jueves, 1 de octubre de 2015

La “cultura del miedo” detonó la privatización de la seguridad: CIESAS

MÉXICO, D.F: La “cultura del miedo” impuesta hace más de 30 años en México y alimentada por el incremento cuantitativo y cualitativo de la criminalidad, ha derivado en el aumento de la “privatización de la seguridad pública”, alerta un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Claudia Zamorano Villarreal, coordinadora del estudio “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socio-culturales y territoriales”, resaltó que a pesar del incremento de la inversión pública en la seguridad, en los últimos 15 años la “cultura del miedo generada por una red no fabricada, de diferentes grupos sociales que también inflan el miedo, ha derivado en la consolidación de un buen negocio que es la seguridad privada y la coproducción de la misma”.

En conferencia, la investigadora informó que de 1989 a 2014, el número de empresas privadas dedicadas a la seguridad privada pasó de 210 a 3 mil 834. Además, ese negocio emplea a 450 mil personas, en tanto que hay un promedio de 600 mil “guardias de seguridad que operan en la ilegalidad”.

Al señalar que en casos extremos la cultura del miedo y la inseguridad real han llevado al linchamiento de presuntos delincuentes en colonias populares, Zamorano Villarreal consideró que con el incremento de la “securización, es decir una especie de inflación de medidas de seguridad de los ciudadanos”, se corre el riesgo de que se erosione el concepto de que “el monopolio de la violencia lo tiene el Estado”.

Y mientras los ciudadanos buscan aumentar sus medidas de seguridad, paradójicamente la inversión pública se ha incrementado en los últimos 15 años, aseguró la especialista.

“Durante el periodo de Vicente Fox el presupuesto asignado a la Seguridad y la Defensa apenas ascendió un 9%, durante el sexenio de Felipe Calderón el presupuesto del sector creció 62% y el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aumentó 142%”, agregó.

Parte del incremento presupuestal, añadió, se reflejó en el aumento del personal policiaco, al pasar de 12 mil 907 efectivos en 2006 a 36 mil 940 en 2012; en tanto que al cierre de 2014, con la suma de policías estatales y municipales hay 367 mil efectivos policiacos en las calles.

En cuanto a los últimos tres años de Enrique Peña Nieto, Claudia Zamorano advirtió que persiste un problema metodológico para hacer los cálculos por la absorción de la SSP por la Secretaría de Gobernación.

Pese a esa dificultad, detectó que en 2015 “entre la policía Federal, la Gendarmería de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se absorbieron cerca de 2 mil 540 millones de dólares, lo que representa un 22% del presupuesto asignado a todo el sector de Seguridad y Defensa”.

Persiste corrupción

Claudia Zamorano, autora del estudio del CIESAS, admitió la persistencia de “actos de corrupción, tanto de reguladores como regulados, lo que se refleja en un amplio número de agencias de seguridad que funcionan sin permiso y pone en riesgo, incluso, a quienes contratan estos servicios porque no saben en quién están poniendo su seguridad”.

Reconoció que, si bien el incremento de la criminalidad alimenta el miedo ciudadano, se han generado “burbujas de seguridad privada”, es decir, “colonias altamente resguardadas, que ciertamente disminuyen la incidencia delictiva pero que también pueden alojar a sujetos del crimen organizado, como sucedió en mayo de 2010, cuando en el Condado de Sayavedra, Estado de México, se encontró una de las casas de seguridad vinculada con el narcotraficante Edgar Váldez Villarreal, La Barbie”, extraditado este miércoles a Estados Unidos.

Durante la investigación de campo, realizada en el Valle de México, hallaron la existencia de la “coproducción de la seguridad pública” en la zona Esmeralda de Atizapan.

Ahí, colonos “pagan un sobresueldo de 260 mil pesos mensuales a la Policía Municipal para que les ayude a resguardar la zona, esto hace que la seguridad pública devenga en privada porque está sirviendo no a un bien común sino a un grupo determinado de población, de manera que crecen las diferencias entre los ricos y los pobres”.

Doctora en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la investigadora resaltó que el “costo del miedo” se refleja claramente en las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), dadas a conocer este miércoles por el Inegi.

Según esa información, de los 226.7 mil millones de pesos que significaron para los ciudadanos el costo del delito en el país en 2014, se destinó 28.1% a la adquisición de medidas preventivas de seguridad, es decir, 63.6 mil millones de pesos invertidos en cerraduras o candados, rejas o bardas, cambios de puertas o ventanas, realización de acciones conjuntas con vecinos o la compra de un perro guardián.

De esos 226.7 millones de pesos, 68.3% corresponde a pérdidas económicas generadas por los efectos de la delincuencia. En tanto, 3.6 significan gastos generados por los daños a la salud provocados por el delito, según el Inegi.


Por último, la investigadora del CIESAS añadió que durante el trabajo de campo se ha podido observar que las medidas de seguridad tomadas por colonos del Distrito Federal y municipios conurbados, ha derivado en una “fragmentación social y urbana”, que si bien podría garantizar la seguridad dentro de sus espacios, “cuando salen de él, se ponen en más riesgo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

De tres criminales que tenía en su equipo, edil de Iguala desecha a uno

CHILPANCINGO, Gro: Después de que fuera exhibido públicamente, el alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, reculó en el nombramiento de Crisóforo Tinoco Bahena –un personaje de negro historial señalado por sus presuntos nexos con el narco– como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. El edil no ofreció explicaciones de su decisión.

No obstante, dejó firme la designación de Timoteo Mata Cruz, “El Fibras”, como director de la Policía Auxiliar municipal, y Martín Ocampo Arteaga en Tránsito.

Mata Cruz es un excapitán del Ejército originario del municipio de Huitzuco, quien se desempeñó como subdirector de Seguridad Pública en Zihuatanejo. En 2008 fue detenido y estuvo preso acusado de narcotráfico y brindar protección a operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande.

Mientras que Ocampo Arteaga junto a Tinoco Bahena ha sido vinculado públicamente con el grupo delictivo Guerreros Unidos y ambos han ocupado cargos en áreas de Seguridad Pública desde la administración del priista Raúl Tovar y la del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, este último actualmente preso por sus presuntos nexos con el narcotráfico y señalado como responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ayer durante su toma de protesta, el edil priista de Iguala anunció públicamente que ya no va a nombrar a Crisóforo Tinoco Bahena como encargado de despacho de la SSP y que, en su lugar, se quedará el policía estatal Carlos Uri Arcos Calderón, quien se venía desempeñando como titular de la dependencia durante la administración saliente del exalcalde interino Silvano Mendiola Pérez.

En declaraciones a reporteros, Albarrán Mendoza informó que la decisión de dejar fuera a Crisóforo Tinoco la tomó el martes por la noche, y dijo sin explicar que se trató de “un cambio de mandos”.

Ello, luego de que Apro dio a conocer que el mismo día por la mañana el alcalde priista presentó públicamente una lista de sus próximos colaboradores, donde destacaban los nombres de Crisóforo Tinoco, Martín Ocampo y Timoteo Mata en áreas estratégicas de seguridad, todos policías vinculados con el narco.

