El Dragonario: 09/12/15

sábado, 12 de septiembre de 2015

Brutal revés para el ‘perro guardián’ de Peña Nieto

Jesús Murillo Karam justificó las acciones y las omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la toma de posesión de éste, en 2012; le dio carpetazo al estallido de la torre de Pemex en 2013 y quiso hacer lo mismo con la tragedia de Iguala, el año pasado, con una “verdad histórica” que ocultaba más de lo que revelaba. Bastó que un grupo de especialistas independientes analizaran el caso para que se cayera esa versión, fabricada para justificar la indolencia federal y deslindar del crimen al Ejército y a los policías federales.

MÉXICO, D.F: La tarde del 31 de enero de 2013 una detonación cimbró las estructuras de la Torre B2 del complejo de edificios de Pemex. Sobre la avenida Marina Nacional, en la Ciudad de México, se expandieron el pánico, el humo y las inmediatas especulaciones. Fue una detonación similar a un sismo que derrumbó la estructura diseñada por el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante y dejó a decenas de personas atrapadas en los escombros.

El gobierno de Enrique Peña Nieto apenas cumplía dos meses. Las versiones sobre un atentado proliferaron dentro y fuera de la emblemática paraestatal. La administración federal necesitaba darle un “carpetazo” al episodio, que dejó un saldo oficial de 37 muertos, y para eso utilizó al político de gesto duro, implacable y eficaz en estas tareas: el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Cinco días después del accidente, el 4 de febrero, Murillo Karam lanzó su primera y polémica “verdad histórica” en medio de la suspicacia social: la explosión fue causada “por gas acumulable”.

Cuando los reporteros le preguntaron en conferencia de prensa por un maletín encontrado en los escombros, el exgobernador de Hidalgo soltó lo que pretendía ser un chiste: “Abren la maleta y se encuentran lo más peligroso para un hombre: cosméticos de mujer… y es lo más peligroso que traía esa maleta”.

Ese chiste posicionó a Murillo Karam como uno de los funcionarios del gobierno de Peña Nieto más repudiados en las redes sociales. En menos de cuatro horas, a las 10:20 de la noche, había más de 10 mil comentarios negativos hacia su declaración en Twitter, según el sitio especializado Topsy.

Aún no había pronunciado el famoso #YaMeCansé. Ésta la dijo al final de la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando en el mismo puesto de procurador fue perfilando su “verdad histórica” sobre el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre en Iguala.

#YaMeCansé se convirtió en el hashtag más replicado hasta ahora en las redes sociales en México. Entre el 7 y el 20 de noviembre, fue mencionado en más de 10 millones de mensajes de Twitter y más de 15 millones en Facebook.

Esas tres palabras se convirtieron en el síntoma de hartazgo, irritación social e incredulidad ante el relato de una especie de holocausto a la mexicana ocurrido en el basurero de Cocula. Como en el caso de la Torre de Pemex, Murillo Karam pretendió darle “carpetazo” a una investigación y a la discusión sobre el paradero de los 43 normalistas.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Una “verdad histórica” a base de intimidación y falsedades

La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y que concluye que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, se armó al vapor y basándose en párrafos de literatura científica sacados de contexto. Está llena de datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones.  Y cuando los testimonios y los estudios serios empiezan a demoler las increíbles hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios apuntan hacia el ámbito militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.

MÉXICO, D.F: El gobierno federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas.

Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes.

Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de Infantería en los hechos de Iguala.

Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras.

Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día 23 –una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber sido cremados ahí–, militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad.

“Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a declarar.

Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo. Millán insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna.

Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su “verdad histórica” sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión: en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero.

Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: “No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso”.

Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles comida.

Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO les dijeron que “si no recordaban” y “si no dejaban de decir mentiras” iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos.

Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes.

A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences –ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo.

Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Medios, ONGS y analistas extranjeros exigen a México la verdad sobre caso Ayotzinapa

Medios de comunicación, organizaciones y analistas extranjeros han exigido que el Gobierno mexicano, en todos sus niveles, diga la verdad  sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayoztinapa desaparecieron sin que hasta el momento se conozca su paradero o si continúan con vida.

Eric Witte, gerente del proyecto de ensayos nacionales sobre crímenes graves de la organización Open Society Justice Initiative, publicó un análisis titulado “En busca de respuestas, y liderazgo en Guerrero”, en el cual hace énfasis en la desconfianza y el miedo ciudadano hacia las autoridades.

Dice que las desapariciones de Ayotzinapa desenmascararon las “horrendas realidades de atrocidad e injusticia en Guerrero” y que la crisis llevó al estado hasta el borde de la desestabilización. “Pero también hay una ventana de oportunidad”, señaló.


Por su parte, Uta Thofern, directora del departamento para América Latina de Deutsche Welle, opinó en el portal del medio alemán que el reciente informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala revela “no solo el fracaso de las investigaciones oficiales, sino también un completo error de cálculo del Gobierno”, y que además, esta no es la primera vez que Peña Nieto y sus funcionarios se equivocan en sus versiones “inverosímiles” sobre el caso.
“‘La verdad histórica’ del gobierno de Enrique Peña Nieto se vino abajo”, señaló Radio Francia Internacional (RFI) en un reciente reporte.

“Queda claro que el gobierno es responsable” porque “se podían haber salvado vidas y no lo hicieron”, aseguró por otra parte, Santiago Canton, director ejecutivo de derechos humanos en Washington de la fundación Robert F. Kennedy y ex Secretario ejecutivo de la CIDH.
“Los pilares básicos de la versión del gobierno mexicano sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han sido fuertemente cuestionados”, dijo también la BBC en su versión internacional.

Los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en cuestión tres elementos básicos de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos, los motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso. “Este es un resumen de las principales conclusiones del informe, de 550 páginas”, dice el medio británico.

En respuesta, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, exigieron al Presidente Peña Nieto el regreso con vida de sus hijos, o en su defecto, su renuncia al cargo de mandatario nacional.

Andrew Selee, del Centro Woodrow Wilson, le dijo en entrevista a Public National Radio (NPR), que el informe del Grupo de expertos de la CIDH pone en duda lo que ha sido, probablemente, “la investigación de más alto perfil por el gobierno mexicano en los últimos dos años”, lo que hizo que el gobierno mexicano se pusiera “nervioso” e “incómodo”.


INVESTIGACIÓN “SIN PRIVILEGIOS”

La Open Society Justice Initiative visitó Chilpancingo, la capital guerrerense, durante el verano del año pasado “para averiguar por qué ha habido tan poca responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones y torturas ocurridas” en aquella entidad de la República.
“Las estadísticas y la sociedad civil locales atribuyen la situación a fallas sistémicas generalizadas en todos los niveles del sistema de justicia penal. Sin embargo, los funcionarios del gobierno nos aseguraron que se trataba sólo de delincuentes matándose entre sí [la violencia] que no se había perjudicado a inocentes”, escribió Witte.

