El Dragonario: 09/10/15

jueves, 10 de septiembre de 2015

El FMI y el CCE respaldan la decisión de Peña Nieto para ratificar a Carstens al frente de Banxico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó hoy como una “buena señal” la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para ratificar en su cargo al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.

“Es una buena señal de que hay continuidad el equipo económico y eso es algo bueno en estos momentos de volatilidad e incertidumbre”, dijo Alejandro Werner, director de la Oficina para el Hemisferio Occidental del FMI.

El Senado de México recibió este miércoles el oficio de Peña Nieto en el que propuso ratificar a Carstens para un segundo periodo de seis años al frente del banco central, al que se incorporó en 2009 como integrante de la Junta de Gobierno de esa institución.

En su propuesta, el mandatario argumentó que ante un panorama económico internacional incierto y difíciles retos macroeconómicos que enfrenta el país, resulta indispensable que el Banxico continúe funcionando “con la más alta probidad y profesionalismo”.

Destacó que Carstens cumple ampliamente con los requisitos de la Ley del Banco de México y su desempeño profesional es una muestra inequívoca de que “mantiene capacidades y virtudes para ocupar el cargo”.

Entrevistado en el marco del foro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que tiene lugar en esta capital, Werner hizo eco del buen trabajo desarrollado por Carstens en Banxico en los pasados seis años y antes en la Secretaria de Hacienda.

“Es obviamente una noticia muy favorable y lo vemos también, sobre todo desde el punto de vista institucional, (con) la evolución de la inflación. Creo igualmente que la parte monetaria en México se ve muy bien”, dijo en breve entrevista.

Carstens es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de donde se graduó con mención honorífica. Cuenta con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Chicago.

Inició su carrera en el Banco de México en 1980, donde ocupó diversos cargos en la división internacional. Fue subsecretario de Hacienda de diciembre de 2000 a agosto de 2003, cuando se incorporó como subdirector gerente del FMI.

EL CCE MANIFIESTA SU SATISFACCIÓN

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un mensaje especial para respaldar la decisión de la Presidencia de la República para proponer la ratificación de Agustín Carstens Carstens a un nuevo periodo de seis años al frente de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

El organismo manifestó su satisfacción con el anuncio, pues mencionó que “el principal mandato del Banco de México es controlar la inflación y, afortunadamente, este indicador se mantiene en mínimos históricos”.

Explicó que los resultados positivos se originan por un buen manejo de la política monetaria, donde el titular de Banxico ha operado oportuna y eficazmente, gracias a la experiencia, capacidad técnica y probidad que ha demostrado a lo largo de su desempeño en el sector público y en su ejercicio como funcionario del Banco Central mexicano.

“Esta decisión ofrece confianza y certidumbre sobre la autonomía y profesionalización de una de las instituciones fundamentales para la economía y para el país, sobre todo en un escenario de alta volatilidad internacional”, publicó.

Este miércoles, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República la ratificación del nombramiento de Agustín Carstens para su segundo periodo como lo mencionó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, durante la entrega del Paquete Económico 2016 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.


El oficio, en el que se propone que Carstens permanezca en el cargo hasta diciembre del 2021, será turnado este jueves a una sesión plenaria, para después ser enviada a comisiones de Hacienda y Crédito Público, en donde el Gobernador de Banxico será llamado a comparecer.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1481282.

Con EPN impera “peligroso retroceso en libertades democráticas”: ONG

MÉXICO, D.F: El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por 11 organizaciones de la sociedad civil, afirma que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha prevalecido “un proceso sistemático de violaciones” al derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la seguridad e integridad de las personas que se manifiestan.

En un informe publicado este miércoles, el colectivo destaca que desde el 1 de diciembre de 2012 impera “un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas en México”, y el gobierno ha respondido con agentes antimotines, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o la inculpación de manifestantes por delitos graves.

Desde julio de 2014, el Frente ha documentado 16 actos de represión en distintas entidades federativas, sobre todo en el Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Baja California, y denuncia que varios gobiernos promulgaron leyes con el objetivo de controlar las manifestaciones, limitar la libertad de expresión y de reunión, y criminalizar la protesta social.

“La protesta pública es la manifestación más visible de una situación que no ha sido atendida o resuelta eficazmente”, plantea el informe, y lamenta que en vez de elevar a la agenda pública las razones que motivan las manifestaciones, el gobierno federal “mantiene una posición reacia que niega de forma reiterada la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa el país”.

Añade: “La realidad –contundente e incontenible– se hace presente en las calles y plazas públicas: impunidad, corrupción, violencia, despojos de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos temas”.

Entre las acciones represivas documentadas desde julio del año pasado por las organizaciones que integrante el Frente, entre ellas Artículo 19, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, destaca el violento desalojo de los pobladores de Chalchihuapan, en Puebla, que desembocó en la muerte de un menor de edad.

Asimismo, la represión de las manifestaciones realizadas en el Distrito Federal para solidarizarse con los familiares de los 43 normalistas de Ayoztinapa desaparecidos, o la detención masiva de jornaleros de San Quintín, en Baja California.

Durante las marchas por Ayotzinapa efectuadas el 8 y el 20 de noviembre del año pasado se documentaron “detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades”, precisa el informe, y sostiene que al dispersar de manera violenta el Zócalo capitalino, los granaderos detuvieron a personas en las calles aledañas y las trasladaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En esa dependencia, donde se investiga a presuntos integrantes del crimen organizado, las autoridades inculparon a los detenidos, muchos de ellos estudiantes, por delitos particularmente graves, como “terrorismo” o “ataques a la paz pública”.

En su texto, el colectivo reprueba que las autoridades empleen de “forma reiterada” esos conceptos ambiguos en términos legales para criminalizar la protesta social, así como a los activistas y líderes de movimientos.

De igual manera, lamenta que las propias autoridades asocien las manifestaciones con el desorden y califiquen a sus participantes como vándalos o delincuentes, discurso que es retomado en los medios de comunicación.


Finalmente, las organizaciones repudian el endurecimiento de legislaciones estatales respecto de las protestas, en las que se justifica el uso de mano dura contra los movimientos sociales y ahogan sus demandas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Preocupa a CIDH versión mediática sobre incineración de “algunos” normalistas

MÉXICO, D.F: Sostener la versión de que “algunos de los muchachos” de Ayotzinapa pudieron ser calcinados en el basurero de Cocula constituye una “quinta versión improbable” que debe “tomarse con cuidado”, advirtió Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al comentar a una comisión de senadores los resultados del Informe Ayotzinapa.

“Manifestamos nuestra preocupación por la versión que ciertos medios han divulgado”, destacó el abogado de origen chileno, quien defendió la necesidad de tener un cuerpo de peritos independientes de la línea de la Procuraduría General de la República para evitar el “sesgo confirmatorio”.

Por su parte, Carlos Marín Berinstain sugirió a los senadores que en la nueva ley sobre desaparición forzada se incluyan “mecanismos para agilizar procesos de búsqueda”.

