El Dragonario: 07/19/15

domingo, 19 de julio de 2015

EL EJÉRCITO NO ESTÁ CONTENTO POR LA FUGA DE “EL CHAPO”: ANALISTAS

A una semana de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, del penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, se abren en el país dos discusiones paralelas: la primera es cómo cayó en las fuerzas castrenses la noticia, principalmente en la Marina, y la segunda es la pertinencia de seguir manteniendo a militares haciendo labores de policías civiles en la lucha contra el narcotráfico.

Analistas en temas de seguridad, nacionales y extranjeros, debatieron el punto. Los expertos aseguran que la fuga generó un síntoma de desánimo entre los elementos de la Marina Armada de México, responsables de la captura del narcotraficante en un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014, lo que debilita aún más la administración de Enrique Peña Nieto, quien desde los casos Ayotzinapa y Tlatlaya ha sido testigo de diferencias entre el Ejército y miembros del gabinete de seguridad. Pero, además, porque él mismo había prometido sacar a las Fuerzas Armadas de una tarea a la que fueron involucradas, sin preparación ni proyecto concreto, desde que Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico.

En el Ejército, aseguran los especialistas consultados por SinEmbargo, existe un enojo por la forma en la que el Ejecutivo ha manejado los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, pues no se ha evitado que se señalé la responsabilidad de elementos militares, con tal de proteger a autoridades civiles, como fue el caso del Gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El enojo dentro de algunos mandos del Ejército, añaden, se hace extensivo hacia el sistema de justicia civil que no sólo deja libres a criminales atrapados a través de operativos militares, sino que también enjuicia a sus elementos por violaciones a los derechos humanos.

Los expertos extranjeros coinciden en que es momento de replantear la estrategia que han mantenido al Ejército y a la Marina durante casi nueve años enfrentando a narcotraficantes, perdiendo elementos y debilitando al Estado.

La fuga también, consideraron algunos, traerá reacomodos al interior los grupos de poder en la Presidencia de la República pues si en este primer tramo del sexenio quienes le hablaban al oído al Presidente eran el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso; el responsable de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, ahora, ante la crisis y poca efectividad de su asesoría, podrían ser otros personajes en los que el titular del Ejecutivo federal se apoye.

Para Javier Ciurlizza, director del Programa para América Latina y El Caribe del Crisis Group, para la Marina mexicana la captura de “El Chapo” fue un gran logro, por lo mismo. Ahora “debe haber una gran presión de las Fuerzas Armadas hacia Peña Nieto y como parte de esa presión le deben de estar diciendo: ‘bueno, si usted quiere que volvamos a hacer lo que hicimos es bajo nuestros términos que son cheque en blanco y protección judicial’”.

Citó el caso colombiano, donde después de 30 años de lucha contra el narcotráfico “no existe ningún militar acusado por violar los derechos humanos”.
“Hay molestia con el Gobierno federal en el término de que los errores políticos, los problemas de corrupción y el mal manejo de crisis dispararon la atención hacia las Fuerzas Armadas”, reconoció Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es parte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), integrado por especialistas en el tema.

Destacó que en este momento, de acuerdo con fuentes de las fuerzas castrenses, existen puntos de conflicto y desconfianza entre este sector, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial e instancias civiles como la Procuraduría General de la República (PGR).

“Ha habido roces muy claros como el tema de Caro Quintero –mítico narcotraficante que permaneció 28 años en prisión y fue liberado en 2013 por fallas en el proceso– y otras cuestiones como la salida de delincuentes de cuantía menor que fueron atrapados en operativos conjuntos [entre militares y policías civiles]”, detalló Sánchez Lara.

El manejo mediático de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, pudo haber sido el punto de quiebre de la relación entre el Ejecutivo y el Ejército, situó el analista .

En este caso, por no aceptar su responsabilidad y tratar de proteger al entonces gobierno del perredista Aguirre Rivero, la Federación provocó una andanada de críticas hacia el Ejército tanto a nivel nacional como internacional que derivó en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuviera que abrir instalaciones estratégicas –sus cuarteles en zonas cercanas a la desaparición– para que los familiares buscaran a los normalistas.

“El error histórico de Peña Nieto, vía sus asesores fue no actuar de manera rápida; obviamente los normalistas no estaban en los cuarteles y fue terrible el tener que abrirlos, que desde la Presidencia se los hayan ordenado cuando sólo era un paliativo para la crisis”, dijo.

En un discurso pronunciado el 10 de noviembre de 2014, durante la colocación de la primera piedra de un nuevo cuartel para la Policía Militar en Monterrey, Nuevo León, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, planteó: ‘‘Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece’’.

Para ese momento, el Ejército estaba sometido al escrutinio internacional no sólo por el caso Ayotzinapa sino también por la ejecución de 22 supuestos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.

La Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, había consignado a tres militares por la ejecución de los civiles por uso excesivo de la fuerza. Fueron acusados de homicidio en primer grado.

“Las Fuerzas Armadas suelen ser reacias a tener que responder a acusaciones hechas desde fuera de su propio mecanismo de la justicia militar, o para ver a su personal en los tribunales civiles. Pero México es una democracia lo suficientemente madura como para resolver estos problemas a través de medios institucionales. Las tensiones que aparecen cuando el personal militar enfrenta cargos vinculados a tareas de seguridad interna, como en el caso de Tlatlaya, ponen de relieve lo importante que es para el país reducir su dependencia de las Fuerzas Armadas”, advirtió Antônio Sampaio, analista del International Institute for Strategic Studies (IISS, por sus siglas en inglés) de Londres.

Aunque en el caso de Tlatlaya, Sánchez Lara admitió que puede haber un poco más de responsabilidad del Ejército, afirmó que situaciones como esta se registran porque algunos gobiernos estatales no cumple con sus responsabilidad en materia de seguridad tanto en sus planes de acción como en el ejercicio de sus presupuestos lo que obliga a que sean los militares quienes asuman esas funciones, además de la lucha contra el narco.

Ante este panorama, expresó “hay una molestia fundada del Secretario de la Defensa Nacional sobre la falta de responsabilidad de algunos gobiernos estatales por su inacción y por haber permitido la infiltración de la delincuencia en sus cuerpos de seguridad”.

–¿De qué gobernadores estamos hablando?
–Hay casos donde los estados fracasaron en su estrategia de seguridad, estamos hablando de que prácticamente es la mayoría de los gobernadores.

Aseguró que entre algunos gobernadores existe ya el sentimiento de que si no pueden controlar los problemas de seguridad y justicia, si entran en crisis, la receta es esperar a que el la Federación mande al Ejército, “pero no hay Fuerzas Armadas que puedan soportar un despliegue por todo el país”.

“Hay dos lados en esta historia: uno es que, en efecto, los grupos criminales se han vuelto muy ricos y están demasiado bien armados y organizados como para que las policías comunes puedan enfrentarlos. La otra cara es que, en muchos casos, las Fuerzas Armadas se han desplegado por la incompetencia o la corrupción de la Policía, no a causa de un equilibrio táctico cuidadoso de fuerzas entre los delincuentes y las fuerzas públicas.

