El Dragonario: 10/16/15

viernes, 16 de octubre de 2015

México, capaz de lograr autosuficiencia alimentaria sin usar transgénicos

Texcoco, Méx., 6 de octubre. México puede alcanzar la autosuficiencia alimentaria mediante la producción de maíz, frijol y oleaginosas, sin necesidad de recurrir a la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM), que sólo incrementan el 0.3 por ciento de la producción nacional, señaló Alejandro Espinosa Calderón, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Al participar en el primer foro campesino Más allá de los transgénicos, organizado por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el académico consideró que lo que se requiere para alcanzar la autosuficiencia es tener políticas públicas que contemplen el extensionismo rural para los 2.3 millones de productores.

Explicó que la producción en maíz es posible debido a que los 2.3 millones de productores cuentan con al menos una variedad de semillas nativas, que están distribuidas en diferentes regiones del país, aunado a las variedades mejoradas que los investigadores mexicanos han desarrollado mediante una diversidad genética que les permite soportar el cambio climático.

Abundó que el país puede producir más de los 10 millones de toneladas que se importan de grano. “De acuerdo a declaraciones del doctor (Antonio) Turrent, los mexicanos podemos producir hasta 54 millones de toneladas, necesitamos 32, lo que necesitamos un gobierno patriota que apoye esa producción, una gran cruzada que permita a los productores tener semilla de maíces nativos, tenemos más de 100 mil agrónomos desempleados que pueden hacerlo”, dijo.

Destacó que el riesgo de que en México se autorice la siembra de transgénicos es que en Sinaloa se utilizarían 500 mil hectáreas para producir 5 millones de grano de maíz para la elaboración de tortillas, además de que se pueden contaminar las variedades nativas lo cual es un riesgo para la riqueza cultural de los mexicanos.

Refirió que el verdadero problema que se genera al prohibirse la siembra de transgénicos es la gran pérdida millonaria para Monsanto y por el momento existe una moratoria para esta práctica, por lo que es importante que el gobierno federal atienda las voces de la Unión de Científicos, que están comprometidos con la sociedad y con el país, empeñados en hacer variedades de maíz y otros cultivos.


“Debemos regresar a la mexicanidad de la comida a través del maíz, frijol, amaranto, chía, chile, donde está nuestra cultura, lo que nos identifica como mexicanos. El maíz es la especie más importante para la humanidad y cada año se cosechan mil millones de toneladas de grano en todo el mundo, seguido del trigo”, puntualizó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS.
FECHA: 6 OCTUBRE 2015.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/06/mexico-capaz-de-lograr-autosuficiencia-alimentaria-sin-usar-transgenicos-5516.html.

Avalan diputados de Morena iniciativa populista de “Alito”

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la propuesta de Moreno Cárdenas de eliminar el impuesto de la tenencia de los vehículos con valor mayor a 250,000 pesos, para desviar la atención sobre la creciente inseguridad en el estado. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, revela que se negoció con la fracción parlamentaria del partido de AMLO, que no hubiera discusión, ni debate.

CAMPECHE, Cam. 15 de octubre del 2015: Con el aval de los tres diputados de Morena y en “fast track”, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la eliminación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos con un valor de más de 250 mil pesos, que fue una propuesta populista de campaña del priísta Alejandro Moreno Cárdenas y que utilizó ahora para tratar de desviar la atención sobre la inseguridad creciente en el estado.

Los legisladores morenistas, Carlos Martínez Aké, Adriana Avilez Avilez y Andrea del Carmen Martínez Aguilar, votaron a favor en lo general y en lo particular, y no se atrevieron a subir a la tribuna legislativa para expresar observaciones, hacer críticas o señalamientos sobre la propuesta que entrará en vigor el uno de enero del 2016.

Los representantes de la izquierda campechana, incluso, aprobaron una mentira escrita en el dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Finanzas y Hacienda Pública, en el que se señala que es “en beneficio de la economía de las familias campechanas, sobre todo de aquellas a las que más esfuerzo les cuesta la adquisición de un vehículo”, cuando desde diciembre del año 2009, al entrar el ex gobernador Fernando Ortega Bernés, decretó la eliminación de la tenencia para los vehículos con valor menor a 250 mil pesos.