“Esto tiene que estar muy bien determinado, porque las acciones que se tienen que realizar en las primeras 72 horas son centrales para la investigación, de lo contrario, se pierden muchos hilos de los que uno puede tirar para la búsqueda de los desaparecidos”, insistió el experto de origen español.

Los dos integrantes del GIEI se reunieron durante la mañana con senadores de todas las bancadas, a convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos encabezada por la senadora perredista Angélica de la Peña.

En la exposición también participó Mario Patrón, del Centro Pro de Derechos Humanos, quien propuso a los senadores la creación de dos fiscalías independientes: una para investigar el paradero de los 43 normalistas y otra para investigar a los presuntos responsables.

“Que el nombramiento de los dos fiscales tenga el visto bueno de los expertos del GIEI”, pidió Patrón.

En la sesión de comentarios y preguntas, los legisladores Dolores Padierna y Alejandro Encinas destacaron la necesidad de reabrir la investigación, contar con un Instituto Nacional de Ciencias Forenses independiente e investigar a los responsables.

“Deben fincarse responsabilidades a los presuntos responsables”, destacó Padierna, quien cuestionó el papel de la Policía Federal en los dos momentos más importantes de las agresiones a los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“La autoridad no sólo mintió, sino que ocultó información y manipuló evidencias”, sentenció Encinas, y señaló que los tres temas pendientes más importantes tras el informe de los expertos es identificar el móvil de la agresión, la autoría intelectual y el paradero de los normalistas.

La panista Laura Rojas insistió en la posición de su bancada para que se enjuicie políticamente al exprocurador general Jesús Murillo Karam, en tanto que la legisladora priista Diva Gastélum defendió el papel de las autoridades y subrayó que “no debemos fomentar el encono y la división”.

Gastélum fue la única de las senadoras presentes que defendió la actuación del gobierno federal ante la crisis de Iguala, e insistió que es un “logro” de Enrique Peña Nieto el informe de los expertos del GIEI, porque fue a iniciativa del presidente de la República.

La senadora del PT, Layda Sansores, le recordó a la priista que la presencia de los expertos fue uno de los 10 compromisos que firmó Peña Nieto el 29 de octubre de 2014, luego de sostener un encuentro con los padres de familia de Ayotzinapa.


“Gente del Ejército está hasta el tuétano en esto. Ellos saben qué pasó”, dijo Sansores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Fuga de ‘El Chapo’ recrudecerá violencia en la frontera, alerta EU

MÉXICO, D.F: La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán recrudecerá la violencia de los cárteles del narcotráfico en la frontera con México, tal como ocurrió en 2001, cuando el capo escapó por primera vez.

La advertencia fue lanzada este miércoles por Robert L. Harris, comandante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, quien además reconoció el “alcance e influencia” de los jefes del narcotráfico, especialmente de Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, el de Juárez y el de Sinaloa, encabezado este último por El Chapo, quien el pasado 11 de julio escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano.

En una audiencia sobre seguridad fronteriza en el comité de la Cámara Baja de Supervisión y Reforma del Gobierno, Harris alertó que el poder de esas organizaciones criminales se extiende más allá de la frontera que comparten Estados Unidos y México y alcanza a ciudades estadunidenses.

“La amenaza de estas organizaciones del narcotráfico es dinámica. Son organizaciones rivales que están constantemente compitiendo por el control y, a pesar de los esfuerzos antidroga de Estados Unidos y México, los nuevos grupos surgen y se forman nuevas alianzas”, sostuvo.

El encargado de supervisar la vigilancia de la zona suroeste de la frontera estadunidense subrayó que la ferocidad de los cárteles es tal que el pasado 5 de junio un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recibió disparos desde México mientras sobrevolaba la zona fronteriza de Laredo (Texas).

“El área en la que el helicóptero recibió los disparos es conocida por sus rutas de narcotráfico y tráfico de personas”, destacó Harris. No obstante, señaló que a pesar de estos incidentes, la seguridad en la frontera ha mejorado en los últimos años.

Sobre este punto, el presidente del comité y uno de los republicanos con mayor peso en la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz (Utah), así como el presidente de la Unión Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), Brandon Judd, mostraron su desacuerdo.

Judd, cuyo sindicato representa a 16 mil 500 agentes, alertó del “incremento de la violencia” en la frontera debido a la saña de los narcotraficantes y el aumento del número de criminales que cruzan la divisoria y que, previamente, fueron acusados de graves crímenes, como asesinato, violación o tráfico de armas y drogas.

Según dijo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a 177 mil inmigrantes con condenas penales previas, de los que 91 mil fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza mientras trataban de entrar de nuevo al país de forma ilegal.


“Para poner esto en perspectiva, en 2014 la Patrulla Fronteriza arrestó a casi 500 mil inmigrantes, lo que significa que uno de cada cinco arrestos de los agentes el año pasado se dirigieron contra un inmigrante que era un criminal”, aseguró el presidente de la NBPC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

OHL denuncia ante PGR a Infraiber y otras personas por audios filtrados

La empresa dio a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores que la denuncia realizada ante la Procuraduría General de la República (PGR) es, además, porque la difusión de dicho material "ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma".


OHL México informó que interpuso una denuncia penal contra Infraiber y terceras personas por “la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.

La empresa dio a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores que la denuncia realizada ante la Procuraduría General de la República (PGR) es porque la difusión de dicho material “ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma”.

“Conmex y OHLMEX darán puntual seguimiento al proceso judicial y coadyuvarán con las autoridades para esclarecer los hechos que se han denunciado ante las mismas (y reiteran) que harán uso de los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos con la finalidad de salvaguardar su patrimonio”, explica el documento.

El lunes 7 de septiembre se dio a conocer que la PGR detuvo a Paulo Díez, abogado de Infraiber, y lo trasladó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) para que declarara como testigo por una averiguación previa iniciada por la intervención de comunicaciones ilegales. Sin embargo, el hermano de Paulo, Rodrigo Díez, denunció que el abogado fue detenido de manera irregular y que, además, elementos de la PGR le sembraron un arma.

Paulo Díez es uno de los abogados que en  los últimos meses ha revelado datos y documentos de posibles irregularidades en la empresa OHL, entre ellas el cobro de sistemas de monitoreo que no se instalan en el Circuito Exterior Mexiquense, así como un supuesto manejo irregular del valor de su concesión en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, abrió un sitio en internet –www.finalabuso.net– para denunciar varios de estos hechos.

Documentos muestran que en enero de 2013 OHL incrementó en 50 centavos el cobro del peaje en las casetas del Circuito Exterior Mexiquense con el objetivo de financiar la instalación de sistemas de monitoreo que midieran el flujo y las características de los vehículos que transitan la zona. En los primeros 20 meses se recabaron casi 100 millones de pesos, sin embargo, los sistemas nunca fueron instalados.


Además, otros documentos confirman que de 2011 a 2015 existe una diferencia entre el monto de la inversión de la obra reportado por OHLy reconocido por el gobierno mexiquense, y el monto que por otro lado registra en el mercado bursátil.