Lo que vemos en México y América Central es que las Fuerzas Armadas a veces se desplegaron simplemente debido a la falta de confianza en la Policía, especialmente las policías locales […] El problema es que este tipo de desconfianza está ocurriendo con demasiada frecuencia, y las Fuerzas Armadas están siendo desplegados por largos períodos de tiempo y en varios lugares a la vez”, coincidió el analista del IISS.

En este sentido, el analista del IISS afirmó que un país que utiliza al Ejército y a la Marina durante un largo periodo para el combate a la delincuencia común puede enfrentar un “severo impacto en la confianza de la población en la capacidad que tiene el Estado para brindarle seguridad. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para atender las necesidades y problemas civiles todos los días, porque su formación es adentro de los cuárteles. Su operación por un largo periodo de tiempo envía el mensaje de que las autoridades son incapaces de dar estabilidad y regresar al país a la normalidad, pero también se abre una distancia entre el Estado y la sociedad”.

La lucha contra la violencia criminal, afirmó, requiere flexibilidad y una cuidadosa selección de herramientas de seguridad.

NUEVE AÑOS EN LAS CALLES


El 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, anunció que para terminar con la violencia generada por los cárteles del narcotráfico serían los militares quienes combatirían a los grupos criminales; la primera entidad en la que inició el operativo fue Michoacán, donde entonces operaba La Familia Michoacana, que posteriormente dio pie al surgimiento de Los Caballeros Templarios. El número de soldados muertos entonces hasta febrero de 2014 se estima en más de 400, según distintos medios de comunicación.

Desde todas las perspectivas, la decisión de Calderón Hinojosa –que continuó con Peña Nieto– sólo ha dejado como saldo miles de muertos y desaparecidos, sin que la violencia muestre una reducción significativa.

Del 2 de abril de 2007 al 24 de mayo de 2013, de acuerdo con la información disponible en el portal de la Sedena, el Ejército ha recibido 117 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Daniel Gómez, un ex agente del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (la DEA), comparó que durante los primeros ocho años de la guerra contra las drogas “80 mil personas fueron asesinadas en México. Durante la intervención de Estados Unidos en Vietnam, 58 mil estadounidenses fueron asesinados en 10 años”.

El Secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en febrero de 2013 un número aproximado de 70 mil muertos a consecuencia de esta decisión.

Sampaio advirtió que la estancia prolongado de las fuerzas militares “aumenta el riesgo de uso excesivo de la fuerza con consecuencias impredecibles y a veces trágicas”.

Uno de los principales saldos es el hecho de que el país está perdiendo su inteligencia militar, estratégica para la defensa de cualquier nación, pero el riesgo más importante, desde su óptica, es que esta guerra desvía la atención sobre los cambios que se necesitan para construir una estructura que permita una eficiente aplicación de la ley.

“El país no debe perder el foco de la construcción de instituciones más fuertes y menos corruptas, capaces de responder a la mayoría de las necesidades de aplicación de la ley sin recurrir a las Fuerzas Armadas. Esta lucha va más allá de las fuerzas policiacas, la aplicación de la justicia y los sistemas políticos”, expresó.

Otra de las consecuencias, de acuerdo con el coordinador del Casede ha sido la baja en los niveles de confianza que la población tenía en el Ejército.

Una encuesta del diario Reforma publicada en diciembre de 2014 mostró que en 17 meses la confianza en el Ejército y en el Gobierno de la República registró una caída de 13 puntos porcentuales. La confianza en esas dos instituciones se situó en 56 y 33 por ciento, respectivamente, la más baja de los últimos años.

LOS REACOMODOS Y LA TRANSICIÓN

El coordinador de Casede expresó que el escape de “El Chapo” traerá un reacomodo en el círculo cercano del Presidente pues si bien en un primer momento Peña Nieto escuchaba los proyectos del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; los del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Consejero Jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, éstos sólo lo llevaron al distanciamiento de las Fuerzas Armadas, el único cuerpo que por mandato le debe ser leal. Por ello, ahora, puede ser que en materia de seguridad se deje guiar más por las propuestas del Ejército y la Marina.

Uno de los primeros temas, consideró, debe ser el papel de la Gendarmería Nacional –que inició operaciones el 22 de agosto de 2014– que hasta ahora no se ha visto que tome un papel activo en la guerra contra las drogas ni que ayude para que el Ejército regrese a sus instalaciones.

“La Gendarmería fue una ocurrencia a sugerencia de Genaro García Luna [el ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón] y durante la discusión hubo luchas en las que estaba la propuesta de Manuel Mondragón y Kalb [ex Comisionado Nacional de Seguridad] y la del Ejército y se impuso la de Mondragón y Kalb”, expresó Sánchez Lara.

Tomar la decisión de sacar al Ejército de las calles no es fácil a juicio de los analistas. En primer lugar porque el número de efectivos que tiene la Policía Federal ronda los 20 mil, y por el otro, porque los grupos criminales en la región han desarrollado en las últimas décadas capacidades tácticas equivalentes a las de algunos grupos guerrilleros.

“Este es un problema al que los estados nunca se han enfrentado antes, al menos no en tan gran escala y por tanto tiempo. Los gobiernos y las autoridades de seguridad en toda América Latina en varias ocasiones han explicado públicamente que el uso de las Fuerzas Armadas es ‘una medida necesaria para mantener la seguridad pública’”, dijo Sampaio.

Reconoció que el uso de las Fuerzas Armadas en México para combatir al narcotráfico es emblemático, ya que representa el dilema que enfrentan muchos países de la región y que se centra en la pregunta: “¿Cómo responder a los poderosos grupos criminales?”.

“Está claro que por el momento la policía civil no puede enfrentar directamente a grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, eso no significa que las Fuerzas Armadas tengan que ser desplegadas para misiones policiales simples. Hay que encontrar un equilibrio”, expuso.

El General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, quien estuvo preso de 1993 a 2002 por promover la creación de un ombudsman militar, consideró que el escape de “El Chapo” debe marcar un antes y después en esta lucha para iniciar una transición, un cambio en la política militar en el país, que implique no sólo regresar el Ejército a las calles sino también que exista un interlocutor civil entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

“Habría que empezar a plantearnos la posibilidad de que exista una sola Secretaría de la Defensa Nacional, ¿para qué tienes a la Sedena por un lado y por otro a la Secretaría de Marina? Habría que tener a las dos en una sola y que al frente esté un civil para que sea el interlocutor y aterrice a los diputados, al Presidente y los otros secretarios de Estado en lenguaje de los militares”, dijo.
Sánchez Lara se pronunció también en este sentido, pero a través de una transición más pausada en la que primero se nombrara a un Subsecretario de la Defensa Civil, que además de asumir las funciones enumeradas por Gallardo también coordinara las funciones estratégicas de las fuerzas armadas con los estados.

Este diario digital buscó el punto de vista de la Sedena. La respuesta llegó el viernes 17 de julio a través de un correo electrónica que de manera textual señala:
EN RELACIÓN A SU CORREO ELECTRÓNICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REALIZAR UNA ENTREVISTA SOBRE LA RELACIÓN DEL EJÉRCITO CON EL EJECUTIVO Y LAS POLICÍAS CIVILES, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE CON EL OBJETO DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A SU PETICIÓN, ES NECESARIO QUE ENVÍE POR ESTE MISMO MEDIO, EL BANCO DE PREGUNTAS EN QUE VERSARÍA LA CITADA ENTREVISTA.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1417431.