De acuerdo con el equipo de investigación de la Open Society, los funcionarios locales de procuración de justicia les afirmaron en ese momento, que nadie había sido declarado culpable por desaparición y tortura, simplemente porque “éstas no son problemas en Guerrero”.

Ocho días después, escribió Witte, en Iguala, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos. Seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron.
“El caso escandalizó a la sociedad mexicana, y al mundo entero, y puso en serios aprietos a los políticos”, opinó el gerente de proyecto sobre crímenes graves de la Open Society.

Por su parte, el Instituto de Justicia Procesal Penal dijo que desde hace muchos años diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas.

“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”, dijo el Instituto a través de un comunicado.


“Demandamos que las instituciones de justicia federal reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR”, dijo el Instituto de Justicia Procesal Penal.
“Exigimos verdad, justicia y reparación. Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”, finalizó en su comunicado.

También los integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos difundieron una carta dirigida a Enrique Peña Nieto. En ella dijeron que para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche “trágica”, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad.

“El combate a la corrupción e impunidad ha sido algo central en su discurso el pasado 2 de septiembre en el Tercer Informe de Gobierno, confiamos en que lo lleve a cabo”, dijeron.


AYOTZINAPA NO PODRÁ IR ANTE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Patrick Timmons, investigador de derechos humanos que enseña Historia en El Paso Community College, calificó en una editorial publicada en Counter Punch, como una “victoria pírrica” el informe de los expertos de la CIDH, ya que dijo que todavía no hay justicia para los desaparecidos de Ayotzninapa”.

Dijo también el Estado mexicano sabe que el informe Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa, es sólo eso, la expresión de expertos independientes, y que por ello, las víctimas no recibirán el “estándar de oro” de la justicia, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


El investigador estadounidense aseguró también que las recomendaciones emitidas por la CIDH no son entran en la definición estricta de la justicia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos (en concreto la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en la cual existe la justicia sólo cuando el Estado reconoce su responsabilidad por las violaciones, ofrece reparación a las víctimas, así como las reformas de sus prácticas y procedimientos para que las violaciones no vuelvan a ocurrir.
“El informe del GIEI no ofrece ninguno de estos objetivos, por lo que sus recomendaciones emitidas no son jurídicamente vinculantes, esto a pesar de que los expertos trabajaron bajo el mandato de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el consentimiento del Estado mexicano”, escribió Timmons.

Además esclareció que la CIDH no puede obligar a un Estado a admitir su responsabilidad, reparar y garantizar la no repetición de violaciones, y la única forma de lograr esto es asegurar un juicio en un tribunal internacional.
“Los Estados que forma parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, rara vez, o nunca, desobedecen explícitamente órdenes judiciales de la Corte. Los Estados partes están más dispuestos a desafiar a la Comisión, por lo que la Corte existe: para forzar que los que los Estados que abusan y cometen graves crímenes contra los derechos humanos cumplan con su responsabilidad de admitir los hechos”.

Timmons dice además que el informe del GIEI presenta obstáculos a los requisitos exigidos por las normas de admisibilidad ante la Comisión y la Corte. El Grupo de la CIDH ha utilizado su experiencia para dar claridad a corto plazo para el caso Ayotzinapa, “algo psicológicamente importante para las familias de las víctimas”, y su informe demuestra que se deben de desestimar las teorías falsas del Estado.

Pero el resultado más probable es que las víctimas de Ayotzinapa no recibirán un juicio de la Corte internacional. “¿Por qué?”, se pregunta el investigador, porque el Estado mexicano ahora afirmará que está agotando los recursos internos necesarios establecidos por la ley, y que por ello ha financiado y permitido que los expertos del GIEI trabajaran en México y emitieran un informe sobre Ayotzinapa, “que ha superado los requisitos en virtud de la propia legislación penal interna mexicana.”


Por lo tanto, asegura Timmones, lo que el GIEI ha hecho es señalar las deficiencias del Estado mexicano en la investigación de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, de una manera que le ayudará al Gobierno mexicano evitar un litigio en un tribunal internacional.
“Lo que el Estado mexicano ahora tiene que hacer es demostrar que ha tomado el informe en serio y trató de poner en práctica sus recomendaciones. Ni la Corte, ni la CIDH, pueden aportar pruebas en base a las recomendaciones del GIEI, porque el informe se ha producido fuera de los procedimientos formales, ya sea en la Comisión o en la Corte”, afirma Timmons.

“No es de extrañar, entonces, que inmediatamente después de la publicación del informe, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuiteó que su gabinete debe tener en cuenta los resultados de la investigación del GIEI. Mientras el Estado mexicano pueda decir que se está tratando de cumplir con el informe, más se puede retrasar que las familias de las víctimas pidan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abra un caso formal”. Y sin una petición ante la CIDH no puede haber ningún caso en la Corte, dice el investigador.

EN GUERRERO “NO PASA NADA”, SEGÚN EL GOBIERNO

El autor del análisis publicado en el portal de la Open Society recordó que las decenas de fosas clandestinas que se han encontrado en aquella entidad, y que búsqueda de estas representan un gran riesgo para los grupos de autodefensas y las familias de los normalistas, que están motivados por “la indignación y el impulso de las familias del caso Ayotzinapa”, quienes siguen exigiendo sancionar a los responsables y también que las autoridades rindan cuentas.
“A pesar de las afirmaciones poco confiables de los funcionarios federales a cargo de la investigación del caso, los 43 estudiantes desaparecidos aún no han sido encontrados”, escribió el analista.

Witte enfatizó que a sólo unos días del primer aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, algunos funcionarios estatales continúan negando que Guerrero está atravesando una crisis de atrocidad e injusticia.

“Mientras el nuevo Congreso estatal y el Gobernador recién electos se preparan para asumir sus cargos públicos en Guerrero, ¿podrán combatir las causas que subyacen a la impunidad en el estado?”, se preguntó el analista de la Open Society.


Witte también hizo referencia al reporte que fue difundido hace unos días por su organización, realizado en conjunto con con dos organizaciones civiles locales, titulado Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, mismo “que es parte de un proyecto más amplio sobre justicia para las atrocidades ocurridas en México”.
“El reporte analiza la información disponible sobre la magnitud de asesinatos, desapariciones y tortura en Guerrero. También analiza las razones subyacentes a la casi total falta de sanción y rendición de cuentas por estos crímenes. Finalmente, identifica los temas más fundamentales a los que el nuevo gobierno debe dar prioridad con el fin de poner fin a la crisis”, dice Witte.

La falta de justicia ante ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas en Guerrero se debe principalmente a que el sistema de justicia ha sido influenciado por un Poder Ejecutivo “autoritario” y sin contrapesos y a que la policía, encargada de investigar y perseguir los delitos, está “profundamente implicada en la perpetración de atrocidades”, dijo la Open Society en su reporte, mismo que fue reseñado por SinEmbargo.

