El Dragonario: 07/06/15

lunes, 6 de julio de 2015

Exigen a Peña investigar a altos mandos del Ejército por caso Tlatlaya

MEXICO, DF: El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto “enmendar” las actuaciones legales en el caso de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, luego de revelarse que los militares que intervinieron en los hechos tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En un comunicado, Marcia Aguiluz, directora de Cejil para América Central y México, se sumó al llamado de organizaciones de derechos humanos que exigen investigar a los altos mandos del Ejército para el esclarecimiento de la masacre, después de que el jueves pasado el Centro Prodh revelara la existencia de la “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario”, por la que se dan indicaciones de priorizar actividades nocturnas sobre las matutinas “a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En el número de Proceso que circula esta semana, el 2018, se agrega que las indicaciones dadas al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, cabeza del grupo de militares que intervinieron en los hechos de Tlatlaya, respondían a la convicción del presidente Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.

Luego de las revelaciones, la directora de Cejil consideró que “es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos”.

Lo anterior implica, puntualizó, “investigar la participación de los altos mandos militares que emitieron dicha orden”.

Marcia Aguiluz considera que a un año de los hechos “el Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones a derechos humanos”, por lo que “está faltando a su deber de debida diligencia”.

La organización recordó que sobre este caso “la versión oficial aseguró que todas las muertes sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento”, pero el testimonio de una de las tres mujeres sobrevivientes, Clara Gómez González, confirmó que las víctimas “habían sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento”, en tanto que la CNDH estimó entre 12 y 15 el número de masacrados de manera extrajudicial.

Sobre el documento dado a conocer por el Centro Prodh, la directora de Cejil advierte que si bien en el planteamiento hay indicaciones sobre el respeto a derechos humanos, “la contundencia” del párrafo en el que se ordena “abatir delincuentes”, acotó, “genera al menos confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso del poder”.

También hizo un llamado para que las autoridades mexicanas “respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación”, así como proteger a los defensores que acompañan el caso, “escuchando sus recomendaciones para reencauzar estos procesos en el menor plazo posible”.

Aguiluz recordó que México está obligado a investigar “efectivamente la privación del derecho a la vida” y determinar “las responsabilidades de todos los actores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales”, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos.


Además, apuntó que Cejil “se suma a las voces de numerosos actores locales e internacionales que exhortan a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Hay una idea totalmente distorsionada de la reforma educativa: INEE

MÉXICO, D.F: En medio de las protestas contra la evaluación docente aplicada los días 4, 5 en todo el país –con una participación global de 29 mil 831 sustentantes (73.3%), según la SEP–, la consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes, aseguró que esa prueba “no es punitiva” porque no incluye sanciones.

En conferencia de prensa, donde habló de los procesos de evaluación que realiza ese organismo, precisó que aquellos maestros que después de realizar las pruebas “en tres oportunidades” no resulten aptos para el servicio docente, no podrán estar frente a grupo.

Sin embargo, dijo, esos mentores serán readscritos para continuar en otras tareas dentro del servicio educativo o se les ofrecerá incorporarse a los programas de retiro autorizados.

Acompañada por los consejeros Margarita Zorrila, Eduardo Backhoff y Gilberto Guevara Niebla, Schmelkes consideró que las protestas contra la evaluación educativa se dan por el desconocimiento de la misma, porque quienes se oponen creen que la evaluación es punitiva “y eso se ha convertido en un eslogan” que en principio afectó a los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, aunque reconoció que las movilizaciones del magisterio opositor se han extendido a otros estados.

En su oportunidad, el consejero Gilberto Guevara Niebla destacó que la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se da “por ignorancia”.

“Tienen una idea totalmente distorsionada de la reforma educativa e impresionantemente pobre… La reforma la reducen a una serie de consignas que repiten una y otra vez. He podido platicar con un dirigente de la CNTE y he comprobado la ignorancia de la reforma”, subrayó.

Para la consejera presidenta del INEE, el que se impida a los profesores que quieren ser evaluados acudir a esas pruebas vulnera sus derechos, particularmente para ser promovidos e ingresar al servicio docente.


Y advirtió que quienes no se presenten a las evaluaciones obligatorias tendrán las puertas cerradas del ingreso a la docencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Maíz transgénico amenaza 60 variedades nativas del grano en México

MÉXICO, D.F: Resultado de miles de años de selección por las diversas culturas, México cuenta con más de 60 variedades nativas de maíz que cada día se ven más amenazadas por la siembra de semillas transgénicas, afirma Emmanuel González-Ortega, quien realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de Ecología (IE) de la UNAM.

Según el investigador, cada vez hay mayor evidencia científica sobre los daños potenciales a la salud por el uso de la agrobiotecnología transgénica y herbicidas como el glifosato.

Si bien, dice, no se sabe a profundidad cuáles son los efectos que producen las inserciones de transgenes en el genoma y proteoma de las plantas, hay estudios que han encontrado, en las de maíz, alteraciones en la expresión general de proteínas.

Los grupos que están a favor de los transgénicos, dice, afirman que desde hace por lo menos 25 años se consume y no se han reportado efectos adversos, “pero esa postura es irresponsable”, acota.

González Ortega afirma que si no se han hecho estudios en laboratorio sobre los efectos en los genomas o en la expresión de las proteínas de las plantas, en un contexto agrícola específico, o en las condiciones socio-económicas o culturales de una población, no puede aseverarse que no hay efectos secundarios o que la agrobiotecnología es inofensiva.

En ciencia, en la tecnología agrícola y en cualquier actividad humana, subraya, debe observarse irrestrictamente el principio precautorio.

Pone como ejemplo de lo que podría pasar en México, el caso de Argentina, país en el que en la década de los 90 se permitió el cultivo de soya transgénica y actualmente es el mayor exportador mundial; percibe grandes ingresos por la venta de su producto, resistente al herbicida glifosato.

Sin embargo, advierte, desde hace años en las zonas sojeras de Argentina, en las que se asperja el herbicida desde avionetas, se ha denunciado un aumento en el número de casos de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos.