Albarrán Mendoza insistió en defender a Tinoco Bahena al argumentar que fue investigado por autoridades federales y no tuvo responsabilidad en los señalamientos que se le imputan.

Incluso, dijo que Tinoco habría acreditado los exámenes de control y confianza.

“Lo que se menciona de que estas personas tienen cuestionamientos o situaciones con la ley, ellos fueron investigados, como fue investigada toda la corporación policiaca en Iguala, algunos en este momento se encuentran en la cárcel, otros fueron regresados nuevamente y fueron reinstaladas en el ayuntamiento, todavía el día de ayer eran servidores públicos”, expresó el priista.

Luego dijo que Tinoco fue reinstalado en la policía municipal, al no existir señalamientos en su contra tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Después de esto vamos a tener un poquito más de cuidado en ese aspecto, pero yo en mi caso lo que sí reitero, y lo dije en mi discurso, cualquier persona que esté fuera de la ley, que se le finquen responsabilidades, hay una Ley de Servidores Públicos, hay una ley anticorrupción, hay una ley de transparencia y en este momento están muy vigilados por esas leyes y yo seré muy cuidadoso en ello”, prometió Albarrán Mendoza.


No obstante, omitió informar si va a mantener y dejar fuera a Timoteo Mata en la dirección de la Policía Auxiliar como lo anunció hace dos días, así como al líder de transportistas también vinculado al narco que contempla para Tránsito, Martín Ocampo Arteaga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Premian a responsable del News Divine con dirección de seguridad en Campeche

CIUDAD DEL CARMEN, Cam: En su debut como alcalde, el panista Pablo Gutiérrez Lázarus oficializó el nombramiento de Guillermo Zayas González, presunto responsable de la tragedia en la discoteca News Divine, como director municipal de Seguridad Pública.

La noticia levantó ámpula entre familiares de las víctimas y colectivos que las acompañan en el proceso legal, quienes exigieron al joven munícipe revalorar el nombramiento de Zayas González pues, advirtieron, “su incapacidad, como ocurrió en la Ciudad de México, pone en riesgo a los ciudadanos carmelitas, en especial a los jóvenes y niños”.

Asimismo, adelantaron que padres de las víctimas de la tragedia viajarán la próxima semana a esta isla para manifestar al nuevo munícipe su inconformidad por este nombramiento.

La tragedia en la discoteca News Divine ocurrió el 20 de junio de 2008, cuando un mal planeado operativo a cargo de Zayas González cobró la vida de 12 personas, entre ellas nueve jóvenes de entre 13 a 24 años, y dejó lesionados a siete más.

Como fiscal de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mando policiaco tuvo momentos estelares, como la captura de Orlando Magaña, El Chacal de Tlalpan, uno de los multihomicidas de la familia Narezo Noyola.

En 2008, ya en el gobierno de Marcelo Ebrard, fungió como director regional de la zona norte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y coordinador de la Unipol en la delegación Gustavo A. Madero. La fatalidad lo alcanzó luego del fallido operativo del 20 de junio de ese año en la discoteca News Divine, en el que nueve jóvenes –entre ellos adolescentes– y tres policías perecieron asfixiados.

La incorporación de Zayas González al gabinete de Gutiérrez Lázarus, quien hoy entró en funciones como alcalde, se filtró hace varios días. En su defensa argumentó que el cuestionado policía ya estaba exonerado y que le fue recomendado por el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

“El licenciado Renato Sales nos recomienda que si queremos brindarle seguridad a nuestro municipio, le apostemos al comandante Zayas González”, comentó entonces el aún edil electo.

“En el rubro de seguridad es mejor acudir a alguien que sabe, en vez de presentar ocurrencias; es un hecho y estoy consciente de los riesgos”, añadió Gutiérrez Lázarus.

Hoy, en acalorada reunión de cabildo, en la que los priistas se opusieron a la designación, el munícipe formalizó el nombramiento de Zayas González como titular de la SSP municipal.

Al respecto, el abogado Armando Barrera, miembro del colectivo Cauce Ciudadano AC, que representa legalmente a los padres de algunas de las víctimas, criticó el nombramiento y desmintió que Zayas haya sido exonerado, pues el juicio aún no termina y él está aún bajo proceso judicial.

“Desde la perspectiva jurídica resultan totalmente falsas las aseveraciones respecto de su inocencia”, explicó a la corresponsal en entrevista telefónica desde la Ciudad de México, y agregó:

“Tan es así que a estas alturas, aunque han pasado bastantes años, ni siquiera tiene una sentencia emitida por el juez que conoce su causa”.

Detalló que “la situación es que (Zayas) tiene unos procesos de amparo, el último de los cuales es uno de revisión en contra de una sentencia que emitió un tribunal federal en la que no le dio de manera general y concreta la razón en sus agravios”.

Es decir, abundó, “los juicios de amparo que él promueve son en contra de los autos de formal prisión por los delitos de lesiones y homicidios que dieron origen a la causa del expediente penal en la que está involucrado”, destacó.

Y recalcó: “No ha llegado la posibilidad jurídica de que se emita una sentencia en su contra, por ende no puede haber una consideración de culpabilidad o inclusive de inocencia… todavía se le está procesando, entonces las argumentaciones que están haciendo para la designación de Zayas en Carmen son con base en información falsa, errónea, que sin duda están dando con mala fe para validar su nombramiento”.

“En definitiva no está exonerado”, puntualizó.

Luego insistió en que se continúe el juicio penal que se le sigue, donde primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver los juicios de amparo que interpuso contra el auto de formal de prisión que se le dio en la primera etapa de intervención de un juzgado.

“La SCJN, al resolver esos juicios de amparo, ni siquiera tendrá que tocar el tema de fondo sobre su responsabilidad, porque son juicios de amparo que no van contra una sentencia definitiva, sino de autos de formal prisión, por tanto es ilógico que ellos pidieran pensar o exponer que ya fue exonerado”, reiteró.

Por tanto, dijo, “su situación legal es que aún está bajo proceso”.

Si bien jurídicamente no hay ningún impedimento legal que se pueda aplicar de manera tajante para evitar que sea funcionario, acotó, “nosotros fundamentamos que hay un impedimento político y ético para su nombramiento, puesto que por su imprudencia innegable, inexcusable, inició un operativo que fue a todas luces ilegal”.

También resaltó que hay todas las pruebas documentales de que él fue la persona de mayor alto rango en el fallido operativo del News Divine, “quien lo ordenó, quien lo solicitó, y que como resultado fallecieron 12 personas, nueve de ellas adolescentes”.

Y advirtió: “Es innegable que su incapacidad pone en riesgo a la gente de Campeche, de El Carmen, esa es la postura de las familias y organizaciones que las acompañamos”.

“Gutiérrez Lazarus está equivocado, su ineficiencia (de Guillermo Zayas) ya costó vidas en el Distrito Federal y lo que menos queremos es que cobre más vidas”, insistió.

