El Dragonario: 09/29/15

martes, 29 de septiembre de 2015

México, sin cifras sobre tortura y con el reto de crear ley para combatirla

El Congreso debe crear una ley contra la tortura en un escenario en el que no existe una definición unificada del delito ni se conoce el número real de casos en el país.

En México no existe un registro sobre el número de casos de tortura pues en los estados no se cuentan así o porque los califican como delitos menores, por lo que es imposible conocer la gravedad del problema pese a que organismos internacionales lo han calificado como una práctica generalizada en el país.

En ese contexto, el Congreso deberá crear y aprobar en menos de 100 días una Ley General contra la Tortura que sea parte de los cambios constitucionales aprobados en junio al artículo 73 que faculta al Legislativo para emitir leyes sobre desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Según la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), un registro nacional unificado, que incluya casos federales y estatales, debe ser uno de los puntos que la nueva Ley deberá contemplar para cumplir con la Constitución pero también con los estándares de tratados internacionales suscritos en México.

El Relator Especial sobre la Tortura de la ONU dijo, tras su visita al país en 2014, que es imposible conocer el número exacto de casos de tortura por la falta de un registro nacional de casos y por la falta de datos en las entidades federativas.

El registro nacional que deberá tener la nueva Ley tiene que contar con datos desglosados por estado e incluir aquellos que lleguen a manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones de las entidades federativas, detallan tanto la CMDPDH y la OMCT en el documento “Propuesta para la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

“El Registro Nacional de casos de tortura deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona y lugar y fecha en que se cometieron los hechos;

b) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando hayan sido esclarecidos;

y c) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente”, datos que no se conocen en la actualidad.

Otras recomendaciones es que México haga explícita la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en una Ley General y que se reconozca que estas acciones implican una violación grave a los Derechos Humanos.

También se recomienda que la definición de tortura sea la misma para la legislación federal y todas las entidades federativas, pues actualmente se cuenta con más de treinta conceptos distintos.


Al unificar el delito de tortura éste debería incluir los siguientes elementos:

  • que se trate de un acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos ya sean físicos o mentales,
  • que la tortura “se inflija intencionadamente”,
  • con un amplio catálogo de finalidades (para obtener una declaración, por ejemplo), iv) que el sujeto activo pueda ser cualquier persona (civil, militar o una autoridad).

Una Ley General de Tortura, insisten la CMDPDH y la OMCT, debe garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, en las que no aplique la jurisdicción militar.

El gobierno federal sólo ha informado de cinco sentencias condenatorias de tortura, entre 2005 y 2013, pese a que la CNDH informó que de 2006 a 2014 recibió 4 mil 404 quejas por tratos crueles, degradantes o inhumanos.


En la Ley que el Congreso deberá aprobar en menos de 100 días, exigen organizaciones civiles, no se pueden considerar disposiciones por las que el delito de tortura prescriba, se de inmunidad o algún tipo de amnistía.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

En 2013, mando policiaco de Cocula fue detenido y liberado por el Ejército, según una denuncia

El secretario de Seguridad municipal declaró que denunció al exsubdirector Cesar Nava (hoy procesado) pero los militares lo liberaron junto con otros policías infiltrados. Fue pieza clave en desaparición de normalistas. La PGR sí ignoró el quinto autobús en su consignación ante el juez. Hay siete testigos protegidos en el caso.

Cesar Nava González, el ex subdirector de la Policía de Cocula –implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, fue detenido un año antes por el Ejército, pero horas después liberado, de acuerdo con una denuncia presentada ante la PGR por su entonces jefe, el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Salvador Bravo Bárcenas.

El expediente de la averiguación previa por el ataque en contra de los normalistas, que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó en enero pasado ante un juez, contiene la declaración de Bravo Bárcenas, en la que asegura que en 2013 alertó al 27 Batallón de Infantería de la infiltración entre sus subordinados.

La revelación se encuentra en el tomo 81 de la versión pública del expediente caso Ayotzinapa, que la PGR desclasificó la semana pasada. Animal Político pudo revisarlo gracias a una solicitud de transparencia.

De acuerdo con lo asentado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, Bravo Bárcenas rindió una declaración el 15 de octubre de 2014 donde denunció la actuación irregular del subdirector de la policía municipal.

Dijo que Nava se incorporó en el 2013 a la Policía de Cocula, pero en junio de ese año irrumpió en su oficina para decirle que él se haría cargo del control de toda la fuerza policial.

“’A partir de hoy yo voy a tomar las decisiones de la policía’, a lo que yo le pregunté (a Nava) por qué, y me dijo: ‘es lo que más te conviene, ya tengo ubicada a tu familia’”, declaró Bravo Bárcenas ante el Ministerio Público.

El secretario aseguró que Nava le mostró varias fotografías provenientes de teléfonos celulares que le habían tomado a su familia, por lo que consideró que las amenazas eran reales y decidió denunciar lo que había ocurrido ante el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Bravo Bárcenas es mayor del Ejércitom, por lo que mantenía comunicación directa con el personal de la secretaría de la Defensa Nacional..

Militares, oídos sordos

Tras recibir las amenazas, el secretario de seguridad acudió con el 27 Batallón para denunciar a su subdirector, así como el control que había tomado de la corporación en favor del crimen organizado.

“Tú no te preocupes, yo me voy a hacer cargo a ver qué pasa”, le dijo el comandante del batallón militar, cuyo nombre no aparece en el expediente.

Ocho días después de la denuncia, continúa en su declaración Bravo Bárcenas, los militares irrumpieron en el cuartel de la policía municipal y separaron a Nava González, así como a todo el grupo de agentes que le rendían cuentas exclusivamente a él y no al secretario de Seguridad.

“Se los llevaron y en ese momento pensé que por fin ya mantendrían detenido a Cesar Nava y su gente pero, al poco rato, los militares llegaron de nuevo con Cesar Nava y sin decirme palabra alguna. Luego ya no pasó nada”, dijo el secretario.

De acuerdo con lo asentado en el mismo expediente del caso Ayotzinapa, Nava fue de los principales colaboradores del grupo criminal Guerreros Unidos, y prácticamente tenía a toda la fuerza municipal al servicio de los delincuentes.

Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de la organización delictiva y cuya declaración también está asentada en el expediente, dijo que mensualmente se entregaban 350 mil pesos a Cesar Nava para que él lo administrara entre los agentes infiltrados.

