El Dragonario: 08/20/15

jueves, 20 de agosto de 2015

Para comprar armamento, México deberá entregar datos sobre violaciones a derechos humanos

Con el Tratado sobre Comercio de Armas, el Estado se compromete a informar de ataques contra la sociedad civil ocurridos con armamento importado ya sea a manos de fuerzas federales o de criminales.

Si México le quiere comprar armamento a otros países deberá entregar los datos sobre violaciones a derechos humanos cometidas con las armas que importó, o al menos a eso se comprometió al ratificar el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.

El Tratado (ATT, por sus siglas en inglés) establece que para adquirir armamento el comprador tiene que entregar información para que el vendedor evalúe si en el país en cuestión hay riesgo de que esas armas se utilicen para atentar contra la sociedad civil, cometer genocidio o menoscabar la paz.

Esos datos incluyen tanto los hechos en los que intervienen las fuerzas armadas como presuntos criminales.

Al respecto, Amnistía Internacional pidió este miércoles que el Estado mexicano haga efectivo este Tratado y no se convierta en promotor del mismo sin aclarar y transparentar hechos violatorios de derechos humanos en los que se utilizó armamento importado, como es el caso del ataque ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el que se utilizó armas de Alemania.

El Tratado ratificado por México en septiembre pasado obliga a los Estados a presentar un informe sobre las exportaciones e importaciones de armas, evaluar el riesgo de que éstas sean utilizadas contra la sociedad civil y tomar medidas para que no sean desviadas hacia el mercado ilícito y por lo tanto, utilizadas por usuarios no autorizados.

Datos oficiales indican que en los últimos ocho años fuerzas policiales del país han perdido al menos 15 mil armas de fuego.

El artículo 11 del Tratado indica que cada Estado debe tomar medidas para evitar el desvío del armamento y que para ello se debe tener un registro nacional de lo adquirido y señalar qué instancia es la responsable.

En México, todas las instancias de seguridad tienen la obligación de reportar ante la Secretaría de la Defensa Nacional qué y cuántas armas perdieron, pues el Ejército está a cargo de dar las licencias para su uso, según lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las armas que deberán registrarse según los términos de este Tratado Internacional son carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles y armas pequeñas y ligeras.

La organización civil Desarma México explicó este miércoles que el Tratado sólo tiene injerencia en el mercado de armas legal y no sobre el problema de tráfico de armamento.

Pese a ello, Desarma México considera que si el Estado cumple con reglas que eviten el desvío de armamento y el mal uso de éste en violaciones a derechos humanos, se avanzará en el control del mercado ilícito.

México es sede a partir de este 24 de agosto de la primera Conferencia de los Estados Parte de este Tratado sobre el Comercio de Armas, en la que se intentará que más países lo firmen y ratifiquen.

Hasta ahora, cinco de los principales exportadores de armas (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) están entre los 72 Estados que ya ratificaron el Tratado, pero faltan Estados Unidos, China, Canadá y Rusia.

En el caso particular de México, hay especial interés en que Estados Unidos, el mayor productor y exportador de armas, lo ratifique. La senadora del PAN, Laura Rojas, reconoció que no ven posibilidades de que esto ocurra en el corto o mediano plazo y que eso puede afectar el cumplimiento de los compromisos con el Tratado.


En los datos que el Estado mexicano entregó a la ONU con motivo del Tratado, informa que importó sólo de Estados Unidos y el Reino Unido 266 vehículos de combate en los últimos cinco años; aunque países como Canadá, Francia y Rusia mencionan en sus estadísticas que vendieron a México otros vehículos y helicópteros de combate.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

AMLO es un “político amargado”: Beltrones; “es un mafioso”, revira líder de Morena

MÉXICO, D.F: “Agarraditos de la mano”, fue la expresión que usó Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena, para referirse a los nuevos dirigentes de PRI y PAN, Manlio Fabio Beltrones y Ricardo Anaya, respectivamente, debido a que ambos políticos estuvieron en su contra en las dos elecciones presidenciales en las que ha competido el tabasqueño.

“Fuera máscaras, serán PRI-AN contra Morena, pero les vamos a ganar, se los aseguro”, indicó de gira en Aguascalientes.

López Obrador indicó que sus contrincantes son integrantes de la “mafia del poder” que les preocupa el partido político Morena, y por eso las recientes declaraciones que hicieron Beltrones y Anaya en su contra.

Beltrones acusó al tabasqueño de ser un “político amargado”, obsesionado con el poder y con un “pragmatismo locuaz”, que se convirtió en el nuevo ideólogo de la sección 22 del magisterio oaxaqueño.

El líder nacional priista señaló que el dirigente de Morena ha demostrado que busca el poder por el poder, sin importar las alianzas que en su momento pueda hacer, porque le resulta fácil negarlas después.

“No importa a quién le haga daño, siempre y cuando alcance su objetivo que lo ha llevado al punto de la amargura”, sentenció Beltrones.

En respuesta, el excandidato presidencial de la izquierda calificó a Beltrones Rivera como un “mafioso vulgar, como Don Corleone”, y a Ricardo Anaya de “aprendiz de mafioso”.


“Lo que está muy claro es que la mafia del poder le teme a Morena. Podrían aceptar, desde luego, si son del PRI o del PAN, hasta con aplausos los impulsan, si no significan cambios en la política económica, también los aplauden y los impulsan, pues lo que no quieren es que llegue Morena”, aseguró López Obrador.

FUENTE. PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Necropsia revela que presuntos secuestradores detenidos en Tabasco recibieron el tiro de gracia

VILLAHERMOSA, Tab: La necropsia practicada por médicos legistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que los presuntos secuestradores que fueron capturados vivos y después aparecieron muertos tras la balacera registrada el pasado viernes 14, fueron ejecutados y recibieron el tiro de gracia.

En el enfrentamiento murieron tres policías y cinco presuntos secuestradores. Dos de estos últimos estaban vivos cuando fueron capturados y después aparecieron muertos, según la versión oficial, a causa de las heridas que sufrieron en el enfrentamiento

Sin embargo, un diario local que tuvo acceso a la necropsia informó que los dos cuerpos, el de la bailarina Sagrario Negrete Marín y el mesero Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, presentaban por lo menos ocho impactos de arma de fuego calibre 9 mm.

Sagrario recibió balazos en el lado derecho de su rostro, pómulo, boca, mejilla y uno más en la frente que le provocó destrucción de la masa encefálica.

Daniel Tadeo, mesero del bar “La Doña” donde Sagrario era bailarina, fue baleado en la espalda, costilla derecha y cabeza.