El autor del análisis señaló que a pesar de que Guerrero es uno de los estados más pobres y violentos de México, en dicho estado jamás se ha emitido una condena por estos delitos (guerra sucia, homicidios, desapariciones forzadas y/o involuntarias, además de tortura).
“¿Por qué motivo la falta justicia por atrocidades en Guerrero ha sido casi absoluta?”, se preguntó Witte en su análisis.

El analista dijo que puede haber dos respuestas: la falta de profesionalismo de la Policías y funcionarios del sistema de procuración de justicia, pero que lo más importante es que “los problemas de fondo son políticos”.
“Los gobiernos anteriores han permitido a los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y a la policía investigadora el uso de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura, y la tortura de sospechosos como forma de castigo extrajudicial. Esto es en sí mismo un delito pero también produce información profundamente débil y poco confiable, además de que permite que los funcionarios públicos implicados no investiguen casos de tortura en contra de ellos mismos”, dijo Witte.

El analista indica que los sistemas de justicia funcionan cuando hay mecanismos de rendición de cuentas adecuados, pero en Guerrero dichos mecanismos son disfuncionales o están bajo ataque. Asegura además, que el Ejecutivo ha interferido en el Poder Judicial, y el Congreso de Guerrero ha fracasado casi absolutamente en detener tales abusos.

Señala que las organizaciones de la sociedad civil han sido quienes más han presionado para que se hagan reformas, pero en respuesta han enfrentado difamaciones, amenazas y violencia por parte de los funcionarios estatales y organizaciones criminales.
Witte otorgó soluciones al final de su análisis: “Los problemas arraigados requieren reformas profundas”, escribió.

Exigió al gobierno estatal crear una vice fiscalía independiente para la investigación y persecución de atrocidades y abusos de derechos humanos, así como establecer equipos integrales y multidisciplinarios para la investigación de los cientos de desapariciones sin resolver. También pidió lanzar un programa masivo –con asistencia nacional e internacional- para localizar, exhumar e investigar fosas comunes y clandestinas.

Witte solicitó al gobierno de Guerrero que los servicios periciales y de protección de testigos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del Fiscal General del estado, así como modificar la ley de tortura y crear un comité de supervisión de la Comisión de los Derechos Humanos local “que fue debilitada por el Ejecutivo”, además de reestructurar la policía estatal con un nuevo énfasis en la investigación adecuada de delitos.
“Para terminar con la crisis de atrocidad e injusticia de Guerrero, él y el recién electo Congreso tendrán que actuar con firmeza y rapidez”, finalizó Witte.

Uta Thofern, de Deutsche Welle, opinó en el portal del medio alemán que el reciente informe de los expertos independientes de la CIDH sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, revela, no solo el fracaso de las investigaciones oficiales, sino también un completo error de cálculo del Gobierno, y que además, esta no es la primera vez que Peña Nieto y sus funcionarios se equivocan en sus versiones “inverosímiles”.

“No es ninguna sorpresa que los expertos designados por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considere inverosímil la explicación oficial de lo ocurrido en Iguala”, escribió Thofern.

“También es conocido el patrón de respuesta: una serenidad burocrática francamente provocadora. En el liberal México todo discurre por un curso socialista. En esta ocasión, el presidente anunció vía Twitter que las conclusiones del grupo de expertos serán tenidas en cuenta en las investigaciones. Al parecer, el tema ni siquiera merece que se celebre una rueda de prensa. No levantar más polvareda parece haberse convertido en el lema del Gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto”, opinó la directora de la redacción de Latinoamérica en DW.


Thofern dijo además, que lo ocurrido en Iguala “es más que un caso especialmente trágico de desaparecidos entre muchos otros”.
“Ya solo este punto de vista supone un escándalo. Si el crimen se convierte en el día a día de una sociedad y la impunidad en la norma, el Estado de derecho es solo una palabra extraña y la democracia una ilusión, al menos para la mayoría de las personas que no pueden permitirse pagar un guardaespaldas y que no se han corrompido por dinero o por seguridad. O que no han tenido nunca la posibilidad de dejarse sobornar. Eso es lo que Iguala representa”, enfatizó la periodista alemana.

La directora de Deutsche Welle para AL dijo que los 43 estudiantes se han convertido en un símbolo de las casi 25 mil personas desaparecidas y de los incontables crímenes impunes de corrupción, violencia, asesinatos de periodistas, víctimas de la lucha contra la droga del predecesor de Peña Nieto [el panista Felipe Calderón Hinojosa] y de “todas las deficiencias, presuntas y probadas, de su propio Gobierno”.

“Seguramente esto le parezca injusto al presidente, y lo es en parte, pero debe tomarlo en cuenta en toda su dimensión”, escribió Thofern.


La periodista alemana opinó que las reformas económicas y educativas de Peña Nieto sirven de poco en esta crisis y las leyes con las que su Gobierno ha intentado controlarla en los últimos meses, resultan ineficaces si no se cuenta con un sistema de seguridad y judicial dignos de confianza.
“México necesita ayuda, no un lavado de imagen. El orgullo nacional está fuera de lugar en esta situación, el Gobierno debe pedir apoyo a Naciones Unidas. También puede contribuir la prevista asociación en materia de seguridad con Alemania, aunque podría implementarse mejor en el marco de una acción internacional, siguiendo el ejemplo de la Comisión contra la Impunidad de la vecina Guatemala”, dijo Thofern.

“Iguala fue la gota que colmó un enorme vaso. Este caso simboliza todo lo que desde hace décadas discurre rematadamente mal en México. Una gran parte de la sociedad civil se ha levantado contra ello, pero su voz no ha encontrado hasta ahora una vía política”, opinó la periodista alemana.
“Actualmente la credibilidad de la clase política está tan hundida, que no hay ningún partido que se haya ganado la confianza de los desesperados. Iguala también significa esto: con este caso cae la aceptación de la democracia en México. Esa es la verdad que debe afrontar el Gobierno”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1478671.

El periodista Jorge Ramos se une a demanda para crear una comisión contra la impunidad en México

México también tiene a muchos indignados por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y por el evidente conflicto de interés en la compra de la llamada “casa blanca” a un contratista del gobierno por parte de la pareja presidencial. Entonces ¿por qué en Guatemala sí hubo justicia y en México no? La respuesta es sencilla: porque en Guatemala las investigaciones fueron lideradas por un organismo internacional y en México no, escribe hoy en su columna de Reforma Jorge Ramos Ávalos.

El periodista mexicano señala que Guatemala le ha dado una gran lección a México sobre cómo enfrentar la corrupción y la impunidad cuando llega a los más altos niveles del gobierno. “Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha vuelto a esconder y prefiere investigarse a sí mismo. Eso no sirve”, detalla.