En el documento, no se explica que al eliminar el impuesto señalado, dejará de haber recaudación por dicho concepto, que ascendía anualmente a unos 122 millones de pesos, y por ende, no se tendrán los recursos para su distribución como se venía haciendo, y sólo se establece vagamente cómo se sustituirán estos recursos.

Además, en uno de los últimos puntos, se aclara que la eliminación de esta obligación fiscal para el 2016, no tiene efecto retroactivo, “pues dicho beneficio debe operar hacia el futuro, y no buscar premiar a aquellos contribuyentes que no hubieren cumplido con la obligación de realizar el pago de sus contribuciones fiscales al Estado, pues en caso de ser contrario, se estarían contraviniendo las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de los ejercicios fiscales anteriores, así como el Código Fiscal, y la legislación federal aplicable y los Convenios de Colaboración que en su momento se signaron para tales efectos”.

“Por lo que se concluye que las obligaciones derivadas de este impuesto de tenencia vehicular, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, seguirán siendo exigibles, aún y cuando surta efectos el presente decreto, conforme a las disposiciones o actos jurídicos que les dieron origen”, se puntualiza.

La apresurada aprobación

La iniciativa fue presentada apenas el ocho de octubre por Moreno Cárdenas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, precisamente un día después del intento de ejecución del ex dirigente estatal de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Laureano Ceballos Fuentes.

En sesión celebrada el 13 de octubre, hace dos días, se dio lectura a su texto, ordenándose su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, y los integrantes de las comisiones dictaminadoras sesionaron emitiendo el presente resolutivo.

De esta manera, en la sexta sesión de su actual periodo ordinario, los 35 diputados que integran la LXII Legislatura estatal votaron a favor, tanto en lo general como en lo particular, del dictamen relativo a una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche; derogar los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo del Decreto número 6 expedido por la LX Legislatura del Estado de Campeche, y el artículo 35 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche.

La aprobación en el Congreso pudo ser acelerada por “Alito”, para desviar la atención sobre otro hecho delictivo: El “levantón” y el secuestro de un empleado petrolero en Ciudad del Carmen.

Los otros 2 dictámenes aprobados

También por unanimidad fue aprobado un dictamen relativo a una iniciativa para reformar los artículos 6 fracción II, 48 fracción V y 66 fracción IV incisos a) y b) de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, que tiene como finalidad prolongar la pensión a que tienen derecho los servidores públicos del Estado y de los Municipios por jubilación o pensión, a favor del hijo con discapacidad ante la muerte del jubilado o de su cónyuge, en los casos en que el hijo discapacitado no pueda valerse por sí mismo y/o que carezca de otro beneficio de seguridad social, pues lo que se pretende es no dejar en desamparo al hijo con discapacidad del jubilado o pensionado.


Con el mismo sentido de la votación y previa dispensa de más trámites, fue aprobada una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al titular del Gobierno Federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, se haga la valoración y procedimiento para que se incluya al Estado de Campeche como Zona Económica Especial.

Negoció Morena la ninguna discusión y el ningún debate

Sobre la postura de la fracción parlamentaria de Morena, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, reveló que se negoció con los diputados del partido de Andrés Manuel López Obrador.

-Diputado, pues el primer acuerdo, uno de los primeros dictámenes que se aprueba, la eliminación de la tenencia; ninguna discusión, ningún debate, todo en unanimidad. Su opinión al respecto.

-Se trabajó, obviamente y con solidaridad con todos los representantes de las diversas fuerzas políticas del Estado. Obviamente, en el análisis hay mucho más cosas a favor que en contra, y por tanto, todos de acuerdo, decidieron aprobarla por unanimidad.  Lo cual, siempre hemos dicho, podemos venir a debatir, podemos venir a discutir los puntos de vista de cada fracción, pero al fin de cuentas lo que debe de prevalecer es un orden, debe prevalecer la congruencia y lo que beneficia principalmente a los ciudadanos del Estado de Campeche.

-¿Satisfecho con esto, diputado?