Comunitarios de Ostula retienen a militares tras ataque que dejó un niño muerto y varios heridos

Habitantes de la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, afirman tener retenidos a los elementos del Ejército mexicano que participaron en las agresiones en contra de su comunidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los soldados fueron detenidos tras el ataque que sufrieron los comunitarios cuando militares dispararon en contra de manifestantes que habían bloqueado algunos tramos de la carretera costera de Michoacán.

El boletín distribuido por la comunidad de Santa María Ostula  no especifica el número de soldados que fueron retenidos pero sí advierte que “se está viviendo una situación de tensión extrema en la región”.

Además del ataque en contra de los manifestantes, los comuneros acusan al ejército de realizar “detenciones ilegales” tanto las de miembros de la policía comunitaria como la del coordinador general de los grupos de autodefensa, Semeí Verdía Zepeda.


La agresión de los uniformados dejó por lo menos cuatro heridos por arma de fuego y hasta el momento se tiene confirmado el fallecimiento de un menor de 12 años, quien recibió un disparo a milímetros del ojo derecho que le perforó el cráneo.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: RODRIGO CABALLERO.

Prepara MPG protesta en repudio a visita de Peña a Tlapa

CHILPANCINGO, Gro: Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) anunciaron  que este lunes se van a manifestar en la ciudad de Tlapa para repudiar la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este lugar considerado como el corazón de la Montaña guerrerense.

El grupo de activistas, conformado por docentes, estudiantes y ciudadanos, denunció que personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está condicionando a mujeres para que asistan a la inauguración de la obra denominada Ciudad de las Mujeres, que pretende brindar atención médica, psicológica y jurídica para el sector femenino de la región donde habita la mayoría de la población indígena en la entidad.

Afirmaron que las mujeres beneficiarias del programa federal Prospera, fueron amenazadas con retirarles el beneficio en caso de que no asistan al acto donde se anunció la presencia del presidente Peña.

“Se nos hace ofensivo e incongruente el hecho de que el gobierno federal obligue a las mujeres a asistir a la inauguración de ese centro donde se promueve el respeto los derechos humanos”, señalaron los inconformes a través de un comunicado distribuido esta noche.

Además, recordaron que el pasado domingo 7 de junio, policías federales asesinaron a tiros al normalista Antonio Vivar Díaz durante un desalojo realizado por federales y soldados en la colonia El Tepeyac.

La acción policiaco-militar tenía como objetivo rescatar a una treintena de agentes federales que fueron retenidos por pobladores y permanecían en la iglesia del asentamiento, luego de que federales detuvieron a profesores miembros del MPG.

En ese entonces, miembros del MPG responsabilizaron del crimen del joven activista llamado Comandante Toño, al presidente Enrique Peña Nieto y criticaron la complicidad del gobernador Rogelio Ortega Martínez, a quien calificaron como “el principal incitador de la violencia” en este lugar considerado como el corazón de la Montaña.

Los activistas afirmaron que el gobierno federal y estatal impuso a sangre y fuego una elección blindada por soldados y policías “sin legitimidad popular”.

Al respecto, el profesor Ubaldo Segura, dirigente del movimiento en Tlapa, denunció que Ortega alentó la represión contra los ciudadanos que impulsaron el boicot electoral para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, al respaldar al grupo de choque conformado por simpatizantes partidistas que desalojaron el plantón que mantenían los docentes en el zócalo y permitir que actuaran en contubernio con policías estatales para golpearlos.

También acusó al gobernador interino de asumir una actitud omisa frente a la brutal represión policiaco-militar que dejó un muerto, cuatro heridos de gravedad y sembró el pánico y terror que mantiene dividida a la población de Tlapa.

Segura calificó como “aberrante y estúpida” la actitud asumida por Ortega, quien justificó la ejecución de Antonio Vivar al argumentar que los manifestantes tenían la intención de linchar a los agentes federales retenidos en la iglesia de la colonia.

Hasta el momento, el asesinato del joven indígena sigue impune y la sociedad se mantiene dividida ante la falta de justicia.

Por ello, los miembros del MPG señalaron que la visita de Peña es una ofensa y anunciaron que se van a manifestar pacíficamente en las calles de Tlapa para repudiar las reformas del gobierno federal en materia educativa y social.

Los profesores y la sociedad de Tlapa, señalaron, está en contra de estas reformas que sólo benefician a la oligarquía, y responsabilizaron al gobierno federal de cualquier acto de represión contra los inconformes.

El arribo del presidente Enrique Peña se tiene contemplado para el mediodía y la obra que va a inaugurar se encuentra a un costado del cuartel del 93 Batallón de Infantería.


Esta visita ocurre tras la gira de Peña por Francia y se registra en el contexto del cumpleaños del presidente, informaron fuentes oficiales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Cae banda implicada en asesinatos y robos a cuentahabientes en el DF

MÉXICO, D.F: Autoridades capitalinas informaron esta tarde sobre la captura de una banda presuntamente relacionada con los homicidios de tres cuentahabientes y 57 asaltos.

En conferencia de prensa, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza y el secretario de Seguridad Pública capitalino, Hiram Almeida Estrada, explicaron que el pasado 15 de julio se logró la detención de un grupo delictivo vinculado al robo con violencia a cuentahabientes.

La banda operaba en la zona metropolitana de la Ciudad de México y privó de la vida a una cuentahabiente el pasado 6 de julio en las calles Patriotismo y Holbein, cuando la despojaron del dinero que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

Hiram Almeida informó que el pasado 15 de julio fueron detenidos tres sujetos en la colonia Santiago Ahuizotla de la delegación Azcapotzalco, quienes se identificaron como Jorge Gerardo Espinoza Barrera, Osvaldo Alonso Domínguez y Hugo García Casas.

También se aseguraron tres vehículos: un Ford Fiesta Ikon color gris con placas de circulación MNZ2495; un Ford Escort color blanco con placas de circulación 408PKR; y un Nissan Tsuru color blanco con placas de circulación MPT2211.

Los funcionarios informaron que fue posible establecer la probable participación de los sujetos en tres homicidios por disparo de arma de fuego en agravio de cuentahabientes, así como su relación en un robo con violencia, cometido en perjuicio del cliente de una institución bancaria.

El más reciente homicidio consumado por estos sujetos ocurrió la tarde del pasado 6 de julio sobre avenida Patriotismo esquina con Holbein, en las inmediaciones de la colonia Ciudad de los Deportes, delegación Benito Juárez.

Ese día, la víctima, una mujer de 36 años acudió a una sucursal bancaria localizada sobre Patriotismo, lugar donde esperó su turno de servicio para realizar el retiro de dinero en efectivo.

Al salir fue interceptada por el presunto responsable identificado como Jorge Gerardo Espinoza Barrera, quien intentó despojar a la mujer de un bolso que contenía el dinero; sin embargo, al enfrentar resistencia por parte de la víctima, el inculpado accionó en dos ocasiones el arma de fuego que portaba, provocando la muerte de la cuentahabiente.