La necropsia contradice la versión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de que Sagrario y Daniel Tadeo murieron por sus heridas durante el traslado a un hospital luego de ser arrestados.

“Las dos personas detenidas fallecieron después que se le dieron los primeros auxilios ante su gravedad, presumiendo que fue por las lesiones que se provocaron durante los enfrentamientos”, informó el titular de la SSP, Sergio Ricardo Martínez Ruiz, luego de la balacera.

Según su versión, cinco presuntos secuestradores huían sobre la autopista al municipio de Cárdenas, Tabasco, en un automóvil Jetta rojo desde el que dispararon contra la policía y luego perdieron el control del vehículo que cayó en la cuneta central y se impactó contra un árbol.

Cuando los policías llegaron al lugar “se percataron que habían tres cuerpos sin signos vitales y dos personas más que presentaban lesiones graves”.

Ante la situación, los condujeron al hospital más cercano para su atención, sin embargo, un elemento de custodia de la patrulla, “indicó que observaba mayor gravedad de los heridos, por lo que se detuvo la unidad y se les practicaron los primeros auxilios en espera de la ambulancia, más éstos fallecieron momentos después, presumiendo que fue por las lesiones que se provocaron durante los enfrentamientos”, señala la versión oficial.

Los presuntos delincuentes intentaron secuestrar a un hombre en el centro de Villahermosa y en su huida asesinaron a tres policías e hirieron a un agente de tránsito.

María Arévalo Torres, de 95 años, abuela de Virgilio, Fredy y Herminio Almeida, quienes murieron luego de que se impactó el vehículo Jetta en el que iban con un árbol, denunció que sus nietos fueron asesinados por la policía porque fueron capturados vivos.

La señora y sus nietas Severiana y Crystel, se presentaron en un programa de radio para hacer la denuncia y exigir a FGE toda la verdad de estos hechos.

“Si ya los tenían, para qué matarlos después”, reprochó Severiana.

El titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas, se comunicó al programa de radio y confirmó que, desde el mismo día de la matanza, se abrió una investigación y ofreció recibir a los familiares de los hermanos Almeida.

Por su lado, Virginia García Gervasio, detenida y única sobreviviente del grupo de presuntos plagiarios, reiteró que trabajaba como mesera en el bar “La Doña” y que, junto con Sagrario, fueron contratadas por los hermanos Almeida para irse de juerga, a la que también se unió el mesero Daniel Tadeo.


Presa en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), García Gervasio rechazó haber disparado contra los policías que perdieron la vida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN

Banco de México acumula disminución de 4 mil 892 millones de dólares

El 40% del decremento se dio en las últimas 10 jornadas, periodo en el que se tomó la decisión de subir la cifra de dólares subastados de 52 a 200 millones, para combatir el alza de la moneda estadounidense.

La reserva internacional del Banco de México ha disminuido 4,892 millones de dólares en lo que va del año y el 44% de esta reducción se ha consumido en las últimas 10 jornadas, de acuerdo con información del instituto central.

Estas jornadas incluyen las primeras dos semanas del aumento de la subasta de dólares, de 52 a 200 millones, periodo en el que se han vendido dos mil 200 millones de dólares que dejaron el saldo de las reservas en 188,347 millones de dólares, informó El Economista.

Analistas de Barclays y el Deutsche Bank (DB) concuerdan en que es difícil anticipar si este saldo será suficiente para enfrentar la volatilidad que estaría guiada por el alza de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Sin embargo, argumentan que no se encuentran en niveles riesgosos que generen preocupación, y recuerdan que hay que considerar aún los 70,000 millones de dólares que tiene Banxico en la cuenta abierta del Fondo Monetario Internacional (FMI) por concepto de la Línea de Crédito Flexible.

El economista de Barclays confía en que la Comisión de Cambios asumió la decisión de elevar el monto de reservas a subastar, tomando en cuenta que en el último trimestre del año ingresarán unos 7,000 millones de dólares al ejercerse las coberturas del petróleo contratadas para el 2015.


En tanto, el experto del DB reconoce que es una reducción importante, pero no significativa se toma en cuenta que los niveles actuales de reservas están cerca del saldo que tenían en agosto del año pasado y el hecho de que las subastas son mecanismos temporales.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Impugnan PRD y Morena decisión del INE de mantener registro del PVEM

Argumentan los partidos que los consejeros violaron los principios rectores de la función electoral y al principio de congruencia; el PVEM violó ocho bases del sistema electoral, aduce el PRD.

Como se esperaba, la protección que el INE le dio al Partido Verde Ecologista de México (PVEM)  llegó a tribunales.

El PRD y Morena presentaron impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de rechazar la petición para que se le quite el registro al PVEM.

En sus razonamientos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señala que los consejeros del INE determinaron que no ha lugar a la pérdida de registro del PVEM, sin la debida fundamentación y motivación y en violación a los principios rectores de la función electoral y al principio de congruencia.

“Las infracciones enunciadas en la resolución que se impugna, no se trata de simples infracciones aisladas e individuales en materia de recursos de los partidos políticos, sino que se trata de una estrategia financiera en la que se combinan recursos lícitos e ilícitos que se destinaron para un mismo objetivo y propósito”, sostiene la representación perredista que encabeza Pablo Gómez.

El PRD estima que es incongruente y sin una motivación y fundamentación suficiente el argumento del Consejo General para equiparar la pérdida del registro de un partido político con su disolución.

“La pérdida de registro tan sólo se limita al retiro del reconocimiento del registro legal con las prerrogativas que ello conlleva, en tanto que la disolución prevista en otros países afecta de raíz el derecho de asociación“, se expone en la página 18 del escrito.

Para esta representación partidista, es absurdo que los consejeros electorales llegaran a justificar la decisión de no quitarle el registro al Verde con el argumento de que los resultados obtenidos en la elección del 7 de junio no fueron del todo favorables.

El PRD argumenta que el partido del tucán violó ocho bases del sistema electoral, entre las que están la duración de las campañas, el modelo de comunicación política, el origen y destino del financiamiento, los límites a los gastos de campaña, la violación a la libertad del voto, a los datos personales y al principio de equidad.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) centró su impugnación en las violaciones al debido proceso que cometió a su juicio el Consejo General del INE en el estudio y dictaminación de la demanda para quitarle el registro al PVEM.

“Como se ha mencionado, la responsable vulneró las formalidades esenciales y requisitos del debido proceso legal, al dejar en estado de indefensión a MORENA, para ejercer el derecho que como quejoso me otorga el precepto legal citado, puesto que el partido político que represento no tuvo lo oportunidad de formular alegatos en el referido Procedimiento Sancionador Ordinario, lo cual resulta fundamental dada la trascendencia del asunto”, afirma la representación que encabeza Horacio Duarte.

