El Dragonario: 09/04/15

viernes, 4 de septiembre de 2015

Hallan cinco tinacos con restos humanos en rancho de Jalisco

MÉXICO, D.F: Agentes de la Fiscalía General de Jalisco encontraron en un rancho de Zapopan restos óseos y dentales en el interior de cinco tinacos que contenían residuos de ácido clorhídrico.

Eduardo Almaguer, titular de la dependencia, confirmó lo anterior y dijo que todavía no se tiene la certeza del número de víctimas que fueron presumiblemente ‘cocinadas’ en ácido.

Según el funcionario, en el rancho también se encontraron armas y cartuchos, así como prendas de vestir, bidones de gasolina, palas, guantes y restos de sangre, lo que los lleva a suponer que la finca pertenecía al crimen organizado y la utilizaban para disolver cuerpos humanos de sus enemigos.

Almaguer explicó que los agentes de la fiscalía llegaron al lugar como parte de una investigación para localizar a una banda dedicada al robo de autos.


Zapopan se encuentra dentro de la zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El rancho fue incautado por la FGE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Explica Peña Nieto su nuevo decálogo al gabinete

MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto presentó este viernes a sus colaboradores el nuevo decálogo de acciones que anunció durante el mensaje que dio con motivo del Tercer Informe de Gobierno.

En un comunicado en el que dio cuenta de la reunión del mandatario con el gabinete legal y ampliado, la Presidencia de la República destacó los objetivos de las 10 medidas en las que enfocará la segunda mitad de su administración, supuestamente para fortalecer el estado de derecho, la economía, los derechos humanos y la integridad.

El titular del Ejecutivo habría revisado con sus colaboradores las diferentes acciones comprometidas con el decálogo, además de hacerles un llamado a conducirse conforme a la ley y con integridad.

El pasado miércoles 2, Peña Nieto anunció las medidas, algunas de ellas recicladas de promesas incumplidas, o bien novedades, como la emisión de bonos bursátiles para obtener recursos para la construcción de escuelas o la creación de una secretaría de Cultura.

Los anuncios, comentados en la prensa como decálogo, han sido constantes desde la campaña electoral, y generalmente se han expuesto en medio de crisis que impactan la imagen de Peña Nieto, como ocurrió con el movimiento #yosoy132 o las revelaciones periodísticas de propiedades compradas por él y su círculo cercano, a contratistas gubernamentales.


Según la Presidencia, los diferentes temas del decálogo se habrían abordado durante la encerrona realizada en la residencia oficial de Los Pinos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODÍGUEZ GARCÍA.

Tlachinollan: priva en Guerrero colusión de narco y gobierno

Tlapa, Gro. La tragedia del 26 de septiembre del año pasado en Iguala –43 muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, seis civiles ejecutados, entre ellos tres estudiantes– pudo ocurrir porque confluyeron los dos brazos de una pinza que tiene al estado de Guerrero envuelto en una ola delincuencial que ha pactado con caciques, alcaldes, corporaciones policiacas corruptas y militares.

Lo sostiene Abel Barrera, quien al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan desde hace 21 años documenta y litiga miles de casos de desaparición forzada, ejecuciones, violaciones, tortura, despojos agrarios, atropellos diversos. Pregunta: “¿De qué otra manera se puede explicar que se arremetiera con tanta violencia contra estudiantes desarmados y hasta un autobús con deportistas, sin razón aparente? Lo significativo es que es una acción de grandes dimensiones donde actúan en público, juntos, delincuentes y policías, seguros de su impunidad”.

En ese entorno que pesa sobre las diferentes regiones guerrerenses –Montaña, Costa Grande y Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente, Zona Norte y ya no se diga Acapulco– los poderes políticos se trenzan con el poder del crimen organizado de tal manera que no se puede distinguir el uno del otro. Ahí, en esas comunidades, no hay mediación alguna entre los pobladores y sus organizaciones y el poder autoritario: “No hay nada que amortigüe el choque entre la violencia y la indefensión ahí donde la única ley que vale es la del sicariato. Es fierro contra fierro”.

Con motivo del próximo aniversario de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas –el caso más grave que ha representado Tlachinollan–, Barrera habla en extenso con La Jornada. Explica que un suceso como ese solo pudo suceder por la conjunción de dos procesos paralelos: “Por un lado el brazo represivo del gobierno, con policías que son pistoleros sin control, que extorsionan, que se vinculan con secuestradores. Y por otro lado los grupos del crimen organizado que han adquirido fuerza propia desde el momento que el narcotráfico asienta su plaza en el estado. Esto es lo que detona la tragedia del 26 de septiembre”.

Los de Tlachi, “radicales”,

según el gobernador

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan –reconocido y respetado a nivel internacional pero tildado por el gobernador Rogelio Ortega como “radical” y ligado con guerrilleros– despliega su trabajo de defensoría en tres frentes caracterizados por su pobreza, aislamiento y conflictividad: la Montaña, desde Tlapa; Costa Chica desde Ayutla y directamente desde la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Ello les ha valido una serie de premios internacionales, entre ellos el de Amnistía Internacional sección Alemania.

Barrera advierte que desde el gobierno federal y estatal “hay un empeño muy claro” de contener el avance de las causas que defienden. “Cada vez que logramos quitar una piedra en el camino nos ponen una roca enfrente, con toda la intención de cerrarnos el paso; de cerrarle el paso a la justicia”.

Antropólogo de formación, nativo de Tlapa, seminarista en su juventud y estudioso de teología, Abel Barrera habla extensamente con La Jornada ante la proximidad del primer aniversario de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa.

Comenta sobre la forma como abordó el presidente Enrique Peña Nieto la reunión que sostuvo con los familiares en Los Pinos, “desinformado, indiferente”; sobre la investigación con la que el ex procurador Jesús Murillo Karam intentó cerrar la investigación; sobre el papel que jugó esa noche el ejército mexicano: “No estuvieron a margen de esta acción”. Y finalmente, sobre “la luz en la obscuridad” que representa para las madres y padres de los muchachos desaparecidos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asignado por la ONU y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses.

Estaban en la mirilla

–Considerando la historia de Guerrero, desde la guerra sucia, los crímenes nunca resueltos y el deterioro de la seguridad evidente desde hace años ¿Ayotzinapa es un episodio dentro de esta sucesión de hechos?

–No, más bien es un hecho en el que se conjunta el carácter represivo de los gobiernos caciquiles con la ola delincuencias que se ha desbordado en diferentes regiones. No podemos olvidar que la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido una piedra en el zapato de los gobiernos caciquiles que son responsables de desapariciones y ejecuciones de activistas, líderes comunitarios y defensores.

La noticia de la noche de Iguala bien hubiera podido pasar desapercibida: algunos jóvenes asesinados por la policía es nota común, local. El problema, el agravio, es que los jóvenes atacados son estudiantes de una institución que ha sido emblema de la educación para los más pobres. Y que desaparecen a 43.

–¿Fueron blanco del ataque por el hecho de ser estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”?

–Precisamente. Ahora sabemos que estaban en la mirilla de la policía, que los seguían, sabían dónde estaban, cómo actuaban, a dónde iban. La policía iba con el objetivo de parar a los jóvenes. Y lo hizo de la mano de la delincuencia organizada. Se proyecta claramente la colusión entre autoridades y crimen organizado. Pero ahí llegaron al extremo, a la barbarie.