-Bueno, en este primer inicio, por supuesto yo creo que todos estamos en el entendido que todos buscamos lo mejor para el Estado. Eso es parte del trabajo que hacemos todos los días con las fracciones, de que entendamos de que aquí hay que buscar puntos de vista, acuerdos, temas que beneficien a los campechanos. Sobre eso vamos a estar todos estos tres años que vienen por delante, para lograr que siempre existan consensos y acuerdos. Y lo que sí es importante recalcar, es que en los trabajos de las Comisiones, sí se discute, sí se trabaja.

-Diputado, se mostró madurez política por parte de los grupos parlamentarios, sobre todo en el caso de Morena, porque en la sesión pasada había ahí un posicionamiento medio en contra, que no dejaba muy satisfecho a esos tres legisladores, hoy  ni siguiera debaten el dictamen, lo aprueban por unanimidad.

-Volvemos a lo mismo, a mí me parece…

– ¿Hay un consenso?


-Exactamente, vamos entendiendo todos. Este es un ejercicio para todos los diputados, los 35 que componemos esta LXII Legislatura, de que tenemos que trabajar, aunque haya discusiones, es normal que existan en todos los Congresos. Así es, y lo que hay que  buscar siempre es el consenso.

FUENTE: PÁGINA ABIERTA.
AUTOR: DANIEL SÁNCHEZ.

Gobierno de Peña derrochó miles de millones de pesos en programas mal diseñados

MÉXICO, D.F: Más de la mitad de los 569 mil millones de pesos que el gobierno federal destinó al gasto social en 2015 se dispersó en una gran cantidad de programas y acciones mal diseñados o de desempeño insuficiente, mientras 75 mil mdp fueron operados de manera opaca, reveló el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep) 2015, publicado hoy por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

Al presentar el informe ante un panel de legisladores y funcionarios, Alejandro González Arriola, director de la ONG, expuso que sólo 23 de los 161 programas de distintas secretarías del gobierno federal fueron manejados de manera correcta.

Además, lamentó que este año, por primera vez desde 2009 –cuando Gesoc elaboró el primer Indep–, “vimos un retroceso en la política social”.

“Observamos un incremento en el número de programas con un desempeño insuficiente y una disminución de los programas que funcionan”, afirmó González, al resaltar que 55 programas sociales fueron “reprobados en su desempeño” en 2015, unos 22 más que un año antes.

Entre éstos destacan el Programa de Vivienda Rural, Programa Integral de Desarrollo Rural, Programa de Infraestructura Indígena, Pprograma de Abasto Rural a cargo de Diconsa o el programa de Comedores Comunitarios.

Asimismo, 47 programas fueron bien diseñados y obtuvieron avances “aceptables” en el cumplimiento de sus metas, pero no llegaron a cubrir al menos a 65% de población potencialmente beneficiaria, por lo que Gesoc considera que reflejan la “dispersión de la política social” del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se trata, por ejemplo, de los programas de Apoyo Alimentario (PAL), de Fomento a la Agricultura y Granadero (Proagro y Progan) o Hábitat. Al sumar los fondos atribuidos a los 47 programas se obtiene un total de 108 mil 605 millones de pesos, 19.1% del gasto social.

Solamente 10 programas, entre ellos el Seguro Popular o el de Pensión para Adultos Mayores, alcanzaron un nivel de desempeño “óptimo” –11 menos que en 2014– y otros 13 –siete menos que el años pasado– contaron con un “alto potencial” de desempeño; es decir, fueron bien diseñados pero no contaron con el presupuesto necesario para cubrir toda la población objetivo.

Prospera, el Programa de Vivienda Digna o el de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, recibieron esta calificación.

El nivel general de desempeño de los programas también empeoró: de 68.78 puntos promedio el año pasado –sobre un total de 100–, se redujo a 62.40 este año. Debajo de 60 puntos, el Gesoc considera que un programa es de desempeño “escaso”.

“Este índice es el primero que verdaderamente captura a esta administración. Por la lógica del índice, pusimos datos del año previo (2014), que necesariamente refleja el desempeño de un año antes (2013). Es decir, es el primer índice que refleja el desempeño de la actual administración en la política social”, insistió González.

La demoledora conclusión del informe planteó: “El 85.7% (138 de los 161) de los programas sociales del gobierno federal, que representan 55.7% del total del presupuesto asignado en 2015 a este sector, están bajo de una de dos condiciones: No se puede estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien no tienen posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan”.