El partido expone además que la resolución tomada por una mayoría de siete consejeros del INE es incongruente y viola los principios de legalidad, certeza, independencia y objetividad.

“Con relación a la resolución impugnada, la responsable arriba a conclusiones contradictorias, por un lado determina que los elementos que denotan que las infracciones cometidas por el PVEM no fueron de una gravedad extrema frente al principio de equidad.


Morena refuta además la afirmación de que el Verde no obtuvo un beneficio extraordinario en esta elección pese a sus constantes violaciones, ya que ese beneficio, afirma Duarte, lo obtuvo su coaligado, el Partido Revolucionario Institucional, con el que tendrá mayoría simple en la Cámara de Diputados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cerrazón militar en caso Ayotzinapa genera suspicacia: Santiago Corcuera

La última respuesta es que les manden las preguntas a los militares por escrito, lo cual, dijo, no es aceptable para el informe que elabora el grupo de la CIDH.

La cerrazón del Ejército Mexicano para que sus elementos no sean entrevistados por los expertos de la CIDH que investigan el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ”produce un mal sabor de boca, una sensación negativa, porque nos han dicho que no tuvo nada qué ver, que fueron los policías municipales, y luego el crimen organizado”, expuso Santiago Corcuera, académico e integrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Si a la hora de que se les quiere interrogar, ¿oye, tuviste algo qué ver?, ¿o qué sabes?, te dicen no quiero hablar contigo, lo único que produce eso es un mal sabor de boca, una sensación de suspicacia: ¿por qué no quieren hablar conmigo?, ¿por qué no me quieren decir dónde estaban esa noche?”, preguntó en entrevista para Aristegui CNN.

Recordó que este es un caso emblemático y botón de muestra de lo que ocurre con los desaparecidos en el país, un caso muy conocido por la sociedad, muy cuidado, al grado de que tenemos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigándolo, y no obstante “nos enteramos de evidencias que no fueron dadas a conocer a las familias” como ropa de los normalistas.

“Si estas cosas pasan en un caso tan cuidado, donde los reflectores están puestos sobre este asunto, ¿qué no pasará en otros casos?.. permanecen en absoluta impunidad”, indicó.

Mencionó que en Guerrero hay padres y familiares que buscan a los desaparecidos sin los reflectores que tiene el caso de los normalistas. Por ello consideró que en México la impunidad es “prácticamente absoluta”.

Lamentó que las instituciones castrenses del país no se han democratizado; “me da una envidia los procesos que se han abierto en Chile”, refirió sobre casos contra generales.

Señaló que con el absoluto hermetismo de las fuerzas armadas, por el cual no se puede penetrar a las instituciones castrenses para que digan la verdad y no se les pueda entrevistar, quedará pendiente este tema en el informe que presentarán los expertos en septiembre próximo.

“Los expertos dicen que no entienden porqué no han podido entrevistar a militares”, mencionó.

En teoría la autoridad civil está por encima de la militar y debería intentar la apertura del batallón de Iguala, pero hasta ahora “no han podido entrevistarse con el batallón, ¿para qué dicen que hay mucha apertura si no la hay?”, preguntó Corcuera y calificó el tema como una “sombra” en el caso.

En materia de desaparición forzada, precisó que “necesitamos una buena ley que subsane los gravísimos errores y lagunas que tiene el orden jurídico mexicano en esta materia”, por la falta de profesionalismo de las legislaturas estatales y el propio Congreso de la Unión.

El académico abundó que “el tipo penal de desaparición forzada está mal a nivel federal y, para mayor vergüenza, en algunas entidades no es delito desaparecer personas”.

Y agregó que se necesita “una buena ley general que subsane errores, que tenga buenos tipos penales, la declaración de ausencia por desaparición…”, para avanzar en la materia.


Actualmente ”vamos bien”, “hemos estado participando en foros”, por lo que confió que la iniciativa que se presente satisfaga las expectativas de los familiares de personas desaparecidas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Maestros de Oaxaca presumen regreso a clases en 80% de los planteles

OAXACA, Oax: Contra todos los pronósticos y como parte de su proyecto educativo alterno, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron este jueves el ciclo escolar 2015-2016, para demostrar su compromiso con los alumnos y los padres de familia.

En contraparte, el gobierno de Gabino Cué y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que durante un mes y por todos los medios posibles hicieron un llamado a la Sección 22 para no boicotear el ciclo escolar, demandaron a los padres de familia que no enviaran a sus hijos a la escuela, sino hasta el próximo lunes 24.

Esta mañana, luego de que los maestros adherentes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron adelantar las clases, Cué y el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jorge Vilar Llorens, así como el titular del nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Moisés Robles Cruz, subrayaron que de 13 mil 409 planteles escolares existentes en la entidad, sólo en 219 centros de enseñanza de educación básica los alumnos acudieron al llamado de la Sección 22.

De su lado, la dirigencia magisterial sostuvo que 80% de los planteles iniciaron el ciclo escolar, y para contrarrestar la estrategia mediática del gobierno estatal circularon fotografías de las escuelas donde los padres de familia respondieron al llamado, principalmente en las regiones del Istmo, Costa, Mixteca y Valles Centrales.

La SEP y el IEEPO no quitaron el dedo del reglón y, a través de las redes sociales, enviaron los siguientes mensajes: “Regreso a clases: 24 de agosto #YoSiQuieroClases #NuevoIEEPO @GabinoCue @GobOax”, “Pide tu remozamiento al 088 #NuevoIEEPO #GenerandoBienestar #GabinoCueMonteagudo y “#YoSiQuieroClases @PolicíaFedMx Tod@s unidos para el inicio a clases”.

En el Jardín de Niños “Octavio Paz” –que consta de una sola aula con paredes y techo de lámina de aluminio, así como una cerca de malla ciclónica–, localizado en la colonia El Guayabal del municipio San Pedro Ixtlahuaca, conurbado a esta capital, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez inauguró el ciclo escolar.

Y Gabino Cué no se quedó callado. Declaró que el regreso a clases de los maestros “no es desobediencia, yo lo interpretaría como un gran ánimo y entusiasmo. Es buena señal, malo sería que estuviéramos en un escenario donde no quieran iniciar clases, (aunque) el ciclo escolar inicia el 24 de agosto”.

Como parte de su estrategia magisterial, los maestros inconformes con la reforma educativa realizaron marchas en las ocho regiones de la entidad, a partir de las 5 de la tarde, para no suspender clases.