Sobre la recomendación de Sales Heredia, el litigante comentó:

“No tenemos certeza de que hubo esa supuesta recomendación, pero si la hubiera, una recomendación no es de carácter vinculante; además, no puede tomarse en consideración la resolución de un juzgado que ni siquiera está en la capacidad de emitir la sentencia, que no puede entrar al fondo del caso y por tanto no puede haber absolución”.

Aclaró que Zayas González enfrenta su proceso en libertad caucional, debido a que su delito se reclasificó por determinación y, en lugar de homicidio doloso, se le está juzgando por homicidio culposo.

Por su parte, entrevistado vía telefónica, Daniel Gershenson, del colectivo Alarbo AC, que también acompaña a los familiares de las víctimas en su clamor de justicia, tronó:


“Gutiérrez Lázarus no tiene autoridad moral para incorporar a Zayas. Es falso que esté absuelto. Si tiene un ápice de ética, el nuevo alcalde de El Carmen tendrá que revalorar la pertinencia de que se quede este señor, porque los ciudadanos, y sobre todo los jóvenes y niños, no estarán bien servidos con esta persona”, sentenció.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.

Disminuye la confianza de los mexicanos en el Ejército, la Marina y la PGR: INEGI

Los niveles de confianza de todas las autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, cayeron de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.

La confianza en las fuerzas armadas, la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR), disminuyó en 2014, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

La mayor caída en el nivel de confianza la sufrió el Ejército, de 80.77% en 2013, a 77.6% en 2014, reveló la Envipe que fue presentada por el INEGI este miércoles. La Marina pasó de un nivel de confianza del 84.4% en 2013 a un 81.6% en 2014.

Durante 2014, el porcentaje de los mexicanos que tiene mucha o alguna confianza en la PGR bajó a 49.2%, después de alcanzar un 51.4% en 2013, mientras que la PF perdió 1.5% de su nivel de confianza.

La institución peor evaluada por los encuestados fue la Policía de Tránsito, que sólo tiene la confianza del 31.3% de los mexicanos, las policías municipales cuentan con el 36% del respaldo de los ciudadanos y los ministerios públicos y procuradurías locales sólo tienen la confianza del 41.5% de los habitantes.

La encuesta aplicada anualmente por el Inegi demostró que en 2014 todas las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia perdieron la confianza de los mexicanos.


Además de las ya enumeradas, los jueces cayeron de un nivel de confianza del 47.4% al 46.2%, las policías estatales del 44.1% a un 42.5% y las policías ministeriales o judiciales pasaron de tener la confianza del 42.5% de los mexicanos al 42.4%.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Extradición de mexicanos, gracias a “incansable colaboración contra el crimen”: EU

Loretta Lynch señaló que las extradiciones no habrían sido posibles sin la “estrecha colaboración y relación productiva” que goza el Departamento de Justicia con los funcionarios del más alto nivel en la PGR mexicana.

La procuradora general de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, agradeció el miércoles la decisión de México de extraditar a territorio estadounidense a 13 individuos, entre ellos presuntos y prominentes jefes del narcotráfico.

“Estoy agradecida con nuestras contrapartes mexicanas no sólo por su apoyo en este importante asunto, sino por sus esfuerzos extraordinarios e incansable colaboración en nuestra continua lucha contra el crimen organizado internacional”, señaló Lynch.

En un comunicado, añadió que espera “con interés continuar nuestros logros en cumplimiento de esa misión, mientras construimos conjuntamente sobre estos resultados en los días y meses por venir”.

Antes, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Tomás Zerón, anunció la extradición de 13 personas, entre ellas Édgar Valdez Villarreal “la Barbie”, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

También fueron extraditados: Luis Humberto Hernández Celis, relacionado con el asesinato en 2010 de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y Jorge Eduardo Costilla Sánchez “el Coss”, acusado de contrabando de drogas y lavado de dinero.


Otros extraditados: son Jean Baptiste Kingery, José Emanuel García Sota, Martín Daniel Castillo Rascón, Aureliano Montoya Peña, Ricardo Valles de la Rosa, Alberto Núñez Payán, Julio César Valenzuela Elizalde, Antonio González Platas, Antonio Reynoso González y Carlos Montemayor.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se registra tercer derrame minero de cianuro en Sonora

SANTA ANA, Son: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó el derrame aún incuantificable de solución cianurada en las instalaciones de la mina extractora de oro, Molimentales del Noroeste SA de CV.

Según la dependencia federal, el incidente se registró el lunes pasado y, un día después, se notificó a las autoridades ambientales luego de presentarse una fisura en un dren de la pileta de solución cianurada en los patios de lixiviados.

El tóxico, precisa el informe oficial, tenía un concentración de 500 partes por millón (ppm) y hasta el momento se desconoce la superficie afectada por esta eventualidad.

Personal de Profepa realizará en breve una visita de inspección a las instalaciones de la empresa con el fin de identificar posibles afectaciones ambientales y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

En tanto, el derrame fue contenido mediante el levantamiento de un bordo, con el objetivo de facilitar el rebombeo de retorno de la solución cianurada.

Este sería el tercer derrame de cianuro en minas donde se extrae oro en Sonora durante este año.

El primero se registró el 7 de enero en la minera Penmont SdeRL de CV, ubicada en Caborca, a unos 277 kilómetros al noreste de la capital sonorense.

En aquella ocasión se desbordaron 82 mil litros de solución cianurada, alrededor de 64 mil litros de la sustancia fueron rebombeados a los patios de lixiviación y los 18 mil restantes fueron absorbidos por el material utilizado para la construcción del bordo de contención.

El cianuro es un agente químico transportado y utilizado para la separación del oro del resto de los minerales que se encuentran en la tierra.

Después, el 10 de marzo, en la mina “María”, propiedad de Frisco, se derramaron 180 mil litros de solución gastada de cobre sobre 1.6 kilómetros del arroyo “El Tordillo”.

De acuerdo con la información de Profepa, durante la madrugada de ese día se registró una obstrucción en el vertedor que va de una pila a una de emergencia, en donde se bombea una solución con 0.02 partes por millón de cobre y un pH de 1.5 a 2 unidades.


“Al momento del derrame no se pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución sobre el arroyo El Tordillo porque los propietarios del predio impidieron el paso al personal de la minera”, justificó en aquella ocasión la dependencia federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

En la Corte y el TSJDF, la justicia secuestrada

MÉXICO, D.F: Un indicador de la calidad democrática de México es lo que pasa en su sistema judicial. El Poder Ejecutivo ve al Judicial no como un poder más del Estado, sino como un instrumento de castigo y control.

Tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores se empeñan en mantener al Poder Judicial como un poder de tercera, en lugar de ser el verdadero tercer poder del Estado, además del Legislativo.