El hecho, abunda el investigador, coincide con el informe de una entidad de la Organización Mundial de la Salud, que reclasificó al glifosato como probablemente cancerígeno.

En México, quienes se oponen a ese tipo de cultivos lo hacen por el peligro que representan las variedades transgénicas para la biodiversidad del maíz. Además porque no se puede dejar de lado la parte cultural, simbólica y económica que tiene para los pueblos en México.

Consideran que las más de 60 variedades nativas de ese cereal constituyen una enorme riqueza genética que servirá para cubrir las necesidades de mejoramiento genético actual y futuro y la producción agrícola actual del grano nativo cubre los requerimientos de cantidad y necesidades alimenticias de la población.

Asimismo sostienen que en el contexto de eventualidades como el cambio climático, las variedades tradicionalmente adaptadas a condiciones que pueden considerarse extremas serían “una reserva genética invaluable” para generar híbridos tolerantes.

“No se puede permitir que en México, donde surgió y se domesticó el maíz, se destruya la herencia biocultural que representa”, reclama González Ortega.

Mediante una investigación coordinada por Elena Álvarez-Buylla, del IE de la UNAM, González-Ortega efectúa un monitoreo e identificación de secuencias transgénicas en alimentos elaborados con maíz, tanto tradicionales como en productos elaborados industrialmente, y en muestras de semillas colectadas en diversos puntos del territorio.

Incluso invita a campesinos y productores agrícolas a tener contacto con el laboratorio del IE a fin de analizar sus cultivos y corroborar que no existan secuencias transgénicas en sus maíces, que muchas veces son herencia ancestral ya que “encontrar transgenes en variedades nativas podría implicar riesgos a la biodiversidad, a la salud de las personas y pérdida de la soberanía alimentaria”, afirma.

Los cultivos convencionales usados actualmente son resultado de procesos de domesticación de especies nativas, realizados por los pueblos originarios a través de miles de años.

En cambio, la introducción de genes específicos (particularmente de material genético proveniente de organismos diferentes a los receptores) se hace mediante la ingeniería genética, una técnica relativamente reciente que se lleva a cabo en laboratorios especializados. “Esto y la generación tradicional de variedades son cosas muy diferentes”, recalca el posdoctorante.

El monitoreo que realiza la UNAM, dice el investigador, es importante por cuestiones nutricionales, económicas, culturales e históricas.

El maíz, apunta, es el principal alimento de nuestra población, algunos datos indican que el mexicano promedio consume más de 500 gramos al día en diferentes presentaciones (tortillas, atoles o tostadas). Además, en la cocina tradicional se caracteriza por estar poco procesado, en comparación con alimentos industrializados.

Con el supuesto de que México es el país que consume más maíz, y en el caso de que exista grano transgénico en los alimentos, ello implicaría un potencial riesgo para la salud pública, resaltó González-Ortega.

En México se producen unos 22 millones de toneladas de maíz, la mayoría en tierras de propiedad comunal señala el posdoctorante y cuestiona:


“¿Qué podría pasar si hay siembra masiva de maíz transgénico? ¿Qué ocurrirá si la población lo consume de manera indiscriminada? Aquí ya se han aprobado cultivos transgénicos de maíz, soya y algodón tolerantes al glifosato. ¿Podríamos esperar aumentos drásticos en el número de enfermedades? No lo sabemos, pero sería oportuno estudiar el caso de Argentina”, sugiere.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pide “El Bronco” suspender construcción del acueducto Monterrey VI

MONTERREY, N.L: El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, pidió al actual mandatario Rodrigo Medina, suspender la construcción del polémico acueducto Monterrey VI, pues debe ser analizado para determinar su factibilidad.

En conferencia de prensa efectuada esta mañana, El Bronco dijo esperar que no continúen los planes para construir la obra, que busca a lo largo de 380 kilómetros traer agua desde el río Pánuco, en su tramo de San Luis Potosí, hasta la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León, pasando por los estados de Veracruz y Tamaulipas.

“Yo sugeriré públicamente que se detenga. Es decir, yo creo que los empresarios que ganaron este concurso no deben de arriesgarse a ir más allá. Si a mí me pidiera mi opinión el gobernador yo diría detenerlo, pero no la ha pedido”, dijo.

En la reunión, en la que estuvo el coordinador general del equipo de transición, Fernando Elizondo Barragán, así como algunos de sus colaboradores, Rodríguez Calderón invitó a los ciudadanos a integrarse a su grupo de colaboradores que participan en la entrega y recepción del gobierno.

En una plataforma ciudadana, que lanzará desde su página de Facebook, El Bronco anunció que ahí pueden inscribir los ciudadanos su currículum y aportar sus ideas para cumplir con el compromiso que hizo en campaña de incluir a la sociedad civil en la gestión que encabezará a partir del 4 de octubre, día en que toma posesión como gobernador.

En esta primera etapa de trabajo, que se concentra en la transición para recibir las oficinas que le entregará el mandatario saliente, Rodrigo Medina de la Cruz, los colaboradores tendrán actividades en calidad de voluntarios, y ya después se les invitará si son requeridos, en algún puesto del gobierno entrante.

Al presentarse ante los medios, luego de las vacaciones que tomó tras su triunfo en los comicios pasados, dijo que sus colaboradores tienen la orden de atender a los ciudadanos interesados en colaborar en áreas de Desarrollo Social, Obra Pública, Desarrollo Económico, Transparencia, Finanzas, Salud y áreas del Campo.

Los interesados deberán firmar un código de ética cuando empiecen a trabajar en el equipo.


Paralelamente al trabajo de transición, su equipo seguirá en contacto con organismos ciudadanos, políticos, cámaras y demás agrupaciones que soliciten entrar en contacto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las matanzas y Osorio Chong

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no ha escatimado recursos para proteger al Ejército, la Policía Federal o la Marina Armada de México, señalados como autores de las más terribles violaciones de derechos humanos.

Osorio Chong está empeñado en mantener “el buen nombre” de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Pero esas instituciones no le ayudan, al contrario, hacen todo lo posible para demostrar que son capaces de cometer las peores atrocidades.