En esta capital se concentraron en el Monumento a la Madre y partieron hacia el Zócalo, mientras que en el Istmo de Tehuantepec se realizaron tres marchas, una que salió del Canal 33, otra de El Espinal y la tercera del Tecnológico de Juchitán. En la región mixteca salieron a las calles en Tlaxiaco y Huajuapan de León.


De acuerdo con datos de los sectores magisteriales, en Valles Centrales 95% de las escuelas iniciaron clases este jueves, 90% en el Istmo de Tehuantepec y 80% en la Mixteca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Campesinos defenderán tierras “con machete en mano”

El campo en Veracruz seguirá tiñiéndose de rojo, mientras los gobiernos federal y estatal no atiendan los problemas agrarios que persisten en varios puntos de la entidad, mencionó el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Moisés Reyes Fausto, pues los campesinos están dispuestos a sacar los machetes en contra de las empresas extranjeras que buscan quedarse con las tierras para explotar los hidrocarburos.

Resaltó que tras cumplirse 23 años de la reforma constitucional que culminó con el reparto agrario, el estado mexicano todavía no salda la deuda histórica que tiene con los campesinos, quienes siguen esperando poder tener la propiedad de sus parcelas y no estarlas disputando con hermanos de trabajo.

Dijo que en Veracruz hay cientos de conflictos agrarios que mantiene en la miseria y sin patrimonio familiar a las personas del medio rural, pero ahora además de la lucha entre grupos de campesinos, también es contra empresas y nuevos terratenientes como en pleno siglo XIX.

“Los derechos humanos de los labriegos que durante muchos años han trabajado la tierra para sostener a sus familias, hoy se ven vulnerados y violentados, por las autoridades del Poder Judicial Federal, en donde es fácil para los abogados de los terratenientes comprar la justicia y comprar la tierra de los campesinos”, manifestó.

Ante esta situación, dejó en claro que la petición de la Central Campesina Cardenista es que el gobierno federal desarrolle las políticas necesarias para solucionar este tipo de conflictos que lacen la dignidad de los posesionarios.

Moisés Reyes Fausto advirtió que la principal amenaza para los miembros de su organización además de los terratenientes, son empresas que pretenden adjudicarse los predios sin ningún tipo de contraprestación para explorar recursos naturales y energéticos, aprovechando los vacíos legales que existen por la desatención de la autoridad.

Frente a este panorama están previendo realizar una marcha hacia Xalapa para denunciar aquellos casos donde la justicia federal se ha vendido al mejor postor, así como para enumerar los nombres de terratenientes y empresas que los están despojando de sus tierras en municipios como Las Choapas, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Hidalgotitlán, Martínez de la Torre, Catemaco, Tamihua e Ixhuatlán de Madero, entre otros.

Ataca plaga pulgón amarillo cultivos de sorgo y maíz

La presidenta de la Unión Nacional de Productores de Maíz y Sorgo adherida a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Rosa Margarita Castelán Fernández lamentó que durante el ciclo agrícola primavera-verano 20 mil hectáreas de sorgo y maíz fueron arrasadas por una plaga de pulgón amarillo.

Esta fue una perdida millonaria para un estimado de por lo menos mil 500 productores de estos granos en la zona norte del estado, ante lo cual solicitó el respaldo de la delegación de la Sagarpa, así como de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Recordó que en el sexenio anterior se contaba con un seguro agrícola tanto contra desastres naturales como por plagas que cubrían parte de la pérdida, pero ahora ni siquiera existe este apoyo para los maiceros.

La plaga del pulgón amarillo afectó cultivos desde la zona centro del estado, hasta Tamaulipas, pero se concentró en el norte veracruzano. Dicho animal, dijo se pega a la planta y la chupa hasta dejarla seca, evitando que crezca y por ende que no pueda cosecharse el grano.

“Esta es una situación muy grave, porque actualmente sí hay buen precio por tonelada de maíz y de sorgo, y por eso muchos compañeros decidieron animarse a solicitar créditos bancarios para cultivar la mayor cantidad de hectáreas, por lo que ahora sin la cosecha se quedaron sin dinero, ni siquiera para pagar las letras al banco,”, manifestó.

Ella misma, dijo, se fio afectada, pues las 50 hectáreas que había destinado para el cultivo de sorgo en su rancho se vieron infestadas de pulgón amarillo, ante lo cual puso en alerta de la situación a las autoridades de la Sedarpa y Sagarpa, sin que hasta el momento hayan emitido al menos una alerta, y mucho menos dado respaldo a los productores para hacer frente a la plaga.


“Lo que hoy lamentablemente vemos es una gran indiferencia por parte de las autoridades estatales y federales con el campo veracruzano, que cada vez está más desolado, no hay créditos ni apoyos para los proyectos productivos, estamos viviendo en una parálisis total en el sector agrícola del país”, agregó.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Contrata Hacienda coberturas petroleras para 2016; cuestan mil 90 millones de dólares

Cubren un precio de 49 dólares por barril. El costo ascendió a 1,090 millones de dólares, equivalentes a 17,503 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda informó que volvió a contratar coberturas petroleras, ahora para 2016, las cuales cubren un precio de 49 dólares por barril de petróleo, para los ingresos del país.

En un comunicado, explicó que “a fin de asegurar los ingresos petroleros ante una mayor caída en los niveles del precio promedio de la mezcla mexicana de exportación y permitir una mayor certidumbre para la deliberación y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, por parte del H. Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha implementado un programa de cobertura de precios de petróleo”.

El costo de las coberturas para 2016 ascendió a 1,090 millones de dólares, equivalentes a 17,503 millones de pesos. En total se cubrieron 212 millones de barriles. Sin embargo, México produce unos 2.2 millones de barriles diarios.

Con las coberturas, “en caso de que el precio promedio de la mezcla mexicana observado durante el año se ubique por debajo del precio pactado, otorgarían un pago al Gobierno de la República que compensaría la disminución en los ingresos presupuestarios”, detalló Hacienda.

“La estrategia de cobertura adoptada para el ejercicio 2016 cubre un precio de 49 dólares por barril (dpb). Ello implica que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 no estaría expuesto al riesgo de reducciones en el precio del petróleo por debajo de este nivel. Cabe señalar que el precio observado hoy para la mezcla mexicana de exportación es 38.15 dólares por barril”, indicó la dependencia federal.


Y abundó que “de forma continua desde hace 11 años, los programas de cobertura petrolera forman parte de la estrategia integral de manejo de riesgos del Gobierno de la República, que permite atenuar los efectos adversos de la volatilidad en los precios del petróleo en las finanzas públicas, en beneficio de las familias mexicanas”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez levanta medida contra siembra de maíz transgénico; fue impugnada y queda suspendida

La medida impedía desde septiembre de 2013 que empresas transnacionales, como Monsanto y Syngenta, siembren maíz genéticamente modificado en México.

El Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito dejó sin efecto la medida precautoria que impedía la evaluación de nuevas solicitudes de permiso y el otorgamiento de nuevos permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado.

Sin embargo, esa decisión fue impugnada de inmediato por organizaciones que se oponen al maíz trangénico.

“La apelación suspende la siembra de transgénicos, porque la ley dispone que debe tramitarse con efectos suspensivos y devolutivo, y nosotros apelamos desde las 9 de la mañana de hoy miércoles 19 de agosto”, aclaró René Sánchez Galindo, abogado de la acción colectiva por parte de científicos y campesinos.

La semana pasada, en entrevista para Aristegui CNN, Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas de Vida, refirió que “esta tecnología ha sido rechazada en el mundo”.

Por su parte el científico Antonio Turrent, se manifestó contra los transgénicos porque “puede implicar riesgos a la salud, porque es un daño subclínico y crónico. Lo que se ha aprendido en investigaciones hechas con mamíferos, se muestra que hay un daño de ese tipo”.


Ahora, mientras AgroBIO, la asociación que agrupa las empresas y sectores interesados en la siembra de transgénicos en México, afirma que, con la decisión que dio a conocer el juez, las Secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente (Semarnat) podrán reanudar la emisión de permisos de siembra del grano modificado; las organizaciones sociales sostienen que la apelación que interpusieron  sigue frenando la entrega de permisos:

150819 Boletín de Prensa_ Mexico Levanta Medida Transgénicos by Aristegui Noticias:



Falso by Aristegui Noticias:

  Falso


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se salva el PT: conserva su registro

Alcanzó el 3.009 por ciento del total, luego de que el Tribunal Electoral confirmara la votación válida emitida en las pasadas elecciones.

El Partido del Trabajo conservará su registro, según determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pleno del TEPJF confirmó el dictamen y resolución del Consejo General del INE, por los que dio respuesta a la consulta formulada por el PT, relacionada con el concepto de votación válida emitida para efectos de determinar el 3% del umbral mínimo para conservar el registro como partido político nacional.

El Pleno estableció que si bien la ley no establece conceptos diferenciados sobre la votación válida emitida para conservar el registro como partido político nacional o para tener derecho a la asignación de diputados plurinominales, la votación válida emitida se integra con los votos depositados en las urnas a favor de los distintos partidos políticos y candidatos independientes, por lo que sólo deben deducirse de esa suma los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

En la pasada elección el PT obtuvo 1 millón 134 mil 447 votos; sin contar los votos nulos y de candidatos no registrados, la votación general fue de 37 millones 693 mil 992 sufragios. Es decir, alcanzó el 3.009 por ciento del total. 


Por otro lado, el Tribunal rechazó el medio de impugnación interpuesto por el PT, relacionado con el recuento total de votos de 136 paquetes electorales en el 07 Consejo Distrital del INE, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, al considerar que su finalidad era la eventual posibilidad de aumentar su votación con miras a conservar su registro como partido político nacional y no cambiar el resultado de los comicios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por actos ilícitos del gobernador de Aguascalientes se repetirá elección distrital: TEPJF

AGUASCALIENTES, Ags: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución de la Sala Regional de Monterrey, que ordenó repetir la elección en el distrito número 1 del estado, luego de comprobarse que el gobernador Carlos Lozano de la Torre intervino a favor de sus candidatos en los comicios del pasado 7 de junio.

Tras un empate en la votación –tres magistrados votaron a favor y en contra de los establecido por la Sala Regional Monterrey–, el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, hizo valer su voto de calidad.

De acuerdo con el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, entre los compromisos del Tribunal está el de evitar injerencias indebidas en las elecciones para cuidar la “pureza” de la votación ciudadana, con especial énfasis en aquellas cometidas por los servidores públicos de alta jerarquía.

“La preponderancia del Poder Ejecutivo en el imaginario colectivo tiene un peso determinante, y en una sociedad democrática deben ser garantes del proceso electoral, se debe actuar con una mayor prudencia por su investidura”, apuntó.

El magistrado consideró un hecho probado que el día de la jornada electoral, Lozano de la Torre se trasladó en un autobús que se identifica con el gobierno estatal, en compañía de otros servidores públicos del PRI, y recorrió los distritos I, II y III, En el primero de ellos lo hizo para que emitieran su voto a favor de Gregorio Zamarripa, el único priísta que ganó una posición en Aguascalientes con 32 mil 168 votos, sólo 436 más de los que obtuvo el panista Gerardo Salas (31 mil 732).

Nava Gomar también destacó que el gobernador mandó mensajes en su cuenta de Twitter, lo cual consideró “un claro apoyo a su partido político, y creo que es contrario a la prudencia”, ya que este mensaje fue retuiteado a casi 40 mil seguidores a través de la cuenta del gobierno del estado.

También indicó que no hay respeto en la actitud del gobernador, por haber realizado declaraciones posteriores a la jornada electoral, en las que indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería organizar la elección total en Aguascalientes, pues la unidad en la que viajó con su equipo cruzó los tres distritos electorales.

Consideró que la conducta del gobernador “viola el principio democrático”, y lo que está en juego, agregó, no son un puñado de votos, sino cuál es el modelo de elecciones que queremos, por lo que decidió apoyar la resolución de la Sala Regional Monterrey de anular la elección, ya que no se puede permitir que se vulneren los principios constitucionales protegidos.

En contraparte, el magistrado Flavio Galván Rivera sostuvo que la actuación del gobernador no fue determinante para el resultado de la elección. “No está acreditada la determinancia de la conducta del gobernador del estado de Aguascalientes”, dijo, y votó porque se revocara la sentencia y se confirmara la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos que ganaron en las urnas.

Por su parte, Carrasco Daza subrayó que no se deben permitir actos violatorios de los gobernadores, y que el comportamiento de Carlos Lozano de la Torre durante la jornada electoral sí fue determinante, e hizo referencia al artículo 1 constitucional, que indica la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de respetar y garantizar los derechos humanos, ligándolo al derecho al voto.


Luego de la votación en la que se resolvió repetir la elección en el distrito 1, la Sala Superior del TEPJF confirmó el triunfo de la candidata del PAN, Arlette Muñoz Cervantes, en el Distrito II.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gordillo ¿presa política?