Desde mayo pasado se han filtrado conversaciones de directivos de OHL con distintos funcionarios gubernamentales.

El primer audio, revelado a principios de mayo, reveló el aparente cobro de sobrecostos en la construcción de un tramo del Viaducto Bicentenario, en el Estado de México, y el presunto pago de vacaciones al actual secretario de Comunicaciones y Transportes estatal, Apolinar Mena, y su familia.

A finales de mayo se dio a conocer otro audio, el cual reveló  que directivos de la compañía OHL planearon sobornar a magistrados mexicanos.

El 26 de junio se dieron a conocer audios que vinculan a la consejera jurídica del Estado de México, Luz María Aguilar, con directivos de la empresa OHL. La funcionaria mexiquense presuntamente habría intercedido a favor de la compañía española en un conflicto con la empresa Infraiber.

El 8 de julio se filtraron audios que sugieren que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habría dado información privilegiada a la empresa OHLpara ganar la licitación de la autopista La Raza-Indios Verdes-Santa Clara. Además, la compañía habría pagado unas vacaciones al secretario Gerardo Ruiz Esparza en su hotel Fairmont Mayakoba.

El 28 del mismo mes se filtraron más audios. En uno de ellos, el presidente del Consejo de Administración de la filial mexicana de la empresa española, José Andrés de Oteyza,presume un bono por 40 millones de pesos por obtener nuevos proyectos. En una de las conversaciones se relaciona presuntamente a OHL México con el director de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue consejero de la filial mexicana de la empresa española, y con el director de la Comisión Federal  de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa.

El 8 de septiembre, un nuevo audio filtrado revela una supuesta llamada entre el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el exdirector de Relaciones Institucionales de OHL México, Pablo Wallentin, en la que platican sobre la presunta estrategia que la empresa debe seguir en su disputa con la compañía Infraiber.

Un día después, ayer 9 de septiembre, otro audio fue filtrado. El presidente Enrique Peña Nieto supuestamente se reunió en abril con directivos de OHL para hablar acerca del sistema de verificación de aforo vehicular que Infraiber buscaba instalar en las carreteras operadas por esa compañía de origen español.

En julio pasado, OHL México dio a conocer que auditorías independientes aseguran que las grabaciones filtradas en redes sociales las cuales involucran a la empresa y a funcionarios federales y estatales en presuntos casos de corrupción– “fueron editadas y alteradas para cambiar su sentido”.


Además, que no se encontraron evidencias o indicios de “pagos en dinero o en especie, ya sea directa o indirectamente, a ningún juez, magistrado o funcionario público alguno”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Ex Subprocuradora General simuló despido de delegado tras matanza en Apatzingán

Ciudad de México, 9 de septiembre: La ex Subprocuradora General de la República de México, Mariana Benítez, mintió al anunciar el pasado enero que esa dependencia había destituido a un delegado federal por una conducta irregular en relación con la muerte de un grupo de civiles en Apatzingán, según documentos obtenidos por Univision Investiga.

El funcionario, Alfredo Becerril, no fue destituido sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la Procuraduría General de la República (PGR). Luego fue nombrado en Michoacán el nuevo fiscal para los delitos de alto impacto. En teoría, estos son los crímenes que más afectan a la población y más preocupan a las autoridades. Él se negó a hablar con Univision.

Benítez, quien hoy es Diputada federal por el PRI, hizo el anuncio de la falsa destitución en una comparecencia ante el Congreso.

“Cometió una grave falta. Mentir es algo grave y mentirle al Congreso yo diría que es todavía más grave’’, dijo el ex Diputado de oposición Fernando Belaunzarán.

Benítez respondió a Univision que no puede comentar sobre su intervención porque ya no trabaja en la PGR.


El gobierno mexicano no investigó ni sancionó a Becerril y tardó dos meses en responder a Univisión que no existía la destitución.

UNA FALSA DESTITUCIÓN

Habían pasado apenas 24 horas de que ocho civiles fueran abatidos a tiros en el municipio de Apatzingán, en el occidente de México. Las muertes violentas sucedieron poco antes de las ocho, en la mañana del Día de Reyes, una fiesta católica en México que congrega a los niños en cada casa alrededor del árbol de Navidad, en espera de recibir juguetes.

Varios de los vecinos de Apatzingán estaban entregando los regalos, cuando escucharon disparos y gritos. Luego vieron cuerpos tendidos en las calles. Los charcos de sangre cubrían el suelo debajo de varias camionetas. Había cabezas destruidas por las balas, cuerpos hasta con 20 heridas, enormes boquetes por los que las víctimas se desangraban en el suelo.

El entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, convocó en la mañana del 7 de enero a una conferencia urgente. A su lado estaba el representante del mismo cuerpo de seguridad que ya cuestionaban las primeras versiones de la prensa, el mando local Fausto Arenas, de la Policía Federal.

Castillo presentó videos, diagramas, explicaciones, que condujeron a una conclusión: “La Policía Federal fueron a darles alcance, fueron e inclusive una emboscada y en este caso la Policía Federal lo que hizo fue repeler la agresión”.

En los propios videos de seguridad que mostraron, se observa cómo los civiles corren en sentido contrario al lugar donde se ubican los policías. En la conferencia, Castillo afirma que en ese momento es cuando comienza “el enfrentamiento”.

El saldo oficial fue de ocho civiles muertos, uno más “atropellado” y 44 detenidos, de los cuales 43 salieron de prisión 10 días más tarde, por falta de pruebas. Ninguno de los uniformados fue detenido en ese momento, ni lo ha sido durante los ocho meses que han transcurrido desde el suceso.

El 20 de enero, Mariana Benitez, quien entonces ocupaba el cargo de Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso. Allí dijo que los legisladores debían comprender que la Procuraduría no había tenido “mucho tiempo para armar la investigación”.

Añadió un anuncio, como muestra de la eficacia de la PGR: “Se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público y el día de hoy el Procurador General ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán”.

Ese delegado era Alfredo Becerril, un maestro en Derecho con experiencia en instituciones de procuración de justicia. Había llegado al cargo en febrero de 2014, menos de un mes después de que Castillo, uno de los colaboradores más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, fuera nombrado el Comisionado del Gobierno federal para Michoacán.

El delegado había sido subordinado de Castillo en sus últimos tres puestos. Estuvo bajo su mando como subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México mientras Peña Nieto era Gobernador y Castillo era Procurador.

Cuando Peña llegó a la presidencia, Castillo se convirtió en el Procurador Federal del Consumidor y Becerril en su director general adjunto. A Michoacán, Becerrril llegó como el enlace de Castillo con la PGR.

A pesar de esta cercanía, Benítez anunciaba que el Procurador, entonces Jesús Murillo Karam, había destituido a Becerril.


Univision Investiga solicitó a la PGR, mediante los mecanismos mexicanos de acceso a la información pública, la destitución y las comunicaciones oficiales que se hubieran marcado con copia a Benítez.