–¿Qué papel jugó el ejército, que estuvo físicamente en el lugar de los hechos?

–Los soldados intervinieron, como todas las demás autoridades, desde una postura de represión al movimiento estudiantil. Es una posición que los considera de alto riesgo para el status quo. No estuvieron al margen. El hecho mismo que hayan ido a la clínica persiguiendo estudiantes, que los hayan sometido, encañonado, despojado de sus celulares, indica que iban a someterlos, contenerlos, aislarlos, amedrentarlos para hacer el trabajo sucio a la policía y a la delincuencia. Su papel fue cerrar el cerco. Hay información muy clara de cómo ellos sabían cómo estaba operando Guerreros Unidos.

La relación de hechos oficial da cuenta que ellos se acercan cuando hay detonaciones de armas de fuego y que en lugar de irse contra los que estaban atacando se fueron contra los estudiantes desarmados que estaban en una clínica.

Hay que mirar con cuidado el hecho de que haya dos grupos de fuerzas especiales del ejército en la Zona Militar. Desde que el ejército aniquiló a la guerrilla en los setentas quedó controlando esa zona, controlando a las policías ministerial, estatal. Y eso sigue igual.

Y bajo ese control se incubó la delincuencia desde los años ochenta, noventa. El narcotráfico no se desarrolló al margen de esas fuerzas federales. Hay intocables.

–¿Esto explica porque no se intenta esclarecer esa liga entre gobiernos municipales, policías federales y crimen organizado?

–El gobierno no quiere trabajar esa línea. Sabemos que en la zona norte hay grupos caciquiles ligados con el narcotráfico que no son investigados, ni siquiera se mencionan. En el expediente oficial la policía ministerial es invisible, cuando se sabe que ahí están los mandos más sanguinarios. Resulta mucho menos costoso, políticamente, focalizar todo en la policía municipal, concluir que todo se origina en unos 20 ó 30 malos policías, medio locos. Se oculta el tejido bien urdido de complicidades entre negocios, intereses políticos, candidaturas, control territorial.

Por eso es tan urgente lo que los padres insisten que se haga: que la investigación se encamine a las redes de complicidad entre autoridades estatales y federales, ejército, poder político y delincuencia. Si no se hace vamos a seguir arrastrando esta cauda de violencia, porque no hay otra forma de llamar a cuentas a quienes han sido los verdugos.

–Está por cumplirse un año de la noche de Iguala. ¿Cuál es la estrategia de lucha a seguir?

–Para las mamás y papás la fecha no significa nada. Mientras no sepan dónde están sus hijos no van a dejar de exigir saber dónde están.

Para ellos un punto central es el informe del Grupo de Expertos del CIDH. Ellos apuestan que con ese informe podrán contar con información contundente, investigaciones científicas, búsquedas en vida, acciones coordinadas y comprometidas con las víctimas. Y los miembros del Grupo de Expertos han sido los acompañantes ideales, los han sabido escuchar. Y tienen capacidad de emplazar al gobierno para que cumpla.

A los padres, al llegar a este primer año, los encontramos más fortalecidos gracias al trabajo meticuloso y responsable de esta instancia.

Esto, y lo que pueda aportar el EAAF –que todavía no sabemos cuándo estará listo– son una luz en la obscuridad.

–¿Qué significó para las familias de los desaparecidos y los caídos aquella reunión con el presidente Peña Nieto en Los Pinos?

–Ellos llegaron pensando que la palabra del presidente tenía algún valor, que hablar con él abría un horizonte para la verdad. No fue así. Solo fue abrir las válvulas para bajar la presión. Lo que encontraron fue a un mandatario desinformado, indiferente.

–¿Cómo evalúan la actuación del ex procurador Murillo Karam?

–Cuando nos presentó horas antes de dar a conocer públicamente su versión oficial, los papás le pidieron que no la diera, que no era una línea bien cimentada, que les iba a lastimar mucho y que no era suficiente. Él nos dijo que no. Ahí vimos que lo que el gobierno necesitaba era salirle al paso a la presión social, a las grandes marchas. Esa su verdad histórica era lo menos costoso políticamente para ellos.

Guerrero en el declive

Abel Barrera y su equipo, entre el que se encuentra Vidulfo Rosales, que lleva la parte jurídica del caso Ayotzinapa, no solo fueron testigos sino víctimas también de varios casos que marcan el declive que sufren varias regiones del estado.

“Hace más de diez años estamos alertando sobre este proceso de descomposición en Tierra Caliente, zona norte, Costa Grande, por el pacto entre autoridades municipales y delincuencia organizada. Con hechos muy concretos: Uno fue en 2009, el asesinato de dos defensores indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Tecuanapa.

Pero es la defensa de las dos mujeres mixtecas violadas por militares, Valentina Ortega y e Inés Fernández, lo que nos pone como defensores en el umbral de alto riesgo. Tuvimos que cerrar durante más de un año la oficina en Ayutla y pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para más de 100 compañeros.

Luego ocurrió la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán. Un retén de militares los señaló en un autobús de Acapulco a México y un segundo retén de delincuentes los secuestró. Ellos habían denunciado los comportamientos opacos del Ejército y sus acuerdos con la delincuencia en la Sierra de Petatlán en una reunión con altos mando en Acapulco.

Eran las mismas denuncias que habían hecho antes los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999, que fueron torturados o el Ejército y presos muchos años ilegalmente. Ellos demostraron que el control del bosque contra la tala inmoderada era contener el negocio de la droga. Y que por eso la delincuencia y los caciques les disputaban a las comunidades el control de los bosques. Y en esa red de complicidades ya estaban los militares coludidos.

Así fue como esa ola delincuencial fue envolviendo a las regiones: La Montaña, Costa Grande, Costa Chica, ya no digamos Acapulco que fue la disputa por el control del mercado; zona norte y Morelos, luego por Tierra Caliente la disputa de Michoacán. De este modo la gobernabilidad quedó en manos de la delincuencia. Ellos venden seguridad a cambio de la cuota para la siembra y el trasiego de amapola.

El sueño de justicia se tornó en pesadilla

–Tlachinollan nació hace 21 años y se ha desarrollado en este entorno. ¿Qué significa su presencia?

–Para nosotros el sueño de justicia con que empezamos nuestro trabajo se ha tornado en una pesadilla. Cuando uno empieza en la lucha de los derechos humanos tiene la esperanza de poder abatir la impunidad, pelear porque la ley funcione, hacer visible la injusticia, darle voz a la gente. Ganamos muchas cosas: pudimos darle voz a la gente, ganar casos en la Corte Interamericana, sentar al ejército en el banquillo de los acusados, hemos ganado juicios agrarios. Como se ganó el caso de La Parota. Pero ganarlo significó castigo para su líder (Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras) encarcelado durante un año).

Hay un empeño de las autoridades de hacer más cruento este caminar. Cada vez que logramos quitar una piedra del camino y nos ponen una roca enfrente.

Trabajamos en medio de la inseguridad, las amenazas, las desapariciones. Así vamos sorteando los caminos en estas montañas, sabiendo que el gobierno tiene minado este territorio con policías sanguinarias y sicarios, con un ejército impune.