MÉXICO, D.F: Si sacan de la cárcel a Elba Esther Gordillo para que siga su juicio en su domicilio la justicia tendría que liberar de manera definitiva a Nestora Salgado, José Manuel Mireles y Cemeí Verdía que no robaron, no se enriquecieron con dinero público, ni transaron con el gobierno para recibir más poder y mucho menos afectaron la educación de millones de niños por varias generaciones.

Por cumplir 70 años, Elba Esther Gordillo está en posibilidades legales de salir del penal de Tepepan donde se encuentra recluida desde febrero del 2012, acusada de lavado de dinero, asociación delictuosa y el desvío de 2 mil 600 millones de pesos de recursos del magisterio para su uso personal.

Una vez que fue recluida la maestra Gordillo tuvo un trato privilegiado dentro del penal, por razones de salud fue llevada a una habitación en el hospital del mismo centro penitenciario en donde está sola, con un baño exclusivo para ella, atendida por su propio médico, con música clásica que le ayuda a pensar en su pronta salida.

Poco se sabe si la PGR ha decomisado todas las propiedades que compró durante los 23 años en que estuvo al frente del sindicato de maestros recibiendo miles de millones de pesos por la vía de cuotas sindicales o de los presupuestos asignados por la federación para las escuelas públicas.

De acuerdo con la documentación que se tiene del Registro Público de la Propiedad, Gordillo y su familia tienen más de 60 propiedades entre casas, residencias, departamentos y oficinas. Poseen además mansiones en Estados Unidos que fueron puestas a nombre suyo o de sus nietos. Salvo estas últimas, todas las demás no han sido requisadas por las autoridades y su riqueza mal habida sigue intocable.

La detención de Gordillo tiene evidentemente un trasfondo político. Se dio después de que ella amenazara al gobierno de Peña Nieto con desestabilizar el país a través del sindicato más numeroso de América Latina porque no le quisieron dar las posiciones que ella quería dentro del gabinete y en las cámaras de diputados y senadores. Acostumbrada a mandar, recibió una respuesta a la medida de sus amenazas y fue encarcelada.

Pero a la maestra no le inventaron cargos como a los líderes sociales e integrantes de la policía comunitaria de Guerrero, como Nestora Salgado, o a los líderes de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles y Cemeí Verdía.

Estos tres líderes de movimientos sociales producto del hartazgo ciudadano ante la violencia, la inseguridad, el creciente poderío del crimen organizado y la incapacidad del gobierno de dar seguridad, los detuvieron por considerarlos un riesgo social.

Ninguno de ellos tenía una riqueza corrupta como la de Gordillo, tampoco recibieron protección de grupos o personajes poderosos como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Marta Sahagún y Felipe Calderón a cambio de los favores recibidos.

Ni Salgado, Mireles, Verdía y varias decenas de hombres detenidos injustamente sólo por defender a sus familias y sus tierras, eran personas privilegiadas por el poder como lo fue Gordillo desde 1989 en que fue impuesta en el SNTE hasta que fue encarcelada por el gobierno de Peña Nieto.

Ellos tienen más derecho de ser puestos en libertad pues sus cargos fueron inventados y sus procesos judiciales cargados de irregularidades e ilegalidades.

Así que si Elba Esther Gordillo recibe lo que la ley marca y es llevada su residencia a la espera de la conclusión de su juicio por tener 70 años, los otros líderes sociales tendrían que ser puestos en libertad inmediatamente porque a todas luces son presos políticos y de conciencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).

NO ACEPTAREMOS NINGUNA LEY EN MATERIA INDÍGENA QUE NO SE NOS CONSULTE: CHERÁN

El Concejo Mayor de Cherán advirtió, mediante un escrito, a los integrantes de la 72 Legislatura que no aceptará ninguna ley en materia indígena que no sea consultada con la comunidad. Lo anterior, luego de que se conociera la intención de los diputados de aprobar una de las tres iniciativas en las que trabaja la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso.

En el escrito, dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio Molina Vélez, los comuneros aseguran que no consultar a Cherán significaría no sólo un “desacato” al mandato que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dirigió al Congreso local hace apenas un año, sino que sería muestra patente de que en Michoacán continúa imperando en contra de los pueblos indígenas un “racismo y discriminación institucionalizados”.

Asimismo, el Concejo Mayor les recuerda a los diputados que Cherán tiene reconocido el derecho a la consulta previa, libre e informada en ámbitos legislativos por los tratados y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

De igual forma, enfatizan que la 72 Legislatura tiene la obligación de respetar el mandato que le impuso la SCJN luego del juicio de controversia constitucional 32/2012.

La autoridad de Cherán expresa su preocupación porque, luego de que su comunidad obtuviera el reconocimiento judicial para nombrar a sus autoridades por medio de usos y costumbres, el cual fue realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Congreso local no tiene ni siquiera en la agenda legislativa las reformas a la Ley Orgánica Municipal.

“No queremos encontrarnos nuevamente ante un escenario de omisión legislativa que prolongue la violación de nuestros derechos y que nos obligue nuevamente a ir a los tribunales, por tal razón apelamos al buen juicio y voluntad del Congreso del Estado para iniciar los trabajos necesarios”, sostienen.


Finalmente, el Concejo Mayor señala que la comunidad se declara “lista” para que inicie el proceso de planeación de una consulta sobre las tres iniciativas que se analizan al interior del Congreso local, como son las leyes de Derechos Lingüísticos, de Cultura Indígena y la de Mecanismos de Participación Ciudadana.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: DANIEL DÍAZ.

Buscan ampliar misión de expertos que investigan caso Ayotzinapa

El próximo 6 de septiembre presentan un informe final sobre los 6 meses de trabajo en el país; buscan ampliar su estancia para continuar con la investigación.

Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional apoyaron hoy el plan del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de prolongar su mandato de asistencia técnica a México en el caso Ayotzinapa.

También se sumaron organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Asociadas por lo Justo (JASS) y el centro Robert F. Kennedy Human Rights.

En una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, las organizaciones consideraron que la prórroga del mandato del GIEI “es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en relación al caso de los estudiantes desaparecidos”.

Asimismo consideraron importante la prolongación del mandato para abordar “la problemática más amplia de las desapariciones forzadas”.

“A medida que nos acercamos a la terminación del mandato inicial de los expertos, es evidente que el trabajo de este grupo es imprescindible”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

Las organizaciones también enviaron una misiva al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.


En caso de aprobarse la prórroga del mandato, los grupos firmantes piden que las autoridades mexicanas sigan apoyando el trabajo del GIEI.

FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGJDF reveló identidades de víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez; temen por su seguridad

Temen que sus nombres completos, direcciones y fotografías estén en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre.