Espinoza Barrera corrió hacia una motocicleta, cuyo conductor ya lo esperaba para luego huir en sentido contrario a la circulación vehicular.

Como resultado del trabajo de gabinete realizado por la Policía de Investigación, pudo establecerse la participación de los probables responsables en otros dos casos de homicidio de cuentahabientes.

Ríos Garza detalló que el primero de ellos sucedió el 16 de julio de 2014 en bulevar Adolfo López Mateos colonia Alfonso XIII, delegación Álvaro Obregón, en donde un hombre de 57 años fue lesionado por disparo de arma de fuego al resistirse al robo de dinero que previamente había retirado de una sucursal bancaria ubicada en la colonia Las Águilas.

De acuerdo con la versión proporcionada por testigos, una vez que la víctima arribó a su domicilio y abrió la puerta para ingresar su vehículo al estacionamiento, fue interceptado por Jorge Gerardo Espinoza Barrera, quien le disparó tras resistirse a entregarle el portafolio donde resguardaba el dinero retirado. El lesionado fue trasladado a un hospital público en donde falleció dos meses después.

El segundo hecho se cometió el 11 de noviembre de 2014 en la calle Grecia esquina con Venecia, de la colonia San Álvaro de la delegación Azcapotzalco.

En dicho lugar, un hombre de 58 años fue interceptado y privado de la vida instantes después de salir de la sucursal bancaria de donde había retirado dinero en efectivo, al recibir dos impactos de bala tras intentar oponerse al robo.

Como resultado de las investigaciones se logró vincular la participación de estos sujetos en por lo menos 57 reportes de robo con violencia registrados en distintas zonas bancarias de la Ciudad de México.

El procurador general de Justicia del DF hizo un llamado a las y los ciudadanos víctimas de estos individuos, a que acudan a denunciarlos ante el Ministerio Público.

Los presuntos responsables utilizaban una motocicleta de color rojo, así como vehículos de las marcas Ford, Fiesta, Escort y Nissan Tsuru.

Una vez que acordaban entre ellos la zona en la cual cometerían sus ilícitos, uno de los probables responsables ingresaba al banco para efectuar retiros o depósitos de pequeñas cantidades de dinero, con el único propósito de seleccionar entre los cuentahabientes a su posible víctima.

Tras detectar a un usuario que realizara operaciones de retiro de efectivo en cantidad importante, el inculpado alertaba a sus cómplices a través de una llamada telefónica celular, en la cual describía el sexo, forma de vestir de la víctima, así como otras características que facilitaran su identificación.

De este modo, los inculpados que permanecían afuera de la sucursal, seguían a la víctima a bordo de la motocicleta, lo interceptaban y procedían a la comisión del robo con violencia, tras lo cual huían siempre en sentido contrario a la circulación vial.


Integrados los elementos de prueba al expediente, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio ejerció acción penal en contra de Jorge Gerardo Espinoza Barrera, Hugo García Casas y Osvaldo Alonso Domínguez, quienes fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Oriente a disposición del juez penal en turno, como probables responsables de la comisión de diversos delitos de homicidio calificado y robo agravado calificado en pandilla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Indígenas zoques de Oaxaca demandan respeto a su territorio

México, DF. Esta mañana comuneros de Santa María Chimalapas, Oaxaca, se dirigen al municipio de Belisario Domínguez, creado por el gobierno de Chiapas dentro del territorio de los zoques, para desalojar a los invasores de su territorio.

“Estamos cansados de que el gobierno federal y el de Oaxaca no hagan cumplir los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspensión de plano de cualquier actividad que afecte nuestro territorio y de que no instalen la mesa agraria para solucionar el conflicto”, asentó una de las autoridades de bienes comunales por vía telefónica y que solicitó el anonimato porque, dijo, “he recibido amenazas”.

Explicó que en la asamblea de ayer, los indígenas zoques acordaron ir hasta la Belisario Domínguez y desalojar a los invasores porque las autoridades federales y estatales no atienden el conflicto agrario, sólo quieren tocar el tema social, mientras continúa la extracción ilegal de la madera y destrucción de la selva.

Sabemos que hoy habrá elecciones en Belisario Domínguez –en Chiapas hay elecciones estatales- por eso nos trasladamos hacia allá, en este momento estamos en La Venta, esperamos reunirnos cerca de 500 comuneros para detener la elección y desalojar a los invasores, encabezados por Óscar Gordillo, ganadero y fundador, en los tiempos del ex gobernador Patrocinio González Garrido, de la coalición en defensa de la zona noreste de Cintalapa.

“Las autoridades no ha prestado atención a la comunidad para desalojar a los invasores, en abril de este año la Secretaria de Gobernación y el gobierno de Oaxaca aseguraron que se instalaría la mesa agraria y hasta la fecha no han hecho nada por resolver el conflicto agrario”, insistió.

El pasado mes de febrero, los comuneros de Santa María retuvieron a tres personas y en marzo a una más, a quienes acusaron de estar “limpiando y deforestando 200 hectáreas pertenecientes a la comunidad indígena”. Tras 20 días de conflicto, intervinieron autoridades estatales y federales, entonces se acordó con los comuneros instalar las mesas agraria y social.


“Estamos cansados de las promesas incumplidas; estamos dispuestos a todo para defender nuestra comunidad y por eso el acuerdo de la asamblea de ir a Belisario Domínguez”, acotó el comunero.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MATILDE PÉREZ.

Prevén propuestas insuficientes en lo que resta de la ronda uno

Autoridades utilizarán menores precios para hacer sus cálculos, anticipa grupo financiero. La participación de inversionistas privados permitirá elevar la producción de crudo: Santander. No se debería esperar una recuperación significativa de la cotización de la mezcla, advierte.

Después de los resultados con menor éxito al esperado de la primera fase de la ronda uno, se podría esperar que las próximas fases tengan una baja demanda y que las propuestas no sean lo suficientemente atractivas para el gobierno, advirtieron analistas del Grupo Financiero Ve por Más.

Explicaron que esto podría ser resultado de un entorno con bajos precios del petróleo, que pudiera continuar por el reciente anuncio del acuerdo del programa nuclear de Irán y el consecuente retiro de sanciones internacionales que incrementará la sobreoferta de petróleo.

Por ello, para las siguientes licitaciones se espera que el gobierno incorpore, en mayor medida, la situación coyuntural del sector petrolero; por ejemplo, que se base en menores precios a los utilizados inicialmente para sus estimaciones en las siguientes fases.

Lo anterior, afirmaron, servirá como una señal al mercado, que podrá tener como resultado una mayor demanda de empresas interesadas para las siguientes cuatro etapas de la ronda uno.

Por ejemplo, el cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la participación total del Estado en las utilidades se realizó utilizando un precio mínimo de 65 dólares por barril como mínimo y 120 como máximo.

El precio de la mezcla mexicana cotizó en 69.7 dólares por barril en noviembre de 2014, dentro del rango del precio de referencia utilizado. Esto derivado de que a inicios de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera convocatoria.

Sin embargo, la expectativa de que Irán regrese gradualmente al mercado petrolero en un contexto de bajo crecimiento mundial está resultando en expectativas desfavorables para los precios del petróleo en los mercados internacionales.