Los jueces y magistrados federales ahora mismo se encuentran en una campaña, tal vez inútil, para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto anteponga el cálculo político en la conformación de las ternas de las que habrán de salir los sustitutos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes el 30 de noviembre próximo pasan a retiro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El objetivo es impedir la llegada de Raúl Cervantes, un operador del PRI que fue asesor jurídico en la campaña presidencial y ahora es senador con licencia. Los jueces y magistrados se sienten desplazados y agraviados desde que Peña propuso al expolicía y exembajador Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte.

En los gobiernos de los estados, el control del Poder Judicial es aún más burdo. Con la farsa de la intervención de los congresos, el control de los tribunales termina en manos de amigos y compadres de los gobernadores. La justicia aplica así sólo para los desafectos.

La capital del país no es la excepción en el afán de control. Pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, enfrenta una rebelión de jueces y magistrados que se oponen a su segunda reelección.

Con miras a la sucesión en el órgano de justicia del Distrito Federal, también en noviembre próximo, un grupo de magistrados le han reprochado directamente a Elías Azar su pretensión de ocupar por tercera vez consecutiva la presidencia del Tribunal, con lo que llegaría a casi una década de control del aparato del Poder Judicial de la capital del país.

Uno de sus principales opositores es el anterior presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, con quien mantiene ya una larga confrontación.

Carrera Domínguez, ponente de la Octava Sala Penal del TSJDF, de plano lo acusa de ejercer un control vertical del aparato de justicia y, peor aún, de intervenir en resoluciones judiciales de jueces y magistrados.

“Usted es el primero en violar la autonomía del tribunal”, le dijo Carrera en una sesión privada de pleno el pasado 21 de septiembre. Puso el caso de una resolución en la que se decretó la formal prisión a un ciudadano inocente acusado de secuestro.

En ese mismo encuentro, algunos otros magistrados apelaron a que la propia normativa del TSJDF impide la reelección, como ocurre a nivel nacional.

Edgar Elías aseguró que no respondería desde su posición como presidente en el pleno, sino que fuera de ese foro respondería a las “acusaciones y ataques que sufrí en este momento”.

Pero además dijo que ya había sido objeto de amenazas contra él y su familia.

Ese día, según relataron testigos, se discutieron las bases para la próxima elección del presidente del TSJDF. Elías Azar quiere mantenerse tres años más y hasta posiblemente buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edgar Elías llegó al TSJDF en 2006 y gracias a una reforma de la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado el escenario está puesto para que se reelija.

La reforma alargó de los 70 a los 75 años la edad de retiro de los jueces y magistrados capitalinos. Sin ella, el magistrado Edgar Elías pasaría de la presidencia casi al retiro, pues en agosto próximo Elías Azar, descendiente de inmigrantes sirios, cumple los 70 años de edad.

Es conocida la confrontación entre Elías Azar y Carrera Domínguez. El propio presidente del TSJDF la ventiló al responsabilizar a Carrera Domínguez de haber propiciado que se exhibiera al sistema de justicia del DF en el documental Presunto Culpable, en 2011.


Pero más allá de este conflicto, la disputa por el control del aparato de justicia en la capital, así como la designación de los próximos ministros de la Corte, explica por qué la justicia es y ha sido sólo una aspiración de los mexicanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Familia pide agilizar exhumación de normalista asesinado en Ayotzinapa

TOLUCA, Edomex: Luego de la cancelación de la fecha comprometida para la exhumación del cuerpo del normalista Julio César Mondragón, la CIDH, familiares y activistas solicitaron al Poder Judicial del Estado de México agilizar los trámites practicar una nueva necropsia.

Julio César es el estudiante de la Normal de Ayotzinapa asesinado y desollado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y avecindado en el Estado de México.

Familiares y activistas pugnan por la exhumación del cuerpo, con el objetivo de someterlo a un segundo examen pericial y una nueva necropsia que permitiría abonar más elementos para despejar algunas dudas y esclarecer en su totalidad la forma y causa en que se registró su deceso.

“Nosotros, aun sin tener un ojo experto, notamos las marcas de la tortura en el rostro de Julio”, dijeron.

La solicitud, que se suma a la planteada semanas atrás ante el Poder Judicial Federal, se formalizó esta mañana en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).

Hace una semana, recordaron, se había fijado como fecha para la exhumación el 30 de septiembre. No obstante, el miércoles 23 las autoridades del Estado de México, donde yacen los restos del estudiante, solicitaron postergar la fecha con el argumento de que la fragmentación de los expedientes del caso obliga a realizar diversas notificaciones que no se podían cubrir en tiempo y forma.

Los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que realizarán los nuevos estudios, refirieron, incluso ya habían comprado sus boletos para viajar a México, en virtud de que la demanda prevé que se encarguen de estas acciones.

“Ya habíamos solicitado a un perito independiente más que viajará a nuestro país para trabajar con los del equipo argentino; por el retraso, este perito también pagará multas, producto de la cancelación de vuelto internacional”, lamentaron.

En busca de concretar la segunda necropsia, los interesados han realizado incontables viajes a Iguala y a Toluca para que los encargados de la procuración de justicia autoricen y den tramité a la exhumación que llevarán a cabo los expertos del EAAF y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

En una carta dirigida a la opinión pública, los peticionarios precisan que la demanda tiene por objetivo “alcanzar la verdad en el caso de Julio César”. “Es necesario exhumar su cuerpo y realizar una nueva necropsia”, precisan.

“Exigimos –manifestaron– que esta diligencia pueda ser observada por el GIEI, así como por la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para continuar las investigaciones y dar seguimiento al caso Ayotzinapa”.

También demandaron “que el cadáver de Julio César Mondragón Fontes sea trasladado a la Ciudad de México para que en la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR se realice la radiografía de sus restos y todos los estudios necesarios. Es ahí y sólo ahí donde se cuenta con el equipo e instrumentos idóneos para que el EAAF pueda trabajar”.

Además, solicitaron “que para realizar el estudio sean incorporadas como evidencia las 13 fotografías entregadas al presidente Enrique Peña Nieto para su análisis minucioso”.

Y “que los resultados de los dictámenes periciales que por su parte realizará la PGR sean explicados y entregados directamente a la familia de Julio César Mondragón”.

Esta solicitud, recordaron, “es un acuerdo firmado por Enrique Peña Nieto que, hasta el momento, ha sido violado en cada ocasión”.


De igual manera pidieron “que el Estado Mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pague los gastos del nuevo funeral que habremos de realizar luego de la diligencia de exhumación y nueva necropsia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Suspende Monreal 48 obras de la CFE en la delegación Cuauhtémoc

Después de tomar posesión en su cargo, el delegado anunció que se instalará una mesa conjunta y se revisarán los permisos para los trabajos de la paraestatal.

El nuevo delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, decidió suspender la instalación de luminarias de alta tecnología a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a su tardanza y a la molestia que generan entre los vecinos de la delegación.

Después de su toma de protesta, una de sus primeras acciones fue cancalr las obras que la CFE tiene en 48 puntos de la demarcación, las cuales serán retomadas hasta que se instale una mesa de trabajo conjunta y se firme un convenio con la paraestatal, anunció este jueves, informó el diario Reforma.