Las mujeres que denunciaron al líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre analizan acogerse a un programa de cambio de residencia temporal, luego de que la Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) violó la secrecía sobre sus datos personales y las amenazas que ha recibido su defensa legal.

Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares.


Las mujeres, quienes escaparon del esquema de reclutamiento que operaba en las oficinas del PRI capitalino, denunciaron a Gutiérrez ante la Procuraduría General de la República (PGR), con sus identidades resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados en un sobre sellado.

Pero el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declinó llevar la averiguación y la remitió a la procuraduría capitalina, donde al final se decretó el no ejercicio de la acción penal. Las denuncias habían llegado a la procuraduría local con esos nombres clave y con sellos en el sobre que contenía sus identificaciones oficiales.

Una de las mujeres que denunciaron contó a Aristegui Noticias cómo fue que miembros de la Procuraduría del DF acudieron a su domicilio particular, a notificarle del no ejercicio de la acción penal y la buscaron por su nombre verdadero, de acuerdo con testimonios de la víctima y sus familiares.

“Todo este tiempo he sido la más tranquila, pero con esto que pasó, que se revelaron nuestros datos, sí tuve miedo”, dijo ella, quien es una de las muchachas cuyo testimonio dio pie a la investigación que se publicó el 2 de abril de 2014, en la Primera Emisión de Noticias MVS que conducía Carmen Aristegui.


Todas las notificaciones anteriores habían llegado con sus nombres clave y al domicilio de su abogada, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac).

La mañana del martes 28 de julio, a las 7:30 am, tres funcionarios de la procuraduría del DF se presentaron en el domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y quien se identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la procuraduría, Cynthia Mendoza Arellano.

Primero preguntaron por el nombre clave de la víctima, pero uno de los familiares negó que allí viviera alguien con ese nombre. Entonces mencionaron la verdadera identidad de la joven y los miembros de su hogar entraron en alarma. No permitieron que la víctima se encontrara con los funcionarios.


El agente del Ministerio Público llevaba anotados los nombres reales de las jóvenes en una libreta, aunque no estaban escritos en el documento oficial que finalmente dejaron en la vivienda.

Además, los funcionarios de la Procuraduría no incluyeron la argumentación de la procuraduría para no seguir investigando el caso, algo inusual para denuncias penales y los avisos que se entregan a denunciantes.

Después de 30 minutos, la representante de la dirección de derechos humanos recomendó a los familiares un lugar donde la víctima puede ser tratada psicológicamente, en la colonia Del Valle, de la ciudad de México.

La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso de impartición de justicia.

La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de funcionarios públicos.

Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las autoridades.

La titular de Catwlac mostró al equipo de Aristegui Noticias oficios que normalmente enviaba la PGJDF sobre el caso. En ellos se aprecia el seudónimo elegido por las denunciantes y la dirección de su representante legal.

Negó que el no ejercicio de la acción penal sea motivo para dejar de cuidar la identidad de las denunciantes, pues en términos legales el proceso aún está lejos de terminar porque las víctimas tienen mecanismos para exigir la actuación de la procuraduría capitalina.

Teresa Ulloa afirmó que la diligencia que practicaron funcionarios de la PGJDF es un acto de intimidación y representa una amenaza a la seguridad de las denunciantes, pues ahora no se sabe qué otras personas tienen acceso a sus nombres completos, direcciones y fotos de identificaciones personales.

Ulloa afirmó que ha recibido amenazas de violación por celular y que diversas personas se han acercado a las movilizaciones que realiza para fotografiar la cara de todas las personas que participan. Sostuvo que fuera de sus oficinas hay personas que registran todos los movimientos, incluyendo un registro de visitantes.


Para la activista con más de 45 años de experiencia en el tema de trata de personas, la filtración de información y la obstaculización de la defensa de las víctimas en este caso, por parte de la procuraduría, son condiciones que no había visto en toda su carrera y que ameritan medidas de protección urgentes para las mujeres que denunciaron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Irving Huerta y Sebastián Barragán (REPORTAJE ESPECIAL)

Activistas condenan propuesta del PVEM en Veracruz para sacrificar animales que nadie quiera

Distintas asociaciones animalistas mostraron su rechazo ante la reciente propuesta de Ley Estatal de Bienestar Animal en Veracruz, realizada por el Diputado Juan Eduardo Robles Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras decir que se trata de una ley “retrógrada y hecha al vapor”, que privilegia el sacrificio de animales antes que su protección so pretexto de reducir el problema de salud pública que representan. Dicha ley, también contempla el sacrificio de perros de guardia y protección después de terminada su “vida útil”.

La iniciativa de ley fue propuesta el pasado 30 de julio por Robles Castellanos, coordinador del Grupo Legislativo del PVEM en Veracruz, con el fin de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental y de la ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz. Ante esto, diversos grupos animalistas entre los que se incluyen Proyecto ARPA, AnimaNaturalis, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA) y activistas independientes realizaron una conferencia simultánea en varios municipios del estado, en la que calificaron la iniciativa como “alarmante” y la legislatura como “agresiva y violenta con los animales”.


“Dicha iniciativa de ley es alarmante pues define a los animales como ‘recursos naturales renovables’ para uso y disfrute del hombre y propone, como solución a los problemas que padecen los no humanos, su matanza indiscriminada. [Es una ley] encaminada a proteger los intereses de los sectores que se benefician de la explotación de los animales”, expone AnimaNaturalis, sobre el asunto.
“No necesitamos esta ley  –explicó a SinEmbargo, Miriam Hernández, representante de AMEDEA, delegación Veracruz– porque con ella lo que se hace es volver a las redadas y matanzas: a levantar perros ferales y que deambulan libremente para sacrificarlos. Además, a diferencia de la anterior, esta ley deja a los animales sin derechos y los considera únicamente objetos (bienes muebles). La ley que tenemos (2010) ya es buena, el problema con ella es que las autoridades no la aplican”.

“Esta ley que Robles Castellanos propone es simplemente incongruente: ¿Cómo puede hablar de bienestar a los animales cuando lo que propone es su sacrificio? ¿Qué no se supone que los animales tienen derecho a la vida? Este señor no conoce el tema y está legislando al vapor. Tal vez sólo para decir que hizo algo, pero no pudo hacer una cosa peor”, señaló Hernández.

Las divergencias señaladas por los animalistas entre la ley anterior y la propuesta pueden observarse desde sus respectivos artículos primeros: mientras que la ley vigente “tiene como objeto establecer normas para proteger a los animales, garantizar su bienestar, manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud, evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la deformación de sus características físicas”, la nueva propuesta señala que “tiene por objeto garantizar en el territorio del Estado el bienestar de los animales, como elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar a fin de asegurar y promover la salud pública y la sanidad animal”.

