martes, 27 de octubre de 2015

No vamos a regresar a casa, sin nuestros hijos: padres de Ayotzinapa

13 meses después la pregunta está vigente: ¿Dónde están?

Bajo un manto de neblina que se esparce por el cielo del DF, vienen marchando como desde hace meses: lazos de cuerda e hileras humanas forman un cuadro, que al centro aglutina a los padres o familiares de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes llevan a la altura del pecho la cara de su hijo, hermano, cuñado… Así avanzan.

Quienes hoy los siguen son menos. No traen detrás a los miles que caminaban con ellos hace un mes en esta misma ciudad, entonces bajo la lluvia.

Es lunes, pasan de las 18 horas, horario de salida de cientos de oficinistas, cuando comienza el mitin frente al Hemiciclo a Juárez.

Uno de los últimos en hablar es Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres, quien reconoce en pleno templete: “A más de un año, el gobierno le sigue apostando al cansancio, y como ve que en estas jornadas la participación de algunas organizaciones disminuye, cree que sigue avanzando, pero queremos decirles que están muy equivocados, que hoy sabemos de la estrategia y que estamos luchando en contra de eso que ellos pretenden, de que este movimiento se debilite y se apague para que quede en el olvido…”.

¿Cuándo volverán a sus casas y dejarán las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma? Dos madres responden:

“A nosotros no nos importa manifestarnos una y otra vez, y si es posible en los campos militares… nos manifestaremos una y otra vez si es necesario para dar con el paradero de nuestros hijos, no nos importa ser reprimidos… ¿a qué le tiene miedo este gobierno?, ¿a la verdad, a la justicia que nosotros como padres hemos venido buscando? A un año y un mes, nosotros le decimos desde aquí a Enrique Peña Nieto que no nos vamos a cansar, y le vamos a dar guerra, porque no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Y vivos se los llevaron y vivos los queremos”, advirtió Luz María Telumbre Casarrubias, madre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, quien tenía 21 años cuando desapareció en la noche funesta de Iguala.

“Nosotros desde el día 26 y 27 de septiembre no hemos dejado de buscar a nuestros hijos, seguimos en pie de lucha… somos víctimas de nuestro mismo gobierno, el gobierno nos obliga a molestar, a andar en pie de lucha, algo que nosotros no queremos hacer, porque tenemos familia que también necesita un padre, una padre… sabemos que él (el gobierno) sabe dónde está y que los militares los tienen, somos pobres pero no tontos…

“Nosotros estamos esperando a nuestros hijos. 13 meses y el gobierno no ha hecho nada por entregárnoslos. Por eso estamos aquí, presionando a nuestro gobierno para que nos los entregue, 43 estudiantes, jóvenes maestros que se llevaron detenidos el 26 y 27 de septiembre y hasta la fecha de hoy no han esclarecido estos hechos. Queremos verdad, queremos justicia. Queremos que pague el responsable material, intelectual. Nosotros no vamos a regresar a casa hasta que llevemos a nuestro hijo, porque no podemos regresar a nuestra casa sin saber dónde está nuestro hijo, aunque el gobierno nos dice que están en fosas, que están en el basurero, nosotros sentimos a nuestros hijos vivos”, indicó.

Otra madre se suelta: “Este dolor tan inmenso que llevamos como madres, el no saber nada de nuestros hijos, o el qué estará pasando con ellos, porque como dijo el informe de los expertos: nuestros hijos no fueron quemados ahí (en Cocula) como dijo el gobierno. Todo este año que hemos pasado como padres (buscando a nuestros hijos) me he dado cuenta de tantas mentiras, de tanta gente mala que nos ha hecho tanto daño… yo era de esas personas que me quedaba callada y no decía nada, pero esto que me ha sucedido no es cualquier cosa, vieran qué dolor tan inmenso tenemos nosotras como madres, diario pensar en nuestro hijo, el no verlo, el no saber (dónde están)… Muchas personas han de decir que nosotros nada más queremos andar de aquí para allá, pero en verdad, si por nosotros fuera, que ya nos entregaran a nuestros hijos, téngalo por seguro que nosotros alzaríamos la voz por todos ustedes y estas injusticias que estamos viviendo, y para que ya no siga habiendo (desaparecidos)… no nos vamos a callar, vamos a seguir alzando la voz pidiendo por nuestros hijos, por todas esas personas que sufren injusticias… no nos han dado nada, ni recibiremos nada (de dinero), porque nuestros hijos tienen dignidad y nosotros también”.

En sus participaciones, los padres coinciden en que sus constantes protestas terminarán hasta saber el paradero de los 43. Y para ello exigen que los militares de Iguala sean entrevistados por los expertos de la CIDH.

“Vamos a seguir hasta ver que se castigue a los culpables y se investigue a los militares”, aseguró Maximino Hernández, padre de otro estudiante.

Un representante de la Normal Rural urgió que la Procuraduría General de la República (PGR) acate “sí o sí” los 10 puntos que firmó el gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

A unos pasos del templete, para cerrar el mitin, los jóvenes de primer año de la Normal -rapados como los que hoy están desaparecidos y con el puño en lo alto-, son los que más fuerte entonan  ”Venceremos”, el himno de la Unidad Popular (bloque político de izquierda marxista chileno): “…Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper…”.


La marcha, con los padres, los normalistas y quienes se sumen, volverá otro día a la Ciudad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El SAT deberá informar sobre impuestos declarados y retenidos por el IEEPO

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a entregar a un particular información sobre la retención y declaración de impuestos por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) entre 2010 y 2015.

En respuesta a la solicitud del requirente, el SAT respondió que la información fue clasificada como reservada y que estaba protegida por el secreto fiscal.

Inconforme, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI mismo que fue turnado a la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez.

En su análisis el comisionado declaró fundada la queja del particular debido a que el secreto fiscal no aplica para personas morales de derecho público, como el IEEPO, “entidad pública que administra recursos públicos y por tanto debe demostrarse que cumplió con su obligación como retenedora y declarante de impuestos”.

Al revelar los datos fiscales solicitados, abundó, no se está revelando información relativa a particulares, por lo que no se transgrede la ley de Transparencia.

“El manejo de los recursos públicos educativos es una responsabilidad coordinada entre autoridades federales y estatales.

“Por lo tanto, el SAT, el IEEPO y los sujetos obligados involucrados en ambos niveles de gobierno deben coordinarse para fomentar una rendición de cuentas completa porque los ciudadanos tienen derecho a conocer paso a paso, la ruta que siguen sus impuestos”, resolvió el comisionado ponente.


Así, a propuesta de Salas Suárez, el pleno del INAI aprobó modificar la respuesta del SAT e instruirlo a informar al particular los montos globales de impuestos que el IEEPO ha retenido, así como aquellos que éste ha enterado al SAT por concepto de Impuesto Sobre la Renta, cobro de servicios tarifas o cuotas, y pago a proveedores, de 2010 a 2015, desglosado por año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Formal prisión a otros dos vinculados en la fuga de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: El titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales dictó formal prisión a otros dos implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrida la noche del 11 de julio.

Con ellos son nueve los que, según la PGR, participaron en la planeación, organización y materialización de la evasión del capo desde el exterior del penal.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que, uno de ellos es el defensor y la persona que tenía acercamiento material con Joaquín Guzmán Loera, sin restricción alguna y habría dado las instrucciones para adquirir el predio y construir el túnel. Asimismo, se presume que entregó el dinero en efectivo para el pago de la mano de obra.