“He tomado la decisión de suspender los 48 puntos que tiene la CFE en obras inconclusas”, afirmó el militante de Morena sobre los trabajos que afectan principalmente a los vecinos de las colonias Roma, Juárez y Cuauhtémoc.


Explicó que revisarán los permisos y se iniciará nueva etapa, “tanto las instituciones públicas como de los privados tienen que aprender a respetar a los vecinos y al Gobierno Delegacional”, señaló Monreal.





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se interesa relator de la CIDH en los casos Aristegui-MVS y Canal 22, porque se afecta la libertad de expresión

El Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, conversó con la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, sobre casos recientes por denuncias de censura en México.

Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se reunió este jueves con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, para tratar temas como el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS y su equipo, el multihomicidio en la colonia Narvarte y las recientes denuncias de censura en el Canal 22.

Edison Lanza, parte de la misión de la CIDH que se encuentra en México, mostró interés en los casos de Aristegui y Canal 22 por tratarse de asuntos en los que se afecta la libertad de expresión y el derecho a la información, informó la CDHDF en un boletín.

Boletín 239/2015
1 de octubre de 2015

Se habló sobre la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Caso Narvarte, Canal 22 de TV y derecho de las audiencias

 Se acordó que CDHDF participará con insumos en la elaboración de la actualización del Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, sostuvo una reunión de trabajo por espacio de hora y media con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, con quien conversó sobre diversos temas como el Caso Narvarte, el de la periodista Carmen Aristegui y la situación en el Canal 22 de televisión.

Durante el encuentro, la Ombudsperson capitalina e integrantes de su equipo plantearon al Relator algunas preocupaciones con relación a la defensa y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el contexto actual.

La Presidenta de la CDHDF se refirió a la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el pasado 10 de agosto, sobre la cual apuntó, que contiene algunas fallas en las definiciones y en relación con la representatividad de la sociedad civil y periodistas, que es urgente subsanar.

Sobre este mismo tema, la Presidenta de la CDHDF manifestó la preocupación en el país por la falta de una adecuada investigación de los casos de agresiones cometidas en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo que conlleva a la falta de esclarecimiento en los hechos y a que prevalezca la impunidad.

En cuanto al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, la Presidenta de la Comisión manifestó que es indispensable que se implemente de conformidad con lo establecido en el marco legal.

Otro de los temas que se abordó en la reunión fue el relativo a la actuación de las autoridades en ocasión de las manifestaciones y protestas sociales que se realizan en la capital, además de la reunión que con sociedad civil propició la CDHDF con la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

Sobre este particular, se le explicó que la CDHDF ha emitido diversos pronunciamientos públicos, además de las Recomendaciones 7/2013, 9/2015, 10/2015 y 11/2015 en las que se evidenciaron violaciones al derecho a la manifestación, libertad de expresión y derecho de reunión, libertad personal, integridad personal y derecho al debido proceso.

Se añadió que las observaciones de la CDHDF en estos casos se refirieron al despliegue y uso excesivo de las fuerzas de seguridad, por lo cual se recomendó la revisión y modificación del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes y el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio.

También se abordó la censura en sus diversas modalidades, tanto la que se aplica por autoridades locales, como la de los poderes fácticos como el crimen organizado en algunas zonas del norte y sur del país.

El Relator, quien forma parte de la misión de la CIDH que se encuentra de visita en nuestro país, mostró interés sobre diversos casos, como el de la periodista Carmen Aristegui y la situación en el Canal 22 de televisión, por tratarse de asuntos en los que se afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

La Presidenta de la CDHDF explicó que a pesar de no tener competencia en ambos casos, se ha manifestado por el respeto pleno al ejercicio de las libertades informativas a través de pronunciamientos públicos.

También se abordó el Caso Narvarte, en el que se explicó que la CDHDF ha solicitado a las autoridades de procuración de justicia del Distrito Federal se considere la línea de investigación relativa a la libertad de expresión, se integre la perspectiva de género en la investigación, se eviten los comentarios discriminatorios dirigidos hacia las víctimas y se castiguen las filtraciones a medios del contenido de la averiguación previa.

Los representantes de ambos organismos, acordaron que la CDHDF participará con insumos en la elaboración de la actualización del Informe especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión; el desarrollo de este documento se tiene previsto para el próximo año.

El Relator propuso que ambos organismos puedan colaborar en la capacitación para servidores públicos del Distrito Federal, en materia de libertad de expresión, el uso de la fuerza pública en manifestaciones, iniciativas que serán trabajadas desde el área de Educación de la CDHDF.

La Doctora Gómez Gallardo subrayó la importancia de sostener este tipo de encuentros que permiten acercar información de primera mano sobre la situación en materia de ejercicio a la libertad de expresión en la Ciudad de México.


Durante su encuentro, la Ombudsperson capitalina estuvo acompañada por la Directora de Relatorías, María del Mar Monroy; la Directora Ejecutiva de Vinculación Estratégica, Ibeth Huerta, y la Relatora para la Libertad de Expresión, Balbina Flores.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cuauhtémoc Blanco desdeña reunión con Graco y reitera que terminará con el Mando Único

CUERNAVACA, Mor: Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde electo de Cuernavaca, confirmó que cuando asuma su cargo, el próximo 1 de enero, echará abajo el convenio vigente con el gobierno del estado respecto del Mando Único.

“Desafortunadamente, somos el primer lugar en delitos, no funciona el Mando Único”, afirmó al término de una reunión con el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro.

Si funcionara, abundó, “las cosas no estaría como están en Cuernavaca, me duele saber que seamos el primer lugar en delitos. Se me hace una injusticia que a las personas de la tercera edad se les metan en su casa, se me hace una injusticia que le roben a la gente”.

Hace un mes, cuando arrancó el proceso de entrega-recepción de la capital morelense, el exfutbolista cimbró al gobierno del estado, al afirmar que no estaba de acuerdo con el Mando Único y hoy confirmó su postura.

De su decisión no ha hablado con autoridades estatales porque, dijo, tiene cosas más importantes que hacer.

“Al momento no he tenido reuniones con ellos, he tenido otras cosas que le estoy dando prioridad, que no se las puedo decir ahorita. Me interesa ver otras cosas. No he asistido a reuniones (con el gobierno del estado) porque he tenido otras cosas más importantes qué hacer”, afirmó.

En una improvisada rueda de prensa, en el Claustro de la Catedral de Cuernavaca, el exfutbolista comentó que está gestionando “cosas” para traerlas a Cuernavaca, para sacarla del estado en el que se encuentra en materia de seguridad y pobreza.

–Las autoridades estatales dicen que se quieren reunir con el alcalde electo para explicarle “las bondades” de la estrategia de entregar la fuerza policiaca municipal al estado— se le insistió.

–No me voy a reunir ahora. Si me llaman probablemente me reúna con las autoridades. Se los voy a decir nuevamente: no ha funcionado el Mando Único, por eso haremos otras cosas con la seguridad en Cuernavaca, reiteró.

El Mando Único opera en 29 de los 33 municipios de la entidad, entre ellos Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Jojutla.