Nuestra apuesta es la alianza con la sociedad, caminar acuerpados con los pueblos, con la gente. Aquí los defensores de primera línea son los defensores comunitarios, los que defienden el territorio, organizan las asambleas, las mujeres que cohesionan a la gente para hacer realidad la vida comunitaria.

Sabemos que las autoridades esperan cualquier momento para darnos un zarpazo, para tildarnos de delincuentes y sobre todo para mandar señales funestas a sus aliados de la delincuencia. No sabemos si cuando enfrentamos a una autoridad estamos enfrentándonos a una banda del crimen.

Por ejemplo, en la zona son varios los presidentes municipales apoyados por el crimen organizado. Cuando la comunidad denuncia que el alcalde no cumple con una obra o servicio, sería muy básico. ¿Pero si sus guardaespaldas, sus policías, su equipo trabajan para la delincuencia? Ahora tenemos que contenernos, replegarnos a veces, callar cosas, porque es pelear por la sobrevivencia.


Pero esto comparado con lo que la gente está sufriendo en La Montaña, en la sierra, en las costas, es nada. Ellos siguen llorando la pérdida de sus hijos, la desaparición de sus seres queridos, el desplazamiento, que es la otra parte del drama que no se conoce.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Blanche Petrich.

Abre ISSSTE investigación sobre la atención que recibió Lerdo de Tejada previo a su muerte

Abre ISSSTE investigación sobre la atención que recibió Lerdo de Tejada previo a su muerte.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició una investigación para revisar el cumplimento de protocolos de atención cuando recibió al ex director de la institución, Sebastián Lerdo de Tejada, el día en que falleció.

En un comunicado, informó que la prestación de servicios médicos en el instituto responde a protocolos generales de atención y su seguimiento es de cumplimiento obligado por quienes están involucrados.

Respecto de la atención de Lerdo de Tejada, quien ingresó la noche del pasado 22 de mayo al Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, donde murió a consecuencia de un infarto, dejó en claro que está en marcha una investigación.

El Comité de Quejas Médicas, órgano colegiado y de conformación interdisciplinaria, así como la Comisión de Vigilancia y el Órgano Interno de Control, comenzaron una investigación para revisar el cumplimiento de dichos protocolos durante la atención recibida por el ex funcionario el día de su fallecimiento.


El ISSSTE reiteró su respeto irrestricto al personal médico y de apoyo en materia de salud que diariamente contribuye con su vocación y trabajo al servicio de más de 12 millones de derechohabientes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Video muestra presunta negligencia en muerte del director del ISSSTE

Se suspendió por varios segundos el masaje cardiaco debido a la avería de una rueda de la camilla y al llegar al hospital pasaron varios minutos para que lo atendieran.


El pasado 22 de mayo por la noche falleció el entonces director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, en un hospital de ese mismo instituto donde, de acuerdo con un video en poder del diario El Universal, no recibió la atención médica adecuada que marcan los protocolos para asistir a un paciente que sufre un infarto.

El video con duración de 3 minutos, muestra su ingreso al Hospital Regional Adolfo López Mateos, y cómo de los tres paramédicos que lo recibieron, uno le da masaje en el corazón. Pero por un momento, se observa que la asistencia se interrumpe porque está averiada una de las llantas de la camilla en la que estaba Lerdo de Tejada.

Quien masajeaba el corazón del director, dejó de hacerlo unos 23 segundos, para ayudar a sus compañeros a reparar la rueda. En tanto, una enfermera sólo carga un tanque de oxígeno.

De acuerdo con las normas oficiales, en una urgencia médica el afectado puede ser atendido en una sala de choque. Sin embargo, en este caso no ocurrió así sino que fue trasladado hasta el área de urgencias. Tampoco se observó el uso del carro rojo con desfibrilador y sólo se le reintentó reanimar, en principio, con una mano.

Otro aspecto relevante es que su hora de ingreso no fueron las 10:20 de la noche -como informó el hospital-, sino a las 10:15 pm.


Hasta esta mañana, el hospital no ha emitido una postura sobre el referido video y la presunta negligencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aristegui, Vargas y la Defensoría

(1 de Septiembre 2015) Ayer dejé (31 de Agosto) de ser Ombudsman o Defensor de la Audiencia de Noticias MVS. No fue un despido, como lo entendieron algunos colegas, sino el término de un compromiso que asumí por dos años en 2013. Pude haberme postulado para la renovación en el cargo, pero los planes de la empresa y míos eran otros.

La empresa optó por utilizar los servicios de la Defensoría de las Audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y desaparecer su figura autorregulatoria, para evitar un doble gasto. Los concesionarios afiliados a dicha Cámara, entre éstos MVS Radio, pagan una cuota –supongo obligatoria- para sostener la Defensoría de toda la industria, lo que inhibe los intentos de tener un Ombudsman propio por grupo o estación de radio o televisión.

Lamento esta decisión porque tener una Defensoría exclusiva hubiese sido una muestra contundente del interés del grupo radiofónico hacia sus audiencias, más aún ante lo ocurrido en torno de la periodista Carmen Aristegui. Sin embargo, la empresa también estaba en todo su derecho de aprovechar la instalación de una Defensoría nacional, a la que debemos exigir cuentas sobre lo que ha hecho y hará por los derechos de las audiencias.

MVS Radio hizo historia en la radio comercial al contar, por primera vez, con un mecanismo de autorregulación, que incluyó la creación de una Defensoría de la Audiencia, un Código de ética, un Comité Editorial (integrado por periodistas y directivos de la emisora) y la firma de un contrato modelo –y al parecer único- en el periodismo, que dejó en manos de la periodista Carmen Aristegui la línea editorial del noticiario que encabezaba.

La Defensoría se creó cuando Aristegui regresó a MVS en febrero de 2011, dos semanas después que fuera despedida por solicitar que se explicara el estado de salud de Felipe Calderón. El comentario se generó al día siguiente de que el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña exhibiera una manta sobre el supuesto alcoholismo del presidente. Posteriormente, en agosto de 2012, el presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, reveló que fue presionado por el gobierno para que no recontratara a la periodista porque eso pondría en riesgo su proyecto de nuevos negocios en la banda de 2.5 GHz.

Fui elegido Ombudsman por decisión del presidente de MVS Radio, Alejandro Vargas, a partir de una terna que propusieron conductores de la estación. En su momento, el director de Información, Gilberto Molina, a quien mucho extrañamos, fue quien me invitó y me informó de la propuesta. Me entrevisté con Alejandro Vargas y comencé el primero de septiembre de 2013.

Mi nombre apareció en esa terna quizás por estar involucrado en los temas de radio y televisión, por mi experiencia como Mediador del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), porque me ubicaban los conductores titulares al ser entrevistado por ellos en diversas ocasiones y por ser comentarista durante tres años en el noticiario de Ezra Shabot y co-conductor de un programa sobre telecomunicaciones en Noticias MVS, con Irene Levy y Jorge Fernando Negrete.

Evidentemente conocía, de tiempo atrás, a Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, a Alejandro Vargas, y algunos directivos, como Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, con quien me une una amistad y respaldó los proyectos que propuse en la estación.