González resaltó que este esquema de eficiencia baja del gasto público se refleja en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), ya que muchos de estos programas forman parte de la estrategia de la administración de Peña Nieto para combatir el escaso acceso a la alimentación.

“Caja negra”

El documentó exhibió que, bajo la administración de Peña Nieto, el presupuesto dedicado a programas que operan bajo opacidad absoluta –y que conforman la “caja negra” del gasto social– se disparó, al pasar de 41 mil 418 millones de pesos en 2014 a 75 mil 256 millones este año.

Esto es el caso de los más de 20 mil millones de pesos destinados al programa de implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, que dirige el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos.

También se ignora el desempeño de los 6 mil millones del programa de productividad y competitividad agroalimentaria, a cargo de Ricardo Aguilar Castillo –actualmente funcionario en la Sagarpa–, quien fungió como secretario del Trabajo durante la administración de Peña Nieto en el Estado de México y además se desempeñó como expresidente del PRI en la entidad.

La Conagua y su titular Roberto Ramírez de la Parra –coordinador jurídico de la Secretaría de Agua y Obra Pública durante la gubernatura de Peña Nieto– maneja de manera discrecional cuatro programas sociales –que involucran un total de 3 mil 443 millones de pesos–, mientras el DIF nacional, a cargo de Laura Ibernia Vargas Carrillo –la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong–, tiene tres programas de desempeño desconocido.

Alejandro del Mazo Maza, funcionario de la Semarnat, diputado del PVEM e hijo de Alfredo del Mazo –exgobernador mexiquense y primo de Peña Nieto–, dispone de tres programas sociales que no rinden cuentas sobre su desempeño.

Del mismo modo, quienes manejan los más de mil 365 millones de pesos dedicados a la gestión del deporte en la Secretaría de Educación Pública (SEP) –a cargo de Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de seguridad en Michoacán y exfuncionario del Estado de México— no rinden cuentas sobre su desempeño.

Así opera más de una cuarta parte de los programas con una vertiente social del gobierno federal, que operan 13.2% del presupuesto asignado a la política social, lamentó el informe, al subrayar que “debido a que persisten graves problemas de opacidad, no existe razón por la cual un solo peso deba ser asignado a este tipo de programas”.

“Son puertas abiertas para el uso discrecional y arbitrario de fondos públicos”, insistió González, al añadir que “hay intereses detrás de cada presupuesto asignado”.

Pese a los repetidos señalamientos de mal desempeño de la mayoría de los programas, cada año los diputados federales aprueban su presupuesto.

En otras palabras, lamentó González, los legisladores votan el proyecto de presupuesto que les entrega la Secretaría de Hacienda sin conocer su contenido, debido a que no existe una oficina legislativa encargada de estudiar los ingresos y egresos de la Federación.

“El gasto que aprobamos en el Legislativo no tiene ninguna relación con ninguna evaluación ni con ningún indicador, y no me queda claro que Hacienda lo haga”, abundó Vidal Llerenas, diputado de Morena, al precisar: “En materia de seguridad por ejemplo, no sabemos si es mejor comprar armas que invertir en inteligencia, que comprar aviones; los compramos pero no tenemos ninguna claridad en lo que estamos haciendo”.

El “presupuesto base cero” que el gobierno federal operará en el ejercicio fiscal 2016 prevé una reducción de 46 mil millones de pesos en el gasto social, debido a la supresión de programas y la fusión de otros.

Sin embargo, Gesoc observó que 25 de los 42 programas que operaron en 2015 con un nivel de desempeño “escaso” continuarán el próximo año: 20 no sufrirán modificación alguna y otros cinco se fusionarán. La SHCP mantendrá 23 de los 43 programas que conforman la “caja negra” del gasto social, a los que adjudicará 56 mil 653 millones de pesos.

Los programas de desempeño “óptimo”, por su parte, sufrirán de un recorte de 4 mil 788 millones de pesos, “a pesar de que la inversión en estos programas resulta socialmente rentable”, señaló el informe.

Un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que asistió a la presentación del reporte lamentó que el gobierno federal recortara el presupuesto del programa de Pensión para Adultos Mayores en cerca de 3 mil millones de pesos.


“Con este recorte se dejará de atender a cerca de 794 mil adultos mayores”, advirtió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.