Otros detenidos, como David Cruz Hernández, integrante de Protección Civil de Iguala, pero también jefe de espías de Guerreros Unidos, dijo que Cesar Nava operaba en varios casos las detenciones y desapariciones que efectuaba Guerreros Unidos en la región.

“Tenía pánico”

Tras ser detenido, Cesar Nava aceptó que él coordinó un grupo de policías de Cocula que intervinieron en el transporte de los normalistas retenidos en Ayotzinapa, pero dijo que fue por una solicitud de “apoyo” de Iguala tras recibir un reporte de disparos. Justificó que el “miedo” y “pánico” lo llevaron a cambiar el número de las patrullas involucradas.

Las declaraciones vertidas en el expediente de por lo menos cinco agentes municipales de Cocula confirman que la tarde del 26 de septiembre del 2014, se trasladaron en convoy a Iguala con Nava González al frente, para apoyar a los policías de Iguala por un presunto enfrentamiento con normalistas de Ayotzinapa.

Como ya se hizo público en su momento, los policías de Cocula apoyaron en el traslado de los normalistas hasta la zona de “Loma del Coyote” donde fueron entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos que, según la investigación de la Procuraduría, los asesinaron e incineraron.

Nava González dijo que actuó pensando en que se trataba de una solicitud de apoyo y que las detenciones eran legales. Asegura que le preguntó al subdirector de la Policía de Iguala si los detenidos iban a ser llevados al Batallón 27 de Infantería o al CEFERESO, y que se le hizo “extraño” que el traslado fuera a Loma del Coyote.

“Cuando veo en las noticias lo ocurrido siento que me van a involucrar, me da miedo y es cuando cambiamos el número de las patrullas, el objetivo es que no me involucraran con las personas muertas”, dijo.

Cuando comenzaron a ser detenidos los policías de Iguala, Nava señaló que “le dio pánico” y que por eso ya no fue a trabajar sino que decidió irse hacia el centro del país a la Ciudad de México, donde finalmente fue detenido.

El quinto camión y los informantes

En la consignación que la PGR hizo ante un juez federal por el caso Ayotzinapa en enero de este año, queda confirmado que el Ministerio Público excluyó totalmente de la narrativa de los hechos lo relacionado con el quinto autobús de la línea Estrella Roja, que los normalistas también tomaron en la Central de Autobuses de Iguala.

En su informe sobre el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que los normalistas salieron con ese autobús de la terminal y en el mismo intentaron escapar de la ciudad. Lo que pasó con dicho autobús y sus ocupantes, no ha sido indagado a fondo por las autoridades.

La revisión que pudo hacer Animal Político del expediente de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, enviada al juez en enero de este año, no menciona en ninguna parte este autobús. Solamente se hace referencia a los otros cuatro de las líneas Estrella de oro y Costa Line.

“Ya afuera de la central se encontraron yéndose en caravana los camiones Estrella de Oro 1568 y 1531 y los de la empresa Costa Line danto un total de cuatro camiones, saliendo por la calle de Aldama donde tienen un roce con la Policía Municipal de Iguala”, señala la narración de los hechos de la PGR.

La descripción del Ministerio Público continúa hasta el presunto destino fatal que tuvieron los estudiantes en Cocula, sin hacer mención al quinto autobús.

El expediente de la averiguación revela también que la versión de los hechos ocurrida esa noche, no solamente está apoyada en lo dicho por estudiantes y por los ahora detenidos, sino en lo que refieren siete testigos cuya identidad fue protegida. En el expediente figuran con indicativos como “L.U,G.A.” o “C.A.N.C.A.”.

Dichos testimonios reforzaron por ejemplo la versión de que militares llegaron a un hospital particular para verificar el estado en que se encontraban normalistas heridos, y que varios de ellos huyeron y buscaron refugio en el cerro o en domicilios particulares luego del ataque. Además confirmaron que hubo un segundo ataque a la media noche.

“A la media noche llegaron varios carros particulares entre ellos una camioneta roja, doble cabina, de la cual bajó gente vestida de negro y armada los cuales dispararon por lo que los normalistas fueron a esconderse”, se señala en el expediente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL

Desmantelan célula de Los Zetas en Veracruz; les achacan 16 homicidios

XALAPA, Ver: La Fiscalía General del Estado (FGE), Fuerza Civil y autoridades federales lograron desmantelar una célula de Los Zetas que operaba en el corredor industrial Córdoba-Orizaba, este último municipio recién declarado Pueblo Mágico.

A esta banda, de quienes no se presentaron sus datos generales o fotografías, el gobierno de Veracruz adjudica haber cometido 16 homicidios en los últimos meses.

En rueda de prensa, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa presumió la detención de ocho integrantes de Los Zetas, quienes habrían perpetrado diversos homicidios en la región, entre ellos los cometidos en el interior de los mercados Revolución y La Garza, los asesinatos del excomandante de la Policía Municipal de Cuitláhuac, Martín Rosales Ordaz, y de otros que se encuentran ligados a enfrentamientos de bandas rivales.

Duarte expuso que las capturas derivaron de la coordinación de los cuerpos de seguridad integrados por el Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Estatal Acreditable y la Fuerza Civil.

“Aquí no hay ni habrá cabida para quienes buscan transgredir la ley; quienes lo hagan serán castigados con todos los instrumentos legales, pero siempre con pleno apego a sus derechos humanos, como lo he expresado a los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se encuentran de visita en el estado”, presumió Duarte en la rueda de prensa realizada en su ciudad natal.

Aprovechando la coyuntura de la visita de miembros de la CIDH, el priista Duarte movilizó a todas las fuerzas armadas y de su gabinete de seguridad y procuración de justicia para trasladarse a Córdoba, donde sostuvo que se realizaron una serie de investigaciones y operativos tácticos de inteligencia para la captura de los integrantes de Los Zetas.

En la numeralia que entregó el gobierno priista, Duarte expuso que en el presente año, y mediante el Operativo Blindaje Córdoba, se ha detenido a un total de 7 mil 815 sujetos como probables responsables de delitos como robo, asalto, contra la salud, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros.


“En esta lucha frontal sin precedente contra la delincuencia, todos ellos actúan de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado y dan resultados tangibles, cumpliendo con el compromiso de procurar el bien de todos los veracruzanos”, expresó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

3 puntos que derrumban (más) la ‘verdad histórica’ del caso Ayotzinapa

La “verdad histórica” que dio el ex procurador Jesús Murillo Karam sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se sigue pulverizando.

Luego de que la PGR -ahora a cargo de Arely Gómez- abriera los expedientes del caso, éstos son revisados por varios medios.