El otro individuo que también recibió el auto de formal prisión es un piloto presumiblemente contratado para despegar en una aeronave distinta a la que trasladaba al evadido y servir como señuelo o distractor.

Apenas el lunes pasado, la PGR indicó que en dos de los siete casos a los que se les dictó formal prisión, se agrega el delito de fraude procesal con motivo de la evasión de Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encargada de la investigación, fue notificada por el órgano jurisdiccional en torno a que el sábado 24 se dictó formal prisión contra la persona que coordinó las negociaciones para la compra del predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal.

Uno de los siete contra quienes se dictó formal prisión es Edgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera, a quien la PGR acusa de organizar y supervisar la construcción del túnel por el cual El Chapo logró fugarse del penal del Altiplano.

El miércoles 21, Arely Gómez, titular de la PGR, informó de la captura de las personas que formaron parte del grupo que planificó y organizó desde el exterior la fuga del líder del cártel de Sinaloa.

Además de Edgar Coronel, entre los detenidos se encuentran el abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, señalado como el principal operador y organizador de la fuga.

“Como responsable de la defensa de El Chapo, sirvió de enlace con los encargados de la construcción del túnel e, incluso, habría realizado los pagos. Constantemente ingresaba al penal para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”, detalló la procuradora.

Héctor Ramón Takashima Valenzuela, El Cachimba, piloto histórico del Cártel del Pacífico, es el segundo aviador consignado por la fuga, el primero fue Romano Lanciani Llanes.

Julio César Takashima Valenzuela, hermano de Héctor Ramón, es un mecánico en aviación que reparó la nave de Romano Lanciani Llanes, la cual se averió el día del escape.

Rigoberto Martínez Dávalos y/o Francisco Ramírez León, es identificado como el comprador del terreno a quien se le encomendó coordinar las negociaciones para la compra del predio en donde se construyó el túnel hacia el penal.

De acuerdo con la procuradora, Martínez Dávalos es amigo de Guzmán Loera y coincidió con él durante su reclusión en la década de los noventa.

El constructor Lázaro Araujo Burgos, El Juan, fue quien organizó y dirigió la construcción del túnel. Además, es reconocido como el coordinador de la construcción de otros narcotúneles en la frontera con Estados Unidos.


Germán Valdez Estrada, El Master y/o El Gordo fue quien violó diversas disposiciones legales para simular jurídicamente, con pleno conocimiento de ello, la disposición del terreno desde donde se construyó el túnel de escape. Además de Calixto Estrada Castillo, dueño original del terreno desde donde se construyó el túnel hacia el penal mexiquense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Castigo imperial por violaciones a los derechos humanos

En una decisión más política que económica, Washington decidió recortar los recursos de la Iniciativa Mérida debido a las recurrentes violaciones de los derechos humanos que perpetran las fuerzas de seguridad mexicanas. A causa de hechos como Ayotzinapa y Tlatlaya, el Departamento de Estado quitó un apoyo de 5 millones de dólares, y se sumó a un movimiento creciente que desde Estados Unidos le exige a Los Pinos poner orden entre sus militares y policías.

MÉXICO, D.F: Por primera vez desde que en 2008 arrancó la Iniciativa Mérida para combatir el narcotráfico, el Departamento de Estado estadunidense redujo el apoyo a México debido a casos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ecuandureo, Apatzingán, Ostula y Calera, en los que integrantes de fuerzas federales de seguridad perpetraron graves violaciones a derechos humanos, hasta ahora impunes.

El lunes 19 los medios más influyentes de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, revelaron la decisión del Departamento de Estado de recortar 5 millones de dólares de la partida de 148 millones que se proyectaba entregar este año a México, ante la imposibilidad de informar al Congreso estadunidense sobre avances sustanciales en materia de derechos humanos, a los que están condicionados 15% de los fondos destinados para la Iniciativa Mérida.

Según The Washington Post, de 2008 a la fecha el Congreso de Estados Unidos ha destinado 2 mil 300 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. De ese monto, mil 300 millones fueron a entrenamiento y compra de equipo.

La sanción del gobierno de Obama a México fue tomada con el beneplácito de representantes de organizaciones de derechos humanos radicadas en Estados Unidos, que junto con agrupaciones mexicanas han pugnado desde hace varios años por hacer efectivas las condiciones de respeto a las garantías individuales en los operativos binacionales de combate al narcotráfico.

En entrevistas por separado, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW); Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), y Arturo Viscarra, de School of Americas Watch (SOAW), coincidieron en que al Departamento de Estado no le quedó más alternativa que ejecutar la sanción, habida cuenta de la gravedad de los casos registrados recientemente en México.

“Hasta ahora, el papel del Departamento de Estado había sido el de preservar la relación bilateral –comenta Vivanco–, haciendo todo tipo de malabarismos para evitar la aplicación de las consecuencias que se derivan de la falta de respeto a los derechos humanos según la Iniciativa Mérida.”

Tras recordar que el Departamento de Estado y el Congreso estadunidenses suelen “mantener reuniones periódicas para consultar con la sociedad civil, incluyendo a HRW, cuando hay preocupación por la violación de derechos humanos en diferentes países”, Vivanco considera que con el reconocimiento de “la grave situación de México” por parte de la oficina del secretario John Kerry, “podemos decir que el sistema está funcionando”.

Eso en Estados Unidos, porque en México, según Vivanco, se vive una “actitud de cerrazón corporativa” de la Sedena, puesta en evidencia durante la reciente audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando se expusieron las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se avaló la negativa del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que los miembros del GIEI entrevistaran a los soldados del 27 Batallón de Infantería.

“El rechazo del Ejército a la fiscalización internacional en derechos humanos –apunta Vivanco– demuestra su intención de seguir operando al margen de todo control, de acuerdo con sus propias reglas, como lo hicieron durante buena parte del siglo XX.”


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2034 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Cae en el Senado la reducción al impuesto a los refrescos

La bancada de Acción Nacional en el Senado se pronunció en contra de disminuir 50 centavos del impuesto a cada litro de refresco.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado se pronunció en contra de la disminución del impuesto a los refrescos. 

“En el grupo del PAN, después de una deliberación en ese tema, hemos acordado buscar y votar que se mantengan las cosas como están en el tema del IEPS a las bebidas con azúcar“, dijo este lunes 26 de octubre el senador Héctor Larios.


Esto ocurre mientras en el Senado se discute disminuir el impuesto a las bebidas azucaradas, 50 centavos por litro. La semana pasada, los diputados aprobaron en lo general el dictamen de la Miscelánea Fiscal, el cual contempla una reducción del 50% en el impuesto a las bebidas saborizadas que tengan hasta cinco gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La PGR crea una unidad para investigar la tortura

En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor mañana, se establece que la unidad tendrá competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura.

La Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura para concentrar todos los casos relacionados con ese ilícito y hacer posible una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva en esos casos.En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor mañana, se establece que la unidad tendrá competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura.

Hasta el momento, los casos relacionados con este delito se han tratado de concentrar en determinadas áreas de la institución; sin embargo, existen investigaciones en curso en diversas unidades administrativas u órganos desconcentrados, lo que da cuenta de una atención segmentada a esos asuntos.