Iván Velásquez, escribe Ramos, es el hombre que tumbó al Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Él está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta comisión se creó gracias a un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. “¿Y por qué no hacemos lo mismo en México?”, pregunta el periodista mexicano.


Jorge Ramos detalla que en una entrevista Velásquez le dijo que México podría investigar casos específicos de corrupción e impunidad, como la “casa blanca” y la desaparición de los 43 normalistas.

En el caso de la investigación de la “Casa Blanca” en México, destaca Ramos, “la realizó un subordinado del Presidente, Virgilio Andrade Martínez. Y como era de esperarse, absolvió al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera Hurtado (…) Si de verdad Los Pinos no tiene nada que ocultar, ¿por qué no le piden a Naciones Unidas que haga su propia investigación independiente sobre la ‘casa blanca’ y la del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en Malinalco?”, inquiere Jorge Ramos en su columna.

Añade que la misma sospecha existe sobre la investigación gubernamental por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la cual sugería que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, hecho que desmintieron los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las investigaciones de la CIDH nos llevan a las siguientes conclusiones: la ‘verdad histórica’ que presentó el gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa es falsa, el gobierno no se puede investigar a sí mismo y, ante la falta de credibilidad de las autoridades, es necesario que organismos internacionales se involucren. Lo mismo se aplica al caso de la ‘casa Blanca’”, afirma el también conductor de noticias de Univisión.


Si México quiere seguir el gran ejemplo de Guatemala debería permitir que expertos internacionales e independientes investiguen la corrupción y la impunidad. Esa es la única manera de recuperar la confianza de los mexicanos, opina Jorge Ramos, y lanza la pregunta: ¿quién se atreve a invitar a Iván Velásquez a México?

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1483767.

Ayotzinapa: los “sicarios”, sólo albañiles torturados

Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.

MÉXICO, D.F: Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano municipio de  Cocula.

Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.

Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.

Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.

La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.

En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.

Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (“La verdadera noche de Iguala”, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.

Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.


(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

ALDF: Morena deja de ser mayoría; PRD, PT, Nueva Alianza y el Humanista forman alianza

A pesar de que el líder del PRD capitalino, Raúl Flores, descartó que la alianza “tenga dedicatoria alguna”, ésta ocurre en el contexto en el que Morena se perfila como la primera mayoría en Asamblea del DF.

Los diputados capitalinos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal), y Humanista (PH) en el DF anunciaron este sábado 12 de septiembre la creación de un “frente parlamentario de izquierda” para “beneficiar a la ciudadanía”.

A pesar de que el líder del PRD capitalino, Raúl Flores, descartó que la alianza “tenga dedicatoria alguna”, ésta ocurre en el contexto en el que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se perfila como la primera mayoría en Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

“Estamos formando un frente parlamentario de izquierda, progresista y representando un sólo objetivo: la ciudadanía de la Ciudad de México. Este anuncio representa la pluralidad y correlación de fuerzas al interior de la ALDF, es posible ponernos de acuerdo”, dijo Leonel Luna, uno de los participantes en el encuentro.


En tanto, Raúl Flores comentó que los asambleístas de esos cuatro partidos tienen “muchas coincidencias”, por lo que adelantó que impulsarán una agenda común.













La VII Legislatura de la Asamblea Legislativa quedará conformada por 19 asambleístas de Morena, 16 del PRD, 10 del PAN, 8 del PRI, 4 de Encuentro Social, 3 del Partido Verde, 3 de Movimiento Ciudadano y un diputado del Humanista, uno de Nueva Alianza y otro del PT.


Sin embargo esta conformación de la ALDF aún podría ser modificada debido a que Morena y el PRD informaron que impugnarán el fallo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió quitarle un diputado de representación proporcional a las bancadas de Morena y PRD por considerar que se encontraban “sobrerepresentadas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Peña se reunirá con padres de los normalistas el 24 de septiembre

MÉXICO, D.F: La reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se realizará el próximo 24 de septiembre.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el Gobierno de la República, representantes de los padres de los normalistas y expertos del Grupo Interdisciplinario acordaron la reunión entre el mandatario y los padres de los 43 normalistas desaparecidos para el próximo 24 de septiembre.

“La Presidencia de la República refrendará su compromiso en la atención integral a las víctimas, directas e indirectas y continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos”, indicó la Segob en un comunicado.

El pasado domingo 6, los padres exigieron una reunión con el mandatario con el fin de esclarecer el caso.

En esa ocasión exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Además demandaron que el gobierno entregue con vida a los 43 normalistas porque, según ellos, quedó demostrado que no fueron quemados en el basurero de Cocula.

Los padres también piden que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal.

Un día después de que los familiares de los normalistas manifestaran sus demandas, el presidente Enrique Peña Nieto expresó “su total disposición” de reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

El encuentro, agregó el mandatario, se realizará una vez que estén presentes todos los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese día, Peña Nieto también anunció que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores convenir con la CIDH la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de que concluyan sus labores sobre el caso.


Peña Nieto afirmó que su gobierno no cejaría en trabajar para conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Demandan partidos que Arturo Escobar sea investigado por delitos electorales

Los representantes del PAN y Morena ante el INE, señalan que su nombramiento en Gobernación no debe evitar que lo investigue la Fepade; el panista Francisco Gárate habla de lavado de dinero.

Las críticas y muestras de inconformidad con el nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Gobernación no cesan.

Ahora los partidos Acción Nacional y Morena demandan que se le investigue por delitos electorales, informó este sábado el diario Reforma.

El nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención no debe evitar que sea investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), coincidieron representantes de PAN y Morena ante el INE.

“Sería una gran sorpresa que la Fepade no estuviera investigando a Arturo Escobar, siendo que es una de las principales figuras del Partido Verde que hoy enfrenta sanciones por más de 600 millones de pesos”, señaló el panista Francisco Gárate.

“El hecho de que haya sido nombrado subsecretario, obliga a la Fepade a profundizar y acelerar todas las investigaciones; el fiscal Santiago Nieto tiene la enorme responsabilidad de acreditar su independencia en este encargo”, dijo.

Gárate recordó que el hermano del ahora subsecretario, es el socio mayoritario de la compañía Rabokse, encargada de la emisión de los cineminutos del Verde.

“En un tema en el que hay una abierta triangulación de recursos desde el PVEM, que hace suponer un esquema de lavado de dinero”, afirmó.

El representante de Morena, Horacio Duarte, manifestó que Escobar es la cabeza de la campaña de ilegalidades instrumentadas por su partido.


“La Fepade está obligada a seguir las investigaciones. Arturo Escobar debe responder legalmente por las ilegalidades del PVEM y se debe evitar que su cargo en Segob lo proteja, salvo que haya línea desde Los Pinos para mantener la impunidad en que se ha manejado ese partido”, aseveró.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Guerrero asesinan a dos mujeres en Acapulco y a otros tres en Atoyac

Cerca de las 2 de la tarde dos mujeres fueron asesinadas a balazos en hechos distintos en esta ciudad.