Uno de ellos es La Silla Rota, que esta semana apunta que miembros de la organización criminal Guerreros Unidos prácticamente dictaron la versión que dio el entonces procurador de la República, pero ésta tuvo ajustes para cuadrar los hechos.

Aquí 3 puntos que derrumban más la llamada ‘verdad histórica’, que ahora los padres de los normalistas califican como “mentira histórica”:

1- Sidronio Casarrubias Salgado “El Chino”, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, relató que sólo habrían quemado a 17 personas y sus restos arrojados al río San Juan, en el municipio de Cocula, pero la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, indicó que se trataba de los 43, nunca de 17.

Casarrubias confesó que su organización secuestró a los normalistas de Ayotzinapa porque entre ellos, supuestamente, iban infiltrados 17 miembros de la banda rival de “Los Rojos”. Sin embargo, hasta ahora no se ha probado vínculo alguno entre los normalistas y ese grupo.

“El Gil me dice que de los 17 Rojos ya se habían ido al agua, o sea, que ya los quemaron y que las cenizas las tiraron al agua, yo me imagino que es el Río Cocula”, relató Sidronio. Nunca habló de 43.

La diferencia entre el número de víctimas señaladas por Casarrubias Salgado y Murillo es de 26.

Sidronio Casarrubias Salagado no fue el único en declarar que fueron asegurados 17 personas en el municipio de Iguala el 26 de septiembre de 2014. En el mismo sentido declaró, el 4 de octubre, Martín Alejandro Macedo Barrera, presunto sicario de Guerreros Unidos, ante la PGR.


Macedo Barrera narró que aseguraron a 17 estudiantes sin indicar dónde, a quienes trasladaron a la casa de seguridad de la Loma, donde les habrían dado muerte:
“Una vez que se comienzan a bajar los estudiantes comienzan a correr y logramos asegurar a diecisiete, los cuales subimos a nuestras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad de la Loma donde los matamos inmediatamente ya que no se querían someter y como eran más que nosotros, Choky dio la instrucción que les diéramos piso (…) algunos los mataron con tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes ya que se pusieron muy violentos cuando estaban secuestrados y para que no estuvieran chingando se decidió matarlos. Creo que utilizaron la excavadora para enterrarlos en el mismo rancho que tenemos. A siete de estos muchachos los quemaron por instrucción del Choky (…)”.
2- Otro elemento en la declaración de Casarrubias Salgado no coincide: la hora en que habrían detenido a las personas que mataron no es ni la noche del 26 de septiembre del año pasado ni la madrugada del 27.

Sidronio recibió a las 13:00 horas del 26 de septiembre de 2014 un mensaje en su BlackBerry donde Gildardo López Astudillo “El Gil” -operador directo de Guerreros Unidos- le relató: “es la fiesta en grande ya que se habían metido Los Rojos y que llevaban varias horas ya peleando”. Una hora después, a las 14:00 horas, le envían otro mensaje: “ya tienen a 17 personas que pertenecen al grupo delictivo de Los Rojos”. Todo esto ocurrió varias horas antes de que los estudiantes entraran a Iguala.

3- La declaración del presunto sicario de Guerreros Unidos, Miguel Ángel Ríos Sánchez, “Pozol”, da a entender que los estudiantes no fueron asesinados ni el 26 ni el 27 de septiembre:

“Posteriormente, al paso de tres días me encontré al sujeto apodado ‘El Mente’, quien me dijo que él junto con el Choky y sus sicarios habían disparado en contra de los jugadores (Los Avispones), asimismo, me dijo que se habían llevado el 29 de septiembre a unos estudiantes de Ayotzinapan (sic), siendo que tuve el conocimiento de que los habían secuestrado a estos de Ayotzinapan (sic), porque iban con gente del cartel de Los Rojos, de manera infiltrada y sé que los trasladaron al cerro, rumbo a la localidad de Pueblo Viejo y la entrada principal es la avenida Guadalupe, y están dos calles en Y griega, una da para Pueblo Viejo y otra va para Loma del Zapatero, cerca de la principal hay una escuela, y se logra apreciar un árbol, y este árbol es conocido como la Parota; asimismo ‘El Mente’, me dijo que le llevara agua, y droga en este sitio (…)”.


La investigación continúa abierta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

Intactos, los negocios de los Abarca

CHILPANCINGO, GRO: A un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, siguen operando con normalidad a pesar de que ambos están presos desde noviembre de 2014 y enfrentan procesos por crimen organizado, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio.

Desde el año pasado, la PGR informó que su Unidad Especializada en Análisis Financiero aseguró de forma precautoria al menos 90 propiedades de la pareja, que creó las empresas Asociación Yozy & Apos, S.A. de C.V., y Abarpin, S.A. de C.V., para triangular la compra de los inmuebles. La primera firma se dedica a la renta de locales comerciales, la segunda, a la compraventa de terrenos y a la construcción.

El gobierno federal informó que, según la Unidad Especializada, 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías propiedad de los Abarca se encuentran en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco.

Añadió que en Morelos detectó seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en el Distrito Federal, entre éstas últimas dos en la delegación Cuajimalpa.

Los negocios más conocidos del matrimonio Abarca Pineda en Iguala son el Centro Joyero y la plaza comercial Galerías Tamarindos, que operan sin ningún impedimento legal, atendidos por sus familiares.

Lo anterior ocurre a pesar de que los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus abogados han exigido varias veces a las autoridades federales que se embarguen dichos bienes, pues en casos de presunto lavado de dinero debe determinarse el origen de las propiedades.

La plaza Galerías Tamarindos, valuada en más de 300 millones de pesos, está en la parte oriental del Periférico, frente a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería. Es la propiedad más destacada de José Luis Abarca y el predio donde se asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La gestión correspondiente la realizaron el exsenador perredista Lázaro Mazón Alonso y el diputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos de Abarca que tienen intereses políticos en la zona Norte.

Según reportes periodísticos, la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados al ayuntamiento de Iguala a condición de que fuera utilizado para construir “vías de acceso y áreas recreativas”.

En enero de 2008 comenzó a levantarse el centro comercial, del entonces joyero José Luis Abarca. A la colocación de la primera piedra asistieron el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (postulado por el PRD), políticos de otros partidos y mandos del 27 Batallón de Infantería.