Lo anterior “ha venido ocasionando inconvenientes para aplicar esfuerzos uniformes y sostenidos al respecto, así como para identificar con precisión la cantidad de casos en trámite”, indicó la PGR.

El titular de esa unidad, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, será nombrado y removido directamente por la procuradora general de la República y tendrá calidad de agente del Ministerio Público de la Federación.

Entre sus funciones destaca colaborar en el diseño de los protocolos sobre la investigación del delito de tortura, así como instrumentar, supervisar y evaluar su aplicación.

Podrá requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la PGR o de otras instancias toda la información que sea necesaria para la investigación del delito de tortura.

Tendrá, además, las facultades de coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas y el Distrito Federal para la investigación de este delito.

Así como atender e informar en forma periódica a los familiares de las víctimas sobre el curso, avances y resultados de las indagatorias realizadas.

Asimismo, establecer mecanismos de coordinación y de colaboración con otras áreas de la PGR, con las comisiones de los derechos humanos, nacional y estatales, así como las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de las garantías individuales y de los derechos de las víctimas.


En el acuerdo se instruye a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y a la Oficialía Mayor a que en un plazo no mayor a 30 días naturales instrumenten las acciones y medidas pertinentes y necesarias para dar el debido cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Escala conflicto por falta de pago a policías en Michoacán; toman más instalaciones

MORELIA, Mich: Por segundo día consecutivo, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y Fuerza Ciudadana tomaron las oficinas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del estado, en protesta por la falta de pago de dos compensaciones por riesgo de trabajo y desempeño laboral.

Los inconformes impidieron el ingreso del personal administrativo, con lo que quedaron paralizados trámites como expedición de licencias y cartas de no antecedentes penales, pago de infracciones y multas.

El lunes pasado, unos 200 elementos protestaron en la misma dependencia, lo que derivó en un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública en el que se afirmaba que el gobierno estatal cubriría los adeudos, pero no precisó montos ni fechas.

Otro grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) afectado por la falta de pago extendieron la toma de instalaciones de la dependencia en la capital del estado.

Los agentes refirieron que leyeron el comunicado de prensa emitido por la SSP pero señalaron que no están de acuerdo y exigieron su pago inmediato, de lo contrario, advirtieron, continuarán tomando las instalaciones, incluida la SSP y las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Estatal.


A su protesta, adelantaron, se unirán agentes de la Procuraduría de Michoacán y personal de custodia de los Penales de la entidad Ceresos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

La Policía Federal detiene a responsable de homicidio de 12 agentes en Michoacán

MÉXICO, D.F: La Policía Federal cumplimentó una orden de aprehensión contra Jaime Bustos Cabrera, uno de los probables responsables de la privación ilegal de la libertad y homicidio de 12 agentes en julio de 2009 en Michoacán.

Bustos Cabrera, de 39 años de edad, presumiblemente se desempeñaba como escolta y mensajero del crimen organizado. Además de entregar pagos a operadores, era responsable de recolectar y empaquetar mariguana.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó en julio de 2009 que miembros del Cártel de La Familia fueron los responsables de asesinar a 12 agentes federales.

Los cadáveres de los policías fueron hallados el lunes 13 de julio de 2009 en la carretera Siglo XXI, en Michoacán.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad Pública informó que
Bustos Cabrera operaba en los municipios de Arteaga, Huetamo y Lázaro Cárdenas.

“Además, Jaime Bustos cuenta con antecedente penales por su probable responsabilidad en delitos ambientales y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en noviembre de 2008.


“El mandamiento judicial fue girado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud y secuestro, así como privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro”, añade el comunicado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Conductora que protagonizó incidente de acoso desmiente a Televisa

CHIHUAHUA, Chih: La conductora de Televisa en Juárez, Tania Reza, aseguró en sus redes sociales que la obligaron a inculparse de la escena de acoso que sufrió por parte de su compañero José Enrique González Tovar, en la emisión del sábado pasado del programa “A Toda Máquina”.

En su cuenta de Facebook, Tania Reza escribió: “Gracias a todos por sus comentarios y muestras de afecto, lamentablemente en estas situaciones existen presiones por parte de las ‘empresas’ y ‘obligaciones de decir’ (o incluso grabar) que soy culpable y gente lavándose las manos. Nunca me he rajado, ya son casi 6 años en esta empresa. Así que como siempre lo digo A DARLE MI GENTE. Y a tratar de que salga la verdad. Si me obligan a quitar esto al menos ya lo dejé en las redes sociales. GRACIAS A LOS QUE ESTÁN CONMIGO y Dios por delante”.


Previo a ese mensaje, los ahora despedidos subieron a YouTube un video en que ambos conductores explican que el programa transmitido el sábado lo grabaron hace tres semanas, y la escena de acoso fue intencional.



En el video, la conductora envía un saludo hasta el Distrito Federal y, posteriormente, Tovar deslinda a la empresa de la escena que presuntamente montaron.

Tania explica que cuando grabaron el programa no tenían conciencia de lo que iba a suceder.

Enrique Tovar acota: “Fue algo incontrolable al último, no supimos cómo reaccionar, no estamos acostumbrados a una cosa viral, porque realmente lo hicimos con un fin, pero en la vida real somos los mejores amigos, cachetadas, nalgadas”.

Y Tania Reza respondió de inmediato: “No es cierto”.

Incluso, Tovar trata de disculparse con su compañera con un abrazo, pero ella no lo corresponde.

Enseguida explicaron que son muy buenos amigos y que incluso la gente piensa que son novios.

“Su novio casi me quiere matar, no supimos…”, comparte el conductor.

“No sabemos, la empresa realmente no tiene la culpa de esto. Esto es algo personal de nosotros dos”, agrega Tovar.

La conductora se despide en el video y dice que se mantendrán en comunicación con su audiencia.


Posteriormente, la joven escribió en Facebook que fue obligada a decir que ella también fue culpable de la escena que ocasionó la reacción de los usuarios de redes sociales y de instituciones federales y estatales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Informa PGR de cateos vinculados con fuga de 'El Chapo'

México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer un recuento de las acciones que ha realizado en cuanto a cateos y aseguramiento de inmuebles y objetos en los estados de México, Puebla y Sinaloa, propiedad de personas relacionadas con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

La institución ministerial dio cuenta que con base en los mandamientos judiciales, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Policía Federal y peritos de la PGR especialistas en materias de química, criminalística, valuación y fotografía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevaron a cabo acciones en domicilios ubicados en los municipios de Almoloya de Juárez, estado de México;  Puebla, Culiacán y Navolato; Sinaloa.

Las primeras acciones fueron ejecutadas los días 16 y 17 de julio en el municipio de Almoloya de Juárez, y se aseguró un inmueble, 168 indicios diversos, un arma de fuego, tres cargadores y 59 cartuchos. El 28 de agosto en el estado de México y Puebla se aseguraron dos inmuebles, un arma corta, una camioneta, dos motocicletas, una cuatrimoto y diversa documentación.

El 11 y 12 de septiembre en Culiacán y Navolato se aseguraron un inmueble, una pista de aterrizaje, un teléfono celular, un equipo de circuito cerrado, una camioneta, diez avionetas, dos fuselajes, dos motores de aeronaves y diversa documentación, mientras que el 20 de octubre en la colonia Las Quintas de Culiacán se aseguraron 165 paquetes de narcóticos (cocaína, fentanil, heroína, metanfetamina y mariguana), un arma de fuego y una granada.