Después de meses de litigio ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la PGR confirmó que no existe en sus archivos tal destitución ni alguna comunicación oficial dirigida a Benítez al respecto.


El comisionado del INAI Francisco Javier Acuña, ponente en la resolución del caso de acceso a la información, consideró: “no cuadra que habiendo ido a una comparecencia pública ante el Congreso diga: lo destituimos y luego aparezca el sujeto obligado (PGR), ya no ella, el área de transparencia, nos contesta a través del jurídico cuando nos responde: Mire, lo que hay es una renuncia de este señor, coincide el señor, es la misma persona y bueno, hay una renuncia”.

La diferencia entre una renuncia y un cese no es menor. La ley laboral en México señala que una renuncia voluntaria significa para un trabajador cobrar sus pagos pendientes y retirarse del puesto sin ninguna consecuencia.

Pero los protocolos de otra ley, que aplica para los servidores públicos, marcan que una destitución habría estado seguida por aviso a la contraloría interna de la PGR, a la que seguiría el inicio de una investigación contra Becerril por las irregularidades. La resolución del INAI determinó que la PGR tampoco tiene algún documento de que este aviso haya existido.


La renuncia ocurrió varias horas después de la comparecencia de Benítez ante el Congreso. Tiene un sello de recibido a las 11:55 de esa noche. En el documento, Becerril agradece “el alto honor concedido del encargo” y deseaba a sus compañeros “el mejor de los éxitos en la larga y difícil tarea de procurar justicia por nuestro país”.

Los ocho meses que han transcurrido desde los hechos en Apatzingán, engrosaron dos averiguaciones previas, pero no afectaron la carrera política de Benítez. Un mes después de la comparecencia, ella renunció a su puesto en la PGR y se dedicó a hacer campaña.

Realmente no lo necesitaba. Fue incluida como candidata a diputada del PRI, por la región de Oaxaca, en los primeros lugares de una lista de candidatos plurinominales, un esquema del sistema político mexicano que permite a algunos candidatos llegar a puestos de elección popular sin ser electos, únicamente como parte de una cuota por los votos globales que obtiene su partido.

En esta posición, Benítez tomó posesión como Diputada del PRI en la Cámara baja el 29 de agosto, lo cual le garantiza un fuero constitucional de tres años. El Código Penal Federal mexicano indica que mentir en informes dados a una autoridad podría acarrear una pena “de cuatro a ocho años de prisión.

“No hubo tal destitución y por lo tanto no hubo investigación y entonces quedó en la impunidad. Un mal funcionario que hizo mal su trabajo sobre la masacre en Apatzingán es premiado, fue primero protegido y después premiado” agregó el Diputado Belaunzarán.

En efecto, Becerril fue nombrado recientemente como en nuevo Fiscal de Delitos de Alto Impacto, que incluyen el secuestro, el homicidio, el robo con violencia y la extorsión, precisamente en Michoacán, donde la investigación sobre las muertes de los civiles el 6 de enero continúa abierta.


El director ejecutivo para México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, considera que este nombramiento es grave: “Si los delitos de alto impacto son los que más le importan al Estado mexicano y en donde en teoría está poniendo más la lupa, tendrías que poner a las personas más capacitadas y que tuvieran un perfil plenamente confiable.

FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-09-2015/1479969.

Demanda la CNDH “objetividad, coherencia y exhaustividad” en caso Iguala

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó que todas las investigaciones que se realicen sobre el caso Ayotzinapa “se desahoguen de manera objetiva, coherente, integral y exhaustiva, con apoyo en evidencias y criterios científicos rigurosos”.

En un comunicado, dijo que la relevancia y trascendencia del caso exigen que los pronunciamientos que de él deriven “permitan conocer la verdad, propiciar que los responsables respondan de sus actos, sean sancionados y se haga justicia conforme a derecho, evitando que exista impunidad y que los derechos de las víctimas sean violentados”.

Y fue clara: “Las pruebas y las evidencias que sustenten las conclusiones de las investigaciones serán las únicas vías para conocer la verdad sobre este caso”.

Tres días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el “Informe Ayotzinapa: investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, la CNDH le dio la “bienvenida” y aseguró que “presenta muchas coincidencias” con el estudio “Estado de la investigación del caso Iguala”, que ésta presentó en julio pasado.

De hecho, dijo que ya agregó la versión pública de dicho informe a su estudio y se encuentra en la etapa de análisis del mismo.

El informe, aseguró, hace patente “la necesidad de que en este asunto se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño a las víctimas y a la no repetición”, premisas que, añadió, han orientado la investigación que sobre el caso ha hecho la CNDH.

Además, resaltó la necesidad de que las autoridades tomen en consideración las propuestas, observaciones y comentarios que se plantean en el informe presentado por el GIEI y el informe que difundió la CNDH en julio pasado.

La Comisión detalló que en “días recientes” la Procuraduría General de la República (PGR) le entregó un documento sobre los avances de su investigación, mismo que tiene en etapa de análisis.

La CNDH aclaró que para el organismo la investigación del caso Iguala “no está cerrada y 42 normalistas están en calidad de desaparecidos”.

Reiteró que las investigaciones que realicen las instancias competentes “no deben descartar ninguna línea de investigación, incluida la del narcotráfico, la cual fue señalada en los puntos 23 y 24 del capítulo de Observaciones y Propuestas, del informe presentado por este organismo nacional”.


Por conducto de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”, dijo, la CNDH seguirá interactuando con el GIEI, “con fines de diálogo e intercambio de información y puntos de vista sobre la atención del caso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Mi detención, un capricho del gobernador Jara”: Cemeí Verdía

MORELIA, Mich: Luego de que Arnulfo Torres Delgado, juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Morelia dictara la formal prisión contra el líder de las autodefensas en Aquila, Cemeí Verdía Zepeda, éste denunció que su detención es un “capricho del gobernador Salvador Jara”.

Alrededor de las nueve de la mañana, el juez Torres Delgado resolvió la situación jurídica del imputado después de concluir la duplicidad del plazo constitucional solicitada por la defensa.

Cemeí Verdía fue acusado de homicidio calificado por hechos ocurridos en mayo pasado, cuando integrantes de la Fuerza Rural se enfrentaron con un grupo delictivo en el que perdieron la vida cuatro personas. Sin embargo, ya la juez cuarto había desechado esa acusación por falta de elementos probatorios.

Esta mañana, el Juzgado Primero de lo Penal destacó en un comunicado que de acuerdo con “declaraciones de testigos, inspecciones, dictámenes periciales y constancias revisadas por el juzgador, se resuelve que con base en circunstancias probadas se cuenta –hasta este momento procesal– con elementos para acreditar el cuerpo del delito de homicidio, así como la probable responsabilidad del imputado Cemeí en la comisión de dicho ilícito”.

Por tratarse de un delito considerado grave, el imputado no puede enfrentar el proceso en libertad.