Actualmente, la plaza alberga una tienda Comercial Mexicana, un complejo de Cinépolis, tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida. Es administrada por Roselia Abarca Velázquez, hermana del expresidente municipal, quien además es directora de la escuela privada Centro de Estudios Benemérito de las Américas. Éste es otro negocio de la familia, de acuerdo con versiones de habitantes de Iguala.

Días después de la detención del matrimonio Abarca Pineda, su hija Yazareth acudió al centro comercial, donde fue videograbada. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

Eran finales de noviembre y la mayor de los cuatro hijos de los Abarca Pineda iba resguardada por al menos cuatro hombres con radios fajados a la cintura. Se entrevistó con personal de diferentes establecimientos de la plaza, con capacidad para 42 locales.

Otro negocio de Abarca es el Centro Joyero de Iguala, uno de los cuatro más grandes de su especialidad. Ahí la actividad es normal y el único incidente se registró a mediados de abril pasado, cuando irrumpieron ahí elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El propósito de las autoridades era verificar que fuera lícita la mercancía exhibida en 11 locales de los negocios Arte en joyería Aurium, Joyería Orovel’s y Stela.

Varios medios de comunicación informaron que durante el operativo de la PGR y el SAT estuvieron familiares de los procesados, quienes mostraron la documentación que les requerían las autoridades. Éstas se retiraron sin emitir ninguna declaración.


Hasta ahora, ningún funcionario ha informado nada sobre el resto de las propiedades y negocios de los Abarca Pineda y se desconoce su situación legal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Las reservas internacionales de México sufren su peor caída desde 2008

El saldo quedó en 181 mil 40 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado del Banco de México.

El Banco de México (Banxico) informó sobre una disminución en las reservas internacionales de mil 959 millones de dólares, la octava caída consecutiva.

De esta manera el saldo, hasta el pasado viernes 25 de septiembre, quedó en 181 mil 40 millones de dólares, de acuerdo con Banxico en un comunicado de prensa emitido este martes.

Se trata de la caída más fuerte desde el 24 de noviembre de 2008, cuando las reservas internacionales disminuyeron dos mil 84 millones de dólares, informó la revista Proceso.

Las reservas internacionales acumulan una disminución de 12 mil 199 millones de dólares desde el cierre del año pasado, debido a la compra de 52 millones de dólares y una reducción de mil millones de dólares en la asignación de subastas diarias de dólares sin precio mínimo.


En otro comunicado emitido este martes, Banxico informó que la subasta diaria de dólares sin precio mínimo se extenderá hasta el 30 de noviembre, en un intento por contener el alza de la divisa norteamericana frente al peso mexicano.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Así reclamaron senadores a Osorio por Escobar, ‘El Chapo’, casas…

"¿Cuántos votos le deben al Verde que hicieron de la política un negocio redondo y no acaban de pagarles?", preguntó la senadora Layda Sansores.


Senadores del PRD, PT y PAN hicieron diversos reclamos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durente su comparecencia este martes en la cámara.

La mayoría de las críticas, en el marco del tercer informe de gobierno, se centraron el la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, la compra de casas a contratistas y la reciente incorporación del ex diputado del Partido Verde, Arturo Escobar, a la subsecretaría para prevenir el delito, de la Segob.

Uno de los discursos más encendidos fue el de la petista Layda Sansores. 

“No hay ni como ayudarle, un secretario de Gobernación debe ser el gran operador político, pero ¿qué le pasó? ¿qué la corrupción y la ineptitud también se contagian? Su supersecretaría es un súperdesgarriate. Siete subsecretarios, un gran personal, y los únicos leales a usted son su secretario particular, su chofer, y posiblemente su perro. Todos los demás son cuña que le puso Peña Nieto y es a él a quien le rinden cuentas. Peña  Nieto no lo respeta y para colmo le incrustan dos perlas. El primero es una clara roqueseñal de hacia dónde se encamina la política migratoria, y para la prevención del delito ponen a un acicalado delincuente de guante verde que representa la carroña, lo podrido en este sistema, pues ¿cuántos votos le deben al verde que ya se hicieron de la política un negocio redondo y no acaban de pagarles?”, preguntó la senadora en la tribuna.

“Con Luis Enrique Miranda, quien también acuerda en Los Pinos, cuando menos con él tiene algunas coincidencias: son vecinos, ambos con esposas con casas en Las Lomas, a quienes una de esas Higas (empresas) generosas les facilitaron la adquisición de sus viviendas“, señaló.

Sansores recordó que hace un año en el Senado, 17 días antes de los sucesos de Ayotzinapa, Osorio dijo que los centros de control de confianza habían evaluado al 100% de la plantilla activa a nivel federal y más del 93% de la estatal y municipal, para que profesionales y gente confiable cuidaran a los mexicanos.

“¡Qué maldita suerte para los estudiantes, que se tuvieron enfrentar a esa policía que pertenecía a ese 7%!”, comentó.

La senadora sentenció que el secretario de Gobernación ha vivido un “año trágico”, en el que sumó los eventos en Iguala, Guerrero, y el caso del despido de la  periodista Carmen Aristegui.

“Al nombrar a Andrés Chao, como subsecretario de Normatividad y Medios, hermanito del vicepresidente de relaciones institucionales de MVS, estaba organizando la vendetta en contra de Aristegui y su equipo, por haber dejado claro que a este país lo gobierna una pandilla que tiene vocación de pillos, y que el conflicto de intereses, sépalo bien, no es otra cosa que ser trácala, ratero, ladrón y eso son ustedes aunque pongan a Virgilio a exorcizarlos con agua bendita”, expuso.

Para la senadora, “México es una caldera ardiendo. Aristegui era una válvula de escape para tanta indignación en contra de un gobierno corrupto y cobarde. Exigimos que regrese Carmen”.

“Y ahí tiene su Tanhuato, pero ya no tiene a su Chapo y de ese ridículo mejor ni hablo. México sufre el dolor y la indignación de tener a 43 jóvenes desaparecidos… ¿Qué se necesita que suceda en este país en el que se estrena un escándalo de corrupción cada semana? El gobierno se tropieza todos los días y en donde al pobre Peña Nieto todo se le cae: se le cae el precio del petróleo, se le cae el peso, se le cae la banda, se le cae el pastel, se le cae el celular, se le cae el país. ¿Qué se necesita que suceda para que Peña Nieto y usted renuncien? No tienen autoridad moral. Lo que la sociedad siente por ustedes es un profundo desprecio. Basta de que nos sigan engañando”, abundó.