El día 21 de este mes en curso en la colonia Plutarco Elías Calles fueron asegurados 288 paquetes de narcóticos (cocaína, fentanil, heroína y metanfetamina) así como una avioneta y un arma de fuego.


Asimismo, el día 22 en tres domicilios de la colonia Miguel Hidalgo y uno en el fraccionamiento Camino Real de Culiacán, se aseguraron dos inmuebles y tres vehículos, finalmente el 23 de octubre, se aseguró un inmueble en el fraccionamiento Estanza Toscana en Culiacán.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

Primer descuento a maestros aplicará el 30 de octubre: Nuño

México, DF. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que esta quincena, la del 30 de octubre, se aplicarán descuentos a los maestros que de manera injustificada faltaron a laborar el día 2, y para quienes no acudieron el 12, será en la siguiente. En esas dos fechas, la CNTE realizó paro de labores.

En cambio, sostuvo que quienes hayan sido convocados y se presenten a la evaluación del desempeño, que iniciará en la parte de conocimientos el 14 de noviembre, obtendrán beneficios. Aquellos que no cumplan "serán separados del servicio, como lo hicimos con los 291 maestros que no se presentaron a la evaluación diagnóstica", advirtió.

Tras reunirse con el pleno de la Canacintra, Nuño aseguró que quienes se presenten a la evaluación del desempeño y no obtengan resultados adecuados recibirán capacitación para que puedan mejorar y presentar el próximo año un examen.

A quienes le vaya bien en la prueba tendrán asegurada una plaza durante un cuatrienio, junto con formación profesional docente y tendrán evaluación cuatro años después.

Los maestros que tengan un desempeño muy bueno obtendrán, además de lo anterior, acceso a una promoción para tener más horas clase y con ello más salario.

Mientras que los docentes que en la evaluación al desempeño tengan un resultado excelente, sumarán a todo lo citado un aumento automático en su sueldo de 35 por ciento.

El titular de la SEP informó que se abrió una plataforma para el registro de los docentes convocados, a la cual los

los profesores están subiendo evidencias, como trabajos de alumnos, así como el reporte de directores, lo que contará para su evaluación. La plataforma cierra el sábado.

Aurelio Nuño llamó a respetar el marco de ley, al preguntarle sobre convocatorias de la CNTE para más paros.

"Cualquier falta que se dé tendrá, como lo marca la ley, el descuento correspondiente. Las evaluaciones se van a realizar y tomaremos las medidas necesarias para garantizar el derecho de los maestros a evaluarse".


Sobre los descuentos, adelantó que no se darán a conocer los nombres de a quienes se les aplicará, pero sí el número de profesores que los recibirán y los estados a los que pertenecen.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E MUÑOZ.

Multan a Rogelio Ortega por opacidad en gasto en medios

CHILPANCINGO, Gro: El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (ITAIG) multó a la administración del gobernador Rogelio Ortega con 13 mil 290 pesos por negarse a transparentar el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación.

La multa equivalente a 200 salarios mínimos se debe a que la dirección la Dirección General de Comunicación Social del gobierno estatal no acató la resolución previa emitida en septiembre, donde se ordenó entregar a Proceso la información relativa al monto desglosado de los recursos destinados mensualmente a empresas de medios de comunicación y reporteros, explicando su concepto y justificación.

En el último día de la administración de Ortega, el pleno del ITAIG emitió una resolución oficial, incluida en el expediente 28/2015, donde se exhorta al Ejecutivo a cumplir la resolución en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo.

“En caso de incumplimiento, el Instituto hará uso de todos los medios a su alcance para lograr el efectivo cumplimiento de dicha resolución, incluyendo la denuncia ante las autoridades competentes”, refiere el acuerdo suscrito por los tres consejeros Roberto Rodríguez Saldaña, Elizabeth Patrón Osorio y Joaquín Morales Sánchez.

De esta forma el pleno del ITAIG resolvió el recurso de revisión del expediente ITAIG/28/2015, promovido por este reportero en contra de la Dirección General de Comunicación Social estatal (DGCS), ante la negativa de entregar información sobre el gasto de publicidad oficial del gobierno de Ortega.

Al respecto, el instituto determinó que la dependencia estatal debió hacer público el informe desglosado de los recursos destinados mensualmente a medios de comunicación social y reporteros, el concepto y justificación de los mismos.

Los consejeros refieren que este tipo de información se considera pública de oficio por estar relacionada con la erogación de recursos públicos, como lo señala el artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Por ello, concluyeron que la DGCS, además de entregar la información solicitada a este corresponsal, “tiene la obligación ineludible” de publicar los datos en el portal oficial del gobierno estatal, y dieron un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación oficial para cumplir con el ordenamiento legal.

En la resolución se indica que “no se justifica de manera alguna” el hecho de que la dependencia estatal se haya negado a proporcionar una respuesta oportuna a la solicitud de información presentada desde el martes 30 de junio, argumentando el cambio del titular del área y que en el acta de entrega de la administración saliente no se menciona la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información.

“Ello no puede considerarse como un argumento jurídicamente valido para justificar la falta de respuesta a la solicitud de información, toda vez que son cuestiones internas que atañen única y exclusivamente a la DGCS, que no son imputables al recurrente, además de que es responsabilidad de los sujetos obligados conocer sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, entre las cuales se encuentra el contar con una Unidad de Transparencia y mantenerla funcionando adecuadamente”, señala el informe del ITAIG emitido a principios de septiembre.

No obstante, el gobierno de Ortega hizo caso omiso y simplemente se negó a transparentar el gasto en medios de comunicación, exhibiendo la opacidad que caracterizó a la actual administración que concluye este día para dar paso al gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, quien este martes 27 rinde protesta oficialmente.

Opacidad del gobierno de Ortega

Un reporte de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar del pasado 26 de agosto determinó que la administración que encabeza Ortega Martínez ocupa los principales lugares de opacidad a escala nacional.

En el informe sobre el gasto en publicidad oficial denominado “Libertad de expresión en venta”, realizado por las ONG, se ubica al gobierno de Ortega entre los peores en el tema de rendición de cuentas y transparencia.

El documento advierte que existe una preocupación particular por la opacidad en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación.

El diagnóstico de las ONG refiere que el uso “arbitrario y discriminatorio” de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales.


Además, consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Diputada panista, responsable de desfalco de más de 4 mil 103 mdp en Sonora

HERMOSILLO, Son: La diputada federal panista Teresa Lizárraga Figueroa es señalada como presunta responsable del desfalco de 4 mil 103 millones de pesos cuando estuvo al frente del Isssteson en la pasada administración de Guillermo Padrés.

De acuerdo con proyecciones -en poder de Apro– de la empresa Valuaciones Actuariales del Norte SC, con sede en Saltillo, Coahuila, el “saldo de la reserva líquida” proyectada para este año debería ser de 4 mil 185 millones de pesos, sin embargo, el instituto que ofrece servicios médicos a los burócratas sonorenses sólo tiene en caja 82 millones.