No obstante estas relaciones, cuando me convertí en Ombudsman asumí con plena independencia mis obligaciones y así procuré actuar en los meses siguientes. No podía ser de otra manera porque hubiese sido un fraude a las audiencias y a la aparente decisión de periodistas y directivos por autorregularse a través de sus documentos deontológicos y la Defensoría.

Desde el principio, mis recomendaciones y opiniones no fueron bienvenidas. Por ejemplo, cuando emití un comentario sobre los desequilibrios en la cobertura de la reforma energética, en diciembre de 2013, fui cuestionado porque les parecía que me excedí en mis atribuciones. Luego vinieron otros casos periodísticos más controvertidos (como la difusión de una grabación ilegal del periodista Pedro Ferriz de Con y la denuncia de una supuesta corrupción de la empresa Alstom, junto con una campaña de spots pagados en su contra), que me llevaron a actuar con nuevas recomendaciones, también ignoradas.

Durante el análisis y aprobación del proyecto del Código de ética también mi posición fue siempre a favor de la independencia editorial de los periodistas y los derechos de las audiencias. Este documento –es necesaria la precisión- se basó en el Código incorporado en el contrato de Aristegui con MVS, mismo que continúa vigente, debido a que aún no hay una resolución judicial que diga lo contrario.


Como informé la semana pasada, el Código de ética fue aprobado en más del 90 por ciento de sus artículos. Sin embargo, desde el año pasado se interrumpió su discusión cuando era inminente entrar en la aprobación de un artículo central, uno de los más importantes, que privilegiaba el periodismo por encima de los intereses corporativos de MVS. Dicho artículo establece lo siguiente:
4.2 Noticias MVS privilegiará el interés público de la información por sobre intereses comerciales y corporativos extraperiodísticos. En consecuencia, rechazará toda presión política, económica y de cualquier otra índole que pretenda influir ilegítimamente en los criterios editoriales de los titulares de las emisiones, los periodistas y los analistas de Noticias MVS, así como todo intento de censura o de vulneración de los derechos profesionales y laborales de cualquiera de sus periodistas o que menoscaben su integridad profesional por motivo de sus coberturas informativas, sus investigaciones periodísticas, sus análisis de coyuntura y sus comentarios editoriales
La posición de directivos de MVS y de uno de los periodistas es que el artículo debía modificarse porque era confuso y que los intereses de la empresa sí debían ser tomados en cuenta en decisiones editoriales. La posición de Carmen, con el respaldo mío, es que se mantuviera el artículo tal cual porque de lo contrario se pondría en riesgo la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de las audiencias. El artículo se “encorchetó” para su discusión hasta al final para evitar un evidente choque de posturas, que no llegó por obvias razones.

La gota que derramó el vaso fue mi actuación durante el conflicto entre Carmen Aristegui y MVS. Si la comunicación entre la empresa y el Ombudsman ya no era fluida, mucho menos a partir de mi primer posicionamiento sobre la campaña mediática de la empresa en contra de su propia conductora. Desde entonces no fui recibido por Alejandro Vargas para la entrega de las miles firmas, vía change.org, que solicitaban la reinstalación de Aristegui ni para algunos acuerdos básicos ante la culminación de mi responsabilidad en MVS. La comunicación fue sólo con José Antonio Vega, director de la emisora.

Lo entendí, pero sigo sin saber cuál fue el motor para que la familia Vargas actuara de esa manera con todo lo que tuviese una relación con el despido de Carmen, desde su equipo de trabajo hasta su audiencia, incluido el Defensor.

Quienes conocemos a la familia Vargas coincidimos que son empresarios honestos, emprendedores, que han llevado a cabo desde hace años una larga e intensa batalla a favor de la competencia en el sector y en contra de los monopolios mediáticos. Por si fuera poco son personas amables, sensibles, con un “don de gente” que no encontramos en la mayoría de los empresarios de los medios de comunicación en México.

Por eso, coincido con Carmen Aristegui que, por ejemplo, los calificativos utilizados en la campaña en contra de ella por el supuesto uso ilegal de la marca y la realización de convenios sin el aval de la empresa, fueron desmedidos y en ellos no se podía creer que estuviese la mano de la familia Vargas. Me consta el buen trato de Joaquín y Alejandro Vargas con sus colaboradores. Me consta la comunicación fluida y respetuosa de Alejandro durante las juntas de los lunes en el Comité Editorial. Pero algo muy fuerte sucedió (la “casa blanca”, la publicidad oficial, algún tema de concesiones, no sé) y la situación cambió.


Una anécdota. Varias semanas después del conflicto por la salida de Aristegui, acudí a MVS Radio para una reunión. Durante años, como comentarista y como Ombudsman, tuve acceso libre a las instalaciones. Esta vez no. No obstante que cuento con gafete de la empresa, los guardias de seguridad –que me conocen de sobra- pidieron mi registro y que entregara una credencial para permitirme entrar. Sí, la situación cambió.

Ante la “cacería” en contra de Carmen y su equipo, el Defensor de la Audiencia no podía quedarse con los brazos cruzados. Por supuesto yo nunca vi un conflicto entre particulares, sino un acto que amenazó la libertad de expresión de los periodistas involucrados y que al mismo tiempo afectaba los derechos de las audiencias.

Se me señaló de ser parcial, de actuar a favor de Aristegui y sus colegas. Por supuesto fui parcial. No podía ser de otra manera ante lo que estuvimos: un conflicto artificial que fue escalando en pocas horas hasta lo jurídico para expulsar de la estación a los periodistas y la imposición de lineamientos editoriales que eran contrarios al contrato que Carmen tenía firmado con la empresa y al proyecto del Código de Ética que se estaba aprobando en el Comité Editorial. El 12 de marzo exhorté a un diálogo entre las partes para encontrar la solución a un diferendo poco relevante, pero fue una voz en el desierto ante una decisión tomada por la familia Vargas.


También se me calificó de activista y mi respuesta fue que soy y continuaré siendo activista de los derechos de las audiencias y de la libertad de expresión con responsabilidad de los periodistas. Que así como defendí la posición de los periodistas en el 2015, lo hice a favor de la empresa y la familia Vargas en 2011 ante la “cacería” del gobierno calderonista en su contra.

Haber sido Defensor de la Audiencia fue un privilegio. Pero es una función un tanto ingrata porque muchas veces no se satisfacen las expectativas de la audiencia ni tampoco el medio y los periodistas están muchas veces dispuestos a aceptar que posiblemente se equivocaron, que no actuaron con ética o pudieron haber violado derechos de las audiencias. Por eso, muchas recomendaciones y seguimiento de quejas de los radioescuchas se quedaron en al aire ante la falta de respuestas o acciones correctivas de la emisora, lo que colocó la figura en una vulnerabilidad, y para colmo, a doble fuego.


La ausencia de un compromiso firme por la autorregulación y la autocrítica puede echar por la borda las buenas intenciones de la creación de las defensorías de las audiencias, en MVS y en toda la industria de la radiodifusión. De ahí la importancia de fortalecer mucho más el proyecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias para que no se conviertan en letra muerta.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/01-09-2015/38696.