A su vez, el senador Alejandro Encinas lamentó que el discurso presidencial se dedique al populismo, cuando en realidad, “el fantasma que recorre Palacio Nacional es el de sus propios fracasos”.

Los senadores del PAN fueron más medidos: colocaron pancartas en sus lugares, donde refirieron los diferentes eventos que ha vivido el gobierno en el último año.


En letras rojas, destacaron los principales problemas, como: “Ayotzinapa”, “Casa blanca”, “Fuga del Chapo”, “Arturo Escobar”, a lo que agregaron la etiqueta “#SinConfianzaNoHayGobierno”. Los mismos asuntos también fueron reclamados por ese partido cuando subió a la tribuna.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Piden jueces a Peña evitar “designaciones políticas” en la Corte

MÉXICO, D.F: Por segunda ocasión en el año, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresó su rechazo a que el presidente Enrique Peña Nieto haga designaciones sólo por cálculo político en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con miras a la integración de las ternas que el Ejecutivo federal deberá presentar al Senado para reemplazar a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, que pasan a retiro en noviembre próximo, los jueces y magistrados le pidieron a Peña “un gesto de madurez política” y de respeto al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En una carta pública, le pidieron que integre las ternas con “personas que preferentemente hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, lo que es fundamental en este momento histórico”.

La asociación que integra a 500 jueces y magistrados de todo el país y que preside el magistrado Miguel Ángel Velarde, busca que los próximos candidatos a ministros del máximo tribunal estén “desvinculados de cualquier influencia política que puedan afectar la imparcialidad e independencia” del PJF.

Los juzgadores aludieron a la alegada pretensión de Peña Nieto de favorecer al exdirector jurídico del PRI y senador con licencia por ese partido, Raúl Cervantes, a quien en el foro de los abogados lo ubican como primo del actual consejero jurídico del ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes.

En marzo pasado, los jueces y magistrados de carrera expresaron también su rechazo a la candidatura de Eduardo Medina Mora, quien fuera embajador del actual gobierno en Washington.

Medina Mora, quien en los gobiernos del PAN fue titular de la Procuraduría General de República (PGR) y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), finalmente fue electo para cubrir la vacante del fallecido ministro Sergio Valls Hernández.

En esa ocasión, los jueces y magistrados no se dirigieron a Peña Nieto, sino al entonces presidente del Senado, Miguel Barbosa.

En vísperas de la votación en el Senado de la terna propuesta por Peña, los juzgadores salieron por primera vez a expresar su rechazo a las designaciones políticas, lo que no había ocurrido desde la reforma judicial de 1994, cuando se definió el actual proceso de selección de ministros de la SCJN.


“Dadas las actuales circunstancias del país, resulta indispensable fortalecer la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda cumplir libremente con sus responsabilidades constitucionales y la única forma de lograrlo es eligiendo a sus integrantes por sus méritos propios no por los intereses que representen, mucho menos por negociaciones políticas e intercambio de favores”, establecieron en esa ocasión los juzgadores. Pero el Senado desoyó el llamado y designó a Medina Mora como ministro hasta el año 2030.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

#LópezDórigaMártir

MÉXICO, D.F: Un viejo truco de quienes acostumbran extorsionar, mentir o alterar los hechos es convertirse en víctimas cuando se les exhibe y se les reclama rendir cuentas. Ellos no son responsables de nada, son víctimas. Ellos no cometen ningún delito, son mártires. Ellos son perseguidos por la verdad, cuando la mentira no alcanza a cubrirlos.

Esta es la línea de respuesta de Joaquín López Dóriga, conductor estelar de Noticieros Televisa, ante el reportaje que publicamos en Proceso: “Cuando el micrófono tiene precio”.

Su respuesta ha sido a través de las rede sociales, especialmente en su cuenta @lopezdoriga en Twitter, donde el maestro de la gacetilla electrónica no ha negado ni aclarado nada. Simplemente se dice víctima de una calumnia y de una “campaña” orquestada por el “gran capital”.

Desde el sábado 26 de septiembre, cuando comenzó a circular la edición 2030 de Proceso, López Dóriga redactó:

“Los hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital, para poder sobrevivir. #Proceso. Don Julio se volvería a morir de vergüenza”.

“Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso, por su crisis, entregado al gran capital”.

El león cree que todos son de su condición. La demanda por presunta extorsión, interpuesta por María Asunción Aramburuzabala es un hecho público y en tribunales, al que López Dóriga no responde. Y el reportaje de Proceso abunda y documenta lo que desde hace mucho tiempo los políticos y empresarios dicen, pero no se habían atrevido a señalar, salvo algunas notables excepciones.

En el colmo de su despropósito, López Dóriga ha acudido a don Julio Scherer García, periodista de una superioridad ética a toda prueba, frente a la práctica constante de vender las menciones en el micrófono.

Se “olvidó” el propio López Dóriga de lo que don Julio escribió de él en su libro Vivir:

“Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludovsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean”.

Claro y contundente, Scherer García marcó una clara distancia entre el periodismo servil que se sirve del poder para hacer negocios y un periodismo crítico, incómodo, que trabaja para sus lectores, no para sus patrocinadores. De eso se olvida convenientemente López Dóriga.

Y la línea marcada por Scherer García se ha mantenido con toda claridad antes, durante y después de su separación de la dirección de la revista. Rafael Rodríguez Castañeda y el equipo de periodistas que integramos esta redacción nos guiamos por esa clara marca ética que nos heredó.

Dos días después, en su misma cuenta de Twitter, López Dóriga apostilló:

“Buenas noches. Recuerden: la infamia fortalece”.

Y decenas de usuarios de redes sociales le han respondido con frases como las siguientes:

“¿Infamia? ¿Por qué no lo peleas como difamación? Simple, no puedes, engañas a los ignorantes, la nueva generación no es pendeja” (@eclocionental).

“Explicación no pedida, acusación manifiesta” (@quecadeflor).

“Dice @lopezdoriga que la infamia fortalece…Le faltó agregar que la corrupción enriquece” (@Tonnto05).
Este martes, López Dóriga informó que hackearon su página on line:

“Sigue la persecución en mi contra. Ahora hackean mi página”.

La reacción de los tuiteros fue crear un hashtag #LópezDórigaMártir que no generó la ola de apoyos que quizá esperaba el vocero consentido de los presidentes. Al contrario, la ironía y la falta de credibilidad fueron las reacciones más comunes:

“Lo que nos faltaba: #LópezDórigaMártir de la libertad de expresión, héroe del periodismo crítico y comprometido”, redactó el columnista Julio Hernández en su cuenta @julioastillero.