El estudio financiero emitido el 7 septiembre pasado establece que la debacle de Isssteson inició en 2009 con la llegada de Lizárraga Figueroa y cuando el fondo de pensionados y jubilados registró sólo 278 millones de pesos; en 2010, la cifra se elevó a 403.4 millones; tuvo otro repunte en 2011, cuando alcanzó los 499.7 millones; en 2012 bajó hasta los 256.4 millones, y para 2013 cayó a 187 millones; en 2014 sumó 171.8 millones y, a septiembre anterior, el monto se estableció en 82 millones.

Esta casa actuarial advierte que la dependencia requerirá de un adicional subsidio estatal de seis años por el orden de los 2 mil 963 millones de pesos, a razón de 493.8 millones anuales, a fin de mantener un esquema financiero saludable.

La secretaria general del Sindicato Único de Empleados del Isssteson, Xóchitl Noemí Preciado, alertó que el instituto estaría en quiebra en el 2023 porque no quedará dinero disponible y la situación se agravaría a partir de 2017, como lo informa Valuaciones Actuariales del Norte en el comparativo de “Flujo entre egresos, ingresos y saldos”.

“El problema radica en que en 2009 había 8 mil 300 pensionados que costaban al Isssteson 941 millones y, al llegar a junio pasado (al término del sexenio de Padrés), el número se incrementó a 12 mil con un costo de 2 mil 320 millones”, puntualizó.

El desfalco financiero de esta institución fue documentado en 2012 por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y denunciado en 2013 ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE).

El recurso legal fue interpuesto contra la exdirectora Teresa Lizárraga por el supuesto desvío de 2 mil 500 millones. El 14 de agosto de 2014, la exfuncionaria sólo admitió un faltante de mil 502 millones durante la comparecencia a la que fue llamada por diputados locales integrantes de la Comisión del ISAF.

La legisladora renunció a la dirección durante la segunda quincena de febrero de este año para aspirar al escaño que hoy ostenta por la vía plurinominal de la primera circunscripción panista.

“200 veces más endeudado que IMSS”

El actual director del instituto, Enrique Claussen, acusó que el Isssteson está más endeudado que la delegación sonorense del IMSS, debido a que esta última sólo tiene un pasivo de 20 millones con la responsabilidad de atender a un millón 600 mil derechohabientes, mientras que la dependencia estatal arrastra un faltante de 4 mil 103 millones con sólo 175 mil usuarios.


“Se está trabajando en el porqué de estas cifras actuariales, se está analizando la relación de ingresos y egresos. Además, se está revisando nómina por nómina de los últimos cinco años, los estados de cuenta mensuales, y la auditoría correspondiente”, puntualizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Dan formal prisión a siete implicados en fuga de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: El titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales dictó la formal prisión a siete implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrida la noche del sábado 11 de julio.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que, en dos casos, se agrega el delito de fraude procesal con motivo de la evasión de Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encargada de la investigación, fue notificada por el órgano jurisdiccional en torno a que el sábado 24 de dictó formal prisión contra la persona que coordinó las negociaciones para la compra del predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal.

Uno de los siete contra quienes se dictó auto de formal prisión es

Edgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera, a quien la PGR acusa de organizar y supervisar la construcción del túnel por el cual El Chapo logró fugarse del penal del Altiplano.

El miércoles 21, Arely Gómez, titular de la PGR, informó de la captura de las personas que formaron parte del grupo que planificó y organizó desde el exterior la fuga del líder del cártel de Sinaloa.

Además de Edgar Coronel, entre los detenidos se encuentran el abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, señalado como el principal operador y organizador de la fuga.

“Como responsable de la defensa de El Chapo, sirvió de enlace con los encargados de la construcción del túnel e, incluso, habría realizado los pagos. Constantemente ingresaba al penal para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”, detalló la procuradora.

Héctor Ramón Takashima Valenzuela, El Cachimba, piloto histórico del cártel del Pacífico, es el segundo aviador consignado por la fuga, el primero fue Romano Lanciani Llanes.

Julio César Takashima Valenzuela, hermano de Héctor Ramón, es un mecánico en aviación que reparó la nave de Romano Lanciani Llanes, la cual se averió el día del escape.

Rigoberto Martínez Dávalos y/o Francisco Ramírez León, identificado como el comprador del terreno a quien se le encomendó coordinar las negociaciones para la compra del predio en donde se construyó el túnel hacia el penal.

De acuerdo con la procuradora, Martínez Dávalos es amigo de Guzmán Loera y coincidió con él durante su reclusión en la década de los noventa.

El constructor Lázaro Araujo Burgos, El Juan, fue quien organizó y dirigió la construcción del túnel. Además, es reconocido como el coordinador de la construcción de otros ‘narcotúneles’ en la frontera con Estados Unidos.


Germán Valdez Estrada, El Master y/o El Gordo fue quien violó diversas disposiciones legales para simular jurídicamente, con pleno conocimiento de ello, la disposición del terreno desde donde se construyó el túnel de escape. Además de Calixto Estrada Castillo, dueño original del terreno desde donde se construyó el túnel hacia el penal mexiquense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Denuncia ASF ejercicio irregular de fondos federales

México, DF. Por diversas irregularidades asociadas a fondos federales ejercidos por gobiernos de los estados, principalmente en el grupo de educación y apoyo al campo, la Auditoría Superior de la Federación formalizó en días pasados alrededor de 500 denuncias ante la Procuraduría General de la República según lo dio a conocer el titular del organismo Juan Manuel Portal.

En el marco de la Sexta Reunión el Sistema Nacional de Fiscalización, Portal dijo en entrevista que se detectaron diversas irregularidades por lo cual se remitieron los casos a la PGR.

En respuesta a una pregunta de la prensa lamentó que los tiempos que transcurren y entre los que se detectan las irregularidades y se resuelven las denuncias penales sean tan largos, por ello consideró necesario modificaciones legales para acortar esos plazos.

Cuestionado por cuáles son esos organismos y dependencias donde hay mayor irregularidades dijo que por su volumen destacarían Petróleos Mexicanos, el IMSS y sobre todo los gobiernos estatales.

Portal destacó que la reforma en materia anticorrupción permitirá a la Auditoría no solo fiscalizar los fondos federales que se les entregan a las entidades sino que ahora tendrán posibilidades de hacerlo también con las participaciones federales que le son entregadas.

Cuestionado sobre la denuncia sobre el costo de la corrupción que la víspera hiciera el sector empresarial, Portal dijo que se trata de estadísticas consolidadas que diversos sectores han dado sobre la corrupción en México y que revelan la importancia de instrumentar acciones para el control en el ejercicio de los servios públicos.

A su vez, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, destacó que por ahora “brazo” del Sistema Nacional Anticorrupción es el Sistema Nacional de Fiscalización, que ha permitido homologar a nivel nacional prácticas de auditoría y de control de gasto público. Al mismo tiempo se ha vinculado en el seguimiento de algunas reformas estructurales como la que concierne al sector educativo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.

En Veracruz hay campaña contra joven desaparecida, luego que su madre enfrentó a Duarte

Araceli Salcedo denuncia que dos días después de que enfrentara a Duarte empezaron a circular en internet dos notas en las que se asegura que su hija Rubí estaba relacionada con el cártel de Los Zetas, “lo cual es una absoluta mentira”.

La señora Araceli Salcedo, mamá de una joven desaparecida desde 2012 en Veracruz, denunció el inicio de una “campaña de desprestigio y criminalización” contra su hija a través de medios informativos locales, luego de que reclamó al gobernador Javier Duarte la nula respuesta de su administración ante el secuestro de su hija. “Este señor Duarte quiere ahora limpiar su imagen”, dice la madre veracruzana.