La policía federal y estatal ataca y desaloja a los pobladores de la comunidad de Tequisistlán, Tezoyuca, en el Estado de México





La policía federal y estatal ataca y desaloja a los pobladores de la comunidad de Tequisistlán, Tezoyuca, en el Estado de México, haciendo valido el decreto de expropiación de sus tierras y casas para la ampliación de una carretera. Esto es en las inmediaciones de lo que será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La población está resistiendo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS

En cinco años, México y EU deportaron a 840 mil migrantes centroamericanos

MÉXICO, D.F: En cinco años, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y México condujeron a la deportación de más 840 mil migrantes originarios de los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, El Salvador y Honduras–, entre los cuales había más de 40 mil niños, según un informe publicado este jueves por el Grupo de Estudios sobre la Migración Regional, que forma parte del Instituto de Políticas Migratorias de Washington.

“La administración de Barack Obama continuó y profundizó la tendencia a la protección más dura de la frontera que empezó en los 90”, analizaron los académicos Rodrigo Domínguez y Victoria Rietig –autores del estudio–, y “México, por su parte, despliega una estrategia agresiva que incluye el incremento de la vigilancia fronteriza, retenes internos y operativos en lugares que frecuentan los migrantes centroamericanos, como terminales de autobuses, hoteles y restaurantes”.

A consecuencia de lo anterior, las detenciones de migrantes centroamericanos se triplicaron de 2010 a 2014 al pasar de más de 100 mil é a más de 340 mil, mientras que la cifra de deportaciones se incrementó de 142 mil a 213 mil en el mismo periodo.

Y en 2015, por primera vez, se espera que las autoridades mexicanas detengan a un número mucho mayor de migrantes en tránsito por el país que sus homólogos estadunidenses: 173 mil, contra 110 mil, entre ellos 29 mil niños, 7 mil más que los vecinos del norte.

Según el estudio, el número de aprehensiones en México se disparó en un 70% en comparación con el año anterior; este incremento brutal, dice, resulta “de la implementación en México, en parte bajo la presión de Estados Unidos, del Programa Frontera Sur”.

De acuerdo con los datos del estudio, la aplastante mayoría de los migrantes centroamericanos deportados son hombres, menores de 29 años, con bajo perfil educativo. Un dato: 80% de los deportados guatemaltecos y hondureños sólo han cursado la secundaria, en cambio, 35% de los salvadoreños terminó la preparatoria.

En 2013, 40% de los deportados reportó que, seis meses antes de salir de sus países, se encontraba desempleado. El 25% laboraba en trabajos agrícolas y el 14% desempeñaba en el sector de la construcción.

“Los factores que empujan a la migración desde Centroamérica –violencia, pobreza endémica, gobernanza débil, falta de oportunidades económicas y vínculos familiares en Estados Unidos–, permanecen”, destaca el informe.

Niños, expuestos

A partir de 2011 empezó a dispararse el número de niños centroamericanos que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, huyendo la pobreza crónica, el desempleo y la violencia, moviéndose con la esperanza de juntarse con sus familiares radicados en el país.

Así, en 2014 las autoridades migratorias estadunidenses detuvieron a 52 mil niños centroamericanos, 20 mil de ellos durante los meses de mayo y junio, lo que desbordó a los centros de detención y atrajo la atención de los medios de comunicación.

Si bien desde 2010 las autoridades estadunidenses deportaron a un promedio de mil niños cada año, el Instituto Nacional de Migración (INM) expulsó a 34 mil niños en total desde hace cinco años. La tendencia va al alza.

Estados Unidos deportó en 2014 a tres de cada 100 niños no acompañados, mientras México deportó a 77 de cada 100 niños que detuvo”, plantea el informe.

Explica que en Estados Unidos, después de su detención los niños migrantes entran en un proceso judicial que puede tardar bastante tiempo, con el fin de determinar si enfrentarían riesgos al volver su país.

En México, pese que las leyes estipulen un proceso similar, las autoridades proceden “a la deportación prácticamente inmediata de la mayoría de los niños aprehendidos”, lo que “limita el estudio humanitario”.

Las estadísticas del 2013 demuestran que en su mayoría, los migrantes menores de edad no acompañados que terminaron en los centros de detención tuvieron entre 12 y 17 años y eran varones; sin embargo en 2014 la proporción de niños menores de 12 años entre la parte de menores de edad detenidos aumentó de manera preocupante.


Lo anterior “es un resultado inmediato del incremento del número de familias que huyen de sus países” debido a “la deterioración de las condiciones de seguridad –las mujeres y los niños están particularmente vulnerables ante la violencia doméstica y de las pandillas—y el incremento de los servicios puerta-a-puerta que ofrecen las redes de traficantes al prometer una disminución de los riesgos en la travesía de México”, estima el informe.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

En su pataleo, el PT clama apoyo… del PRI

MÉXICO, DF: El Partido del Trabajo llegó a la 63 Legislatura de la mano del PRD con seis diputados, sin embargo, no fue a su aliado a quien hoy recurrió el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, para buscar apoyo e impedir la disolución del organismo, sino al PRI.

Desde mediodía, Anaya ingresó al salón de plenos de San Lázaro y buscó afanosamente al coordinador de la fracción mayoritaria y partido en el gobierno, el priista César Camacho Quiroz.

Poco más de una hora, el también exdiputado federal y exsenador del PT, partido que este jueves el Instituto Nacional de Elecciones decretó la cancelación de su registro por no haber logrado el 3% de la votación nacional el pasado 7 de junio, dialogó con la “burbuja” priista.

César Camacho, sentado en su curul; a su lado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada priista y, atrás de ellos, Enrique Jackson Ramírez, otro de los 16 vicecoordinadores del PRI, escuchaban a Alberto Anaya. A lo largo de una hora, Camacho Quiroz ni siquiera se dignó a ponerse de pie, y atendía a Anaya desde su cómoda curul de gastada piel.

Anaya, quien en 2006 y 2012 impulsó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y en 2012 formó el Frente Amplio Progresista junto con PRD y MC, pronto olvidó el distanciamiento que hubo con el partido en el gobierno desde que arrancó la pasada legislatura y de la cual él mismo formó parte.

El dirigente del partido que nació hace 25 años, el 8 de diciembre de 1990, con el lema “Unidad popular ¡todo el poder al pueblo!”, y cuya fracción parlamentaria desde que tuvo representación en la Cámara se ubicó en el piso uno del edificio B de San Lázaro custodiado siempre por las imágenes de Lenin, Mao Tse Tung, Carlos Marx y Federico Engels, se armó de paciencia y esperó y esperó.

Alberto Anaya mostraba varios documentos que traía en un sobre amarillo y hablaba con Camacho Quiroz, aunque más atento parecía Ramírez Marín. Luego, el coordinador priista se levantó de su curul y condescendiente atendió al petista.

Pasada la hora, Camacho Quiroz –acompañado de Ramírez Marín– se dirigió a la zona del PAN y algo consultó con su contraparte, Marko Cortés. Luego regresó a su lugar y Anaya se fue tras banderas para ahí hacer entrega de la documentación que lo acreditaba como usufructuario de una parte de las oficinas del piso 1 del salón B.

El secretario general de Cámara, Mauricio Farah, recibió los documentos y los 15 espacios, junto con una cocina y sala de juntas, pasarán a partir de esta Legislatura a ser ocupados por los 35 diputados que hoy tiene la quinta fuerza electoral de San Lázaro: Morenal, el partido forjado por el tabasqueño López Obrador.