“Y que se enrolla en la bandera y en su propio castillo, se avienta al vacío” (@Indigoso).

“Y la popularidad de López Dóriga sigue a la baja, hasta aquí mi reporte Joaquín. #LopezDórigaMártir” (@g2_lopez).
“Cuando #LópezDórigaMártir comentó que hackearon su cuenta, imaginé que había transferido sus 237 millones al Teletón” (@BellApis).

El problema para quienes se acostumbraron a reinar desde el micrófono analógico es que no están acostumbrados a la deliberación y a la respuesta crítica de las audiencias. Ellas no pagan, ellas no cobran, ellas no extorsionan.

Simplemente son el reflejo de un declive que no es producto de ninguna campaña sino la cosecha acumulada de tantas mentiras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Arteaga, la tierra de “La Tuta”, se queda sin seguridad

ARTEAGA, Mich: Al menos 50 elementos de la Fuerza Rural de este municipio, donde nació y creció el líder templario Servando Gómez Martínez “La Tuta”, desertaron de le agrupación debido a una serie de abusos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y por falta de pago de salarios, según denunciaron.

Los elementos de la policía estatal abandonaron a las dos de la madrugada de este martes el domicilio que tenían habilitado como cuartel. Se llevaron consigo armas y uniformes, incendiaron una camioneta Nissan estaquitas y manifestaron su descontento con el gobierno estatal.

Un elemento que decidió continuar en el lugar dijo que los inconformes se retiraron por su propia cuenta porque les adeudan varios meses de sueldo y dijeron sentirse abandonados por la SSP estatal que los tenía dados de alta desde hace más de un año.

Las fuerzas rurales tomaron sus armas y uniformes esta madrugada para retirarse del pueblo y también por temor a represalias de la delincuencia organizada, ya que en este municipio ambos bandos han librado una cruenta batalla que ha dejado varios líderes muertos.

Apenas el pasado 11 de julio un grupo armado atacó a balazos el domicilio habilitado como cuartel de esta corporación y dejó lesionado de bala y esquirla de granada a un policía estatal.

Días después de estos hechos, se desataron varias balaceras en el poblado y municipios aledaños que dejaron varios muertos, entre ellos importantes líderes de la Fuerza Rural.

La semana antepasada cerca de Morelia, se localizó otra camioneta abandonada de la Fuerza Rural, con armas y uniformes.

Según algunos elementos, el problema es que no los dotan de suficiente parque y armamento, les retrasan los sueldos y ellos tienen que pagar de su bolsa los exámenes de control y confianza cuando deben ser gratuitos.

Un comandante que controla La Huacana, Churumuco y Múgica (Nueva Italia), cuya identidad se omite por seguridad, afirmó que hacen falta más elementos y vehículos, sobre todo en la Tierra Caliente y la Costa, donde la Fuerza Rural se tiene que apoyar en los grupos de autodefensas.

“Hay muchas rancherías donde los habitantes mantienen sus armas para enfrentar al crimen organizado que ya regresó a la zona, y el Ejército Mexicano y la Armada de México, no entienden eso, y de paso los quieren arrestar (a la Fuerza Rural).


“Existe como un encono contra ellos y los autodefensas, porque sí son queridos por el pueblo y los ayudan, al contrario de lo que ocurre con el gobierno federal, que no lo quieren, porque dicen que están ligados al crimen organizado o son parte de él”, dijo el comandante.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Espera la CIDH poder dialogar con militares sobre Ayotzinapa

La reunión se realizaría "si tenemos oportunidad de hacer las preguntas nosotros", dice la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Belle Antoine.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), Rose-Marie Belle Antoine, afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes “es una tragedia de derechos humanos, y le hemos encargado a los expertos que atiendan este tema en particular”.

Sobre una posible reunión con los elementos del Ejército mexicano (del 27 Batallón de Infantería de Iguala), destacó: “Nosotros nos reuniremos (con los miembros del Ejercito), si es que tenemos oportunidad de hacer las preguntas nosotros”. Dijo también que la CIDH espera que esa reunión puede efectuarse.

En entrevista, dijo que se hará el esfuerzo para que “el gobierno mexicano siga las recomendaciones. Vamos a presentar un informe en el que se detallarán todos los temas sobre derechos humanos. Pero este no es un hecho aislado”.

De la impresión que le deja la reunión con los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, manifestó que en México “hay muchas historias muy tristes. La de Ayotzinapa es de las más tristes. Siento pesar por todas las familias”.

Con la petición de que el gobierno mexicano permita el diálogo con elementos del Ejército Mexicano, concluyó la reunión entre miembros de la CIDH y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Alrededor de las 13:00 horas y luego de reunirse unos 40 minutos con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, los miembros de la CIDH realizaron un recorrido por el plantel de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En entrevista, Rose-Marie Belle Antoine manifestó su solidaridad con los padres de familia y señaló que esperan que el gobierno mexicano acceda a un diálogo con elementos del Ejército Mexicano.

Más tarde, prevén una reunión con desplazados por la delincuencia organizada de San Miguel Totolapan, así como con representantes de organizaciones sociales y con el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.


La CIDH es encabezada por Rose-Marie Belle Antoine y James L. Cavallaro, presidenta y primer vicepresidente, respectivamente, así como por el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Concede jueza federal amparo a Grupo Higa para ocultar crédito de 2 mil 775 mdp

El préstamo fue para construir la autopista Naucalpan-Toluca, cuya concesión fue dada cuando el hoy presidente Peña Nieto era gobernador del Edomex.

Una jueza federal suspendió por tiempo indefinido la difusión pública de los detalles del crédito de 2 mil 775 millones de pesos que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó en 2012 a una filial de Grupo Higa.

La suspensión fue concedida el 24 de septiembre por la jueza Laura Gutiérrez de Velasco, a raíz de un amparo promovido por Autopistas de Vanguardia, filial de Higa que obtuvo la concesión para construir y operar la autopista en abril de 2007, cuando Enrique Peña era gobernador del Estado de México.

De acuerdo con Reforma, el amparo busca declarar ilegal la resolución del pasado 2 de septiembre del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en la que ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) publicar acta de la sesión de octubre de 2012.

Los recursos habrían sido para construir y operar la autopista Naucalpan-Toluca, la cual ha generado protestas de pobladores de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el municipio Lerma, Estado de México.