En entrevista telefónica, la señora Salcedo denuncia que dos días después de que enfrentara a Duarte empezaron a circular en internet dos notas en las que se asegura que su hija Rubí estaba relacionada con el cártel de Los Zetas, “lo cual es una absoluta mentira”.

“El domingo –dice la señora Salcedo-, todo eso salió publicado en el periódico El buen tono de Orizaba, a ocho columnas”.

La joven Fernanda Rubí fue raptada el 7 de septiembre de 2012. Cuatro sujetos entraron al bar Bulldog e Orizaba y la sacaron a rastras, sin que nadie respondiera a sus gritos de auxilio.

La Fiscalía estatal informó a la madre de Rubí que su hija fue raptada “por su belleza física”. “Me dijeron (en la Fiscalía de Veracruz) que alguien la mandó pedir”.

El establecimiento del que Rubí fue secuestrada se encuentra a 50 metros de la comandancia de la policía municipal, en un punto rodeado de cámaras de vigilancia. Sin embargo, ninguna autoridad hizo nada por asistir a la joven en el momento en que fue raptada, ni por dar con pistas que permitieran ubicar su paradero o identificar a sus captores.

“Mi hija es una niña deportista, iba a estudiar para chef, ese es su sueño”, cuenta la mamá de Rubí, quien estaba a unas semanas de iniciar sus estudios universitarios cuando fue desaparecida.

No obstante, en su edición del 25 de octubre, el diario El buen tono de Orizaba publicó la nota titulada “Rubí, ligada a Los Zetas”, en la cual asegura que la joven era novia del fundador de la banda criminal de Los Zetas, Raúl Lucio Hernández Lechuga alias el Lucky, y que ésta es la razón por la que fue secuestrada.

Esta nota no presenta ninguna prueba e incurre en varias contradicciones.

Primero asegura que Rubí era novia de Raúl Lucio Hernández el Lucky y más adelante afirma que era novia de Leonel Oviedo el Muerto.

También, el diario asegura que la joven no sólo era novia de un líder de Los Zetas, sino que era integrante activo de este grupo criminal, aunque la identifica con otro nombre: “Abril”.

Finalmente, El Buen Tono remata su nota asegurando que “ninguna madre de una hija normal se iba a esperar tres años para irle a gritar al gobernador (…) si la hija era la amante del líder de plaza de los delincuentes, que ahora no exija justicia”.

Para intentar conocer el origen de esta información, Animal Político se comunicó ayer a las oficinas de El Buen Tono, pero la respuesta fue que no había nadie que pudiera fijar una postura al respecto.

“Esto es un acto de hostigamiento. No se me hace justo que el gobierno quiera revictimizar a mi hija, no se vale”, dice la señora Salcedo.

Araceli explica que el Lucky ni siquiera es mencionado en la investigación de la desaparición de su hija o en alguna otra declaración.

La señora Salcedo se prepara para salir al DF para presentar una denuncia contra El buen tono y otros medios que retomaron la nota, “para que su titular responda ante esta información, los voy a obligar a que presenten las pruebas, que digan de dónde sacaron eso, cuál es su fuente, y que lo sustenten.

“Los del Buen tono son tan estúpidos que dicen que mi hija salía con un delincuente en un momento en el que dicho sujeto llevaba más de un año preso. Esta prensa vendida va a tener que responder por sus mentiras. No se vale que luego de que Duarte no quiso ni siquiera detenerse a hablar conmigo, ahora quieran desprestigiar a mi hija”.

Araceli Salcedo asegura que el gobierno de Duarte no la ha buscado, aunque medios veracruzanos “han repetido hasta el cansancio” que ya pactaron una cita con ella y que Duarte le ofreció una audiencia. “Eso es mentira.  Nunca se han comunicado conmigo, mucho menos me han ofrecido algún tipo de ayuda”.

La señora Salcedo dice que la han hostigado a través de mensajes telefónicos y en redes sociales, “incluso me han amenazado de muerte”, asegura. “Ha habido casos en los que media hora después de haber estado en la Fiscalía me han llamado por teléfono para advertirme que ya saben lo que fui a hacer. Obviamente el crimen organizado tiene gente en el gobierno, y siempre me han hostigado.”


Este es el video del día que encaró a Duarte:



Tras la difusión del video, el gobernador Javier Duarte publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que indica que ha tratado de hablar con la señora Araceli Salcedo; no obstante, la señora indica que no ha recibido ninguna llamada del gobierno estatal.





Desaparición forzada: las mentiras de Duarte

Actualmente, el registro oficial de la Secretaría de Gobernación señala que en Veracruz hay 589 víctimas de desaparición forzada, quienes fueron privadas de la libertad en la última década.

Sin embargo, el número real de víctimas es mayor, ya que del registro gubernamental se eliminaron los casos en que las personas agraviadas fueron rescatadas después, ya sea vivas o muertas.

Esta omisión por parte de las autoridades permite mantener las estadísticas de desaparición por debajo de su incidencia real.

En el tema del número de víctimas de desaparición, Javier Duarte ha inventado cifras de víctimas rescatadas.

Así ocurrió en febrero de 2015, cuando el gobernador de Veracruz se presentó ante representantes del gobierno federal y de otros cinco estados para asegurar que “de las 5 mil 717 personas no localizadas al inicio de la actual administración federal en la región sur-sureste (del país), ya fueron ubicadas 4 mil 403 personas”.

En ese momento, además, aseguró que de esas 4 mil 403 víctimas rescatadas, 97% fueron localizadas con vida y, subrayó, “ya se encuentran con sus familias”.

No obstante, todas estas cifras resultaron no sólo equivocadas, sino que fueron literalmente inventadas por el titular del Ejecutivo en Veracruz, tal como pudo comprobar El Sabueso de Animal Político.

En mayo pasado –y luego de cuatro meses de investigación de El Sabueso–, la administración de Duarte reconoció que los resultados presumidos por el gobernador veracruzano no se sustentan en ninguna base de datos oficial o en cualquier otro instrumento de medición gubernamental.

La oficina de Duarte, su dirección de prensa y la Fiscalía general del estado notificaron oficialmente a Animal Político que “no se localizó” ningún reporte que sustentara las cifras divulgadas por el gobernador.

Contrario a lo afirmado por Duarte, actualmente no existe ningún registro de víctimas de desaparición en Veracruz que hayan sido rescatadas. Las 5 mil 717 personas rescatadas de las que habló Duarte sólo existieron en su discurso.

Epílogo: sanción del público

Desde el mismo día en que El Buen Tono publicó la nota contra la señora Salcedo y su hija Fernanda Rubí, la publicación recibió críticas de los lectores veracruzanos, que la calificaron como “miserables chayoteros”, “lamebotas”, periódico “maiceado”, así como “pasquín coludido con Duarte”.

Las ocho veces que El buen tono difundió su nota en Facebook, ésta recibió comentarios reprobatorios, nunca favorables.