Y obedecer al comandante en jefe, el señor Enrique Peña Nieto. La estructura vertical y autoritaria de estas instituciones no funciona bajo el libre albedrío. Sus mandos, obedecen estrictamente las órdenes de sus jefes, en este caso del señor que ocupa la Silla del Águila.

Osorio Chong ha intentado por todos los medios deslindar al Ejército de su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No ha permitido que se investigue debidamente la participación de los militares en este crimen de Estado.

Y ahora intenta por todos los medios, proteger a los militares responsables de la matanza de Tlatlaya. Osorio Chong está obstruyendo la acción de la justicia, al igual que, el general Salvador Cienfuegos Zepedas, capaz de falsear la verdad a extremos absolutamente ridículos e inverosímiles.

Los intentos de proteger a los militares en el caso de Tlatlaya son verdaderamente escandalosos. La cadena de mando, dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) en su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, donde exhibe claramente que la orden del Ejército fue “abatir delincuentes”.

La cadena de mando impune aún, esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa.

Pero el general Cienfuegos sigue instalado en la negación. Dice que el caso ha sido tratado de manera “superficial”. Pues bien, el Prodh le ha demostrado que no es así y ha publicado un demoledor informe en donde desmonta una por una las posibilidades de eximir de responsabilidades a los militares que ejecutaron extrajudicialmente aquel 30 de junio de 2014, a un número indeterminado de los 22 jóvenes.

Tampoco la PGR o la CNDH han trato el caso de manera “superficial”. Por ejemplo, la PGR reconoce que de las 22 personas muertas en Tlatlaya, ocho fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indica que entre 12 y 15 fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

El impecable informe del Prodh es tan contundente, que hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha exigido al gobierno mexicano que considere las nuevas evidencias: “Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Deben consistir en arrestar y, solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”, dijo.

Los responsables de la matanza de Tlatlaya siguen impunes. Peor aún, en un acto de cinismo los cuatro policías ministeriales apenas el pasado miércoles fueron recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, por su responsabilidad en el delito de tortura en el caso Tlatlaya, recuperaron su libertad unas horas después.

De manera surrealista, el juez de control del distrito judicial argumentó que en el Estado de México, la tortura no es considerada delito grave, aunque se estipulan sanciones de tres a doce años de prisión. Pero el juez les fijó una garantía económica de casi 60 mil pesos que fue cubierta de inmediato por los cuatro y a continuación los dejó en libertad.

Estos cuatro policías y otros tres, que el juez consideró que no había pruebas suficientes para arrestarlos, torturaron a las tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatalaya. Pero claro, México es el paraíso de la tortura y es casi imposible llevar a un torturador a la cárcel. Este juez lo acaba de confirmar. Además no permitió difundir sus nombres por la “presunción de inocencia”.

Los que no gozaron de “presunción de inocencia” fueron los jóvenes abatidos a sangre fría, la mayoría de ellos, fusilados por los militares. La parcialidad de la justicia civil y militar para proteger a los militares y policías responsables de esta matanza, es escandalosa.

Y como el gobierno de Peña Nieto se queda sin argumentos, el señor Osorio Chong intenta distraer con discusiones lingüisticas para desviarse del verdadero tema y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sale a decir que “abatir” no significa matar y que el término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario y ninguna es privar de la vida.

Sin embargo, es el propio jefe y amigo de Campa, el señor Peña Nieto, quien ha utilizado la palabra “abatir” para referirse a matar: “Se ha detenido o en algunos casos abatido a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos”, dijo Peña Nieto el pasado desde 21 de abril.

Está claro que no solo el Ejecutivo usa el término abatir, también el propio Ejército que lo emplea como sinónimo de matar, al igual que la Marina o las otras instituciones de seguridad.

Osorio Chong pretende meter a las víctimas de las matanzas del Estado debajo de la alfombra. Así lo está haciendo el gobierno en el caso de la matanza de Apatzingán del pasado 6 de enero. El Estado lleva seis meses ocultando información, tapando los crímenes de la Policía Federal y desatendiendo a las víctimas. La PGR ni siquiera ha hecho su trabajo. Más bien ha preferido ignorar los testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la madrugada y mañana del 6 de enero enfrente del Palacio municipal y luego a las 7:40 de la mañana en la avenida Constitución. Decenas de testigos hablan de cómo los federales iban rematando gente.

Las matanzas se acumulan y allí está el caso de Tanhuato o Ecuandureo, Michoacán donde según la Policía Federal fueron “abatidos” 42 supuestos delincuentes, los testimonios hablan de ejecuciones extrajudiciales. Los familiares de las víctimas hablan de que les entregaron los ataudes sellados y quienes los abrieron se llevaron la sorpresa de su vida, pues los jóvenes presentaban huellas de tortura, con mutilación de genitales y hasta el tiro de gracia.


¿Para qué existe un departamento de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación? ¿Para que existe un departamento así en la Sedena? Está claro que no es para difundir la prevención y el respeto a los mismos, más bien, todo parece indicar, que su función es tapar los crímenes de Estado que el señor Osorio Chong y el General Cienfuegos, se niegan a asumir y atender.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/06-07-2015/36562.

Anuncia Peña Nieto creación de zonas económicas especiales en estados más rezagados

Las medidas generarán incentivos a mediano y largo plazos para atraer inversión y elevar la productividad de entidades con mayor rezago social, económico y político, asegura el Presidente.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de zonas económicas especiales en los estados del país con mayor rezago social, como parte de una serie de medidas que presentará al Poder Legislativo en el próximo periodo de sesiones.

Durante la inauguración de la Cumbre Internacional de Productividad: Un diálogo sobre el futuro de la productividad, expuso que las medidas generarán incentivos a mediano y largo plazos para atraer inversión y elevar la productividad de entidades con mayor rezago social, económico y político.

Estas medidas permitirán que México aproveche de mejor manera sus recursos y ponga a la productividad en el centro de la política económica, aseveró el Ejecutivo federal acompañado por el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.