Al respecto, analistas del Grupo Financiero Santander alertaron que esto implicaría que “no deberíamos esperar una recuperación significativa del precio de la mezcla de petróleo de México que actualmente ronda 50 dólares por barril.

Este escenario tiene implicaciones importantes para México. Por una parte, ello incide en la referencia del precio del crudo que se considere para el Presupuesto de Ingresos del Sector Público en 2016, contra el precio de 79 dólares por barril fijado para 2015 (con coberturas). En el documento de Pre-Criterios de Política Económica para 2016 se adelantó un estimado de 55 dólares por barril, lo cual implicaría que por este efecto de precio se tendrían unos 90 mil millones de pesos menos.

Durante la primera mitad del año la producción promedio diaria de petróleo fue más baja de lo esperado, con caída anual de 8.2 por ciento y un nivel de 2 millones 265 mil barriles diarios. Esto es menor que la meta ajustada de 2 millones 288 mil barriles al día para 2015.

Los analistas de Santander estiman que aun con la participación de los inversionistas privados en la producción de petróleo permitirá que eventualmente se eleve la producción de crudo, pero no parece que ello ocurra en los próximos 18 meses.

Estos factores que son el alza en tasas de interés en Estados Unidos, el nivel de precios del petróleo y la caída de la producción interna del crudo, se perfilan como permanentes para la segunda mitad de este año y buena parte del próximo.


Finalmente, los especialistas del Grupo Financiero Scotiabank consideraron que los resultados de la ronda uno, en la que se asignaron sólo dos bloques de los 14 subastados tienen una lectura negativa que pueden representar una mala señal para el desempeño de la inversión en nuestro país, en el que también incide por supuesto un entorno global adverso, especialmente del mercado petrolero internacional.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Israel Rodríguez y Juan Carlos Miranda

Veracruz: alcalde priista sufre segundo atentado en menos de dos meses

XALAPA, Ver: En menos de dos meses, el alcalde priista de Amatlán de los Reyes, Miguel Ángel Castro Rosas, ha sido víctima de dos atentados.

Hoy por la tarde, al salir de su domicilio en la comunidad El Naranjal, Castro Rosas fue sorprendido en su camioneta negra, resultando lesionado con cuatro impactos de bala que dieron blanco en hombro y tórax; otros casquillos quedaron alojados en la carrocería de su vehículo.

Sus agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta y huyeron a toda velocidad del punto de la agresión.

Apenas el 26 de mayo pasado, el edil priista habría sido interceptado por un sujeto solitario en la carretera de El Naranjal. El agresor salió de entre los matorrales y disparó a quemarropa en contra de Miguel Ángel Castro. De dicho ataque salió ileso.

En el atentado de esta tarde Castro Rosas resultó herido, por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital privado de la ciudad de Córdoba. Su estado de salud es manejado con total hermetismo por parte de las autoridades.

Al punto de la agresión llegaron elementos del Mando Único y de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.

Amatlán de los Reyes es un municipio cafetalero y agricultor que se encuentra a 222 kilómetros de la capital del estado. Forma parte de la región montañosa e industrial de Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza y Fortín de las Flores.

En dicha región el crimen organizado y los delitos del fuero común (asalto y robos a casa-habitación) se han disparado este año.


Tanto así que en municipios como Nogales, Soledad Atzompa y en diversas comunidades de la Sierra de Zongolica, pobladores ya formaron guardias comunitarias para defenderse de la delincuencia.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: NOÉ ZAVALETA

Con respaldo de Javier Duarte, senador del PRI se destapa para buscar gubernatura

XALAPA, Ver: Utilizando su segundo informe de actividades como senador, el priista Héctor Yunes Landa se destapó como aspirante del PRI a contender por la gubernatura el próximo año, incluso ya acuñó sus primeros eslogan: “Estoy listo” y “Llegó la hora”.

Ante cientos de militantes priistas, entre diputados federales, senadores, legisladores locales, alcaldes, directivos priistas, acarreados del sector campesino, obrero y de las organizaciones del PRI, Héctor Yunes mandó su mensaje político respaldado por el gobernador Javier Duarte, su esposa Karime Macías e incluso hasta por su pariente, el senador panista Fernando Yunes.

En el World Trade Center de Boca del Río, Yunes Landa aseguró que “no tiene miedo”, “ni ataduras vergonzantes”, tampoco “compromisos políticos”, razón por la cual comparó a Veracruz con una “locomotora” a la que hay que “recuperarle su grandeza” para convertirla en un bastión de la República.

Cinco días antes de su segundo informe legislativo, gente del equipo de Héctor Yunes tapizó ciudades, carreteras y pequeñas comunidades con lonas y espectaculares promocionando su imagen y su eslogan: “Estoy listo”.

En su mensaje, Yunes aseguró que es necesario “castigar” de forma severa la corrupción y la “cleptomanía política”, aunque vaticinó que cien años de cárcel no son suficientes para los servidores públicos que han utilizado el erario para beneficios personales.

Por lo que propuso, aunque no especificó si como senador o como precandidato priista a la gubernatura de Veracruz, que hay que inhabilitar “de por vida” a todo aquel servidor público que daña las arcas estatales.

Ante cerca de 6 mil personas reunidas en Boca del Río, Yunes Landa admitió que hoy uno de los grandes pendientes de la entidad son el mal estado en que se encuentra la red carretera de norte a sur de Veracruz.

Héctor Yunes, de bajo perfil en el Senado de la República donde sobresale por ser de los más faltistas a las sesiones ordinarias, se hizo famoso apenas el 8 de enero pasado, pues a través de un comunicado y de entrevistas en diversos medios, manifestó su ruptura con el mandatario priista Javier Duarte.

Yunes se refirió de la siguiente manera al mandatario priista: “Se le percibe un afán sectario, de pequeñez, que permea en todos los ámbitos de la vida pública. Es indudable que hay inestabilidad, atraso social, recesión. La clase política está confrontada con el gobernador. El PRI (está) dividido por una injerencia anacrónica y lamentable”.

“(En el PRI de Veracruz) no existe unidad. Toda pretensión de mostrar lo contrario es un montaje (de Duarte) en el que no vamos a participar. La unidad que pretende mostrar el gobernador del estado es supuesta e impuesta, y existe una clara injerencia del Ejecutivo estatal en la vida interna de los partidos políticos diferentes al nuestro. Hay desacuerdos sobre la forma como se conduce la cosa pública. Hay tentaciones autoritarias y vocaciones retardatarias, las cosas no pueden continuar por este camino”.

La acidez y crítica en el discurso del senador veracruzano hacia el mandatario seguiría en la misma tónica los dos meses siguientes, sin embargo, una vez que el suegro de Javier Duarte, Tony Macías, declarara que “Héctor Yunes sería un excelente candidato a gobernador”, la relación entre Ejecutivo estatal y el senador se volvió cordial.


Por ejemplo, esta tarde, al culminar el segundo informe de labores, ambos políticos priistas se fundieron en un abrazo y todo fue risas y parabienes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Critica Artículo 19 restricciones al ejercicio periodístico en Quintana Roo

CANCÚN, Q. Roo: La organización Artículo 19 deploró la iniciativa del gobernador Roberto Borge Angulo para crear la denominada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo.