Gabriela Juárez Beltrán, por ejemplo, señaló al diario veracruzano: “Me imagino que no saben el dolor de esa pobre madre, porque ustedes no la tienen, vendidos”, mientras que Ale Miranda subrayó que “sólo en México exiges justicia y te bombardean con notas amarillistas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

En México aplicaría un tribunal estilo Bosnia para investigar Ayotzinapa y Casa Blanca

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha dado excelentes resultados en el desmantelamiento de redes mafiosas enquistadas en las estructuras del Estado de esa nación centroamericana… pero sólo ahí. Algunas voces han pedido la creación de un organismo similar para México (especialmente para aclarar los casos Ayotzinapa y Casa Blanca), pero los especialistas advierten: funcionaría mejor un tribunal internacional más cercano a la experiencia de Bosnia.

CIUDAD DE GUATEMALA: El papel clave que ha jugado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, entidad de investigación financiada por la Organización de las Naciones Unidas) en la desarticu­lación de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea –escándalo de corrupción sin precedente en la historia reciente del país–, generó un debate en naciones vecinas sobre la idoneidad de solicitar la creación de comisiones externas que contribuyan al desmantelamiento de redes de corrupción y crimen organizado enquistadas en el aparato estatal.

La dimisión del presidente Otto Pérez Molina el 1 de septiembre tras las revelaciones de que él y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fungían como cabecillas de La Línea, señalamientos por los cuales enfrentan proceso penal, ha suscitado expresiones de admiración por parte de líderes de opinión en el mundo.

“México tiene mucho que aprender. Urge que el investigador de Naciones Unidas, Iván Velásquez, vaya a México, invitado por el Congreso, para entrarle de manera independiente a los casos de la Casa Blanca y de la casa de Videgaray en Mali­nalco”, escribió el periodista mexicano Jorge Ramos en su página de Facebook, poco antes de la dimisión de Pérez Molina.

Una semana después, senadores del Partido Acción Nacional anunciaron que promoverían ante la Organización de Estados Americanos la creación de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la CICIG, para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y delimitar responsabilidades.

Aunque diversos sectores de la sociedad mexicana puedan ver en la CICIG un modelo, los expertos advierten que se trata de un organismo creado para el contexto específico de Guatemala, lo cual lo hace difícil de exportar, incluso a países como Honduras y El Salvador, que enfrentan problemas muy similares a los guatemaltecos.

Lo que otros países sí pueden aprender del caso guatemalteco es que nadie es intocable, y si bien no sería factible plantear la creación de una CICIG en México, sí podría plantearse la creación de un ente internacional con un mandato más reducido y específico. “Lo que funcionaría para el caso de Ayotzinapa, en México, sería un tribunal internacional más cercano a la experiencia de Bosnia”, afirma el mexicano David Martínez-Amador, investigador asociado de Insight Crime…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2034 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LOUISA REYNOLS.

Reprueba la CNDH aislamiento de reos en centros penitenciarios

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra del aislamiento en centros penitenciarios, práctica que, dijo, “es utilizada de manera excesiva en cuanto a la aplicación de su duración”, además de que puede causar “daños a la integridad física y psicológica de la población interna”.

De acuerdo con la recomendación general 22 –dirigida a los 32 mandatarios del país, a las secretarías de Gobernación y Defensa, y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad–, debe homologarse la medida de aislamiento a estándares internacionales de derechos humanos y aplicarla “como internamiento cotidiano” a reos vinculados a “delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”.

La recomendación general se basó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2011 a 2014, en informes sobre la situación de las mujeres en cárceles, así como en el documento titulado “Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, elaborados por el mismo organismo, y en cifras oficiales contenidas en el Cuaderno Mensual de Información Penitenciara Nacional, entre otras fuentes.

Del cúmulo de información y visitas realizadas, la CNDH constató que en el último año “la práctica de aislamiento como corrección disciplinaria o como medida de protección fue aplicada a 20 mil 774 internos”.

Al señalar que el Sistema Penitenciario Nacional está integrado por 387 centros de reclusión, de los cuales 285 son estatales, 74 municipales, 11 del Gobierno del Distrito Federal y 17 del gobierno federal, incluidas tres prisiones militares, “observándose en 10 estados de la República el uso del aislamiento, está establecido como un instrumento de sanción en sus leyes de ejecución, mientras que en 22 entidades se encuentra en el reglamento” de los centros penitenciarios.

Sobre los tiempos de aislamiento, la investigación de la CNDH confirmó que el tiempo mínimo establecido en las leyes de ejecución de sanciones en las 32 entidades es de ocho días en Michoacán y de 30 en Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

En una revisión de los reglamentos internos de los penales en las entidades, el organismo identificó que el tiempo más corto de aislamiento es de cinco días en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, mientras que el de mayor tiempo de encierro se registra en las cárceles de Colima, reglamento que está por encima de la ley.

El organismo señala que de los 130 centros penitenciarios revisados en el DNSP de 2014, en 85 subsisten irregularidades en la imposición de correcciones disciplinarias, entre ellas la falta de respeto al derecho de audiencia, y “no siempre se realiza la certificación de integridad física”.

Destaca que “durante el cumplimiento de la corrección disciplinaria, el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la corrección disciplinaria impuesta, violentando el derecho de la legalidad contenido en la Regla 30.2 de la Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos”.

Al afirmar que la mayoría de los centros de reclusión “no cumplen con lo señalado en el artículo 18” de la Constitución, el organismo pudo comprobar que “lo derechos de la población interna que se vulneran como resultado de su aplicación o práctica excesiva” son “los de la salud, la seguridad jurídica, la legalidad y el trato digno”, además de que la “vida y desarrollo se ven trastocados por la falta de servicios, estímulos y contactos con el exterior”.

En el caso de los cárceles femeniles, la CNDH encontró que “en 66 centros se presentan irregularidades en la aplicación de correctivos disciplinarios; específicamente existen casos en los que las sanciones no son impuestas por la autoridad competente, sino por personal de seguridad y custodia, incluso por internas que conforman el autogobierno, y no se respeta el derecho de audiencia o no se notifica la sanción impuesta”.

En su recomendación general 22, la CNDH sugiere homologar las leyes y reglamentos del Sistema Penitenciario Nacional sobre la figura del aislamiento, para que se aplique por un tiempo máximo de 15 días y “siempre y cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para las personas privadas de la libertad y de conformidad con lo determinado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Institución”.

El organismo considera la medida de aislamiento “como internamiento cotidiano, cuando se trate de delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”, en tanto que deben ajustarse los presupuestos y medidas administrativas a nivel federal y estatal, para que “se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes” para que el personal penitenciario sea el necesario y cumpla con sus funciones de “reinserción social de los internos y la seguridad del centro”.

La CNDH recomienda la instalación de centros de control de confianza especializados y garantizar que las sanciones de aislamiento garanticen “el derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad personal y a la reinserción” de los reos.


De igual manera, sugiere la impartición de cursos de capacitación sobre derechos humanos al personal penitenciario, y que los sitios en los que se aplique la sanción de aislamiento “como sanción, como protección y como internamiento cotidiano”, garanticen “una estancia digna, en lugares adecuados y en condiciones de habitabilidad, donde se les brinde las atenciones debidas por parte de las diferentes áreas técnicas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Con manifestación, policías de Michoacán exigen pago atrasado de dos meses de sueldo

MORELIA, Mich: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se manifestaron este lunes para exigir el pago atrasado de dos meses de sueldo a personal operativo y de coordinaciones de comunicación, entre otros.

El grupo de alrededor de 200 inconformes, que lleva poco más de dos meses exigiendo el pago de compensaciones y viáticos, inició un paro de labores a las afueras de la Dirección de Seguridad Pública para expresar su descontento ante dicha situación.