Según la información oficial, “atiende al 95.3% de la población, cubre el 91.5% del territorio del estado y con este modelo “se ha logrado bajar en un 7.7% el total de delitos de alto impacto en el estado”.

Sin embargo, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que a pesar de que el Mando Único ha funcionado durante más de un año Morelos mantiene el quinto lugar con más homicidios en el país.

La primera vez que Blanco habló de retirar el Mando Único de Cuernavaca, el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra afirmó que si el exfutbolista rechazaba el convenio, la Comisión Estatal de Seguridad ordenaría el retiro del armamento, las radios y el personal asignado en comodato para Cuernavaca y aseguró que tenía facultades para dejar, prácticamente, sin seguridad a la capital del estado.

“No se puede experimentar, ni manejar (sic) ocurrencias en el tema de la seguridad pública, no se puede porque lo que está en juego es la vida, la integridad y el patrimonio de las familias morelenses, entonces las ocurrencias les pueden costar la vida de seres humanos”, dijo Capella Ibarra.

Luego pidió una reunión con el exfutbolista para explicarle “las bondades” del Mando Único: “yo estoy seguro que con cinco minutos, con cinco minutos que me permita explicarle qué había antes y qué hay ahora con el Mando Único, entendería”.

Sin embargo, Blanco afirmó hoy que, por lo pronto no se reunirá con autoridades estatales porque tiene cosas más importantes que hacer.

Con el obispo, “intercambio de ideas”

Respecto de la reunión entre Blanco y el obispo Castro, este último comentó que la intención fue “intercambiar puntos de vista” sobre la situación de la capital del estado y escuchar “las estrategias y programas que tiene el señor Cuauhtémoc para trabajar en la ciudad”.

“Hemos hablado sobre los planes tan buenos que él (Cuauhtémoc) tiene, sobre su entusiasmo para trabajar por Cuernavaca. El señor Cuauhtémoc es un presidente municipal bien decidido para trabajar contra la corrupción”, elogió el prelado.

El obispo Ramón Castro no provoca simpatía al gobernador Graco Ramírez pues, desde que llegó a la Diócesis, ha denunciado los hechos de inseguridad que viven los fieles católicos y en más de una ocasión ha provocado la molestia al mandatario o a su esposa Elena Cepeda.

Una semana antes de las elecciones del pasado 7 de junio, el obispo sacó a las calles de Cuernavaca a más de 20 mil personas en una marcha por la paz, misma que tuvo como objetivo demostrar que la inseguridad sigue siendo el principal problema de la entidad.

Hace unos meses, lo acusaron de haberse robado una custodia en el pueblo de Tepalcingo, lo que interpretó como un nuevo ataque y el miércoles pasado por la noche denunció a través de las redes un robo en la parroquia de Oaxtepec.

“Que pena! Entraron a robar anoche la parroquia de Sto Domingo en Oaxtepec! Rompieron alcancías y abrieron el Sagrario! Vaya Seguridad!”, publicó en Twitter.

Durante la reunión entre Ramón Castro y Cuauhtémoc Blanco, participaron también los dirigentes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez de Ita, y de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes.


El primero encabeza una organización que interpuso hace unos meses una denuncia penal por peculado contra Graco Ramírez por la utilización de recursos de un crédito por dos mil 800 millones de pesos contratado desde 2013. La denuncia fue interpuesta ante la PGR.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).

Morena acusa acción concertada de Peña y Mancera para frenar su avance en el DF

MÉXICO, D.F: El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó al jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el presidente Enrique Peña Nieto, y sus partidos –PRD y PRI—de llevar a cabo una acción concertada para frenar su avance en la capital del país.

De antemano advirtió que no reconoce a los legisladores y jefes delegacionales producto del fraude perpetrado, dijo, por el PRD y convalidado por los tribunales electorales local y federal.

En un desplegado publicado hoy, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, destacó que en el proceso electoral pasado logró un resultado “histórico” pues ninguna fuerza política de nueva creación había logrado convertirse en la principal fuerza política del Distrito Federal y hoy Morena gobierna cinco delegaciones y logró la mayoría en la Asamblea Legislativa (ALDF).

Justo en el marco de la toma de protesta de los nuevos jefes delegacionales y diputados locales, Morena indicó que a pesar de que los resultados obtenidos “son excelentes” no reflejan el sentido total del voto de la ciudadanía porque en los hechos ganó nueve delegaciones.

“No obstante, mediante el fraude, del que es responsable político Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) nos arrebató a la mala nuestro triunfo en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa” acusó Morena.

El fraude, abundó, fue convalidado por los tribunales local y federal pese a que el partido acreditó “de manera fehaciente” el cúmulo de irregularidades, entre ellas, compra de voto y uso de programas y recursos de los gobiernos delegacionales y del Distrito Federal.

Y acusó:

“Este hecho nos permitió presumir una acción concertada entre Mancera, el PRD, Peña Nieto y el PRI para tratar de frenar el avance de Morena en la capital del país. Durante la conformación de los Órganos de Gobierno de la ALDF, se clarificó esta alianza que se concretó con el nacimiento local del PRIANRD”.

Luego se lanzó contra los tribunales electorales local y federal que mediante su “actuación facciosa” le arrebataron a Morena tres diputaciones y con ello se allanó el camino para que el PRIANRD les “robara” la Comisión de Gobierno de la ALDF.

Con ello, recalcó, se bloqueó la posibilidad de que Morena pudiera aplicar un plan de austeridad en la ALDF que le habría permitido ahorrar mil millones de pesos para destinarlos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), la compra de mil unidades nuevas de la Red de Transporte de Pasajeros (RP) y asegurar que se cumpliera en tiempo y forma la entrega de recursos a los adultos mayores mediante la Pensión Universal Ciudadana.

Además afirmó que a través de esa “maniobra” se dio el control legislativo a “personaje que representan la corrupción encumbrada en el poder político” en esta ciudad como Mauricio Toledo, Nora Arias y Elizabeth Mateos.

Advirtió Morena:


“No reconocemos a legisladores o jefes delegacionales emanados del fraude y continuaremos nuestra lucha por la vía pacífica y constitucional para que los recursos de la ciudad sean destinados al beneficio de la gente, para erradicar la corrupción del gobierno y para recuperar la democracia en la capital del país”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Priistas, panistas y perredistas en el gabinete de Aureoles

MORELIA, Mich: En el equipo de colaboradores de Silvano Aureoles Conejo figuran personajes con experiencia, pero también algunos acusados de prepotencia y corrupción.

Entre estos últimos se encuentran el secretario de Salud, Carlos Aranza Doniz, y el procurador de Justicia, el priista José Martín Godoy Castro.

En el caso particular de Aranza, la agencia Apro difundió el pasado 25 de septiembre una investigación del reportero Mathieu Tourliere en que consigna que la Secretaría de Salud ha sido “señalada en repetidas ocasiones por el mal manejo de recursos, el desabasto de medicamentos y la falta de personal médico”.