Alberto Anaya prefirió no acercarse al palco de prensa, de donde salían gritos y gritos de los reporteros clamando su presencia.

Uno de los priistas de la “burbuja” reveló al final de la sesión: “Se acercó a pedir apoyo. Extraño, ¿no? Antes nosotros se los pedíamos y ahora son ellos quienes recurren a uno ante la pérdida definitiva de su registro”.


La petición del petista hacia los priistas fue que durante el recurso de inconformidad que presenten ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el PRI les “eche la mano”. Por lo pronto, los poco más de 300 millones de pesos que el PT recibirá de aquí a diciembre de parte del Instituto Nacional de Elecciones se quedarán en resguardo en el organismo para que de ahí, en caso de cancelación definitiva, se salden las deudas que tiene el partido para luego hacer suyos todos los bienes en su poder, incluyendo vehículos, edificios y muebles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Firman los dos primeros contratos petroleros con capital privado

MÉXICO, D.F: La apertura de la industria petrolera al capital privado se concretó hoy tras la firma de los dos primeros contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, correspondientes a la primera convocatoria de la Ronda Uno.

Concluido el proceso licitatorio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y los representantes legales del consorcio formado entre Sierra Oil, Talos Energy y Premier Oil, firmaron los primeros contratos que formalizan la participación de capital privado en actividades que desde hace 78 años estaban reservadas para Petróleos Mexicanos (Pemex).

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que con esta firma, “México se sincroniza con los países avanzados” e insistió en que los recursos no se entregan a manos privadas.

Con la firma de los primeros contratos, precisó, se hace realidad, después de ocho décadas, la participación de empresas privadas que aportarán “experiencia y capacidad” para la extracción de crudo y gas “en mejores condiciones” para México.

“Con esta firma, México se sincroniza en materia de energía con los países más avanzados en materia de políticas públicas energéticas y da un enorme paso hacia un futuro, donde los hidrocarburos del subsuelo se aprovecharán de manera más eficiente en beneficio de la nación”, afirmó.

Además, sostuvo que la firma de los contratos es muestra de la “cero discrecionalidad” en el proceso de asignación.

“En México existe transparencia, certidumbre y cero discrecionalidad en la asignación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos; invito a las demás empresas y consorcios a que sean partícipes de esta gran cambio de era que estamos viviendo en el sector energético nacional”, pidió.

Los contratos fueron suscritos por el comisionado presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, por parte del gobierno, y del sector privado por John Ashland Shepherd y Bill Moss, de la firma Talos Energy; Timothy Lloyd, de Premier Oil, y Salvador Beltrán del Río e Iván Sandrea de Sierra Oil & Gas.

En julio pasado el gobierno adjudicó dos de los 14 bloques ofrecidos en la primera fase de la ronda.

El bloque dos comprende un área de 194 kilómetros cuadrados, contiene aceite ligero, y se encuentra frente a las costas de Veracruz.

El bloque siete, el más competido en la licitación y en el que se recibieron ofertas de Statoil, Hunt Overseas y Eni, está ubicado frente a la costa de Tabasco y tiene una extensión de 465 kilómetros cuadrados.

De 24 empresas y consorcios precalificados, sólo nueve presentaron ofertas para participar en la primera fase de la Ronda Uno.

Los contratos signados tienen una vigencia de 30 años, y son prorrogables dos veces por cinco años más e incluyen una fase de exploración de cuatro años, con posibilidad de ampliarlos dos más.

Las empresas ganadoras deberán pagar al Estado un porcentaje de utilidad operativa —sujeto a un mecanismo de ajuste progresivo—, cuota contractual por kilómetro cuadrado, regalías sobre ingresos brutos, impuesto de actividad de exploración y extracción por kilómetro cuadrado e impuesto sobre la renta.

Zepeda Molina informó que, tras la firma, el consorcio ganador tendrá un plazo de 90 días para realizar la evaluación de condiciones ambientales y 120 para presentar su plan de exploración.


En representación del consorcio privado, Iván Sandrea, representante de Sierra Oil and Gas, expresó su beneplácito por la suscripción de los contratos y el interés del consorcio de seguir participando en la “apertura de México”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: KARINA TERÁN.

Propone PAN reducir financiamiento de partidos políticos

La iniciativa de reforma fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales para su análisis, y a la de Gobernación para opinión.

Con el fin de destinar más recursos para atender los asuntos prioritarios del país, la diputada María Eloísa Talavera Hernández, presentó una iniciativa para reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales.

La propuesta, que reforma los artículos 41 y 115 constitucionales, y el 51 de la Ley General de Partidos Políticos, traería como resultado una disminución aproximada de 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

“La voz ciudadana es clara, los partidos políticos salen muy caros, gastan mucho y todo a costa del erario público”, expuso la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), durante la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, explicó, se lograría con la modificación de la fórmula que establece la Constitución para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción del salario mínimo vigente en Distrito Federal, multiplicado por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

“Consideramos como una acción justa recortar el presupuesto destinado al financiamiento público de los partidos políticos, así como fortalecer la fiscalización y la vigilancia de los recursos públicos que se les otorgan para sus actividades”, sostuvo.

Talavera Hernández señaló que también es necesario eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan a los partidos políticos, en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya destina recursos para este concepto.

“Por lo que se duplica el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos, es decir, reciben dinero por partida doble”, lamentó.

La legisladora panista calificó como un despilfarro “el gasto desproporcionado de los partidos políticos, mientras que la mayoría de la población, vive en la pobreza y en condiciones adversas que le impiden tener un nivel de vida digno”.

En la gaceta parlamentaria del jueves 3, se puede encontrar la iniciativa de la panista.

Uno de los artículos que cambia dice: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.


Otro marca: “El consejo general, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Entregan ciudadanos al Senado iniciativa de ley sobre desaparición forzada

El texto propone diferenciar entre la desaparición forzada, que involucra al Estado, y la desaparición de personas cometida por particulares.

Diversas organizaciones sociales entregaron este jueves en el Senado de la República una ley sobre desaparición forzada, que castigaría el delito con penas de entre 50 y 80 años de prisión, y que fue recibida por los legisladores del PRD, Angélica de la Peña y Luis Sánchez.

Integrantes del Comité Hasta Encontrarlos y el Comité Cerezo, se manifestaron pacíficamente frente al recinto legislativo la mañana de este jueves antes de entregar el proyecto de ley, con pancartas y mantas referentes a personas víctimas de desaparición forzada.

Los familiares de personas desaparecidas “se han convertido en una especie de ministerios públicos, en policías investigadores, porque quieren saber dónde están sus seres queridos, su padre o madre, hermanos o hijos; es muy lamentable”, dijo De la Peña después de recibir la iniciativa, de acuerdo con La Jornada.

El texto entregado por organizaciones propone castigar a quien cometa el delito de desaparición forzada de personas con una pena de 50 a 80 años de prisión y una multa de 40 mil a 70 mil días de salario mínimo, además de la destitución e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo o empleo en la administración pública.


También precisa la diferencia entre el delito de desaparición forzada, cometida por agentes del Estado o por individuos que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, y el delito de desaparición de personas cometido por particulares, que no involucra al Estado.