En un primer hecho, una mujer fue asesinada en la calle Altamirano del barrio El Comino, en la colonia Centro. Minutos después se reportó a las autoridades la ejecución de una joven en la calle La Loma de la colonia Cumbres de Figueroa, cerca del colegio La Salle.

Además, aproximadamente a la misma hora se informó que un joven fue herido a balazos en un camino de terracería ubicado detrás del centro comercial Plaza Sendero, en la zona de Llano Largo, y una hora antes otro hombre fue baleado cerca del crucero del Cayaco, afuera de un negocio de grúas.

ENCUENTRAN 3 CUERPOS EN ATOYAC

Cerca de las 8 de la mañana de este sábado, vecinos de la comunidad de La Zuzuca, municipio de Atoyac, reportaron a las autoridades policiacas el hallazgo de tres hombres desconocidos que fueron asesinados, los tres tenían el tiro de gracia.

Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió en el tramo carretero que conecta la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo con la comunidad ubicada entre los límites de Atoyac, San Jerónimo y Tecpan. Las víctimas son tres jóvenes que vestían shorts, estaban descalzos, y uno no tenía playera.


Los cuerpos fueron llevados a una funeraria para la necropsia correspondiente. En lo que va del año en el municipio suman 603 víctimas de hechos violentos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada. Mientras que entre el 29 de julio a la fecha van 20 personas ejecutadas a balazos en el municipio de Atoyac, con base a recuentos publicados en El Sur.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1484051

Expertos de la CIDH no podrán entrevistar a militares sobre caso de los 43: el Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no tienen facultades para interrogar a soldados del Ejército, y avaló la “decisión mexicana” de no permitir las entrevistas porque de lo contrario se violarían los “derechos fundamentales de los militares”.

En una carta con fecha del jueves 10 de septiembre del 2015, dirigida al director de El Sur, firmada por el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, el general de brigada Diplomado Estado Mayor, Arturo Vallarta Tafolla, el documento con número de oficio 030443 titulado Impedimento legal para que el GIEI entreviste a personal militar, se refiere al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH en tres ocasiones como “personas extranjeras”.

El pasado martes, durante la visita a la normal rural de Ayotzinapa de los expertos Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristáin, éste precisó que el GIEI no busca un interrogatorio sino una plática con los militares porque obtuvieron información del expediente que dice que los soldados del Ejército vigilaron a los normalistas antes de llegar a la terminal de autobuses el 26 de septiembre, donde comenzó la persecución y los ataques que ocasionaron seis muertos, decenas de heridos y 43 desaparecidos.

El Ejército mexicano respondió que no se autorizaron las entrevistas del GIEI a los soldados del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, que conocieron del ataque a los normalistas del 26 y 27 de septiembre del año pasado, porque se “excede” en sus funciones.

En el documento, el Ejército establece que “la decisión mexicana de no permitir las entrevistas en los términos del GIEI obedeció a que se transgrede el orden jurídico mexicano; se excede el mandato otorgado; y principalmente se violan los principios del debido proceso y por ende los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y vulnerabilidad jurídica”.

En la carta, el Ejército establece que el acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, suscrito el 12 de noviembre de 2014 entre el Gobierno mexicano y la CIDH, se establecieron las atribuciones del GIEI “conformado en su totalidad por personas extranjeras”.

Indicó que las facultades del GIEI están “expresamente señaladas” y “consisten en actividades de análisis y de ser el caso, formular recomendaciones de las acciones a implementar, así como la posibilidad de tener acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales, sin que ninguna parte del acuerdo establezca que dicho grupo podrá realizar entrevistas, interrogar, tomar declaraciones directamente a persona alguna o practicar diligencias”.

En la carta, el Ejército confirma que el GIEI solicitó que se le permitiera entrevistar a personal militar del 27 batallón de infantería, y sin especificar cuántos informa que los soldados “antes y después (de la solicitud del GIEI) acudieron a declarar al Ministerio Público”.

En la carta, el Ejército argumenta que una aprobación del Gobierno a la solicitud del GIEI “supondría una violación a la ley”.

“Los artículos 1, 16 y 21 de la Carta Magna, 2 y 73 del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen la obligación de la autoridad de respetar, proteger, garantizar los Derechos Humanos y realizar solo aquellos actos que la ley expresamente le faculta, los cuales deben estar fundados y motivados debidamente, por lo que se puede apreciar que el planteamiento carece de fundamento legal”.

“En el Estado mexicano la investigación de los delitos compete al Ministerio Público y a las policías, sin que ninguna autoridad pueda autorizar, en esa investigación, a particulares entrevistas a los testigos, como sería el caso por este grupo de extranjeros”.

“En México, de acuerdo a sus normas nacionales, es el Ministerio Público o la autoridad judicial, quienes podrían formular a los militares las preguntas conducentes”.


La Sedena señala que la carta fue enviada al director de El Sur “debido a la gran importancia que representa su medio de comunicación, como fuente informativa ante la población civil en esta entidad”, e invita a que “en caso de que quiera realizar una entrevista sobre el particular, tome la citada información como referencia”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1483811.

La deuda representará 47.8% del PIB en 2016, advierten economistas

México, DF. El año próximo la deuda representará 47.8 por ciento del producto interno bruto del país (PIB), pese a que el gobierno federal se propone reducirla 3.2 puntos porcentuales a partir de conseguir más recaudación con los impuestos sobre la renta (ISR) y el especial sobre producción y servicios (IEPS), advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), creado desde 2010 por especialistas en economía y finanzas públicas.

Esa meta oficial de reducir la deuda no se puede cumplir ya que el CIEP explicó que "los saldos históricos de los requerimientos financieros continúan en aumento, sin concretar los compromisos adquiridos de reducirlos en el mediano plazo. Es así que para 2016, la deuda alcanzará 47.8 por ciento del PIB, a pesar de que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se comprometía a una deuda de 43.3 por ciento".

El CIEP sentenció que el presupuesto proyectado para 2015 dista de ser base cero porque únicamente pudo modificarse lo administrado por el Poder Ejecutivo y se dejaron de lado reformas que reducirían las presiones al gasto.

En los ingresos petroleros, destacó, habrá una reducción de 30 por ciento, pero que aún así estos representarán la quinta parte (20.29 por ciento) del total de los ingresos, calculados a partir de un precio de 50 dólares por barril de petróleo que por sí solo representa 36.7 por ciento menos al previsto para 2015.

Cae 3.9 por ciento presupuesto para educación superior

Educación y Salud son rubros que tendrán reducciones en su presupuesto, aseveró el CIEP. A la educación en general se destinarán 685 mil 218.2 millones de pesos, lo que implica una reducción de 1.9 por ciento respecto a los que tuvo este año.