“Más allá de establecer ajustes presupuestales para reafirmar la fortaleza económica y financiera frente a la complejidad y volatilidad que vive el mundo, México ha optado por actuar con responsabilidad, a partir de un ajuste al presupuesto que signifique ahorro en el gasto público”, dijo.

El mandatario también anunció que presentará a la Cámara de Diputados un Presupuesto Base Cero, que significa “revisar el armado del presupuesto no sólo para justificar los recursos destinados a las distintas áreas de la administración pública federal, sino revisar a fondo cuál es el sentido de cada una de las acciones y programas que tienen las dependencias federales”.

Es una reingeniería y revisión amplia del presupuesto, que evite duplicidades a varios de los programas existentes y permita eficientar el gasto, y no obstante el ajuste anunciado se puedan destinar más recursos a programas que estén mostrando eficiencia.

En el acto realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Peña Nieto refirió que anteriormente se revisaba el presupuesto a la luz de “crecimientos prácticamente inerciales, en sus programas, en sus acciones de cada una de las dependencias”.

En la propuesta de presupuesto presentado a la Cámara de Diputados, explicó, se establecen cuáles son los lineamientos que las dependencias deberán observar para ajustar su presupuesto a la base cero.

En este marco, el mandatario afirmó que la productividad es una prioridad para el gobierno federal y por ello se hicieron los cambios estructurales necesarios que permitirán un mayor crecimiento y elevar la producción del país.


Por eso, se busca que se considere de manera transversal, a fin de incidir en el quehacer de todas las dependencias de la administración pública federal y para que en sus programas tenga un papel de relevancia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno sí dialogará con maestros; que regresen a clases y “sin amenazas”: Segob

Osorio Chong sostuvo que la evaluación educativa de ninguna manera tiene el objetivo de privatizar la educación ni lastimar los intereses laborales de los maestros.

El gobierno federal dice sí al diálogo con los maestros, “pero que quede claro: sin emplazamiento ni amenazas”, advirtió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, luego de inaugurar el III Encuentro de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género, el funcionario federal enfatizó que sólo habrá diálogo cuando los maestros vuelvan a clases.

Habrá diálogo, dijo, “cuando cada quien cumpla su parte: ellos enseñando a los alumnos, y nosotros con las puertas abiertas para el diálogo en cuanto este objetivo se pueda cumplir”.

Sostuvo que la evaluación educativa de ninguna manera tiene el objetivo de privatizar la educación ni lastimar los intereses laborales de los maestros. Prueba de ello es que la mayoría de los docentes la apoyan.

Se trata, expuso el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de reconocer el esfuerzo a aquellos docentes que se han esforzado por mejorar y tan lo han comprendido muchos docentes, que para las evaluaciones del 11 y 19 de julio, se han inscrito más de 150 mil profesores.


De hecho, aseguró que “han quedado muy atrás algunas voces de grupos que han querido engañar o desviar la atención respecto a para qué es la reforma. El querer manipular el objetivo fundamental, que es que nuestros niños estén mejor preparados, ha quedado atrás”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Maestro que repruebe evaluación no podrá estar frente a grupo: INEE

México, DF. La consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes, aseveró que la evaluación educativa “no es punitiva”, pues en caso de no aprobarla, los profesores no serán separados del servicio público.

En conferencia de prensa, la consejera del INEE indicó que quienes tras las pruebas no resulten aptos para el servicio docente no podrán estar frente a grupo y serán readscritos para continuar en otras tareas dentro del servicio educativo o se les ofrecerá incorporarse a los programas de retiro autorizados.

Acompañada por los consejeros Margarita Zorrila, Eduardo Backhoff  y Gilberto Guevara Niebla, Schmelkes consideró que las protestas contra la evaluación educativa se dan por el desconocimiento de la misma.

Quienes se oponen, señaló, creen que la evaluación es punitiva “y eso se ha convertido en un eslogan” que en principio afectó a los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, aunque reconoció que las movilizaciones del magisterio opositor se han extendido a otros estados.

Por su parte, Guevara Niebla aseveró que la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la evaluación se da “por ignorancia”.

“Tienen una idea totalmente distorsionada de la reforma educativa e impresionantemente pobre. La reforma la reducen a una serie de consignas que repiten una y otra vez”, aseveró.

Para la consejera presidenta del INEE el que se impida a los profesores que quieren ser evaluados acudir a esas pruebas vulnera sus derechos, particularmente para ser promovidos e ingresar al servicio docente.

Subrayó que quienes no se presenten a las evaluaciones obligatorias tendrán las puertas cerradas del ingreso a la docencia.

Asimismo, dijo que corresponde a las autoridades educativas, particularmente  las estatales, actuar para que la reforma educativa se aplique. “No podemos permitir que un estado de la República se convierta en una isla, al menos en materia educativa".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.

Urge investigar posible participación de altos mandos militares en Tlatlaya: Cejil

México, DF. Es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones en el caso de Tlatlaya para “enmendar” lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos, lo cual implica investigar necesariamente la posible participación de los altos mandos militares en la cadena de mando, exigió el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

“El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014”, aseguró.

Además, el Cejil hizo un llamado especial para que se respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación.

De igual forma, exhortó el gobierno mexicano a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan el caso, escuchando sus recomendaciones para reencausar estos procesos en el menor plazo posible.


El organismo internacional, con sede en Costa Rica, se pronunció en estos términos tras las revelaciones recientes del Centro Pro de Derechos Humanos, que hizo público una orden militar al batallón 102 de Infantería que participó en los hechos de Tlatlaya, que señala el objetivo de “abatir delincuentes en horas de oscuridad” en los rondines de vigilancia que realizaban por esa región del estado de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

En duda la libertad de Mireles: Javier Livas

MÉXICO, D.F: La libertad del fundador de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, no es inminente, afirmó su abogado, Javier Livas.

Dentro de 15 o 20 días, el juez que lleva su causa podría dictar sentencia absolutoria o condenatoria pues la Procuraduría General de la República (PGR) no se desistió de la acción penal sino del recurso legal que interpuso contra el amparo que fue concedido a Mireles lo que según la dependencia le abriría al médico cirujano las puertas a su libertad.