Los habitantes de la zona solicitaron en julio de este año a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitir medidas cautelares para evitar que se construya la autopista Toluca-Naucalpan, por la filial de Grupo Higa, la empresa vinculada al escándalo de propiedades y conflicto de interés del Presidente.


Grupo Higa ha sido señalado por ser un contratista cercano al gibierno federal, fue quien financió la casa blanca de Enrique Peña Nieto, la casa de Malinalco de Luis Videragray y fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública tras una investigación.

DOCUMENTOS:

Recurso de revisión RDA 3647/2015 contra Banobras by Aristegui Noticias:



El pasado 2 de septiembre de 2015 en el pleno del INAI se presentó y discutió el proyecto RDA 3747/15
Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS)
Folio de solicitud: 0632000021415
Sobre el caso:
El particular solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) tres contenidos relacionados con la autorización de recursos por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.


BANOBRAS respondió que no fue posible localizar la información relacionada con su Consejo Directivo y reservó el resto por secreto bancario. Inconforme, el particular impugnó esta respuesta ante este Instituto. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.

INFOGRAFÍA:



De acuerdo al análisis del caso, esta ponencia considera que:

1) El agravio del particular en cuanto a la inexistencia de información es parcialmente fundado por dos motivos

a) Las autorizaciones de créditos otorgadas por BANOBRAS se realizan según el monto de los mismos. Dado el monto del crédito que nos ocupa en este caso, no correspondió autorizarlo al Consejo Directivo de BANOBRAS, sino al Comité Ejecutivo de Crédito. Esto explica por qué no existe información relacionada con el Consejo Directivo ya mencionado.

b) No obstante, esta aclaración fue hecha por el sujeto obligado hasta la intervención de este Instituto, esta debió ser indicada desde la respuesta inicial. Al omitir este acto, la respuesta de BANOBRAS dejó sin certeza jurídica al solicitante.

2) Respecto a la reserva de información por secreto bancario, el agravio del particular sí es fundado.

a) La información solicitada no se refiere en sí al contrato de crédito, sino a las actas de las sesiones que dejan constancia sobre cómo cumplieron con sus atribuciones las autoridades de BANOBRAS. Por lo tanto, esta información no puede ser reservada.


b) Ahora bien, la información solicitada contiene el nombre de un Consejero independiente que no tiene el carácter de servidor público y debe ser testado por ser considerado dato personal.

Resolución:

Esta ponencia solicita acompañar su propuesta que consiste en MODIFICAR la respuesta de BANOBRAS e instruirle comunicar al particular las razones por las que declaró inexistente la información sobre una autorización hecha por su Consejo Directivo sobre recursos destinados al proyecto de la autopista estatal de cuota Toluca-Naucalpan, así como entregarle el acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito, fechada el 26 de octubre de 2012, que contiene el acuerdo de otorgamiento de un crédito para financiar bajo la modalidad de un título de concesión, de la autopista referida. Deberá ser protegido el nombre del Consejero Independiente que obra en el acta de mérito.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2909/mexico/concede-jueza-federal-amparo-a-grupo-higa-para-ocultar-credito-de-2-mil-775-mdp/

Despidos masivos en el Congreso de Morelos; denuncian que nuevos legisladores darán plazas a sus aliados

CUERNAVACA, Mor: La actual Legislatura del Congreso estatal heredó de la anterior un déficit presupuestal de 32 millones de pesos, así como personal de confianza en nómina que no fue liquidado antes del 31 de agosto, cuando ocurrió el relevo en el Poder Legislativo morelense.

Ante esta situación, los diputados actuales decidieron despedir a 260 trabajadores, algunos de los cuales tenían más de una década de antigüedad.

La coordinadora del PRD y presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Hortencia Figueroa Peralta, reveló que de acuerdo con la información financiera que les fue presentada, existe un déficit de al menos 8 millones de pesos mensuales para poder soportar el gasto corriente y los compromisos con proveedores, lo que provoca un boquete financiero de 32 millones de pesos.

A este déficit habrá que sumar el pago de las liquidaciones del personal de confianza que heredó, también, la anterior legislatura. De hecho, algunos diputados han señalado que sus predecesores utilizaron los recursos previstos para el pago de las liquidaciones para otros fines, entre ellos el pago a medios de comunicación durante las campañas, lo que violaría la ley electoral.

De acuerdo con la información del Congreso local, para liquidar a los 260 trabajadores del Congreso se requieren casi 7 millones de pesos.

Los primeros 200 despedidos corresponden a áreas de las secretarías de Servicios Legislativos y Parlamentarios; de Finanzas; así como de Informática; Protocolo; Activos Fijos; Comunicación Social; Seguridad, y Mantenimiento y Limpieza.

Contrario a esta tendencia, en la Mesa Directiva se ha observado la contratación de personal femenino para asistir al presidente, el priista Francisco Moreno Merino.

Despidos, por razones políticas

Los trabajadores reaccionaron con disgusto ante la medida, que fue comunicada casi en secrecía, para evitar la exposición a críticas públicas.

De acuerdo con algunos de los despedidos, la medida no tiene relación con la falta de recursos o con que los empleados realicen mal su trabajo, sino con que los nuevos diputados quieren otorgar plazas a sus subordinados y a aquellos grupos que los apoyaron durante la pasada campaña electoral.

Los trabajadores confirmaron que ya fueron citados por la nueva Jefa de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Congreso, Karina Arteaga -quien pertenece al Partido Movimiento Ciudadano y en la ultima década ha brincado por la nomina de distintas áreas del Poder Legislativo.

Los trabajadores fueron advertidos que su finiquito consistirá únicamente en las partes proporcionales de sus prestaciones de ley, más una liquidación equivalente a mes y medio de su salario, contraviniendo la Ley Federal del Trabajo, que al menos les garantizaría tres meses, más lo correspondiente a su periodo de antigüedad.

Despidos también en el Ejecutivo

En tanto, la Secretaría de Salud del gobierno del estado informó que despidió al 30 por ciento de su personal administrativo, derivado de la disminución al presupuesto que sufrirá la dependencia producto del recorte federal para el año siguiente.

Entre las áreas que sufrieron recorte se encuentra el fondo en materia de calidad para equipamiento de hospitales.

La dependencia anunció que ha solicitado un incremento a nivel estatal para la contratación de personal médico y enfermeras para trabajar en los centros de salud y cubrir el ausentismo programado del personal sindicalizado y abrir programas completos, entre ellos de Diálisis y Hemodiálisis, que han dado a conocer recientemente los diputados, así como todos aquellos programas que no son cubiertos por el Seguro Popular.