En entrevista concedida vía telefónica desde el penal Mil Cumbres, Cemeí Verdía aseguró que la “opacidad e inconsistencias” que se han presentado en su proceso son una muestra de que Jara Guerrero pretende retenerlo en prisión mientras continúe al frente del Ejecutivo estatal.

Sin embargo, aseguró que una vez que se consume el cambio de administración y Silvano Aureoles arribe al gobierno del estado, podrá gozar de su libertad.

Pese al par de autos de formal prisión que se le dictaron este miércoles, Cemeí manifestó su confianza en que su defensa jurídica podrá revertir esta situación, a fin de que se compruebe su inocencia, por lo que su abogado Ignacio Mendoza ya apeló el fallo del juez.

De manera reiterativa, el líder de las autodefensas en la Sierra-Costa Nahua aseguró que las autoridades no cuentan con pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad, por lo que confió en que en las próximas horas los cargos que le fueron imputados podrán ser descartados.

El 28 de julio pasado, tras permanecer 40 días en prisión, Cemeí Verdía salió libre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 4, de Tepic, Nayarit, luego de ser absuelto del delito de posesión de armas, pero fue reaprehendido minutos después y trasladado a la cárcel de Mil Cumbres.

En aquella ocasión, su abogado Ignacio Mendoza Jiménez consideró que un juez del estado de Michoacán “aceleró dolosamente” los trámites para que fueran liberadas dos nuevas órdenes de aprehensión por delitos del fuero común, robo y homicidio, como lo quería la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Las autoridades michoacanas atribuyen a Cemeí Verdía al menos cuatro asesinatos ocurridos el pasado 26 de mayo en el poblado de Barranca del Seco, municipio de Aquila, así como el hurto de alambre de púas del ayuntamiento.

Mendoza Jiménez, abogado de Cemeí Verdía, apeló el auto de formal prisión dictado por el delito de homicidio calificado la mañana de este miércoles.

En entrevista telefónica, indicó que la formal prisión es por las mismas causas y pruebas por las que ya dejaron en libertad previamente al líder de las autodefensas, motivo por el que de inmediato presentó la apelación correspondiente.

También dio a conocer que la orden de aprehensión por delitos electorales fue cumplimentada a la una de la mañana de este día y a partir de ese momento inició el periodo de 72 horas para resolver su situación jurídica en cuanto ese ilícito.

Además, dio a conocer que el viernes pasado el procurador Martín Godoy Castro visitó a Cemeí Verdía en la prisión en que se encuentra, y le adelantó el fallo en su contra, aunque también le pidió que “ya se calme”.


“Cuando hay razones de Estado es difícil que los argumentos de la defensa prosperen”, lamentó el defensor, quien consideró que el asunto está “muy politizado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Rechaza Gamboa Patrón comisión internacional para Ayotzinapa

GUANAJUATO, Gto: “De ninguna manera, no lo veo con simpatía”, atajó el presidente del Senado, el priista Emilio Gamboa Patrón, al rechazar la propuesta del PAN para convocar a una comisión internacional que investigue la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa a través de una fiscalía especial.

“¿Qué, los mexicanos no podemos resolver nuestros problemas? Yo preguntaría eso a ellos (los senadores panistas)”, reviró el también líder de la bancada del PRI en el Senado.

Al asistir a la 14 asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa) en esta ciudad, Gamboa Patrón dijo que el trabajo por parte de las instituciones mexicanas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (CIEI) “se ha hecho y no ha terminado; la investigación no ha concluido. Aquí nosotros debemos resolver en nuestro país nuestros problemas; sin duda alguna tenemos que llegar a la verdad”.

Así respondió Emilio Gamboa a la propuesta hecha ayer por senadores de Acción Nacional para convocar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que se integre una comisión internacional contra la impunidad en el caso Ayotzinapa.

Al ser interrogado sobre la petición para llevar a juicio político a Jesús Murillo Karam, el senador priista dijo que “el primer esfuerzo” efectuado por la PGR con Murillo “fue serio y profesional” y tiene su aval, a pesar de que reconoció que todavía falta para llegar al esclarecimiento de lo ocurrido en el ataque a los normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

A pesar de ello, se negó a admitir la posibilidad de apelar a una comisión internacional, y más bien anunció que el seguimiento a los trabajos de la PGR y del GIEI se analizará en el Senado, donde se integrarán comisiones, lo mismo que en San Lázaro.

“Lo que presentó el Grupo Interdisciplinario es algo que tenemos que considerar; mi respeto absoluto a los miembros de ese equipo de trabajo”, admitió.

Luego recordó que con la intervención de la UNAM, del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y otros organismos se efectuaron 640 peritajes de expertos del exterior. “Hemos hecho nuestro trabajo… faltan cosas (pero) tenemos todos que hacerle frente como mexicanos a lo que nos hemos enfrentado (sic)”, justificó.


Incluso, Gamboa Patrón pidió no olvidar que Iguala es un municipio gobernado por el PRD y que Guerrero era gobernado por el mismo partido cuando se cometió la agresión a los normalistas y éstos fueron desaparecidos, “y no le hemos echado culpas a nadie, pues de lo que se trata es que salga la verdad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VÉRONICA ESPINOSA.

Nueva evidencia insiste en ejecuciones en Apatzingán: víctimas estaban de espaldas

Una investigación preliminar de las muertes de ocho civiles en un supuesto enfrentamiento con policías federales el 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, muestra que las autoridades dieron explicaciones que contradicen la versión oficial de un fuego amigo o una confrontación.

Una ficha inédita de la averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR), obtenida por Univision Investiga, presenta nuevas evidencias de que las víctimas pudieron ser abatidas por los cuerpos de seguridad del gobierno mientras huían de la escena o ya estaban en el suelo.

“Son demasiados disparos y son disparos en regiones [del cuerpo] no muy comunes de un enfrentamiento”, sostuvo el perito Fernando Elzaurdia, quien analizó el documento a solicitud de Univision.


Las actuaciones de la autoridad se concentraron en desmentir versiones periodísticas sobre el caso, que han apuntado a que los civiles fueron ejecutados por los policías mientras estaban armados solo con piedras y palos.

LAS VÍCTIMAS DE ESPALDAS Y ACOSTADAS

Parte del cuestionamiento alrededor de la versión del enfrentamiento surge del reporte de la necropsia de uno de los seis hombres y dos mujeres que fallecieron esa mañana. Él presentó 20 heridas por arma de alto poder y los otros promediaron siete lesiones cada uno.

El hombre de 25 años identificado por la PGR como Miguel Ángel Madrigal Marmolejo y/o Guillermo Gallegos Madrigal, tenía 20 heridas, la mayoría en el lado derecho de su cuerpo. En la fotografía que le fue tomada ese día, aparece precisamente acostado sobre ese lado.

Elzaurdia explica que esto sucede porque “ya en esa posición fue agredido. No es tan normal que en un enfrentamiento como tal, dos personas disparándose, una persona reciba tantos disparos, esto más bien me habla que esta persona estaba recibiendo disparos sin repeler agresión alguna’’.