Sin embargo, si sólo se toma en cuenta el gasto para educación superior la caída es de 3.9 por ciento y "fue el mayor decremento del presupuesto asignado entre los niveles educativos". En contraste, los recursos federales para la educación básica, sigue teniendo la misma estructura y clasificación económica que en 2015 y los destinados a la nómina educativa concentran el 80 por ciento del total.

El CIEP detalló que para los nuevos programas anunciados por el Ejecutivo Federal, como el Programa Nacional de Inglés se le asigna 0.18 por ciento del presupuesto total de educación básica.

En cuanto a salud, la reducción será de 1.2 por ciento en su presupueto, en contraste con el aumento de 3.5 por ciento que registró en promedio entre 2013 y 2015. Sólo en infraestructura sanitaria el recorte presupuestal será de 23.8 por ciento en contraste con el aumento de 7.8 por ciento que habrá en ciertos gastos corrientes.

Precisó que el rubro sobre 'Protección Social a la Salud', del que depende el Seguro Popular, aumentará 69.5 por ciento pero habrá una reducción de 14.3 por ciento en los recursos para IMSS e ISSSTE, que en conjunto atienden al 60 por ciento de los mexicanos.

Para el 'Programa para Adultos Mayores' el recorte será de 9.9 por ciento, pero en pensiones contributivas, es decir las del IMSS, ISSSTE, Pemex y otros organismos, los recursos subirán 9 por ciento a pesar de que el número de su número de pensionados crece apenas 0.05 por ciento cada año.

"Las caídas en pensiones no contributivas y en el gasto en salud indican que la seguridad social universal no es prioritaria en el paquete económico 2016", sentenció el CIEP.


Por último, sobre la recaudación federal participable señaló que podría ascender a 2 billones 431 mil 465 millones de pesos, lo que representa un aumento de 1.98 por ciento y si bien indicó que también aumentará en 8.5 por ciento el total de las participaciones federales, advirtió que 18 estados recibirán menos recursos en 2016.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GUNZÁLEZ.

Televisa y medios afines, en campaña contra la CIDH

MÉXICO, D.F: Encabezados por los noticiarios de Televisa y por grupos como Milenio, los medios oficialistas han tenido dos distintas reacciones frente al Informe Ayotzinapa, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): por un lado, buscan destacar las “coincidencias” entre la versión gubernamental y la de los especialistas de la CIDH y, por otro, la descalificación absoluta frente a la tesis de que no existe evidencia de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Durante dos días consecutivos, El Noticiero de Canal 2, de Televisa, ha difundido imágenes inéditas de la llegada de los normalistas a la estación de autobuses de Iguala y de los ataques que sufrieron el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero excluyendo la información sobre la participación de elementos militares, de la Policía Federal y de la policía estatal, tal como se detalla en el informe.

Por su parte, Milenio y varios columnistas han descalificado las cuatro hipótesis sobre el paradero de los 43 normalistas y, en especial, al peritaje de incendios de José Torero, doctor de la Universidad de Berkeley, quien determinó por las pruebas, evidencias y por la inspección en el basurero de Cocula que los jóvenes estudiantes no pudieron haber sido incinerados allí, tal como relató la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.

Citando analistas y “fuentes” de la PGR, algunos medios han inventado una “quinta hipótesis”, distinta a las que se expresan en el Informe Ayotzinapa del GIEI: que una parte de los 43 normalistas fue incinerada en Cocula y otra en un lugar diferente.

Dos de los cuatro expertos del GIEI, Carlos Martín Berinstain y Francisco Cox Vial, rechazan tajantemente lo que ellos llaman “la quinta versión” que ha surgido en los medios cercanos al gobierno federal. Ni en el expediente de 115 tomos del caso, ni a través de los testimonios que ellos recabaron se menciona la posibilidad de que sólo “algunos” hayan sido incinerados en Cocula.

“El evento de la incineración de los 43 normalistas no ocurrió en Cocula”, sentenció ante los senadores Francisco Cox, y Carlos Martín Berinstain. Abundaron: “tampoco sabemos, hasta ahora, qué sucedió exactamente con sus ellos”.

Lo que sí se sabe es que el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fue “masivo, indiscriminado y fuera de toda proporción” en Iguala, Guerrero; que hubo una coordinación de los cuerpos policiacos y militares en este ataque y que se minimizaron algunos testimonios y evidencias importantes como las que señalaban al “quinto autobús”, destacaron los especialistas en sus encuentros con legisladores, periodistas e integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las Cuatro Versiones del Destino de los Normalistas

En las páginas 127-144 del Informe Ayotzinapa los expertos del GIEI sintetizan las cuatro versiones distintas sobre el destino de los 43 normalistas.

En primer lugar, destacan que “las declaraciones de los acusados no son lineales ni congruentes” sobre la versión oficial de que los normalistas fueron entregados a un grupo de Guerreros Unidos, quienes habrían asesinado y quemado los cuerpos de los 43 jóvenes, tal como lo afirmó la PGR en su versión pública de noviembre de 2014 y enero de 2015.

Existen cuatro versiones de lo ocurrido, de acuerdo con las declaraciones de los acusados: 1) que los estudiantes fueron llevados a Pueblo Viejo; 2) que fueron llevados a una casa de seguridad en Las Lomas, de Iguala; 3) el basurero de Cocula; y 4) no hace referencia exactamente al sitio donde los llevaron sino al motivo que los condujo hacia Iguala.

1.-Pueblo Viejo. La versión de la colonia Pueblo Viejo es sostenida por un sicario que habría participado en los hechos y dos presuntos criminales a quienes se las contaron de segunda mano. Hay contradicción entre esas versiones, ya que uno dice haberlos matado el mismo 27 de septiembre en la madrugada, mientras otro afirma que fueron secuestrados el 29 de septiembre.

2.-Casa de Seguridad de las Lomas.-Esta versión fue contada por Martín Alejandro Macedo Barrera, el 4 de octubre de 2014. Según este presunto implicado, Guerreros Unidos se enteró de la entrada de los estudiantes a Iguala y “aseguraron a 17 estudiantes sin indicar dónde”, a quienes trasladaron a una casa de seguridad de las Lomas donde les habrían dado muerte. El responsable de ese operativo fue “El Choky”, quien habría ordenado matarlos con el tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes. A 7 de ellos “los quemaron por instrucciones del Choky”.

3.-Basurero de Cocula.-Esta versión constituye la “verdad histórica” de la PGR de Jesús Murillo Karam, a partir de las declaraciones de cinco procesados. En estas cinco versiones hay algunas contradicciones porque algunos de los integrantes de Guerreros Unidos señalan que fueron llevados a una casa de seguridad ubicada en el Barrio de la Barranca de la Plata y otros a una casa de seguridad en Loma Coyote.

“Todas estas cuatro versiones muestran contradicciones sobre las supuestas respuestas dadas por algunos normalistas en el contexto de amenaza vital y tortura, y se focalizan sobre quién los envió y por qué”, afirman los expertos del GIEI en el informe.

