplío a OCESA la concesión de gran parte de la Ciudad Deportiva. El nuevo convenio estará vigente de 2015 a 2019.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA.

El señor de los túneles

TIJUANA: Se llama José Sánchez Villalobos, le dicen “El Quirino”, oriundo de Ixtlahuacán de los Membrillos, un poblado de Jalisco ubicado a 30 kilómetros de Guadalajara, donde apenas terminó la instrucción primaria.

Es el propietario de túneles construidos en la frontera de México con Estados Unidos, desde Nogales hasta Tijuana, para el trasiego de droga.

Por eso le dicen “El señor de los túneles”.
Estos pasadizos son rentados a carteles mexicanos de la droga, aunque por su experiencia fue contratado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera para construir túneles en sus casas de seguridad en diferentes ciudades del país con el objetivo de tener comunicación con otras viviendas y, en su caso, rutas de escape.

La información fue obtenida por apro a través del expediente judicial de Sánchez Villalobos y en conversaciones con autoridades y gente allegada a su caso.
Aunque no tiene procesos penales en su contra se encuentra en el Centro de Readaptación Social del Altiplano en espera de su extradición a Estados Unidos, una vez que concluya el proceso de un amparo que presentó ante el Poder Judicial de la Federación.

“El Quirino” estuvo en el área de Tratamientos Especiales, justo en la misma celda que ocupó, a partir del 22 de febrero El Chapo Guzmán, a quien días antes cedió su lugar.

Sostiene que no es empleado de algún cartel en especial sino un prestador de servicios e infraestructura para el tráfico internacional de estupefacientes.

Tecnología de punta

Los túneles de Sánchez Villalobos se caracterizan por iniciar en casas o bodegas con patios de gran extensión para apilar los costales de tierra, de ahí que no se cuente con vestigios de movimientos para el traslado de cascajo.

En su construcción se utilizan perforadoras móviles suecas de gran calado con un precio de un millón de dólares.

En túneles asegurados en Mexicali y Tijuana se detectaron instrumentos similares que cuentan con geolocalizadores (GPS) y con la posibilidad de operación manual y de control remoto.

La tecnología de que se vale El Quirino dista mucho de la versión del gobierno mexicano sobre el uso de pico y pala para construir los pasadizos subterráneos y de la supuesta contratación de geólogos, arquitectos o ingenieros ya que los diseños son de su autoría.

Usa además aves, sobre todo palomas, para medir los niveles de oxigenación de los subterráneos.

En el diseño se considera una profundidad de más de 10 metros para evitar ruidos al exterior y apuntalamiento de las paredes, además de sistemas de iluminación y ventilación.

Los trabajos pasan desapercibidos por los vecinos aledaños a los inmuebles aledaños, prueba de ello es que en ninguna investigación de túneles existen testimonios sobre movimientos extraños durante la construcción.

En la boca de los pasadizos se realiza un marco de apuntalamiento de madera y que sirve para el trazo de rieles que permite el trayecto de la máquina perforadora.

Aunque hay versiones de empleados forzados a estar en cautiverio, lo cierto es que los trabajadores de la construcción son contratados en su tierra natal, Sinaloa y Durango por los niveles de confidencialidad. Por ello, en las edificaciones emplean grupos de hasta seis trabajadores por turno.

Sánchez Villalobos fue capturado en Zapopan, Jalisco, en 2013 por una denuncia anónima en Estados Unidos que proporcionó información sobre sus actividades y relaciones personales.


Leyendas mediáticas y viñetas de narcoficción adjudicaron a Guzmán Loera el mote “El Señor de los Túneles” cuando se trata de un usuario de gran escala. Incluso una de estas leyendas señala que El Chapo se inició en la construcción de túneles para el trasiego de droga a Estados Unidos en los subterráneos que construyó la comunidad china de Mexicali en las primeras décadas del siglo XX para fumar opio, jugar apuestas y cruzar a Calexico, California. Esos túneles están sellados desde hace muchos años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO.)

La Suprema Corte investigará un presunto feminicidio, cometido en 2012 en una discoteca de SLP

El de Karla Pontigo —quien falleció el 29 de octubre de 2012 dentro de una discoteca en SLP a causa de heridas en el cuello, las partes genitales y una pierna— es el segundo caso de un probable feminicidio que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La madrugada del domingo 28 de octubre de 2012, la joven Karla Pontigo, de 22 años, fue encontrada por su hermano herida y moribunda sobre un charco de sangre en la discoteca Play Club de San Luis Potosí, donde ella trabajaba. Horas más tarde murió en el hospital.

El Ministerio Público llegó 38 horas y media después al lugar de los hechos, cuando ya personal de la discoteca había limpiado una parte de la escena de muerte. La necropsia, realizada la madrugada del lunes, dictaminó 39 lesiones. La autoridad ministerial decretó que había muerto por un accidente, al estrellarse contra una puerta de cristal.