Iniciativa que expide una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, texto íntegro.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

A exceso de velocidad y con aliento alcohólico, chofer de exdiputado priista atropella a dos estudiantes

TOLUCA, Edomex: El Movimiento “Metrobús Toluca Ya” responsabilizó al exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Rangel Espinoza y a su chofer de atropellar a dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El incidente ocurrió la tarde de ayer, cuando Itzel Pacheco Cruz, de 18 años de edad y estudiante de Contaduría, y Ely Cruz, alumna de Derecho, de 17, intentaron atravesar los carriles centrales del Paseo Tollocan, a la altura de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El chofer del diputado conducía una camioneta Pick Up color verde, marca Chevrolet, con placas NRO1418 y circulaba a exceso de velocidad.

Testigos de los hechos refieren que los acusados tenían aliento alcohólico y se encontraban en presunto estado de ebriedad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que el único detenido por el incidente fue Gilberto Jiménez López, de 34 años, trasladado a la Agencia Especializada de Hechos de Tránsito.

“Ahora el diputado asegura que no iba en la camioneta. La responsabilidad es clara. Exigimos que el proceso sea conforme a derecho y sin amañamientos derivado de la influencia de este señor”, demandó la organización.

Con traumatismo craneoncefálico, Itzel fue trasladada a la clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se reporta grave; Ely presentaba golpes en el tórax y piernas, por lo que fue trasladada al mismo nosocomio.

En tanto, la UAEM anunció que se mantendrá atenta del estado de salud de las universitarias y proporcionará asesoría legal a las familias.

“Es una realidad que en Tollocan los automovilistas no respetan la señalización, hay reductores de velocidad unos metros antes de donde fue el accidente y es prioritario que se respeten, pues es una zona escolar”, indicó, por su parte, el abogado de la UAEM, José Benjamín Bernal Suárez.

En 2013, el entonces diputado federal fue exhibido por el panista Juan Pablo Adame, quien en su cuenta de Twitter publicó una fotografía del automóvil Mercedes Benz del priísta que en lugar de placas utilizaba ‘charola’.

Entonces, el legislador justificó que el auto era propiedad de su hijo, Juan José Ríos, quien lo adquirió con el objetivo de coleccionarlo, debido a que estaba imposibilitado para conducir.


Explicó que el vehículo no tenía placas oficiales porque no circulaba, que las que portaba fueron un obsequio de la empresa que organizó su campaña.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

México pierde “estrepitosamente” la batalla contra las desapariciones: Amnistía Internacional

MÉXICO, D.F: A raíz del descubrimiento de una fosa clandestina con restos óseos de 31 personas, Amnistía Internacional exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto proteger las pruebas para identificar a las víctimas.

En un comunicado, la organización con sede en Londres, consideró que este nuevo hallazgo en Nuevo León, “pone de manifiesto la urgente necesidad de emprender acciones enérgicas para hacer frente a la crisis de derechos humanos”.

Luego de que el gobierno mexicano confirmara la persistencia de más de 25 mil personas desaparecidas, Ericka Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional, alertó sobre la pérdida “estrepitosamente” de la batalla contra las desapariciones de personas desde 2007, luego de que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico.

Para Guevara Rosas, el “último descubrimiento debe servir de alarma a las autoridades mexicanas y llevarlas a emprender acciones reales para detener lo que parece ser una lista interminable de horrores que están teniendo lugar en todo el país”.

Tras el descubrimiento de restos humanos en Nuevo León, la representante de la organización internacional declaró que el gobierno mexicano debe “emprender investigaciones forenses y periciales sobre este espantoso descubrimiento”, así como llevar a cabo una investigación que “proteja todas las pruebas y las conduzca a la identificación de los restos y la justicia para los familiares de las víctimas”.

En el comunicado la directiva de Amnistía Internacional señaló que el descubrimiento de restos por autoridades locales pone de manifiesto la urgente necesidad de emprender acciones enérgicas para hacer frente a la crisis de derechos humanos, que se deteriora rápidamente”.

La organización internacional resaltó que autoridades de Nuevo León, confirmaron este martes que localizaron una fosa común en un rancho local, fosa en la que se encontraban los restos de al menos 31 personas de los que están realizando pruebas.


Amnistía Internacional recordó que en Nuevo León han sido localizadas varias fosas comunes, zona donde hay una fuerte presencia de bandas delictivas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Seguro contra la estupidez peñista

MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la virtud de que siempre puede sorprender al país con una decisión, conducta o acción peor que la anterior. Ahora el Congreso ha aprobado y está en marcha un seguro para que aproximadamente 35 altos funcionarios de las secretarías de Hacienda y Energía sean protegidos por el Estado y la sociedad con cargo a los bolsillos de los gobernados. Veamos.

Primero. Es no sólo una cuestión de sentido común, sino un mandato de la ley, que los perfiles adecuados, el conocimiento, el mérito, deben reunir los servidores públicos, particularmente aquellos que forman parte de los denominados mandos superiores del gobierno federal, en virtud de las atribuciones que les imponen la Constitución y la ley para conducir los asuntos del país de la mejor manera posible.

En efecto, el artículo 7, numeral 1, incisos a) y b) de la Convención de las Naciones Unidos contra la Corrupción dispone que el nombramiento de servidores públicos estará basado “en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”, e incluirá “procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción”.

La convención de referencia forma parte del sistema legal mexicano habida cuenta que fue aprobada en los términos del artículo 133 constitucional y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 2005.

Con la reforma constitucional de noviembre de 2011, el artículo 1 de la Constitución eleva la jerarquía normativa de las convenciones y tratados a rango de norma constitucional. De manera complementaria, el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como una obligación básica de quien trabaja para la Administración Pública Federal: “Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

De ahí, por tanto, que la publicación de los currículos de los servidores públicos constituye una obligación de transparencia, conforme al artículo 70, fracción XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para conocer la idoneidad entre la función y el funcionario.

Segundo. La falta de aptitud, la negligencia y otras conductas que menoscaben o afecten el interés de los gobernados representan un acto de corrupción. En prácticamente todos los países democráticos la aptitud es un requisito para ingresar al servicio público. En Australia, el mérito es primordial (The Government Sector Employment Act). Lo mismo en Canadá (Public Service Employment Act) y en Estados Unidos (http://www.mspb.gov/meritsystemsprinciples.htm). Y así podría hacerse una lista enorme de países donde el conocimiento, la aptitud y el mérito son elementos básicos para el servicio público.

La Organización de Estados Americanos pondera el Código de Ética de la Función de Argentina, el cual prescribe en el artículo 12: “La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública”. En suma, nadie en su sano juicio podría invocar la premisa contraria: la incapacidad, el desconocimiento y la falta de atención como valores del servicio público, salvo el gobierno de Enrique Peña Nieto en colusión con el Congreso de la Unión y Luis Videgaray, el hombre detrás de esta singular medida para proteger la estulticia.

Lo anterior es inaudito, pero está en la ley. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece: “Los servidores públicos de la Secretaría responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los servidores públicos de la Secretaría de Energía responsables de adjudicar las asignaciones, o del diseño técnico de los contratos, así como de los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación de dichos contratos, contarán, en términos de los lineamientos que emita la Secretaría, con seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones (cursivas mías)…”.