De los cinco, tres declaran el momento en que habrían sido asesinados los estudiantes. Hay contradicciones y no coinciden sobre la forma de darles muerte, ni el lugar donde les habrían quitado la vida.

El GIEI hizo una inspección al basurero de Cocula en junio de 2015 y anotó que “el basurero se encuentra aproximadamente 45 a 50 minutos de cualquier casa de Cocula. Desde el punto de vista del ocultamiento de un hecho así, resulta contrario a la lógica de encubrimiento de un delito que se acerque a un poblado la evidencia, en lugar de alejarla de donde pueda ser descubierta”.

4.-Cuarta versión.-Se basa en las declaraciones de Sidronio Casarrubias “El Chino”, y de José Javier Brito Catalán, quienes afirman en el expediente que los estudiantes acudieron a Iguala a “matar a los hermanos Benítez Palacios”, dueños del auto lavado “Los Peques”, pero todo lo relatado difiere de las constancias procesales, ya que los hechos ocurrieron a varias cuadras del auto lavado, los estudiantes no llevaban armas y “no hay ninguna constancia, en ninguna de las fuentes y testigos, que hubieran tirado cuerpos en la estación”.

En esta cuarta versión, unos 17 de los 43 habrían “ido al agua o sea que ya los quemaron, que las cenizas las botaron agua yo me imagino que es el río Cocula”, afirmó Sidronio Casarrubias.


El GIEI mantiene estas cuatro versiones, pero subraya que ninguna es coherente con los otros testimonios. Sobre todo, desestiman la versión de que un grupo de 17 de los 43 estudiantes habrían sido asesinados y otros golpeados, pero dejados vivos, y otra versión que señala que un grupo de 15 estudiantes ya habrían llegado muertos al basurero de Cocula.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Designan a Gustavo Salas como nuevo titular de la Seido

México, DF. Gustavo Salas Chávez quien se desempeñó en 2010 como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), fue designado como nuevo titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Por designación presidencial y a propuesta de la procuradora Arely Gómez, Gustavo Salas despacha desde este viernes en la Seido, luego de que su anterior titular, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, fuera designado como nuevo secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.

La PGR informó que durante la toma de protesta de González Chávez, Arely Gómez le señaló los “cuatro ejes rectores que marcan el rumbo de esa institución, una procuración de justicia eficaz y eficiente, pleno respeto a los derechos humanos, implementación del nuevo sistema de justicia penal, y un marco de estricta transparencia”.

Asimismo llamó a Salas Chávez a ofrecer un compromiso decisivo para realizar investigaciones apegadas a derecho, rigurosas y eficaces.

Gustavo Salas Chávez se desempeñaba hasta la mañana de este viernes como director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

La historia de un capo inventado

El caso de Martín González Moreno, detenido por agentes estatales de Jalisco como sospechoso de pertenecer a la delincuencia organizada y traficar con crystal, muestra los métodos de la cuestionada Fuerza Única Regional. A falta de resultados reales en las tareas de seguridad, sus efectivos recurren a la tortura y a falsos testimonios para convertir a un comerciante en un reo de alta peligrosidad e incluso en un connotado jefe de plaza.

GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- En su afán de encontrar culpables ante el aumento desmedido de la delincuencia en algunas regiones de Jalisco, integrantes de la Fuerza Única Regional (FUR) convierten a comerciantes o ciudadanos en “peligrosos delincuentes” en menos de 24 horas, como ocurre en la región Valles.

Luego de ser torturados con golpes, toques eléctricos en los genitales y con intentos de asfixia, los presuntos culpables son obligados a confesar hasta lo que no hicieron, según denuncian familiares de personas afectadas (Proceso Jalisco 527 y 557).

Los testimonios sobre las 128 inconformidades presentadas contra la FUR ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) coinciden en denunciar detenciones y cateos sin las correspondientes órdenes judiciales, así como los falsos testimonios de policías involucrados en esas capturas.

Destaca el caso de Martín González Moreno, un comerciante de 43 años, oriundo de Tala, detenido el 18 de septiembre de 2014 bajo el cargo de ser el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese municipio.

Su esposa, Edna Lizette Vega Ramos, es contadora en una empresa de alimentos enlatados y afirma que en menos de 72 horas los agentes de la FUR convirtieron a González Moreno en un delincuente peligroso y “desbarataron” la vida de ambos.

“A Martín se lo llevaron como a las 8:30 de la noche del 18 de septiembre del año pasado. Yo llegué cerca de las 10 a la casa y lo busqué, pero no estaba.

“Yo estaba embarazada. Observé que había algo extraño en la vivienda, pero mi esposo nunca apareció. Entré en shock al presentir que algo grave había ocurrido con él y empecé a sentir cómo la bebé se me movía mucho en el vientre. Me puse como loca y unos familiares le hablaron a la policía; me dijeron que revisara todo. Luego llegaron mi cuñado y mis primos, que trataron de calmarme.”

Añade que, como no se sentía segura en su casa se fue a la de sus padres. Tres días después supo que Martín estaba detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.

“Él me habló hasta el domingo en la madrugada –recuerda– y me pidió que en forma urgente buscara a un abogado para que lo defendiera.”

Al día siguiente, prosigue, “llegamos a la SEIDO y me lo negaron, dijeron que no estaba en ese lugar y que volviéramos después. Les mencioné que él me había hablado para decirme que ahí estaba y el abogado metió un escrito para que no me pudieran negar el poderlo ver, pero luego me aclararon que ya no estaba en esas instalaciones, que lo habían trasladado a la cárcel de alta seguridad de Perote, en Veracruz”.

Ya lo habían internado en el Centro Federal de Readaptación (Cefereso) número 5, ubicado en Perote, sin permitirle defenderse ni llamar a su abogado. La señora Vega Ramos puntualiza:

“Les reclamé y pregunté por qué lo trasladaron. Les exigí que me dijeran de qué lo acusaban y me informaron que para conocer esos detalles tenía que regresar a Guadalajara y buscar su expediente en uno de los juzgados penales del núcleo penitenciario de Puente Grande.”

Entonces fue a esa prisión a buscar el documento, y así se enteró que Martín estaba acusado de delincuencia organizada, robo de combustible y narcotráfico. Los cargos se fueron diluyendo, excepto el de portación de droga para la venta. “Supuestamente se le encontraron varios gramos de crystal para fines de venta, o sea narcotráfico, pero es mentira”, sostiene la señora.

Relata que, “cuando Martín ve a los agentes que llegaron a la casa, él estaba a punto de guardar los carros que tenía a la venta y refiere que observó varias patrullas. Él salió y les dijo a los policías de la FUR en qué les podía servir y ellos le preguntaron si ya sabía a qué iban”.

González Moreno respondió que no. Entonces, de una de las patrullas bajaron a un joven que traían todo golpeado y descalzo. Los policías señalaron a Martín y le preguntaron al otro si era él. Ese hombre les dijo que sí, “pero en realidad ni siquiera conocía a mi esposo”.