“El desistimiento no es un desistimiento de la acción penal, que era el premio mayor y sacaría al doctor inmediatamente.

“Estamos obteniendo una medalla de plata de la procuradora Arely Gómez”, afirmó Livas en entrevista con Radio Fórmula.

El abogado explicó que el desistimiento de la PGR lo que hace es que da por bueno el amparo interpuesto a favor de Mireles, “pero no es un desistimiento de la acción, sino de un recurso que alargaba el amparo”, insistió.

Así, el caso regresará al juez para que dicte sentencia, que podría ser absolutoria o condenatoria.

“Estamos ante el auto de formal prisión, entonces el juez tiene que volver a dictar, ya con las consideraciones de la parte que se logró en el amparo y de ese nuevo auto puede resultar un auto de libertad, pero no está garantizado, desgraciadamente”, lamentó el abogado.

Livas explicó que el juez evaluará el caso como si acabaran de aprehender a Mireles, preso en el penal de Hermosillo desde junio del año pasado, y va a tener que tomar en cuenta ciertas pruebas y condiciones al volver a dictar “y de esa nueva resolución podría salir un nuevo auto de formal prisión revisado, es decir corregido o bien podría salir un auto de libertad”, dijo.

La mañana del domingo pasado el abogado visitó a su cliente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso 11) de Hermosillo, para explicarle que la procuradora se desistió del recurso de revisión interpuesto ante el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito en el juicio de amparo indirecto 52/2014 que beneficia al médico y coacusados y dejó entrever que la libertad de Mireles era inminente.

“La Fiscalía de Justicia ha dejado el caso en manos del Juzgado de Distrito que va a tener que considerar los efectos del amparo que se concedió y dictar una nueva resolución, un nuevo auto que puede ser, esperamos de libertad, y no nuevamente otra sujeción a proceso, un auto de formal prisión.


“Estamos muy positivos porque es muy extraño que la procuradora dé ese tipo de desistimientos, es rarísimo, da el mensaje de que no tiene intereses perversos, están viendo con otros ojos al profesor Mireles y era importante que yo viniera a explicárselo”, aseguró el abogado regiomontano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Baja producción en Pemex, origen del desabasto de gasolina, gas natural y turbosina

MÉXICO, D.F: Casi una semana después de que el desabasto de gasolina afectó al menos a nueve estados de la República, incluidas las áreas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió la problemática y ofreció una costosa solución: incrementar el volumen de importaciones de emergencia de combustible.

Hasta este lunes, Pemex no había informado lo que sus diagnósticos internos reflejan: que además del desabasto de gasolina en la tercera parte del país, también hay escasez de gas natural y turbosina.

Desde el pasado martes, cuando la insuficiencia empezó a afectar la zona norte del país, Pemex emitió un comunicado regional atribuyendo la problemática a la cancelación de transporte por el poliducto Brownsville-Cadereyta, inactivo para evitar el robo de combustible a través de tomas clandestinas. También anunció que había un mantenimiento mayor en una planta de la refinería de esta última ciudad. Más o menos la misma explicación del desabasto nacional.

Documentos internos de Pemex Refinación obtenidos por Apro, demuestran que la explicación pública es falsa: los ductos del norte se han mantenido en operación, pero una serie de decisiones motivaron el desabasto que ahora se deberá resolver con importaciones de emergencia.

De la revisión del documento se puede observar que el origen del problema fue la baja producción en las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Salina Cruz, provocada por tareas de mantenimiento. También se debió a la decisión de migrar el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC), del que depende la distribución de combustibles, a una nueva plataforma que se mantuvo inestable durante cinco días.

Y finalmente por las condiciones climáticas en el Pacífico que impidieron la descarga de combustible en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), de Manzanillo.

Dicho documento fue elaborado por el Grupo de Integración Operativa (GIP), un cuerpo colegiado de la mencionada empresa productiva del Estado que se reúne a diario y que, para su sesión del pasado 2 de julio, documentó una serie de aspectos que hasta ahora no se han hecho públicos.

La situación de las refinerías provocó una disminución en la producción de combustibles que, según Pemex, sólo afecta a nueve entidades federativas que no tienen desabasto completo y que, a partir del 2 de julio se regularizarían.

Además, “la falta de gas natural” motivó la orden de implementar una serie de acciones a realizar el domingo 5 de julio, en las TAR de Minatitlán, Progreso, Campeche, Irapuato, Tula y Cadereyta. Ello significa que de extremo a extremo del país, esa falta de gas está afectando la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la generación de energía.

Respecto al SIIC, el área de Tecnologías de la Información hizo la migración a su nuevo sistema la noche del 27 de junio y ésta se prolongó hasta la noche del 29. Del 30 de junio hasta el jueves 2 de julio, día del reporte del GIP, la plataforma no se había estabilizado y los problemas para descargar combustible –porque el nuevo sistema no reconocía códigos–, mantenía varadas diferentes operaciones.

En general, llevar a mantenimiento al mismo tiempo las distintas refinerías, así como la migración del SIIC, fueron las causas más graves del desabasto.

Refinerías en suspenso

Desde el pasado lunes por la noche, las gasolineras de las ciudades del noreste, especialmente en Coahuila y Nuevo León, registraron una afluencia inusual. La versión de que habría desabasto de combustible cundió a través de las redes sociales, motivó cargas de pánico y para la mañana siguiente, los medios locales de comunicación registraron el malestar de automovilistas y choferes de transporte de carga.

De acuerdo con el documento citado, la reunión del GIP el pasado 1 de julio, decidió enviar 21 carros de ferrocarril de Gómez Palacio a Durango, pues las vías de comunicación estaban inundadas. Por lo que tocaba a Cadereyta, la baja producción motivó que se ordenara abastecer la zona metropolitana de Monterrey con gasolina Magna, pues no habría Premium “hasta nuevo aviso”.