La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí consignó el caso como homicidio culposo y permitió al dueño de la discoteca salir libre bajo fianza. Esto, pese a que varias de las heridas de Karla eran en genitales, labios, ojos y cráneo y zonas cóncavas que difícilmente se habría hecho al estrellarse contra una superficie plana.

El caso de Karla Pontigo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por unanimidad, en julio pasado, decidió atraerlo para verificar si el Ministerio Público cumplió con los estándares ya establecidos para investigar un feminicidio y verificar también si se cumplieron los estándares nacionales e internacionales para la atención a familiares de víctimas y el acceso a la justicia.

“El análisis que hará la Corte será en dos ámbitos muy importantes para la investigación de feminicidios y para la atención a víctimas en todo el país, no sólo en el caso de Karla, ayudará a sentar jurisprudencia”, explica el abogado Marco Barrera.

¿Accidente?

Karla tenía 22 años, había terminado las carreras de estilista y sistemas computacionales y estudiaba masaje terapéutico, que practicaba en un spa. En agosto del 2012 entró a trabajar como edecán a la discoteca Play.

Todos los domingos su hermano Fernando la recogía en la discoteca al salir del trabajo. Esa madrugada del día 28 de octubre él le llamó para avisarle que había llegado, pero no contestó. Los empleados no lo dejaron entrar al lugar hasta que escuchó que Karla había tenido un accidente y entró a la fuerza, llegó hasta el tercer piso —ahí estaba la cocina, la oficina del jefe y no había acceso a clientes— donde la encontró tirada en el piso, en un charco de sangre. Karla alcanzó a decirle sus últimas palabras: “Ayúdame”, después fue trasladada al hospital por paramédicos.

Esperanza Lucciotto, mamá de Karla, recuerda que al hospital su hija llegó inconsciente y de inmediato fue sometida a una operación para amputarle una pierna por la profundidad de una lesión. Karla murió a las 1:15 horas del lunes.

“Cuando llegué al hospital pedí explicaciones, nadie me decía nada, pasaban los segundos, las horas y nadie me decía nada, sólo ‘está estable’. Luego me dijeron que tenían que operar de emergencia por la herida en su pierna, un médico del hospital, el que la operó, me dijo que había sido herida con un arma punzocortante porque le había cercenado hasta el hueso”, recuerda la señora Esperanza.

Cuando Karla murió, los doctores le dijeron a Esperanza que Karla era candidata a donar órganos.

El abogado Barrera explica que el Ministerio Público llegó al hospital para insistir y presionar que aceptaran la donación de los órganos de su hija, a pesar de que ella y su esposo insistían en querer presentar una denuncia por homicidio.

“Querían sepultar cualquier posibilidad futura de revivir el caso”, dice el abogado Barrera.

Durante varios meses la familia intentó aportar pruebas y acceder a la averiguación previa, pero no se lo permitieron. Cuando lograron revisar el documento, gracias a un juicio de amparo, encontraron irregularidades. La historia creada ahí, dice el abogado Barrera, fue que Karla corrió en la noche a oscuras por su mochila que dejó en la oficina del dueño, que no vio la puerta de 6 centímetros de espesor, que se estrelló con ella y murió.

En abril del año 2013, la PGJ de San Luis Potosí exhumó el cuerpo de Karla, a la familia le avisaron 5 horas antes y no accedió a los resultados. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato aportó una valoración, que determinó que Karla no murió en un accidente, como decían las autoridades locales.

En la revisión del cuerpo y del expediente, se encontraron 39 lesiones, la más grande de quince centímetros en la cabeza, la de la pierna y otras que se pueden considera defensivas, palmas de la mano, a hombros antebrazo, cuello, punzo cortantes y tiene heridas de índole sexual interior y exterior vaginal.

“La forense de Guanajuato le dice a la de San Luis Potosí que la muerte de Karla no pudo ocurrir por accidente, pues es imposible que habiendo chocado con una superficie plana, tuviera heridas en zonas cóncavas como el cuello, las partes genitales. Si hubiera sido así, tendría heridas en la frente, en la nariz, en las rodillas o las manos”, explicó Marco Barrera.

Investigación alterada ante la Corte

Entre los errores de la PGJ de San Luis, además de llegar 38.5 horas después de la muerte, está el no preservar la escena de la muerte, el no investigar el acoso laboral que Karla sufría por parte de su jefe Jorge Pedro Vasilakos Reyes, que ella denunciaba incluso en Facebook, no indagar las heridas que pudieron ser intencionadas, no permitir a la familia de la víctima aportar pruebas ni acceder a la averiguación previa.