En un comunicado, esta organización defensora de periodistas acusó que la iniciativa del mandatario “contrasta con el aumento de agresiones contra la prensa por parte del gobierno de esa entidad” y que Quintana Roo en 2014 ocupó el segundo lugar de los estados del país con mayor número de ataques a periodistas.

Y sentenció:

“Artículo 19 considera que la presentación de una iniciativa de ley por parte del gobernador Roberto Borge, con el objeto de brindar protección a periodistas, constituye un verdadero acto de simulación, mientras que su gobierno continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.

La agrupación acusó que el gobernador Roberto Borge en Quintana Roo “es enemigo de la prensa independiente y de las críticas que se realicen a su gestión, ante lo cual emprende diversas agresiones con la finalidad de callar esas voces disidentes, en detrimento de las libertades de expresión e información”.

Entre las agresiones cometidas por el gobierno de Quintana Roo a comunicadores, la agrupación destacó el caso del periodistas y activista maya Pedro Canché, quien fue encarcelado bajo cargos de sabotaje por nueve meses y salió libre mediante un amparo de un tribunal federal.

En el amparo, precisó el organismo, se comprobó “la fabricación del delito de sabotaje en represalia a la labor periodística” de Pedro Canché, quien fue detenido cuando daba cobertura a protestas en la zona maya por el aumento de las tarifas de la paraestatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

También Artículo 19 recordó los ataques al semanario “Luces del Siglo”, que ha sido clonado en 70 ocasiones y las agresiones a sus directivos en medios afines al gobierno y en redes sociales.

Y agrega:

“Otros periodistas y medios de comunicación independientes y cuya línea editorial también es crítica al gobierno de Roberto Borge, han sido víctimas de hostigamiento e intimidación en redes sociales por parte de servidores públicos de Quintana Roo, así como integrantes del PRI estatal. Esto lo hacen a través de cuentas falsas o bots que replican de manera masiva y sistemática los mensajes que suelen compartir dichos funcionarios y priistas ligados al gobernador.

Por otra parte, acusó que “resulta preocupante que la iniciativa de Roberto Borge pretenda aprobarse con premura y rapidez, sin sujetarla a un proceso de dictamen y discusión amplia y robusta respecto a su contenido”.


Esta semana se llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones de la legislatura en cual se prevé que esta iniciativa sea sometida a votación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

DETENCIÓN DE SEMEÍ VERDÍA, POR PROBABLE VIOLACIÓN A LA LEY DE ARMAS

Como parte de un operativo interinstitucional de vigilancia, desplegado hace una semana en la geografía del estado por parte de las fuerzas de seguridad federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Michoacán, la mañana de este domingo se realizó la detención de Semeí Verdía Zepeda, por su probable responsabilidad en violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante el recorrido de vigilancia y prevención efectuado  en La Placita, municipio de Aquila, se detectó a Semeí Antonio Verdía en posesión de dos fusiles, uno calibre 7.62 conocido como Cuerno de Chivo y el otro calibre .233, además de un arma corta calibre 9mm y 69 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Por lo anterior y ante una flagrante conducta considerada y sancionada por el Código Penal Federal, Verdía Zepeda fue asegurado y puesto a disposición de la delegación de  la Procuraduría General de la República en Michoacán, para que resuelva su situación jurídica.

Así también, se informa que Semeí Verdía, quien se identificó como miembro de la Policía Comunitaria del municipio de Aquila, es investigado por su probable participación en otras conductas que configuran delitos del fuero común y federal y que están relacionadas con la destrucción de material electoral.


Con estas acciones, el Grupo Coordinación Michoacán refrenda que mantendrá su operación bajo la premisa de asegurar que las instituciones garantes de la seguridad actúen en el marco de la ley y hagan de prevalecer el estado de Derecho.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.

Ejército mexicano dispara contra niños y comuneros de Ostula, Michoacán

Morelia, Michoacán: Ejército Mexicano abrió fuego contra comuneros de Ostula, en el municipio de Aquila, hasta el momento se tiene reporte de varios heridos y al menos cuatro personas muertas. Entre la población agredida se encuentran niños de entre 4 y 6 años de edad.

De acuerdo a testimonios de habitantes de esta comunidad, la situación se generó a partir de la detención del comandante de los autodefensas Semeí Verdia, quien fue detenido por la Secretaria de Marina acusado de portación ilegal de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Tras la detención sus vecinos y otras poblaciones comenzaron a manifestarse de manera pacífica, intentando llegar a la cabecera municipal de Aquila, localizada a casi una hora de distancia.

Pero en el trayecto elementos del Ejército Mexicano les cerraron el paso, por lo que los habitantes indígenas comenzaron una protesta pacífica.

En un momento de descontrol elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego contra los manifestantes, dejando como saldo más de cinco heridos y cuatro que perdieron la vida.

De acuerdo a los testimonios, se requiere ambulancias y atención médica emergente, sobre todo por lo que les está ocurriendo a los niños que fueron alcanzados por las balas.

“Nos están matando, están matando a nuestra gente, si los medios de comunicación no intervienen esto se puede convertir en otro caso más de masacre del Ejército Mexicano”, solicitó el habitante de Ostula.

Señalaron además que como han podido están trasladando a heridos a hospitales de Colima, luego que no confían en la seguridad que se dispuso en todas las carreteras de Michoacán donde corren el riesgo de detenerlos o rematar a los heridos.

“No confiamos en el Gobierno, eso está claro, vamos a jugárnosla para trasladar a la gente a hospitales de Colima, es donde podemos estar más seguros”, señaló el informante.

La confrontación se podría prolongar durante más tiempo, incluso los habitantes temen que al igual que ocurrió con José Manuel Mireles, las Fuerzas Federales intenten detener a todos los seguidores de Semeí Verdia, por lo que los ataques contra la población podrían extenderse durante lo que resta de la tarde y la noche.

Con este contexto, los habitantes de Ostula solicitaron la presencia de medios de información para que documenten lo que está ocurriendo y no salga el Gobierno del Estado o el Federal a contar la historia con otra versión.

El gobierno lo niega

A través del grupo de whatsapp administrado por el área de comunicación social del gobernador sustituto de Salvador Jara Guerrero, se advirtió que los rumores sobre presuntos enfrentamientos eran falsos.

De manera textual, el mensaje informó: “Les comentamos que ni las dependencias federales ni estatales, encargada de las áreas de seguridad, tiene reportes de hechos violentos en esa zona del estado”.


Momentos después las imágenes difundidas desde la región Costa desmintieron la versión oficial y expusieron que entre los niños y fallecidos se encuentran varios niños.

Esto después de que la Marina Armada de México capturara al coordinador general de las autodefensas en la Costa Michoacana, Semeí Verdía Zepeda, sin que hasta el momento se sepa el motivo de la detención.

De acuerdo con las primeras versiones, un conjunto de 15 camionetas del Ejército Mexicano y la Marina Armada se llevaron al coordinador, apoyados por dos patrullas de la Fuerza Ciudadana mientras estaba desayunando en la localidad de la Placita de Morelos.