Tercero. ¿Qué significa el seguro para 35 altos funcionarios de Hacienda y Energía? De entrada, es una aportación inédita de Peña Nieto al universo de la impunidad que no tiene precedente en el mundo. Hay algunos seguros mucho más acotados en el sector privado según la experiencia comparada. Pero el alcance y forma de este seguro rebasa todo. Peor aún, se toma tal medida ahora que, se supone, la austeridad financiera será una realidad presupuestal, salvo para Hacienda, donde el gobierno federal predica pero no practica. En el acuerdo con los lineamientos para poner en marcha este seguro publicado en el DOF el 6 de julio de 2015 se indica: a) Los beneficiarios del seguro son quienes ocupen “un puesto comprendido en los Grupos H, J, K y L, M, N del Tabulador…”; es decir, los mejor remunerados y con mayor jerarquía para la toma de decisiones; b) La prima del seguro será cubierta al 100% por el pueblo de México; c) La cobertura abarca daño patrimonial al Estado, impericia y negligencia en el ejercicio de las atribuciones de estos altos servidores públicos, y d) El monto será de al menos 100 millones de pesos por servidor público.

Dicho seguro es contrario a lo previsto en la Constitución. Aquí procede una demanda de amparo por interés legítimo dado lo inconstitucional, burdo y excesivo de esta disposición. Y es que no es para menos: a) Premia la “impericia”; de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, este vocablo significa “(falta de) sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte”; b) Premia la negligencia, que significa: “descuido, falta de cuidado”; c) Protege al servidor público de la rendición de cuentas y sanciones en daño patrimonial que prevén los artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.


Por un lado, la ley sanciona económicamente al servidor público irresponsable en su acepción coloquial, y por otro, una disposición legal distinta otorga a los presuntos responsables un seguro pagado por el pueblo para su defensa contra los agravios cometidos en contra del mismo pueblo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

No hubo corrupción ni conflicto de interés en compra de casa blanca: EPN

Reconoce que "afectó y lastimó evidentemente el ánimo social y también lastimó internamente a la familia". Lo califica como "un tema de enorme desgaste".

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la compra de la casa en Lomas de Chapultepec, que su esposa Angélica Rivera adquirió con un contratista del gobierno, “es un tema que sin duda vino a abonar al clima de desconfianza que yo he apuntado se fue generando a lo largo de este último año”.

En entrevista con Adela Micha, transmitida en Televisa, la conductora le preguntó si “fue un golpe al corazón de su gobierno”, a lo que el mandatario respondió:

“Pero déjame poner en claro contexto este tema, no obstante que lo he abordado ya en otro momento.

“Primero yo tengo que reconocer que me parece que de forma muy legítima mi esposa había adquirido una propiedad o estaba en ese proceso como lo ha acreditado.

“Como la propia Secretaría de la Función Pública hiciera su investigación, con todos los documentos que se aportaron, esta fue una operación que se hizo de forma legal, de forma lícita, pero también tuve que reconocer… que sin duda en la forma en que se había hecho, y quizá sí deba reconocer un error, despertó suspicacias de un eventual conflicto de interés, lo cual también se ha logrado esclarecer y por eso también dije: el presidente de la República y los servidores públicos no sólo están obligados a observar puntualmente la ley sino también realmente a evitar que en cualquier acto se den eventos que despierten alguna suspicacia por alguna eventual irregularidad si es que la hubiera.

“Aquí claramente no la hubo, sin embargo fue algo que sí afectó y lastimó evidentemente el ánimo social y también lastimó internamente a la familia. Yo reconozco el valor que mi esposa tuvo de salir públicamente a explicar por qué ella como mujer, que había trabajado durante 25 años como actriz, pues estaba en su legítimo derecho de adquirir una propiedad, estaba en ese proceso, estaba apenas pagando esa propiedad y decidió dar la cara, explicarlo y no obstante, no dejó de ser esto un tema que lamentablemente señalara, estigmatizara, generara desconfianza, de tal suerte que sí fue un tema de desgaste, de enorme desgaste y sobre todo que abonó a la falta de confianza en las instituciones”.

“¿Hubo corrupción?, le preguntó la conductora.

“No lo hubo (corrupción) claramente señalado, no lo hubo… Fue una percepción que llevó a este escenario y por eso reconozco que si bien algo legalmente hecho, lícitamente hecho, algo que no advertimos como familia mi esposa ni yo es que esto pudiera generar la impresión de que había un conflicto de interés, que fue lo que despertó, por eso había que esclarecerlo, había que aportar todas las pruebas correspondientes”, sostuvo.

Al ser interrogado sobre si le pidió a su esposa aparecer en la televisión para aclarar la compra de la casa, Peña dijo que “al contrario, yo soy el primero en agradecerle a mi esposa y reconocerle el valor y la valentía y el coraje que tuvo de salir a explicar este tema”.

Expuso que después de que fuera revelada la compra del inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec, ordenó abrir su declaración patrimonial y pidió a la Secretaría de la Función Pública investigarlo, lo cual finalmente concluyó el mes pasado, cuando determinó que no existió conflicto de interés.

“La Secretaría de la Función Pública, después de revisar toda la documentación y haber recogido no sé cuántos testimoniales, queda claro que se trató de un acto legal, que no hubo conflicto de interés”, indicó. Sin embargo, dijo, ofreció una disculpa porque “no puedo dejar de reconocer que ese tema en particular afectó la credibilidad y la confianza en las instituciones, lastimó la imagen de las instituciones del Estado mexicano y eso me llevó a ofrecer una disculpa pública, porque este evento, aislado y en su contexto, lamentablemente había afectado la confianza en las instituciones del Estado mexicano”.

-Presidente, nadie cree el resultado que hizo la SFP porque no hay confianza en las instituciones-, le comentó la entrevistadora.

Ante ello, Peña mencionó que ”no ha habido un escrutinio tan amplio sobre un acto como ha sido la adquisición de esta casa, de esta propiedad que finalmente canceló mi esposa. Estaba en un proceso pactado para irse pagando en cierto tiempo y finalmente mi esposa, ante todo esto, dijo ‘no quiero ya comprar la casa’, se decide cancelar la compraventa, convenir la terminación del contrato de compra-venta con la empresa que lo había vendido y queda ahí concluida la operación”.

Refirió que la SFP abrió el expediente completo y lo sometió al escrutinio público, “está completamente abierta la investigación” en la página de internet de la SFP.

“Yo ofrecí una disculpa por lo que había significado el hecho; si bien, legal, si bien, ajeno al conflicto de interés, no puedo dejar de reconocer que fue algo que lastimó a la sociedad, que indignó y sobre todo abonó a la desconfianza en las instituciones”, concluyó.


En la entrevista, el mandatario también descartó una mala relación con su esposa, y la calificó de una “bonita relación”, en tanto que consideró “sacado de contexto” un video que se viralizó en las redes sociales, donde él intenta tomarla de la mano, sin que lo logre, por un aparente desaire de Angélica Rivera.

COMPLEMENTO:

El dueño de Grupo Higa fue invitado especial en el tercer informe de Peña Nieto

El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del polémico Gupo Higa, que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto, estuvo presente en el tercer informe del presidente, muy cerca de integrantes del Ejército Mexicano. Mientras Peña Nieto hablaba del primer punto de su decálogo sobre las leyes secundarias para combatir a la corrupción, Hinojosa Cantú, con una corbata lila y saco azul, aplaudía.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.