De todas formas los agentes “entraron por la fuerza a la casa, voltearon todo, buscaron en todos los rincones y no encontraron absolutamente nada relacionado con actividades ilícitas y menos de los asuntos por los que lo acusaban”.

Martín le reclamó al joven que lo señalara, sin conocerlo. Incluso le pidió que dijera su nombre y el muchacho golpeado callaba, pues no lo identificaba. Todo fue en vano.

“A mi esposo lo torturaron en la calle 14 (integrantes de la Fiscalía General del Estado) y (policías federales) en la SEIDO, en la Ciudad de México. Me contó que le aplicaban toques eléctricos en los testículos y le echaban agua mineral en la nariz; le decían que en la SEIDO ya tenían una tablita para hacerlo hablar y que tenía que firmar las declaraciones de todo lo que le estaban imputando, pero Martín nunca firmó.”

Y reitera: “Mi esposo no está relacionado con ningún grupo de delincuentes, trabaja de manera honrada: tiene un negocio de celulares desde hace más de 15 años en Tala y se dedicaba a la compraventa de carros que traía desde California; él mismo los legalizaba para venderlos”.

Falsedad y tortura

González Moreno está a punto de cumplir su primer año de encierro en una cárcel de alta seguridad (expediente 193/2014-III del Juzgado Sexto Penal), dentro de una averiguación abierta por el Ministerio Público Federal y derivada de acusaciones de policías de la FUR.

En las declaraciones ministeriales de los agentes estatales que lo detuvieron hay varias contradicciones. Por ejemplo, tres de ellos dicen que lo aprehendieron cuando iba con otros sujetos en un convoy sobre la carretera Guadalajara-Teuchitlán.

Vega Ramos comenta que en la versión de los policías, “los detenidos viajaban en varios vehículos y les parecieron sospechosos cuando avanzaban en varias camionetas… notaron nerviosismo y les marcaron el alto. Cuando los revisaron y les pidieron que abrieran la puerta de la camioneta (BMW) en la que supuestamente viajaba Martín, vieron que llevaba una pistola en la cintura y que en la parte de atrás del vehículo iba una mujer. Argumentaron que en la camioneta encontraron decenas de envoltorios que contenían mariguana, que llevaba armas”.

Pero ella sostiene que eso es falso: “La camioneta BMW es de mi propiedad y el día de los hechos estaba estacionada en mi casa, es la que yo uso. No es cierto que iba en un convoy, es más, estaba cargada con piso que acabábamos de comprar en Guadalajara para la construcción de una casa. Esa mercancía se la robaron los policías porque no volvimos a ver esas cajas”.

Otra contradicción es que uno de los agentes asegura que la detención de Martín se realizó en la carretera a Cuisillos, en un rumbo opuesto a donde supuestamente interceptaron el convoy.

Cárcel en la niebla

Vega Ramos describe el Cefereso: “Es un penal gris. Desde que llegas te das cuenta de que ingresas a un lugar perdido en la niebla, alejado de todo. Hace mucho frío y ahí muy pocas veces sale el sol, siempre hay niebla”.

De Xalapa, la ciudad más cercana, toma 35 minutos llegar en autobús a la cárcel de Perote. La gente conoce el tramo como “la ruta de la niebla”, pues a veces sólo se ve a menos de un metro. Una vez ahí, hay que soportar el trato despótico de los custodios.

Para ver a su esposo, la señora debía presentar tres cartas de recomendación y le rechazaron una. Cuando le dijo al burócrata que iba desde Guadalajara y no podía conseguir otra misiva al momento, aquél le contestó: “Eso a mí no me importa”.

Además, comprobó que la comida es escasa, sin sal, y las tortillas se sirven frías. “Mi esposo bajó 18 kilos mientras estuvo ahí: pesaba 90 kilos y llegó a 72”, comenta.

Para colmo, prohíben usar prendas abrigadoras, incluidos guantes y gorros. “A pesar del frío que hace en la zona, a los familiares sólo se les permite portar una chamarra. Y si la prenda no cumple las especificaciones que ellos marcan, te la quitan si quieres entrar. Pero parece que ellos están en el Polo Norte: siempre andan bien cubiertos”.

En enero la familia logró que Martín fuera trasladado a Guadalajara, con lo que mejoró su condición, en especial por el clima. Comenta que ese cambio es sólo una parte de la lucha por la libertad del comerciante.

Región controlada por el narco

Desde hace tres años, las autoridades del estado reconocen que la delincuencia organizada se salió de control en la región Valles, a raíz de los constantes enfrentamientos entre miembros del CJNG, el Cártel de Sinaloa y el del Golfo por el control de la plaza.

En los últimos cinco años de la administración del gobernador panista Emilio González Márquez se hablaba de al menos seis enfrentamientos entre policías y bandas de criminales en los municipios de Etzatlán, Magdalena, Hostotipaquillo, Amatitán y San Juanito Escobedo.

En 2012, la Policía Rural reconocía un saldo de 25 detenidos, decenas de muertos y el decomiso de 22 armas y mil 886 cartuchos, además de la incautación de 10 vehículos, uno de ellos blindado.

En la región Valles se han realizado los mayores aseguramientos de cultivos de enervantes en el estado. Entre 2007 y 2012 se destruyeron 2 mil 92 plantíos de droga, es decir, 10 millones de plantas de mariguana, que pesaban 24 toneladas.

Esa región incluye los municipios de Amatitán, Ameca, Ahualulco del Mercado, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán y Villa Corona.

Las autoridades estatales consideran que no se puede tener bajo vigilancia permanente esa región montañosa, lo que han aprovechado los traficantes para cultivar droga y transportarla a Nayarit y Zacatecas.

También en el sexenio de González Márquez se decomisaron más de 285 armas; más de 13 mil 700 cartuchos; 11 granadas de fragmentación; 34 metros de cordón detonante y 18 vehículos usados por el crimen organizado.

Esa zona es muy peligrosa para los mandos y efectivos policiacos: el 30 de octubre de 2012 un comando asesinó al director de la Policía de San Martín Hidalgo, Casimiro Zárate. Semanas antes, en Magdalena, fueron asesinados el jefe de la policía, Raúl Hinojosa, y dos agentes municipales (Proceso Jalisco 417).

A finales de enero de 2013, un grupo de pistoleros acribilló al jefe de la Policía de Hostotipaquillo, Lucio González Astorga.

Habitantes de la región señalan que la situación se tranquilizó un poco en los dos últimos años, pero los narcotraficantes controlan Valles a tal punto que a veces se estacionan junto a la carretera y ostentan sus armas o hacen como que las limpian, sin que la autoridad los detenga.


En cambio, los pobladores evitan transitar ciertas carreteras de noche o en la madrugada para evitar ser agredidos o desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO MÉNDEZ.