Este es el segundo caso de un probable feminicidio que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero es el de Mariana Lima que fue asesinada por su esposo, un policía federal, en el Estado de México.

“Este caso le permitirá a la Suprema Corte seguir desarrollando su jurisprudencia sobre los protocolos que el Ministerio Público debe atender al investigar un caso de feminicidio y decidirá hasta dónde llega la protección para las víctimas cuando se violan derechos humanos en la etapa de la investigación”, señala un escrito de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho que coadyuva la defensa de la familia de Karla.

La SCJN decidirá en su discusión, que aún no tiene fecha, si la PGJ de San Luis Potosí debe abrir una nueva investigación y hacerlo con los estándares de feminicidio.

La señora Lucciotto reconoce que el logro de su familia servirá para que muchas víctimas no sean ignoradas cuando se investiguen crímenes, y no se viole su derecho a la justicia, la verdad y la reparación integral.

“Para nosotros ha sido una batalla muy dura. Al dolor hay que cargarle además la impunidad. No es justo que las muchachas en edad de ir a una disco, quieran ir y nomás porque le gusta a un hombre él cree que tiene derecho a hacer lo que quiera. No, que sepan los que las lastiman que también serán castigados, que no tienen el poder de hacer y deshacer a quien quieran”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DANIELA REA.

60 rectores reclaman pago a Javier Duarte

Rectores de universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, el Colegio de México o el CIDE exigen que el gobierno de Veracruz pague 2, 251.6 millones de pesos a la Universidad Veracruzana.

El Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES reclamó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la falta de pago de 2, 251.6 millones de pesos, correspondientes a 1,799 millones de subsidio estatal y 451.7 millones de subsidio federal, a la Universidad Veracruzana.

La acción se realizó mediante un desplegado firmado por 60 rectores y directivos de instituciones de educación superior del país, y por el Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, donde el Consejo “hace un llamado al Gobierno del Estado de Veracruz para que cumpla el compromiso de apoyar y contribuir al funcionamiento de la Universidad con la entrega inmediata de los recursos pactados con la federación”.

Igualmente se puntualiza en la necesidad de la entrega inmediata de los recursos pendientes autorizados por el Gobierno Federal “y que debieron entregarse oportunamente”, porque algunos deben ser ejercidos antes del 31 de diciembre o ser devueltos a la Tesorería de la Federación.

De hecho reclamaron que en el caso de los recursos extraordinarios federales que le corresponden a la Universidad Veracruzana y “que están retenidos por el gobierno del Estado”, estos fueron aprobados por el Congreso la Unión en el presupuesto correspondiente a este año, “por lo que deben entregarse íntegramente a la Universidad Veracruzana, independientemente de otros adeudos de años anteriores”.

Entre los firmantes del reclamo, están la UNAM, el IPN, la UAM, el Colegio de México, el CIDE, el colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la FLACSO, el CIESAS, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Instituto Luis Mora, así como universidades y tecnológicos de todo el país.

El 8 de septiembre, Javier Duarte de Ochoa aseguró que su gobierno no le debía “nada” a la Universidad Veracruzana: “Nosotros contribuimos de manera generosa y solidaria subsidiando a la Universidad Veracruzana”, expresó.

El documento dirigido a Javier Duarte de Ochoa y a la opinión pública, anota que la Universidad Veracruzana transita “injustificadamente”, por “una complicada situación financiera que limita su quehacer pone en riesgo el cumplimiento de la misión social que le fue encomendada, así como los significativos avances logrados a la fecha.

Ahí se insiste que “esto es ocasionado por la demora en la entrega de los recursos que le corresponde aportar al gobierno del estado de Veracruz”.

También se puntualiza que “la totalidad de estos recursos son indispensables para la operación de una institución que atiende a más de 62,000 estudiantes en diversas sedes académicas distribuidas en el estado, genera conocimiento relevante a través de los proyectos que desarrollan 434 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y difunde ampliamente la cultura en beneficio de la sociedad veracruzana y del país.

La Constitución de Veracruz anota en su articulo 10 que el patrimonio de la Universidad Veracruzana se integrará con “las aportaciones federales y estatales”, principalmente, se asienta en el desplegado.

El reclamo firmado por los 61 directivos de las instituciones de educación superior del país, puntualiza que “de continuar esta situación, la Universidad no podrá solventar el pago de sus obligaciones laborales, limitará sus actividades docentes, de investigación y difusión cultural, todo ello en detrimento de la calidad de sus servicios y en perjuicio de la comunidad estudiantil veracruzana, y del desarrollo social de la entidad”.


Los firmantes insistieron en que el financiamiento de la educación superior pública está previsto en el Artículo 3º Constitucional, el cual en su fracción VIII establece que el Congreso de la Unión fija las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y señala “las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Sandra Isabel Jiménez Mateos