La detención se dio en el municipio de Aquila donde se llevaba a cabo una reunión de miembros de las autodefensas. Tras el arresto, los elementos de la marina trasladaron al líder del movimiento de autodefensas al puesto de control ubicado en la misma localidad para subirlo a un helicóptero y llevarlo a Morelia.

Al filo de las 11 de la mañana, Semeí fue enviado por aire a la capital del Estado para una supuesta “verificación” de las dos camionetas blindadas que utilizan los comunitarios desde hace un mes. Sin embargo, todavía no queda clara la verdadera razón del arresto.

En cuanto se supo de la detención de Semeí Verdía, habitantes de la comunidad de Santa María Ostula –sede del movimiento de autodefensas en la Costa- bloquearon las vías de comunicación de las comunidades del Duín e Ixtapilla a manera de protesta.


Ambas comunidades se encuentran pegadas al mar y con acceso a la carretera federal Lázaro Cárdenas–Manzanillo mejor conocida como “la 200”; por lo que los manifestantes podrían extender sus bloqueos en horas próximas.

FUENTE: RUBÉN LUENGAS ENTRE NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Emboscan y asesinan a 11 personas en la sierra de Durango

DURANGO, Dgo: Once personas fueron asesinadas anoche durante una emboscada en el municipio serrano de San Dimas, en la zona limítrofe de Durango y Sinaloa, confirmaron autoridades duranguenses.

De acuerdo al reporte emitido por la Fiscalía General del Estado, el ataque ocurrió en un camino rural que une a las comunidades de Sapioriz y San José de Bacís (esta última, una de las localidades mineras más importantes del estado), mientras las víctimas viajaban a bordo de tres camionetas.

Desde ambos costados comenzaron a disparar contra las tres unidades Chevrolet pick-up, dejando muertas a 11 personas cuyas identidades no fueron reveladas.

Además, otras cinco personas quedaron lesionadas en el sitio: Gerónimo Quintero Reyes, de 26 años; José Valentín Favela Díaz, Pedro Efraín Osuna Hernández y Luis Aguilar Unzueta, de 27; y Joel Corral Flores, de 31 años.


Las autoridades no han revelado hasta el momento las líneas de investigación que se abrieron, además de que no se reportan personas detenidas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS LOZANO.

Elección en Chiapas: reportan robo de urnas, coacción del voto, acarreo y enfrentamientos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Robo de urnas, secuestro de funcionarios de casilla, coacción del voto, acarreo de votantes, uso de recursos públicos para favorecer a algún candidato y enfrentamientos, entre otras incidencias, se reportan desde el arranque de la jornada electoral en Chiapas y hasta la tarde de este domingo.

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, calificó como irregular, anómalo e ilegal el actual proceso electoral, no sólo por las múltiples incidencias registradas sino porque lo organiza un Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) integrado por consejeros que están bajo un proceso jurídico ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber violado la Constitución en lo que toca a la paridad de género en el registro de candidaturas.


Navarrete exhibió videos, fotografías y documentos de diversas irregularidades en los que se prueban las denuncias hechas por su partido. En uno de los videos, un sujeto de nombre Gustavo González Roma paga 400 pesos a cada una de las personas que son llamadas según un listado elaborado previamente, en el municipio de Mezcalapa.

Acompañado de otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Navarrete calificó como una actuación “facciosa” la que hacen los consejeros del órgano electoral, sometido, dijeron a los intereses de un partido político en el poder en Chiapas, en este caso al PVEM.

Dijo que cínicamente el PVEM pretende llevar carro completo. Y que en este contexto el órgano electoral ha violado en todo momento todos los principios de legalidad e imparcialidad. “Esta elección está en manos de una camarilla que ha puesto también en entredicho al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)”.

Dijo que en su próxima reunión con Lorenzo Córdova, exigirá la destitución e inhabilitación de los consejeros electorales y que en el nuevo futuro nombramiento no participe el consejero electoral Marco Antonio Baños, quien ha sido cómplice de las anomalías.

Proceso bajo la lupa

El representante del PRD, Mario Cruz Velásquez, dio a conocer que una persona falleció después de un enfrentamiento entre militantes del PRI y el PVEM en el municipio de Copainalá; sin embargo los consejeros electorales, ni las autoridades lo han confirmado.

En Tila, en dos comunidades no se pudieron instalar las casillas debido a los enfrentamientos que se han registrado en los últimos días.

En el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán un grupo armado robó las urnas de cuatro casillas electorales y las rellenó con boletas marcadas por ellos mismos.

En el municipio de Chenalhó se suspendió de manera temporal la jornada electoral porque las boletas no están completas, confirmaron los consejeros del IEPC.

En Ocosingo no se instalaron cinco casillas debido a que no existían condiciones de seguridad para hacerlo según señaló el secretario ejecutivo del Consejo del IEPC, Jesús Moscoso Loranca.

En Carranza el consejo distrital está tomado y los manifestantes han amenazado con incendiar el inmueble.

En Suchiate se tuvo que cerrar una casilla electoral debido a que todos los registrados ahí eran migrantes que recibieron su acta de nacimiento por parte del oficial del Registro Civil, detenido hace unas semanas por vender actas de nacimiento.

El representante del Partido Movimiento Ciudadano, José Francisco González, denunció que en una casilla del municipio de Ocozocoutla personas retuvieron a una presidenta de casilla.

Los representantes de los partidos políticos reportaron otros incidentes como compra y coacción del voto en Villaflores, La Trinitaria, Acapetahua, Chanal, Oxchuc, entre otros.

Durante el posicionamiento de los partidos políticos por la apertura de la jornada electoral, la mayoría de los representantes políticos coincidió en denunciar la participación del estado para la promoción del voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“En Chiapas no sólo se está jugando una elección, sino se está poniendo en práctica la perversión política más grande. Hemos visto violencia, el uso de recursos públicos. Todo el territorio de Chiapas lo vistieron de verde de la manera más retrograda” dijo el representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Horacio Duarte Olivares.

Los representantes de los partidos se quejaron porque a sus representantes de casillas no se les estaba permitiendo la participación en diferentes municipios.

La sesión del Consejo General del IEPC está en sesión permanente.

En Chiapas fueron llamados a votar 3. millones 275 mil 962 chiapanecos. Se tenían previsto instalar 5 mil 958 casillas en los 122 municipios del estado y 24 distritos electorales. Se pretende elegir 122 alcaldes y sus planillas y 41 diputados locales, 29 por la vía del voto directo, 16 por la vía plurinomimal y uno más electo por los chiapanecos en el extranjero.


Para las alcaldías son 12 mil 208 candidatos para alcaldes, síndicos y regidores, 6 mil 150 son mujeres y 6 mil 58 son hombres. Al menos 220 son candidatos a diputados locales, 113 son mujeres y 107 son hombres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO

EN AQUILA, EL EJÉRCITO “NOS ESTÁ MATANDO A LA GENTE”: ALCALDE ELECTO

El alcalde electo de Aquila, el perredista José Luis Arteaga Olivares, se comunicó con La Jornada Michoacán para denunciar que durante el operativo implementado en aquel municipio de la costa para deneter al líder del grupo de autodefensa, Semeí Verdía, el Ejército “nos está matando a la gente”, por lo que pide auxilio.