En 2015, añade, la dependencia gastó cerca de 14 millones de pesos en la compra de una flotilla de camionetas de lujo para sus altos funcionarios.

Según documentos obtenidos a través de la plataforma Méxicoleaks, la Secretaría de Salud adquirió ocho camionetas Jeep Cherokee –con un costo de 442 mil 241 pesos por unidad, sin incluir el IVA–, tres de las cuales fueron asignadas al propio Aranza Doniz, a su secretaria técnica, Luz Arlette Saavedra Romero, y al director de los servicios de salud, José Antonio Mata Hernández.

En el gabinete de Aureoles también estarán Adrián López, quien fue designado secretario de Gobierno. El licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), es uno de los hombres de mayor confianza del nuevo gobernador, con quien ha colaborado desde hace más de una década.

Carlos Maldonado Mendoza, exasesor del PRD en la LXXII Legislatura, fue nombrado secretario de Finanzas y Administración, en tanto que José Antonio Bernal Bustamante fungirá como secretario de Seguridad Pública.

Julieta López Bautista, encargada de prensa en la campaña de Aureoles, será la coordinadora de Comunicación Social, y Silvia Estrada se hará cargo de la Secretaría de la Contraloría

Antonio Soto, expresidente municipal de Tumbiscatío, estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, y Silvia Figueroa Zamudio, exrectora de la Universidad Michoacana, en Educación.

Liliana López Buenrostro, a quien se ubica como experta en temas de la farándula, ocupará la Secretaria de Turismo, y Miriam Tinoco asumirá la Secretaría de Política Social.

Ricardo Luna fue nombrado al frente de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), Fabiola Alanís ocupará la Secretaría de la Mujer, y José Luis Domínguez la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Los expanistas Julio Castellanos y Germán Tena fueron recompensados con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, respectivamente, mientras que Juliana Bugarini llegó a la Secretaría de los Jóvenes.


Víctor Lichtinger fungirá como coordinador del Gabinete, e Israel Tentory García en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Nuño lanza “llamado encarecido” a maestros para ser evaluados

México, DF. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, lanzó un “llamado encarecido” a los maestros del país para que se presenten a la evaluación del desempeño, prevista para noviembre próximo, pero advirtió que aquellos sean notificados y “no se presenten por voluntad propia o no tengan justificación, la ley señala que deberá ser retirado del servicio”.

En su primera reunión con los medios de comunicación desde que asumió el cargo como titular de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que quienes acudan a ser evaluados no enfrentan riesgo en la pérdida del empleo, pues reiteró que su "examinación" no es para “perjudicar, sino para mejorar”.

Sin embargo, puntualizó que “quienes no se presenten, y no puedan justificar su falta, la ley efectivamente obliga a retirarlos del servicio”. Y apuntó que habrá causas de excepción, como una enfermedad, por lo que se han considerado fechas extraordinarias para su realización.

En un recuento de los principales ejes que se impulsarán durante su gestión al frente de la SEP, Nuño Mayer reconoció que la implementación de la reforma educativa aún enfrenta resistencias que “siguen existiendo en algunos sectores magisteriales”.

E insistió que habrá diálogo con todos los maestros, pero para aplicar la reforma y el nuevo marco normativo. “No podemos buscar el diálogo para intentar burlar la ley. No se pueden buscar excepciones”.

Tras asegurar que sólo está en campaña, “pero por la reforma educativa”, calificó como positiva la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aceptar las controversias constitucionales interpuesta por la Presidencia de la República contra la legislación local de ocho entidades, y cuyo fallo reiteró que en materia del Servicio Profesional Docente, sólo puede legislar el Congreso de la Unión.

“Consideramos que con esta decisión “se afianza la reforma educativa y su implementación”, pues sostuvo que si bien está abierto a escuchar las opiniones de los legisladores sobre cómo mejorarla, la reforma educativa, en términos legislativos, “ya concluyó, ahora viene la etapa de su implementación”.

En cuanto a la emisión de los llamados bonos o certificados para infraestructura escolar, aseguró que todos los gobernadores del país le han manifestado su interés de participar en el programa, en el que deberán destinar hasta 25 por ciento de los recursos que reciben a través del Fondo de Aportaciones Múltiples para destinarlos a la infraestructura y ampliación de planteles educativos.

Agregó que actualmente se elaboran los borradores de los acuerdos con cada uno de los estados, y destacó que en las próximas semanas podrían suscribirse.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.

Balacera entre integrantes de la CROC deja dos heridos y 40 detenidos

Monterrey, NL. Una balacera entre integrantes de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) dejó un saldo de dos personas heridas y unos 40 detenidos, informaron fuentes oficiales.

La disputa por la dirigencia de la central afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocasionó un enfrentamiento entre choferes de taxi y del transporte público, quienes a pedradas y balazos pelearon el control de su sede, ubicada en la avenida Felix U. Gómez, centro de Monterrey.

Un grupo de unos 200 seguidores del líder destituido, Alberto Serna de León, se presentó en el inmueble, después del mediodía, para retomar el control; sin embargo, fueron rechazados por los simpatizantes del líder interino, Jorge Gloria Ovalle.

Los simpatizantes de Serna de León apedrearon el edificio y causaron destrozos en al menos una decena de automóviles (taxis y particulares) que se encontraban estacionados en los alrededores. Desde el inmueble los agresores fueron repelidos a balazos, lo que dejó dos personas heridas de bala.

Policías municipales acudieron a la CROC y detuvieron a dos personas involucradas en el daño a los autos pero el resto de sus compañeros los rescató por la fuerza y provocaron que la patrulla chocara con una camioneta particular. Unas 20 patrullas de la policía estatal Fuerza Civil llegaron para reforzar la seguridad y sometieron a más de 40 personas en el interior del inmueble.

"Fueron como 8 minutos de balacera, porque llegaron los policías y también a ellos les dispararon, entonces se hizo la balacera ahí en la entrada principal, nosotros mejor nos metimos al negocio y lo cerramos", dijo Cristina Saucedo, empleada de una refaccionaria ubicada a 20 metros del lugar.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Alfredo Flores Gómez, informó que "hay dos heridos de bala confirmados y se decomisaron dos armas cortas, también se detuvo a poco más de 40 personas que estaban en el inmueble". El funcionario estatal agregó que será la Policía Ministerial la encargada de deslindar responsabilidades y que los heridos fueron trasladados a hospitales en condición estable.


César Serna de León fue destituido como dirigente estatal el pasado 14 de septiembre, acusado de malos manejos financieros, algo que él consideró "una trampa" de Jorge Gloria Ovalle para hacerse de la dirigencia.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERICK MUÑOZ.

Ronda Uno: ¿Qué empresas entrarán al negocio energético?

Se realizó la segunda licitación de la Ronda Uno para que empresas privadas participen en el negocio de hidrocarburos mexicanos. Esta vez se logró colocar tres contratos de cinco posibles.