La funcionaria reconoció que todavía no se conoce cuanto será la reducción a cada estado, aunque se sabe que a nivel federal el recorte es de 3 mil 500 millones de pesos.

“Lo que nosotros estamos esperando es que el recorte sea en la plantilla de personal tal y como nosotros en el Gobierno del Estado lo hemos hecho, ya que tuvimos que alinearnos y recortar al 30 por ciento de nuestro personal en la Secretaría de Salud, por lo que confiamos en que el recorte sea menos en las transferencias que mandan a los estados lo que se denomina capítulo 4 mil”, sostuvo.

Este 30 por ciento de recorte de personal corresponde a áreas administrativas, teniendo en consideración que la Secretaría de Salud como oficina no brinda atención médica.


Las áreas que dan atención al público son servicios de Salud, Hospital del Niño Morelense y DI.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)

Confirman orden de captura contra exalcaldesa y cuatro exfuncionarios por desvío de 464.8 mdp

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: La exalcaldesa priista de la capital Victoria Labastida Aguirre, así como cuatro exfuncionarios de la administración 2009-2012 son buscados por autoridades ministeriales en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el juez sexto local en un proceso iniciado por peculado, uso indebido de la función pública y otros delitos.

El monto involucrado en estos delitos es 464.8 millones de pesos.

La orden de captura fue confirmada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, quien aseguró que este procedimiento es consecuencia de un proceso judicial iniciado en el sexenio pasado. No obstante, la medida se da a conocer a solo dos días de que Carreras asumió el cargo.

“No es un tema opcional para el gobierno; cuando hay un ordenamiento de una autoridad judicial la administración gubernamental está obligada a dar cumplimiento”, declaró esta mañana el gobernador.

El proceso fue iniciado por la Auditoría Superior del estado, tras la detección de diversas irregularidades atribuidas a la exalcaldesa, así como a su tesorero, Agustín Soberón Álvarez; el secretario del Ayuntamiento Emigdio Ilizaliturri Guzmán; la contralora Glafira Ruiz, así como el regidor Miguel Ávalos Oyervide, quien reemplazó a Labastida cuando ésta pidió licencia para ser candidata al Senado.

En abril del año pasado se inició un proceso administrativo de responsabilidad, del cual estarían derivando la orden de aprehensión contra todos los exfuncionarios municipales encabezados por Labastida.

Victoria Amparo Labastida Aguirre, psicóloga de profesión, fue funcionaria del gobierno estatal y diputada local de 2006 al 2009, cuando dejó su curul para buscar la alcaldía de la capital.

Compitió como única mujer candidata por la presidencia municipal de la capital en 2009, haciendo mancuerna con el candidato a gobernador Fernando Toranzo Fernández, de quien se distanció una vez que ambos ganaron las elecciones.

Con su triunfo, Labastida rompió la hegemonía del PAN en este municipio, que el blanquiazul gobernó durante 12 años.
Entre las irregularidades imputadas a los exfuncionarios se encuentran: Numerosos viajes dentro del territorio nacional y al extranjero cuyos beneficios para el municipio no fueron evidenciados, contratación de deuda sin permiso del Congreso, aumento de la burocracia, asignación del servicio de agua a una empresa particular, tráfico de influencias para permitir la instalación de tiendas departamentales y varias anomalías en la asignación de obras.

Uno de los problemas más graves heredados por García Valdez fue el incremento de la deuda pública municipal adquirida por Labastida, pues la cifra pasó de 223 millones a casi mil 300 millones en el trienio de la exalcaldesa.

Victoria Labastida y sus colaboradores más cercanos también dispusieron de tarjetas corporativas con cargo al erario, con las cuales pagaban las cuentas de sus viajes, según publicó el diario Pulso en 2012.

También le fueron señaladas violaciones a derechos humanos cometidas por policías municipales; disposición irregular de reservas territoriales y la falta de autorización del Congreso en la venta de varios inmuebles del patrimonio municipal.

Labastida pidió licencia en enero de 2012 para ser candidata al Senado, elección que perdió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Imponen al primo del gobernador electo de Guerrero como presidente del Concejo de Tixtla

CHILPANCINGO. GRO: El pleno del Congreso designó esta madrugada, en sigilo y por mayoría, al Concejo Municipal de Tixtla.

El concejo asumirá funciones de cabildo después de que el pasado 7 de junio se anuló la elección tras la protesta realizada por normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

La designación fue imputada por la diputada local María de Jesús Cisneros Martínez, del Movimiento Regeneración Nacional, quien argumentó que el Congreso violó la Constitución al no instalar un concejo sino un cabildo, es decir, “no designaron concejales, sino ediles”.

El resto del pleno legislativo aprobó por 41 votos el dictamen donde designó al priista Raúl Vega Astudillo presidente del Concejo Municipal, y a Pedro Bartolo Santos como Síndico procurador.

Vega Astudillo es primo del gobernador electo, Héctor Astudillo Flores. Durante varios años ocupó cargos de primer nivel en la Secretaría de Educación en Guerrero y actualmente es un empresario; reside en Acapulco.

Bartolo Santos es egresado de la normal de Ayotzinapa, originario del poblado de El Troncón, municipio de Tixtla que forma parte del movimiento social que se conformó para exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes.

Los ocho miembros restantes del concejo que fueron nombrados como “regidores”, son militantes del PRD, Convergencia y PT, así como integrantes del movimiento popular de Tixtla.

La diputada María de Jesús Cisneros denunció en tribuna que sus compañeros de la LXI legislatura local designaron a los miembros de un Cabildo que sólo puede ser electo en comicios extraordinarios.

“Es por eso que este Congreso al designar a un presidente, síndico y regidores está violando la Constitución al pretender suplantar la voluntad popular”, expresó la legisladora, quien también es activista fundadora del movimiento de madres de personas desparecidas en Chilpancingo.

La fracción mayoritaria del PRI en alianza con el PRD y el resto de partidos representados en el Congreso tomaron protesta cerca de las 03:00 horas al nuevo presidente del Concejo Municipal de Tixtla, Raúl Vega Astudillo.

Se espera que este día, el alcalde perredista de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca, realice la entrega recepción del área administrativa del Ayuntamiento a los miembros del recién designado concejo, para que mañana asuman funciones, junto con los 80 alcaldes electos en la entidad.


La elección en Tixtla fue anulada luego de que los normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos impidieron la instalación del más del 60 por ciento de casillas y quemaron las urnas en la plaza central de este lugar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.