Las pruebas están contenidas en una “ficha de seguimiento de asunto relevante” de la PGR, fechada el 28 de abril. Una copia de este documento se remitió a la oficina de la titular de esa institución, Arely Gómez, según confió a Univision una fuente interna con acceso al documento.

Seis días después de que la noticia de estas muertes en Apatzingán se convirtiera en un tema de interés para la prensa mexicana, el excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo, declaró: “Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron haber sido ultimadas por sus propios compañeros”.

Otros de los fallecidos presentaron disparos en la espalda, la parte posterior de la cabeza y los glúteos. El perito considera que las víctimas “no estaban de frente” a que les disparan “sino que estaban de espaldas”.


Los videos de las cámaras de seguridad cercanas y otro de un celular que grabó una de las sobrevivientes coinciden con esta explicación. En ellos se ve a un grupo de personas que baja de unas camionetas, armados con piedras y palos. En pocos segundos regresan corriendo a cubrirse, cuando los tiros comienzan a sonar.

PRUEBAS NO CONCLUYENTES

En la averiguación previa no hay indicios de que las autoridades hayan realizado pruebas periciales encaminadas a probar la versión que descarta el enfrentamiento y plantea una posible masacre.

El perito en criminalística consultado por Univision Investiga considera que “hay una disociación de las armas que se encuentran con el tipo de casquillos que se encuentran. No coinciden, y tampoco coinciden el número de armas con el número de participantes en el hecho, hay muchas cosas que están muy vagas en los documentos oficiales”.

Así se aprecia en los números que consigna el documento, los cuales no cuadran: participaron 43 policías federales, de los cuales 28 declararon haber disparado. A todos se les hizo pruebas de pólvora y solo 12 dieron positivo.

Cuatro armas de los civiles y 20 fusiles de alto poder de los policías federales fueron disparados, pero en la escena solo hallaron 15 casquillos, cuyos modelos no coinciden con las armas encontradas. En el documento, no aparecen otras pruebas periciales que aclaren ninguna de las divergencias.

También hay dudas respecto a otras pruebas. A los federales les analizaron para comprobar si tenían restos de pólvora el 8 de enero, más de dos días después de los hechos.

Elzaurdia explicó que una prueba de pólvora, en un ser humano vivo, no tiene valor después de ocho horas. Añadió que “no es una prueba confirmativa de que hayan disparado. Es más, es una prueba que se puede amañar, tan solo con frotar la mano con una superficie, una tela, un pantalón, se puede borrar el indicio”.


Todas las víctimas dieron positivo a restos de pólvora en su manos, pero ninguno en su ropa. El perito considera que si verdaderamente la persona disparó “sí tendría que salir positiva esa prueba de Walker en sus ropas”. Con esta evidencia, el especialista no descarta que también esa prueba en los fallecidos haya estado falseada.

Los dos sobrevivientes del caso fueron entrevistados por las autoridades en un hospital local. Dijeron que no habían disparado, que solo llevaban palos y que los policías los habían atacado. Ellos resultaron negativos en sus pruebas de pólvora.

“Algunas de las víctimas están siendo perseguidas, ellas hablan de elementos policiacos estatales y de la policía federal, y hablan también de casos de detención, tortura y encarcelamiento de algunos de los familiares de las víctimas”, contó a Univision la periodista Laura Castellano, quien más ha seguido el caso.

En abril, Univision publicó un reportaje de Castellanos que ya arrojaba dudas sobre la versión del enfrentamiento, basado en decenas de testimonios de sobrevivientes y testigos. Varias de las diligencias de la investigación de la PGR después de la publicación estuvieron encaminadas a desmentir fragmentos de este trabajo periodístico.


Con el análisis conjunto de la investigación, el especialista consideró que “sería adecuado hablar de que hay ciertas cifras y ciertos datos que no nos coinciden, que no son claros y habría que pedirle algún resultado más concreto y más apegado a la realidad a nuestras autoridades. Esos datos que se tienen hasta este momento no hablan de un enfrentamiento sino más bien de una ejecución”.

FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: REDACCIÓN/ PENILEY RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1481124.

Inai: Si Banobras no abre los 2,775 millones a Higa, crecerá la idea de corrupción impune

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tendrá que desclasificar y hacer públicos los documentos sobre el crédito de 2 mil 775 millones de pesos, que otorgó a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, y para la que se expropiaron 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México.

La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), notificada a Banobras el pasado lunes 7 de septiembre, destaca que cuentan con 10 días hábiles para hacer públicos los documentos que le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.

En entrevista para SinEmbargo, Joel Salas Suárez, Comisionado del Inai, explicó que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no es válido.


Salas Suárez descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.
“Los documentos se pueden abrir y no requiere mayor carga”, comentó el Comisionado.
De acuerdo con Salas Suárez, fue al momento de entrar al estudio del caso que el Inai cayó en cuenta de que se trataba de una obra a cargo de una filial de Grupo Higa, empresa propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y que recientemente fue investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la sospecha de conflictos de intereses con el Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


José Antonio Lara Duque, Coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), detalló que la resolución del Inai sienta un importante precedente  al poner el tema en debate público y lo mínimo que esperan es que Autopistas de Vanguardia pare de forma definitiva la construcción de la autopista.
“Ese dinero ya no debe moverse, porque si no la idea de que los grandes actos de corrupción en México se solapan, continuará creciendo [...] porque se sigue descubriendo esta delicada y aberrante red de corrupción que existe sobre todo en las tierras mexiquenses”, afirmó.
Con base en los 456 documentos que conforman la investigación de la SFP se concluyó que ni el Presidente ni el titular de la Secretaría de Hacienda “actuaron bajo conflicto de interés” con la empresa de Armando Hinojosa Cantú, aunque de 2013 a la fecha Higa y sus filiales se han adjudicado contratos por mil 037 millones 563 mil 737 pesos.


El hecho de que el documento del crédito otorgado para el financiamiento del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, no figurara dentro de la investigación podría deberse a que éste tiene fecha del 26 de octubre de 2012; sin embargo, el Comisionado detalló que por parte del Inai hubo una advertencia sobre lo oportuno de hacer públicos todos los documentos de los organismos federales que tuvieran relación con Grupo Higa.
“Después de atraer la problemática, analizamos todos los contratos que Banobras reportó a la Secretaría de la Función Pública y nos dimos cuenta que esta obra no está dentro lo que se analizó (…) Nosotros nos permitimos hacer la sugerencia de que se  liberaran todos los contratos con Higa y sus filiales, que valdría la pena eso, ya que así se generaría suspicacia. Llama mucho la atención que la investigación no haya hecho públicos los contratos con la empresa”, explicó.

Lara Duque, defensor de derechos humanos del Estado de México, calificó como aberrante la intención de Banobras de ocultar información y evidencia que en el país están arraigadas las prácticas antidemocráticas en los ejercicios de transparencia.