En la segunda licitación de la Ronda Uno para entrar al mercado de hidrocarburos mexicano se lograron tres contratos de cinco. Destacan compañías de Argentina, Estados Unidos e Italia que formaron consorcios con firmas mexicanas de reciente creación tras la reforma energética.

La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos calificaron esta licitación como exitosa aunque el Estado mexicano tuvo que modificar las bases de la misma para asegurar mayor participación de las firmas petroleras y evitar que, como ocurrió en julio pasado con la licitación 1, la mayoría de los campos se declararan desiertos, sin ofertas.

Uno de los principales cambios para esta segunda licitación fue que el Estado redujo el valor mínimo requerido para concursar por un contrato y, además, lo dio a conocer con quince días de anticipación —en lugar de minutos antes del concurso—. En julio pasado, 12 de los 14 campos de extracción se declararon desiertos y aunque para la mayoría de éstos ni siquiera hubo ofertas, de las pocas que se realizaron destacaron las que estuvieron por debajo del mínimo.

El gobierno mexicano calcula que con los tres contratos de producción compartida logrados habrá una inversión de 3 mil millones de dólares en los próximos 25 años. Se espera que el primer barril de petróleo de éstas áreas se tenga en el segundo semestre de 2018 y que para 2021 la producción sea de 90 mil barriles diarios.


Esta licitación contó con nueve campos de extracción divididos en cinco áreas ubicadas frente a las costas de Tabasco y Campeche en el Golfo de México.

Los cálculos de Hacienda indican que en el área uno (con tres campos) se alcanzará una utilidad de hasta 90%; en el área dos será de 82% y en la zona cuatro de 84%. Éstas dos últimas poseen uno y dos campos, respectivamente.

Las empresas que ganaron un contrato y se unen al negocio de hidrocarburos en México son:

–Eni International B.V. Es una firma de origen italiano con presencia en más de 80 países. El gobierno italiano es accionista del 30.1%. Su actividad empresarial incluye toda la cadena del negocio petrolero: desde la exploración y producción de petróleo y gas, labores en el área de refinación y mercadeo de derivados del petróleo y suministro y comercialización de gas y energía.

Eni International obtuvo el contrato del área contractual uno que cuenta con tres campos de extracción con reservas por 107 millones de barriles de crudo ligero.

–Consorcio Pan American Energy – E&P. En el área contractual dos —con un solo campo y reservas por 61 millones de barriles de aceite ligero— ganó un consorcio liderado por la firma argentina Pan American Energy, enfocada en el negocio de exploración y producción de hidrocarburos. El año pasado alcanzó una producción de cien mil barriles diarios de petróleo. Lo acompaña la firma E&P con constitución tanto en México como en Argentina.

–Consorcio Fieldwood Energy – Petrobal. El último contrato de esta licitación se logró en la zona cuatro con 62 millones de barriles de aceite ligero.

La petrolera estadounidense Fieldwood Energy hizo la oferta ganadora para los dos campos que incluye el área contractual. Es una firma con sede en Houston, Texas, que apenas tiene un par de años operando y que ha concentrado su actividad en exploración y extracción de hidrocarburos en América del Norte.

En este consorcio también participa Petrobal, una empresa creada tras la aprobación de la reforma energética en 2015 por la firma mexicana Grupo Bal de Alberto Bailleres.

Estas firmas, junto con el consorcio que ganó en la primera licitación dos contratos para áreas de exploración —compuesto por al mexicana Sierra Oil & Gas, la estadounidense Talos Energy y la británica Premier Oil— , son las primeras en entrar al mercado mexicano de hidrocarburos desde su apertura, cuando Petróleos Mexicanos dejó de tener el dominio.


La tercera licitación de esta Ronda Uno se realizará el próximo 15 de diciembre e incluye 25 campos terrestres para extracción de hidrocarburos que están ubicados en entidades como Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Impunidad y desconfianza en las instituciones, las denuncias ante la CIDH

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recibido testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos que muestran un “un problema serio de impunidad” y “desconfianza en las instituciones”.

En su visita a México, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recibido testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos que muestran un “un problema serio de impunidad”, “desconfianza en las instituciones” y temor por los nombramientos en los cargos de seguridad pública.

Así lo informa el secretario del organismo, Emilio Álvarez Icaza, previo a que la delegación concluya actividades en el país, de las que derivarán observaciones preliminares que serán presentadas este viernes 2 de octubre. Éstas servirán para que los comisionados elaboren y aprueben un informa sobre la situación del país en materia de derechos humanos, que se hará público en 2016.

La visita comenzó el lunes 28 de septiembre y desde el primer encuentro con organizaciones sociales, éstas solicitaron la intervención de la CIDH para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad, siguiendo el ejemplo de Guatemala. Para Álvarez Icaza, esto es un síntoma del “problema serio de impunidad” que vive el país y representa una manera en que las víctimas están buscando superar esta condición.

El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) explica que la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad no depende del organismo internacional, sino de la discusión y aprobación que corresponde al poder Ejecutivo y Legislativo; en tanto, la CIDH aún no tiene una posición respecto a la viabilidad o necesidad de implementar un figura de esta naturaleza en México.

Lo que es cierto es que tanto en las audiencias que las víctimas mexicanas han tenido en la sede de la CIDH como en la visita actual, “hemos visto una realidad muy contundente de falta de confianza y falta de resultados. Nos decían en Ayotzinapa que sólo confiaban en el Grupo de Expertos Independientes y la Comisión y es claramente una de las señales que están puestas en el escenario público”.

La delegación de la CIDH, encabezada por la presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, se ha entrevistado con víctimas y organizaciones sociales en el Distrito Federal, Veracruz y Guerrero; en este último visitaron la normal rural de Ayotzinapa y los municipios de Iguala y Chilpancingo.

“Fueron experiencias muy estremecedoras. Es una circunstancia que estremece, los relatos de las víctimas son conmovedores, es gente de muy escasos recursos y para alguno, el español no es su lengua materna. La comisión recibió mucha información y nos toca procesarla para presentarla en el informe”, dice Álvarez Icaza.

En Iguala, por ejemplo, existe preocupación entre los pobladores por quiénes encabezarán los mandos de seguridad. Esto luego de que el nuevo presidente municipal de Iguala, Esteban Albarrán, propuso a Crisóforo Tinoco como secretario de Seguridad Púbica, quien fue señalado de tener vínculo con Guerreros Unidos y que fue llamado a declarar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La comisión tomó nota con mucha preocupación” de estas quejas de los pobladores, quienes pidieron que la autoridad federal debiera hacerse cargo de la seguridad pública en Iguala. “Hubo personas que con contundencia expresaron el miedo de las autoridades que pudieran asumir el cargo”.


Aunque “no hay una fórmula mágica”, sobre la injerencia de la Federación en la seguridad pública de un municipio, “el tema claro tiene que ver con que ningún tipo de autoridad tenga vinculo con el crimen organizado o acciones de omisión. La población está haciendo una serie de expresiones, tendrá que analizarse, sobre todo la causa del asunto. Eso tendría que ser motivo de alarma”, dice Álvarez Icaza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.