Los manifestantes advirtieron que sólo se retirarán del sitio y retomarán sus labores hasta que sean atendidos por las autoridades estatales y les sean depositados los pagos correspondientes.

La autoridad ha informado el pago será cubierto la próxima semana, pero los manifestantes exigen que les sea depositado este mismo día.


En días pasados, los policías inconformes han reclamado su pago mediante bloqueos y la toma de la Secretaría de Finanzas y también han criticado al exgobernador Salvador Jara Guerrero, actual secretario de Educación Superior, porque nunca se comprometió a regularizar la situación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANO.
FECHA: 26 OCTUBRE 2015.

El Congreso mexicano, el sexto más opaco en América Latina

Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.

El Congreso mexicano tiene bajos niveles de transparencia en materia de normatividad, presupuesto, gestión y rendición de cuentas, por lo que ocupa el sexto lugar entre los nueve países evaluados en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2015.

El estudio, elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, evaluó a Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, México, Argentina, Bolivia y Venezuela y fue presentado este lunes 26 de octubre en el Seminario “Transparencia y Actividad Legislativa en México: ¿cómo evaluar?”.

Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.

Además existe muy poca información respecto a las asesorías externas que se realizan a los legisladores y pocas veces se registran versiones estenográficas de las sesiones de comisión.

Aunque hay avances de algunos países, los Congresos no producen la información en formatos accesibles, ni datos abiertos para la producción, sistematización y publicación de información parlamentaria, presupuestaria y administrativa.

“Esto demuestra que el problema de los Congresos Nacionales, en materia de transparencia, radica no tanto en sus funciones legislativa, fiscalizadora y representativa, sino en la forma en que funcionan y se rinden cuentas de la gestión en estas instituciones”, detalla el estudio presentado por María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.

El Índice propone una serie de estándares mínimos de transparencia en lo político, administrativo y legislativo de los Congresos de la región, para conseguir una medición que pude comparar los avances de los países.

La evaluación incluyó cuatro indicadores: Normatividad; Labor del Congreso o Asamblea; Presupuesto y Gestión Administrativa; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas.

En promedio, los Congresos de Latinoamérica obtuvieron un 40% de Transparencia. Perú (55%) y Chile (53%) tienen niveles de transparencia superiores a 50%, mientras Venezuela (21%) y Bolivia (24%) son los países que se encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25%. Es de destacar que ningún país obtuvo resultados sobre el 70% y México alcanzó un nivel de 37%. 

El Legislativo con avances, pero aún opaco

El primer criterio evaluado fue la “normatividad”, es decir, mide la existencia de una normativa referente a la transparencia legislativa y sus alcances. Sólo Perú (59%) y Ecuador (51%) lograron un índice mayor a 50%, por tener dispositivos legales que fomentan ciertos niveles de transparencia; mientras que Bolivia (30%) y Venezuela (32%) presentan los mayores rezagos respecto del resto de los países Latinoamericanos.

Sobre la obligatoriedad de presentar un registro de intereses, Bolivia y Guatemala no tienen regulación y Perú lo hace en el reglamento del Congreso. Argentina y Venezuela poseen una Ley Nacional para la materia y sólo Chile, Colombia y México lo hacen de forma Constitucional.

Entre los países de la región, sólo Chile, Ecuador y Guatemala obligan por Ley a sus legisladores a informar sobre sus gastos, aunque Guatemala no estipula plazos para esto, y Chile establece ambiguamente “en la época que correspondan”.

El estudio recomienda la existencia de una norma que regule la publicidad y publicación de información y explicite procedimientos y mecanismos estandarizados para el acceso a la información. Así se permite un conocimiento más eficaz sobre el funcionamiento del Congreso.

La segunda dimensión evaluada es “la labor del Congreso o Asamblea”, referente a los mecanismos para que los legisladores publiquen información sobre sus labores en materia legislativa (debates, votaciones), de control político (a las diferentes ramas del poder) y elección de autoridades (selección de altos dignatarios).

Uruguay –que sólo participó en este indicador- obtuvo 67% de transparencia, seguido por Perú(60%), Argentina (57%) y Guatemala (52%). Bolivia (24%) y Venezuela (12%) los más opacos.

Más de la mitad de los países medidos no cuenta con mecanismos para registrar lo sucedido en las comisiones de forma textual. Sólo Argentina (76%), Guatemala (63%), Perú y Uruguay (ambos con 68%) cuentan con versiones estenográficas de las reuniones de comisión. Este aspecto, dice el estudio, es de suma importancia, ya que es en ellas donde suceden la mayor cantidad de modificaciones a los proyectos.

Sobre las versiones textuales de los debates legislativos y las posiciones de los legisladores, Argentina y México se encuentran en la mejor posición con un 80% y 77% respectivamente.

Casi ningún Congreso publica información sobre las asesorías externas que reciben los congresistas (remuneradas o no) por parte de externos. Sólo Uruguay (75%) donde las versiones taquigráficas recuentan todo lo que sucede con fecha, tema, dependencia; Chile (50%), donde se publican en la web el listado con la entidad asesora, solicitante, título, costo y fecha de comienzo y fin.

A todos los Congresos carecen de formatos abiertos y reutilizables para que la información allí producida pueda ser trabajada y analizada por quien lo desee de forma rápida y oportuna. 

Sobre Presupuesto y Gestión Administrativa hubo un menor rendimiento pues los países obtuvieron un promedio de transparencia de 26%. El Congreso chileno fue le único que alcanzó 50% de transparencia.

Cuatro países evaluados publican las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal durante la discusión del presupuesto (Chile, Guatemala, Perú y Venezuela); mientras que en otros cinco no se hacen públicas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México).

El ejercicio presupuestal se publica en la mayoría de los países evaluados (excepto Bolivia y Venezuela) mediante informes periódicos publicados en sus páginas web o documentos impresos. Sin embargo, en Guatemala esta información no puede conocerse por los ciudadanos, y en Chile sólo se hace público en el informe anual.

También se evaluó la transparencia de los recursos asignados a las bancadas o bloques parlamentarios y su ejecución. En Chile, Colombia y Ecuador no poseen un presupuesto propio; mientras que en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y la Cámara de Diputados de México esta información no se conoce. Guatemala y el Senado mexicano publican el gasto de las fracciones parlamentarias.

Sobre los Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, Perú (68%), Ecuador (68%) y Chile (65%) obtuvieron los mejores porcentajes. En tanto, Argentina (23%) y Venezuela (27%) no alcanzaron el 30% de transparencia en esta dimensión.

Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú cuentan con medios electrónicos para la solicitud de información pública. Sin embargo, en más de la mitad de los países no existe un mecanismo –interno o externo- mediante el cual se resuelvan los conflictos de acceso a la información.

En cuanto a la existencia de un mandato de consultar a los ciudadanos sobre proyectos de ley o actividades de los legisladores, sólo cuatro países poseen una reglamentación específica al respecto (Ecuador, Guatemala y Venezuela en la Constitución Política, y Perú en un Acuerdo de Consejo).


En tanto, Argentina, Chile, Colombia y México no lo hacen. Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú los ciudadanos pueden solicitar intervención en las comisiones legislativas para emitir su opinión, mientras que en Argentina y Colombia esta posibilidad está abierta, depende en realidad de l presidente de la comisión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.