“Ya nos están matando la gente, el ejersito me lleno de inpotencia de que forma matan a su pueblo ojala pueda aser algo ocupamos ambulansias hay muchos eridos”, dice el mensaje de texto que el municipe electo envió a este diario hace unos minutos desde el número de celular con el cual ha estado en contacto con La Jornada Michoacán ofreciendo pormenores del operativo e incluso compartiendo fotos del despliegue militar.

FUENTE: LA JORNADA MICHOACÁN.
AUTOR: DANIELA OSORIO.

Auge inmobiliario colapsa servicios e infraestructura en Nuevo Polanco

Los inquilinos de la exclusiva zona padecen caos vial, falta de luminarias y vigilancia. El desarrollo del área, impulsado por la Seduvi, provocó un aumento de la población de 5.35% al año desde 2005. El predial y el agua se fueron a las nubes, se quejan los antiguos vecinos.

La antigua zona industrial en el poniente de la delegación Miguel Hidalgo, donde convergían todo tipo de fábricas: de telas, vidrio, jabón, muebles y plásticos, se convirtió en los años recientes en una exclusiva zona de rascacielos para oficinas, departamentos, plazas comerciales y museos, desarrollada sin planeación y cuyas consecuencias han comenzado a padecer tanto sus pobladores originales como los nuevos inquilinos.

El acelerado crecimiento inmobiliario en lo que se conoce como el Nuevo Polanco o el Manhathan mexicano, que abarca alrededor de 12 colonias, sobre todo Granada y Ampliación Granada, no avanzó a la par de la infraestructura urbana, lo que provocó un deterioro en la red hidráulica y en el drenaje, así como un colapso vial en las principales arterias, lo que obligó desde mediados del año pasado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a cancelar la emisión de nuevos permisos de construcción.

De acuerdo con el plan maestro Granadas, que promueve la dependencia capitalina, a partir de 2005 como consecuencia del nuevo desarrollo inmobiliario en la zona, la población se incrementó en una tasa anual promedio de 5.35 por ciento, al pasar de 19 mil 894 a 25 mil 861 habitantes, a los que se suma diariamente una población flotante de 45 mil personas.

Desde la cerrada de Lago Andrómaco, en la colonia Ampliación Granada, alrededor de 72 familias que llegaron a este sitio hace más de seis décadas, cuando en el río San Joaquín se lavaba ropa, han visto la transformación de su entorno, del cual ahora son segregadas.

De padecer las molestias que representaba vivir cerca de naves industriales pasaron a sufrir la densidad poblacional, que trajo consigo no sólo déficit en los servicios, sino también el encarecimiento de los mismos.

Los pagos por predial y agua se fueron a las nubes. Francisco Javier Servín, representante del comité vecinal de Ampliación Granada, detalló que a familias de casas populares, sin ningún lujo, que fueron autoconstruidas conforme crecieron los hijos, les cobran entre 20 mil y 30 mil pesos por predial, situación que no pueden arreglar, pues no cuentan con escrituras o son propiedades intestadas. La única manera de resolverlo es que entre todas las familias que viven en el predio se divida el pago del impuesto, agregó.

A mí me torcieron con el agua, aseguró Socorro Sosa, de 65 años, quien detalla que cada bimestre paga mil 200 pesos por el suministro, lo que nunca había ocurrido.

Relata que hace 15 años comenzaron a irse las primeras fábricas: General Motors, Chrysler, Vidriera México, Palmolive, Muebles de Acero, entre otras; que para muchos habitantes fue un alivio, pues también eran múltiples las quejas por la contaminación que ocasionaban, pero para otros fue motivo de preocupación, ya que gran parte de los obreros eran de la zona.

En una de las pequeñas casas de una vieja vecindad, que en la actualidad se encuentra en medio de gigantescos edificios, recuerda que a partir de la construcción de la plaza Antara se desató el auge inmobiliario. Un rascacielos tras otro, que desde lejos se ven empalmados, comenzaron a levantarse.


Hace unos años ellos eran los únicos pobladores que se habían aventurado a vivir en la zona industrial, pero desde hace un lustro familias jóvenes, clasemedieras, que habitan en modernos edificios, de colores claros y amplios ventanales, con roof garden, gimnasios, albercas, áreas infantiles y vigilancia privada, llegaron a poblar el área. Son tan altas las construcciones que el sol no llega a las estrechas callejuelas.

La convivencia no es fácil. De sus nuevos vecinos sólo saben cuando hay alguna fiesta o cuando son utilizados como parte de su entretenimiento. Aquí enfrente tenemos un grupo de gays, no hay fin de semana que no griten, canten y se asomen desnudos por las ventanas. Otros nos avientan cosas desde arriba, lo que sea, contó Bertha Sosa, otra de las vecinas.

Pasan en sus carros por aquí y se sienten dueños de todo y nos ven feo, antes cualquier reunión la hacíamos en el centro de la vecindad, ahora ya no, cuando hemos querido hacer algo nos echan la patrulla, pero ellos pueden hacer todo el ruido del mundo y nadie los molesta, agregó.

Beneficios nulos

Con centros de esparcimiento que están fuera del alcance de sus bolsillos, los vecinos no dudan en señalar que el único beneficio que ha traído el auge inmobiliario ha sido para unas cuantas familias que se dedican a vender comida.

Aquí vienen los albañiles que trabajan en las construcciones, pero también los empleados de oficinas. Con su trajecito y todo, llegan hasta acá porque no es lo mismo pagar 50 pesos que ¡quién sabe cuánto! en sus restaurantes.

Pese a las nuevas circunstancias, aseguraron, no tienen previsto mudarse a otro lugar. A mí nadie ha venido a querer comprar mi casa, pero aunque lo hicieran no cambio este callejón por nada, ni por una casa en Tecámac o aquí mismo, se imagina cuánto deben pagar de mantenimiento.

Tener todo al alcance, así fue como promovieron en su momento los elegantes complejos inmobiliarios, en los que se mezclan viviendas, oficinas y centros comerciales, no resultó ser tan confortable para los nuevos inquilinos del Nuevo Polanco, que se trasladan a sus centros de trabajo ubicados en otros sitios de la ciudad.

En algunos casos, el caos comienza en el interior de sus condominios, donde emplean entre 10 y 15 minutos para salir del estacionamiento y después enfrentar la saturación vial de la calle durante todo el día.

Hace unos días, los inquilinos del complejo Portika Polanco pidieron auxilio a las autoridades a través de las redes sociales, porque era imposible salir de sus condominios. Caos vial en Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, autos en sentido contrario. Urgente apoyo para dar afluencia, tuitearon.

En otros sitios, el reclamo es por la falta de iluminación y vigilancia en las calles. Sin embargo, lo más grave sucede en Polarea, un edificio que se promovió como el más emblemático del Nuevo Polanco, donde ahora sus habitantes enfrentan un posible fraude inmobiliario.


Los dueños de los departamentos desde 57 hasta 160 metros cuadrados, que se vendieron entre 2 y 7 millones de pesos, han tenido muchos problemas, ya que la desarrolladora no tramitó el permiso de ocupación del edificio. Al principio se inundaban los sótanos y había filtraciones en los techos, no tenían luz y debían subir a pie los 22 pisos del conjunto.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Rocío González y Laura Gómez