“Por eso esta nueva ley reestablece el sacrificio como una solución para los perros ferales –explicó la representante de AMEDEA– Ellos siempre recurren a lo que les es más fácil: matar, cuando lo que en realidad deberían hacer, antes de proponer sus ‘maravillosas’ iniciativas, es educar, concientizar y esterilizar. Eso es lo que les compete”.
“Por otro lado, con esta iniciativa también se establece que si al dueño de un animal ya no le gustó su mascota puedo sacrificarlo, deshacerse de él como si fuera una cosa. Cuando lo que se debería hacer es establecer que quien se deshaga de un animal no puede volver a tener otro bajo su responsabilidad. Los animales son seres vivos que deben estar con nosotros hasta que se mueran”, señaló.

La propuesta del Diputado del PVEM también establece, en su artículo 61 que “una vez concluida la vida útil de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios de guardia y protección o para la detección de drogas y explosivos, queda prohibida su venta, donación o abandono y se les deberá provocar la muerte sin dolor y sufrimiento”. En seguida, de forma contradictoria, el artículo concluye “salvo que puedan ser reubicados de manera definitiva en un albergue, refugio o asilo que garantice su bienestar y que no constituyan un riesgo para otros animales o el ser humano”.
Sobre el mismo, Miriam Hernández, explicó “este artículo es, además de impensable, incongruente: no se puede establecer la eutanasia a un animal de ese modo, es como si a los humanos nos sacrificaran por hacernos viejos. Yo creo que el Diputado no querría que le maten una vez que termine ‘su vida útil’ ¿o sí?. [Además] no hay claridad, la ley dice primero que se les tiene que matar porque no se pueden donar, y en seguida dice que pueden ser reubicados… ¡que se decidan!”.

Animalistas ya han colgado una petición en Change.org para detener la iniciativa.

ES UN MALENTENDIDO: PVEM

Ante los reclamos hechos por las organizaciones animalistas, y la sociedad a través de redes sociales, el PVEM de Veracruz publicó antier un mensaje en su cuenta de Facebook en la que indica que la propuesta no debe malinterpretarse, pues una de sus intenciones es “garantizar que toda práctica de muerte y eutanasia que se realice sobre cualquier animal en el Estado, deberá estar plenamente justificada en favor de su bienestar [...] Es cierto que ciertas excepciones inmersas en la ley podrían dar cabida a interpretaciones inexactas, pero [...] cada artículo, cada Capítulo y cada Título, debe ser interpretado armónicamente, esto es, en su conjunto y no aisladamente; hacerlo así, permitirá desentrañar el sentido y la esencia misma de la Ley, en otras palabras, lo que verdaderamente se quiso decir y se dice”.


Actualmente, la propuesta está siendo analizada por los integrantes de la Comisión Permanente Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas de la LXIII Legislatura del Estado y ya se ha convocado a asociaciones protectoras y organizaciones sociales involucradas con la defensa animal para establecer un Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales, mediante el cual se podrá discutir la iniciativa.
“Pero lo cierto es que no necesitamos una nueva ley. No discutiremos si sacrificar o no animales. Lo que debe suceder es que las autoridades hagan lo que les compete: en el artículo 15 de la ley actual se establece que deben realizar actividades y programas educativos, de concientización para la población. Y programas de esterilización permanentes, pero no lo hacen. Todo eso lo hacemos las asociaciones”, sostuvo Miriam Hernández.

Bajo la misma tónica, AnimaNaturalis expone en su portal “[Lo que exigimos es] el cumplimiento en su totalidad de la [ley] ya existente y la mejora de la misma, considerando el derecho de todos los seres sintientes a la vida, a la libertad y a no ser maltratados”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PAOLA RAMOS MORENO.

El INAI ordena a la PF difundir documentos e informes relacionados con la desaparición de los 43

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Policía Federal a proporcionar las versiones públicas de distintos informes y documentos elaborados por servidores públicos de esa dependencia adscritos a la corporación Guerrero entre el 24 y 30 de septiembre de 2014, incluyendo los relacionados con la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

El INAI instruyó a la Policía Federal que proporcione la información solicitada en versión pública, testando los datos que hagan identificables a servidores públicos con actividades de carácter operativo de la Unidad de Investigación y de las estaciones de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Zihuatanejo, Ometepec, Tecpan de Galeana, Tierra Colorada, Paso Morelos, Iguala y Aeropuerto Acapulco, tales como sus nombres, firmas, datos de identificación de sus unidades móviles, las matrículas y sellos, así como sus fotografías.

Asimismo le ordenó difundir datos personales relativos a nombres de particulares, edades, nacionalidades, domicilios, fotografías; placas, números de serie y de motor que hagan identificables vehículos de particulares y licencias de conducir, así como el número de elementos y autopatrullas de la Policía Federal, estos últimos, por revelar el estado de fuerza de la Policía Federal.

Instruyó que la información considerada reservada mantenga tal carácter por un periodo de tres años, mediante resolución fundada y motivada del Comité de Información.

La Policía Federal se negó en un primero momento a difundir la información solicitada bajo el argumento de que forma parte de una averiguación previa y difundirla pondría en riesgo investigaciones o diligencias. También dijo que se podría identificar a elementos de la corporación y ponerlos en riesgo, que se darían a conocer datos de su “Estado de fuerza”, su estructura y estrategias y que además existen datos personales que son confidenciales.

Sin embargo, la negativa fue impugnada por los particulares a través de sendos recursos de revisión turnados a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.

Para sustanciar el proyecto de resolución, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la información clasificada por la Policía Federal, a través de la cual se identificaron documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.


En los recursos de revisión se aludió que la información debió proporcionarse por considerarse que el interés en su difusión es mayor al de reservarse de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley en la materia, aunado a que es un caso en el que pueden actualizarse violaciones graves a los derechos humanos.
“En este caso el interés de proteger documentales que se encuentra inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades, en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos”, dice la resolución.

Respecto a información no relacionada con los hechos de Ayotzinapa, se determinó que no es susceptible de reservarse con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia relativa a la persecución de delitos e impartición de justicia, porque no se acreditó que estuviera vinculada con alguna averiguación previa.

El INAI dijo que respecto a los documentos relacionados con el caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural fue necesario ponderar dos intereses en conflicto: por una parte el derecho humano de acceso a la información y por la otra, el interés general previsto en el citado artículo 13, fracción V.


En el proyecto presentado por la Comisionada Kurczyn, se consideraron pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH )y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas referentes a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-08-2015/1456998.