Los resultados de la investigación de la SFP muestran contratos de Banobras, pero con Eolo Plus, la empresa de viajes aéreos y de helicópteros de Higa. Sólo en 2013 se registraron seis vuelos de entre una y dos horas de duración, con un costo total de 46 mil 295 dólares.

Los pasajeros de estos viajes fueron Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como director General de Banobras en la fecha en que fue otorgado el crédito en cuestión, y Luis Dosal, el director de Proyectos.

En el documento de contratos de Banobras hay otra liberación de pago del 26 de diciembre de 2013, en el que se expiden ocho pagos de mayo a diciembre de ese mismo año, que suman 135 mil 798 dólares.

En 2014, los viajes tuvieron un costo de hasta 849 mil 227 pesos, y para 2015 los pagos registrados van desde los 899 mil 455 hasta los 221 mil 332 pesos.

“Queda claro que las investigaciones entre compadrazgos y familiares, mantienen la impunidad y la opacidad en el manejo de las finanzas públicas. Este gobierno de la República, originario del Estado de México, se ha caracterizado por profundizar este ejercicio de gobierno en el que compadres y allegados políticos se distribuyen todas las autorizaciones, la riqueza y cometen actos de corrupción”, consideró Lara Duque.

La autopista fue concesionada desde 2007 y desde entonces se ha encontrado con el rechazo de comunidades que se verán afectadas por su construcción. Al día de hoy, el proyecto tiene ya un alto porcentaje de avance, pero uno de los factores que ha impedido que continúe la construcción, es la resistencia de los pueblos indígenas de la región.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista conectará con la otra la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.


La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1480120.

Aumenta percepción de que el gobierno fue el responsable del caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la percepción de que el gobierno federal es el responsable de la tragedia va en aumento, igual que la creencia de que los estudiantes están muertos.

Así lo revela una encuesta nacional publicada hoy por El Universal que indica que 34% de la población atribuye al gobierno federal la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes, cifra 19% mayor a la que registró en su sondeo de noviembre último.

Un 47% cree que los autores materiales del hecho son una banda del crimen organizado y 46% que fue la policía municipal de Iguala.


El 54% dice que la tristeza es la emoción que mejor describe su estado de ánimo cuando piensa en el caso y 80% cree que los estudiantes ya están muertos. Esta percepción subió 12% con respecto a la encuesta de noviembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Frena PRI propuesta sobre día contra la desaparición forzada

MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados no aprobará cambios a la ley para establecer “el 26 de septiembre como el día nacional de condena a la desaparición forzada de personas” -como propuso el PAN- y en su lugar sólo avalará “un decreto” del que el PRI aún discute su redacción.

Luego de que el PAN sorprendiera al PRI en la sesión del martes pasado al presentar una modificación menor a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que llevaría a declarar el 26 de septiembre como el día contra la desaparición forzada y donde los priistas reaccionaron postergando su discusión, finalmente este miércoles dieron marcha atrás al albazo panista.

El PRI, a través Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió postergar aún más la discusión sobre Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas y llevarla hasta el martes de la próxima semana.

En el marco de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se elaboraría el orden del día para incluir como punto a discusión de la sesión del jueves 10 la aprobación de la modificación propuesta por el PAN, el PRI dijo que siempre no.

Ramírez Marín argumentó que el 30 de agosto es el Día Internacional contra Desaparición Forzada, por lo que propuso abordar en forma distinta el tema y pidió trasladar la discusión para el próximo martes, sugerencia que el PAN aceptó.

El coordinador del PAN, Marko Cortés, aceptó el día de ayer “bajar” la propuesta de su partido a cambio de que hoy miércoles el tema se discutiera e incluyera para su discusión este jueves 10.

En la sesión del martes el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, asintió con la cabeza que así se haría, según confirmó al micrófono el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano; sin embargo, desde su curul el vicecoordinador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó que el tema se abordaría en la reunión de este miércoles “para integrarlo lo más pronto posible al orden de día, en el momento inmediato”.

Es por ello que el PRI nunca aceptó públicamente ni quedó asentado en el Diario de los Debates que se comprometería a una discusión del tema para el jueves próximo.

Así, con el voto ponderado y donde el PRI y sus dos aliados, PVEM (47) más Panal (11) suman 260 sufragios, sin problemas ganarían la votación para emitir sólo “un decreto”; repensar la “redacción del mismo” y trasladar el debate parlamentario hasta el martes de la semana que entra.

Luego de ello PAN y el resto de los partidos se sumaron al PRI debido a que solos no hacen mayoría.

Ya en público, el panista Marko Cortés justificó la postergación de la discusión con el alegato de que se busca alcanzar un acuerdo que “permita que todas las fuerzas lo podamos construir y que sea en un proceso parlamentario. Todos coincidimos en conmemorar ese día… Estamos buscando cuál será el nombre más correcto para que todos los mexicanos lo recordamos para que sea conmemorado”.


Lo anterior implicaría que el término “desaparición forzada” sea suprimido del “decreto” que busca conmemorar los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Borge: Cuatro años de endeudamiento y autoritarismo

CANCÚN, Q. Roo: A un año de que concluya su administración, el gobernador del estado, Roberto Borge, suma un historial de excesos y abusos, aumento de la deuda, actos de corrupción y violaciones a libertades y a los derechos humanos.

Este 9 de septiembre, Roberto Borge rinde su cuarto informe de gobierno. Al inicio de su administración, cuando presentó su Plan de Desarrollo 2011-2016, ofreció la construcción de un puente de 22 kilómetros en la bahía de Chetumal y otros dos en Punta Cancún y en la laguna Nichupté.

Sin embargo, ninguna de estas obras ha iniciado, y sí, en cambio, la deuda pública se ha duplicado. Con Borge, Quintana Roo se convirtió en el estado con la mayor deuda per cápita del país.

La deuda total de largo plazo de Quintana Roo alcanzó los 19 mil 621 millones de pesos con 13 préstamos, frente a los 10 mil 500 millones de pesos que dejó el exgobernador Félix González Canto, de acuerdo con el último reporte de calificadora financiera Standard & Poor’s publicado el pasado 15 de julio y con corte al 31 de marzo de 2015.

Ante la elevada deuda de la entidad, los bancos acreedores establecieron una serie de condicionantes para aceptar la restructuración de los pasivos bancarios de la entidad, que se concretó en 2014.

Entre otros puntos, obligó a un plan de austeridad, que implicó el despido de tres mil burócratas, en su mayoría de Chetumal, la capital del estado, y limitar la deuda a largo plazo hasta 20 mil millones de pesos.

La calificadora señala que el gobierno de Quintana Roo tiene una deuda con proveedores por dos mil 286 millones, que “sigue siendo alta y podría presionar la liquidez del estado en los próximos años”.

La calificadora evaluó diferentes indicadores económicos del estado y, de entrada, establece que la administración financiera de Quintana Roo es “débil”.

Standard & Poor’s considera que la economía de la entidad es “relativamente débil” por la elevada concentración en el sector turístico.