La refinería de Cadereyta está en mantenimiento desde mayo. Hasta ahora no se ha hecho público el motivo de la prolongación de los trabajos ni se ha identificado a los contratistas que ejecutan las obras.

La redacción del informe es peculiar, pues considera un “logro” la baja producción:

“Correctivos en las plantas Coquizadora y la de Hidrógeno, que logró que la producción de diésel cayera de un total de 52 a 30 millones de barriles diarios (mbd) a partir del 22 de mayo”, se lee en la sección “Menor oferta de Magna y Diésel en Cadereyta para junio y julio”.

Entre los “aspectos relevantes” del documento se menciona que la situación del norte del país tiene que ver con una menor oferta de combustible. Además, obedece a un mantenimiento de la planta catalítica 1, que se prolonga desde el 16 de mayo y permanecerá así hasta el 16 de julio; ello provoca una producción inferior a 16.6 mbd de Magna y de 3.7 mbd de Diésel.

También menciona que hubo una venta superior al pronóstico en mayo y que la importación regular por Ciudad Juárez estuvo “por debajo del programa”, es decir, les quedó mal el proveedor. Por esto último, solicitaron a la refinería de Ciudad Madero Tamaulipas el envío de 100 mbd extra en lugar de un pedido de Magna, por el poliducto Madero-Cadereyta.

La carga principal la tiene la refinería de Madero, pues de ahí intentan también hacer el abasto para San Luis Potosí y se programó al arribo de 14 pipas de ferrocarril con gasolina Magna, que se esperaba llegaran la tarde del 2 de julio.

Cadereyta provocó el desabasto de turbosina en Reynosa, por lo que una vez más la refinería de Madero debería salir al quite. También resintió la necesidad de gas demandado por CFE en Altamira que devino en el adelanto de lo programado para todo julio antes el 30 de junio.

La refinería de Minatitlán no registraba baja producción, pero la migración del SIIC impactó su sistema provocando el desabasto de turbosina en Villahermosa, Minatitlán, Oaxaca, Poza Rica, y Ciudad del Carmen.

Respecto a la refinería de Salina Cruz, el mantenimiento de plantas y la falta de hidrógeno provocaron la disminución de 25 mbd en las gasolinas y 40 mbd de diésel desde el 15 de junio y por 21 días más.

Salamanca también se fue a mantenimiento en cuatro plantas. Esta situación, aunada a la migración del SIIC, provocó el desabasto en Guadalajara y una zona de Michoacán. Al prever la falta de combustible, el GIP recomendó incrementar el envío de turbosina a Monterrey desde la TAR de Irapuato.

La misma migración del SIIC complicó el envío de gasolina Magna a Guerrero, de manera que el 2 de julio se decidió enviar combustible desde Azcapotzalco. El nuevo sistema impactó la refinería de Tula.

La situación de la refinería y su salida de operación para mantenimiento coincidieron con dos anuncios relacionados con la refinación:

El 14 de junio se informó que el consorcio internacional denominado Refinerías Unidas de México, con capital extranjero y algún contenido nacional, pediría permiso a Pemex para invertir unos 6 mil millones de dólares en seis nuevas refinerías.

El mismo día, Pemex difundió que en la primera parte del año, el incremento de las importaciones de combustible fue superior a 8% en comparación con 2014, debido a la baja producción de las refinerías mexicanas.

Aunque no fue público, un día después, una reunión de gerentes formalizó importaciones y otras acciones millonarias relacionadas con el previsible desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara.

La mentira de los ductos

El pasado 18 de febrero, Pemex informó que ya no utilizaría los poliductos para transportar combustibles terminados debido al robo que, a través de tomas clandestinas, opera la delincuencia organizada. Con el paso de los meses informaría que detrás de la llamada “ordeña” estaba el grupo criminal de Los Zetas y que la mezcla final se realizaría en las TAR, previo a la distribución para comercialización.

El martes 30 de junio, al emitir el comunicado regional, Pemex informó que, debido a que los poliductos estaban en desuso, tenía que usar auto/tanques, es decir pipas, para transportar el combustible, para evitar el robo.

No obstante, las soluciones para el norte del país, por la redacción y el contenido, comprueban una vez más que los ductos están en operación en los estados fronterizos, pues a manera de solución, el GIP recomendó incrementar transporte en pipas porque los poliductos estaban a máxima capacidad, en algunos casos por Magna u otros productos.

También pidió disponer de la totalidad del parque vehicular para transportar combustible, pues el ducto Ciudad Juárez-Chihuahua y Madero-Cadereyta están a máxima capacidad. Además demandó evitar las suspensiones por variaciones de presión en este último ducto.

La reunión del 2 de julio en el GIP registró la realidad de los polidcutos, particularmente en la zona de influencia de Los Zetas. Por ejemplo, el Brownsville-Cadereyta operaba con 30.6 mbd de gasolina Magna y viernes 3 de julio se incrementaría a 50 mbd.

En general, la mayoría de los poliductos están en operación, nueve de ellos a capacidad normal. Sin embargo, se tiene programada la suspensión de operaciones en 14 poliductos a partir del 1 de julio.

Como ocurre con las refinerías y la migración del SIIC, los poliductos entrarán a mantenimiento, reparación y pruebas, en plena crisis por desabasto.

La importación de emergencia

Hasta este lunes, Pemex no había informado el monto que debería pagar por las importaciones de emergencia para solventar la crisis por desabasto ni el caos en el Sistema Nacional de Refinación.

Más o menos en las mismas fechas, entre mayo y agosto de 2011, hubo una serie de paros por mantenimiento correctivo en Cadereyta, Tula, Ciudad Madero, Salina Cruz y Salamanca. Sumado a las condiciones climáticas, una vez más forzaron importaciones de emergencia. Entonces, en sólo mes y medio implicaron la importación de 1 millón 645 mil barriles de gasolinas con un valor estimado en 380 millones de dólares. (Proceso 1810).

Con los informes del documento citado aun no es posible cuantificar el gasto de importación que, por no estar programada con los proveedores, así como por el traslado a México, incrementa su valor de manera tan discrecional como la misma forma de contratación, por adjudicación directa, sobre la cual ya hay casos de corrupción documentados.

Sin embargo, el GIP acordó el pasado 2 de julio, solicitar a Pemex Comercio Internacional una serie de importaciones: 4 mbd adicional por el ducto Frontera-Juárez, así como importaciones adicionales para Ciudad Juárez y Nuevo Laredo a lo largo del mes, sin especificar cantidades.

Además, demandó 10% adicional de gasolina Premium por el poliducto Brownsville-Cadereyta y 75 mbd adicional de diésel.

Incluso, ordenó el envío de 5 mbd de Premium por pipas y ferrocarril a Santa Catarina Nuevo León, durante todo julio, para no distraer el poliducto Brownsville-Cadereyta de la importación.

Otras importaciones se habían concretado el 15 de junio y de acuerdo con el documento, “se formalizó el comercio exterior”. En una reunión más, realizada el día 17 siguiente, las autoridades acordaron “dejar fondeados importaciones en Manzanillo y Mazatlán, para garantizar el abasto a Guadalajara”. Esa decisión implica estacionar los buques-tanque sin descargar, con un costo adicional para Pemex.

No es el único caso: el buque “El Tapatío”, está fondeado en Pajaritos Veracruz desde el 1 de julio, lo mismo que “El Cenito” lo está en Lázaro Cárdenas, donde permaneció inactivo también el buque “Inlaya” entre el 25 y el 27 de junio. En esas mismas fechas el buque “BOW Trumph” estuvo fondeado en Puerto Progreso.


La proclividad a incrementar los volúmenes de importación se mantiene. El apartado de Guadalajara, concluye al añadir que en la reunión del día 17 “se señaló que en caso de requerir cargamentos adicionales, se gestione ante PMI, a fin de garantizar el abasto”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Hackean empresa de espionaje que tiene de clientes a la PGR, el Cisen, la Semar…

MÉXICO, D.F: La empresa italiana Hacking Team, dedicada a desarrollar software de espionaje fue hackeada este lunes, dejando al descubierto a varios de sus clientes, entre ellos a la PGR, el Cisen, la Semar, y siete gobiernos estatales.

Hacking Team, empresa que se describe como una desarrolladora de software de “interceptación legal”, y la cual puede incluso acceder a conversaciones de Whatsapp, ha sido contratada por la policía y servicios de inteligencia de diferentes gobiernos alrededor del mundo.

Sin embargo, activistas han denunciado que los servicios son contratados particularmente por gobiernos acusados de violar derechos humanos.

Los hackers se apropiaron este lunes de la cuenta de Twitter de Hacking Team, y liberaron más de 400 gb de documentos internos de dicha empresa, correos electrónicos, contraseñas de empleados así como el código fuente subyacente de sus productos.

“Dado que no tenemos nada que ocultar, estamos publicando todos nuestros correos electrónicos, archivos y código fuente”, decía el tuit que posteriormente fue eliminado de la cuenta.


Entre la larga lista de clientes mexicanos que los piratas informáticos dejaron al descubierto se encuentran: La Procuraduría General de la República ( PGR), la Procuraduría del Estado de México (PGJEM), Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), la Secretaría de Marina (Semar), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal (PF), así como los gobiernos de Puebla, Durango Querétaro, Campeche, Baja California, Tamaulipas y Yucatán.

Entre los documentos que se pueden descargar, se encuentra una hoja de cálculo con clientes activos e inactivos de la compañía a finales del 2014, entre los que también se encuentran la Agencia Antidrogas de EU (DEA), el FBI y la policía de países relacionados con violaciones a derechos humanos como Egipto, Etiopía, Kazajastán, Marruecos, Nigeria, Arabia Saudita y Sudán.


Cabe mencionar que la italiana Hacking Team fue señalada en 2012 como uno de los cinco “Enemigos Corporativos de Internet” del sector privado, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fornteras; mientras que un grupo de investigación de derechos digitales, Citizen Lab, ha publicado diversos documentos en donde vincula el software de esta empresa con la represión a grupos disidentes y periodistas en varios países africanos y del Medio Oriente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reconfiguran cuatro empresas su participación en la Ronda Uno

México, DF. Cuatro empresas determinaron reconfigurar su participación en la primera licitación de la Ronda Uno, y de esta forma de las 26 inicialmente precalificadas, el número se reduce a 25, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Las empresas que salieron, y que formaban parte de tres consorcios, son Noble Energy, Ecopetrol, PTT Exploration y Glencore, detalló el regulador de la exploración y explotación de hidrocarburos en México, con lo que se modificó la estructura de los participantes.

La CNH abundó que la empresa Premier renunció a su participación individual para integrarse como socio financiero del consorcio conformado por Talos Energy con Sierra Oil & Gas, el cual tuvo la baja de Glencore.

Con esta nueva reconfiguración, el número de participantes se redujo de 26 a 25, de los cuales también se redujo de 19 participantes, en forma individual, a 18 y se mantiene el número de consorcios con siete, como los registrados hasta el 25 de mayo de 2015.


El fallo de la primera licitación que incluye 14 bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México se dará a conocer el próximo 15 de julio de 2015.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.

Hacienda “fusiona” 16 programas educativos y elimina Escuela Segura

La administración de Enrique Peña Nieto creará dos programas. Uno de ellos es el Programa Nacional de Inglés para las 32 entidades federativas, cuyo principal componente será la “producción y distribución de material educativo para docentes y alumnos y el fortalecimiento de los docentes de la lengua”. El otro es el Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Para el ejercicio fiscal de 2016, la Secretaría de Hacienda propone “fusionar” 16 programas educativos referentes a la calidad, infraestructura, cultura y educación física, como parte de la “reingeniería” del gasto público para hacer más eficiente el presupuesto del próximo año.

Esta administración también propone eliminar “Escuela Segura”–otro de los programas estrella de la administración de Felipe Calderón– por tener “prácticas cuyo contenido no es de carácter educativo” como “mochila segura” o compra de cámaras de seguridad, rejas y bardas.