Más de la mitad de la deuda que ha contraído Borge fue en 2013, año electoral para Quintana Roo, cuando el PRI ganó en los 10 municipios y obtuvo el control absoluto del Poder Legislativo.

De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, la deuda pública del estado se incrementó en cinco mil 006 millones de pesos.

Fitch Ratings precisó que en diciembre 2013 la deuda estatal ascendía a 10 mil 871 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 subió a 15 mil 977 millones de pesos, con lo que en un año se incrementó en 45.6 por ciento.

El recurso de Roberto Borge de recurrir a créditos bancarios se ha replicado en casi todos los ayuntamientos del estado.
En Cozumel, el actual alcalde, Fredy Marrufo, incrementó la deuda de esta demarcación a 691 millones de pesos y en Solidaridad (Playa del Carmen), el Edil Mauricio Góngora, también del PRI, a 817 millones.

Municipios que jamás habían recurrido a créditos bancarios también pidieron préstamos , entre ellos Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, donde se ubica la isla de Holbox, por 10 millones 500 mil pesos y ocho millones, respectivamente.
Frente a la crisis económica, el gobernador Roberto Borge no escatima en los gastos de sus servicios personales y difusión de su imagen.

En el Presupuesto de Egresos de 2015, con el apoyo del PRI, PVEM y Panal, el gobernador determinó aumentar de 75 millones 100 mil pesos a 80 millones 644 mil pesos el presupuesto de los Órganos Administrativos Desconcentrados del Despacho del Ejecutivo.

Dentro de estos Órganos del Ejecutivo, la Unidad del Vocero pasó 33 millones 083 mil pesos a 34 millones 496 mil pesos.
La Secretaría de Gobierno tuvo un aumento de casi 41 millones de pesos, al pasar 115 millones 133 mil pesos a 155 millones 836 mil pesos.

En contraste, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) tuvo una reducción de 16 millones de pesos, al pasar de 119 millones 232 mil a 102 millones 982 mil pesos.

En el mismo tono, La Universidad del Caribe, que se ubica en Cancún, enfrenta recortes por segundo año consecutivo, y pasará de 108 millones a 105 millones 032 mil pesos.

Autoritarismo

Amén de la quiebra financiera que deja Roberto Borge, su administración se ha caracterizado por la persecución política.
“Quintana Roo es una dictadura”, señala la exdiputada perredista Graciela Saldaña.

Y precisa: “Roberto Borge tiene muchas similitudes con Javier Duarte, de Veracruz, a los que la ley que más les gusta es la ‘Ley de del Garrote’”.

A partir de que PRI, PAN y Panal tienen 19 de los 25 diputados, Borge Angulo impuso leyes para impedir las marchas y manifestaciones en las calles y para restringir la labor de los periodistas.

Ha reprimido violetamente y perseguido maestros e indígenas mayas que se atrevieron a protestar en las calles.

El 14 de octubre de 2013, Granaderos arrestaron a 58 maestros durante un operativo para dispersar a docentes que protestaban frente al palacio municipal de Benito Juárez (Cancún) contra la reforma educativa.

Días después, la tarde del 19 de octubre, Granaderos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arremetieron contra padres de familia y maestros que bloquearon la carretera Chetumal-Escárcega (Campeche), a la altura de la comunidad de Nicolás Bravo, a 71 kilómetros de la capital del estado, con un saldo de seis lesionados y 10 detenidos.

Un año después, el 19 de agosto de 2014, granaderos desalojaron violentamente a unas 150 personas que se manifestaban frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), tras dos semanas de protestas por el incremento de tarifas de la paraestatal y la colocación de medidores.

En el operativo fueron detenidos alrededor de 40 manifestantes, incluidas personas ajenas a la protesta que sólo tomaron fotos y videos de la ofensiva de los granaderos contra los activistas.

Días antes, los líderes de ese movimiento, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de Felipe Carrillo Puerto, fueron detenidos bajo cargos de sabotaje por el bloqueo de las oficinas administrativas de CAPA, y salieron libres el pasado 5 de mayo, mediante un amparo.

Esta represión fue cubierta y documentada por el periodista y activista maya, Pedro Canché Herrera, quien tras el desalojo violento del parque principal de Felipe Carrillo Puerto, divulgó un video en el que cuestionó el actuar del gobernador.

Días después, el 30 de agosto, Pedro Canché fue detenido frente a la gasolinería del centro de Felipe Carrillo, bajo cargos de sabotaje.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaron la tortura de la que fue víctima Pedro Canché en los primeros días que estivo en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Mediante un amparo de un tribunal colegiado, Canché obtuvo su libertad nueve mes más tarde; la Comisión Nacional de Derechos Humamos emitió recomendaciones al gobernador Roberto Borge, al presidente del tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva y al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya.

Sin embargo, los abusos del gobernador contra opositores políticos, líderes sociales y periodistas independientes se refuerzan con campañas de desprestigio en medios bajo el control de la administración estatal.

“A través de ejércitos de ‘troles’ y ‘bots’, el gobernador ha emprendido campañas de difamación contra quienes opinamos diferente”, acusa la exdiputada Saldaña.

Lamenta que a pesar de que los excesos del gobernador han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH y hasta en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el presidente Enrique Peña Nieto “sigue solapando” a Roberto Borge.

El expresidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Julián Ricalde Magaña, señala que el gobernador se apoderó también del PRD, que había sido el principal partido de oposición.

El experredista afirmó que el gobernador carece de contrapesos y ha convertido la infamia en una forma de hacer política.
“No hay ninguna obra relevante. Su tan repetido discurso del turismo no se ha traducido en desarrollo”, sostiene.

La exdiputada Saldaña señala que Borge ha cooptado a la oposición local, hasta a Morena, partido en el que impuso como su candidato a gobernador a José Luis Pech Varguez, que forma parte de su grupo político.

“Su única preocupación es quién va ser sucesor. Está preocupado quien le cuida sus espaldas”, afirma la perredista.

El pasado 19 de agosto, en su cuenta de Twitter, Borge promocionó a sus seis candidatos a sucederlo. En su lista no incluyó el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, hermano del actual secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, ni al senador con licencia del PVEM Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”.

Los precandidatos que promovió en una fotografía son: el diputado federal, José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, el alcalde de Chetumal, Eduardo Espinosa Abuxpaqui; el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el presidente municipal de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante; el edil de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, y el presidente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa.

Para el senador panista Daniel Ávila Ruiz, el principal acto de corrupción en que Borge está implicado es el proyecto Dragon Mart, al extremo de que La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se vio obligado a clausurarlo.

Otro escándalo en el que Borge estuvo involucrado fue el otorgamiento de manera directa de las concesiones del servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakán hasta el año 2053, en las ciudades de Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún.


El senador Ávila Ruiz resume al gobierno de Borge: “Es una calamidad para todos los quintanarroenses. Lo digo con conocimiento de causa”. Y subraya: “Bendito Dios que ya sólo le falta un año”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.