En cambio, la administración de Enrique Peña Nieto creará dos programas. Uno de ellos es el Programa Nacional de Inglés para las 32 entidades federativas, cuyo principal componente será la “producción y distribución de material educativo para docentes y alumnos y el fortalecimiento de los docentes de la lengua”.

El otro es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que buscará “promover prácticas inclusivas, democráticas y de cultura de la paz que contribuyan a que el estudiantado de educación básica ‘aprenda a aprender’ y ‘aprenda a convivir’”.

Esto forma parte de las propuestas de Hacienda para la “Estructura programática para el presupuesto de egresos 2016” entregada a la Cámara de Diputados el 30 de junio pasado. En ella se propone una disminución de 22.4% del número de programas que actualmente operan, para quedar en 851 programas presupuestarios.

Para determinar la fusión o eliminación de los programas, Hacienda informó que -junto con las dependencias- analizó los objetivos, propósitos, indicadores, población objetivo, evaluaciones y los bienes o servicios que prestan cada uno de los programas presupuestarios.

La fusión

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 16 programas de educación se identificaron “similitudes o duplicidades” en los objetivos y alcances, por lo que propone una fusión, misma que los diputados de la próxima legislatura deberá aprobar.

En el rubro de “calidad”, los programas de Fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas, Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica y el Fondo para elevar la calidad de la educación superior, formarán parte del “Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa”.

Mientras que el Programa de “Reforma Educativa” absorberá los programa de subsidios para fortalecer la autonomía de gestión escolar y el desarrollo de infraestructura educativa; Escuelas de Calidad –creado en el sexenio de Felipe Calderón0- y Escuela Digna –iniciado en la actual administración-.

El rubro “Apoyo a la cultura” sustituirá a cinco programas: Ciudades Patrimonio Mundial; Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA); Instituciones Estatales de Cultura; Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Se creará el “Programa de Cultura Física y Deporte”, en sustitución de los programas de Deporte, Cultura Física y Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento.

En el programa “Servicios de Educación Media Superior” entraría: Prestación de servicios educativos de educación técnica y de educación media superior. Mientras que el programa de Aportaciones a fideicomisos, mandatos y análogos para la Educación Superior sería parte de rubro “Investigación científica y desarrollo tecnológico”.

Adiós a Escuela Segura

En 2007, como parte de la estrategia de seguridad “Limpiemos México”, el presidente Felipe Calderón lanzó Escuela Segura, que entre las prácticas estaba la revisión de mochilas, lo que propició críticas de organizaciones de civiles en defensa de los derechos de los niños.

En siete años de operación, el programa obtuvo mil 596 millones de pesos. Aunque tuvo un aumento de presupuesto desde su creación, el monto que le correspondió a cada escuela fue menor en los últimos años que en el inicio.

Así, mientras la cobertura creció 21% de 2008 a 2013, llegando a 60 mil planteles, el monto promedio de apoyo económico a las escuelas paso de 25 mil pesos a 4 mil pesos, según una evaluación hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval).

De acuerdo con el análisis de Hacienda y la SEP, “gran parte de los recursos del PES se destinó a mejorar la seguridad física de los planteles (rejas, bardas, cámaras de seguridad); a promover la protección civil (compra de extintores, señalamientos y botiquines); así como la prevención de adicciones (con conferencias, tamizajes y edición de libros sobre el tema).

Sin embargo, “el nombre del Programa es asociado entre el público en general, con el operativo “mochila segura” y otras prácticas cuyo contenido no es de carácter educativo, y que no corresponden con la política impulsada por la Subsecretaría de Educación Básica”.

El programa también incurrió en irregularidades, según un análisis de la Auditoría Superior de la Federación, pues en 2013, de las 53 mil 787 escuelas participantes, 11,668 (21.7%) recibieron apoyos financieros y 42,119 (78.3%), no. De las que sí les entregaron los apoyos, 330 (2.8%) escuelas se otorgaron montos inferiores a 5 mil pesos (monto mínimo), y en 164 (1.4%), montos superiores a 35 mil pesos (monto máximo), sin que la dependencia acreditara las causas.

En cuanto al destino de los apoyos financieros otorgados a las escuelas participantes del PES, “la dependencia no acreditó el tipo de insumos de seguridad adquiridos por las escuelas, lo que impidió verificar si las acciones se duplicaron con las de otros programas”.

Además, la SEP “no acreditó la frecuencia con la que se otorgó el apoyo financiero a las escuelas participantes del programa, por lo que no fue posible verificar si las escuelas que se incorporaron en el PES durante 2007, 2008 y 2009 recibieron el apoyo financiero en 2013 por segunda ocasión”.


Además, no se supo en realidad si el programa consiguió el propósito de mejorar el clima escolar y erradicar la violencia, pues ni siquiera hubo evaluaciones de “impacto”, que hasta el Coneval recomendó en 2013: “Sería interesante realizar una evaluación de procesos que permita conocer los factores que sustentan la implementación del programa y contribuir al mejoramiento de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Investiga Cofece prácticas monopólicas en afores

"Durante la investigación, se determinará la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas de conformidad con el artículo 9° de la Ley Federal de Competencia Económica", indicó la Comisión.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que inició una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el país, las afores.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Cofece detalló que la investigación bajo el número de expediente IO-003-2015, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno.

“Sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1992, cuya última reforma fue el nueve de abril de 2012, así como de la LFCE, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a la misma, se procederá en términos de los artículos 78 y 80 de la LFCE”, puntualizó.

Asimismo, indicó que en términos del artículo 71, párrafos tercero y cuarto de la LFCE, el periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 veinte días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acuerdo, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones.

Detalló que con fundamento en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), la información y los documentos que la Cofece haya obtenido directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de verificación será reservada, confidencial o pública.

Asimismo la Cofece explicó que se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea:

  • Fijar o manipular el precio de un bien o servicio
  • Restringir o limitar la oferta de un bien o servicio
  • Dividir o asignar porciones o segmentos de un mercado
  • Concertar o coordinar posturas en licitaciones
  • Intercambiar información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Publican derechos de usuarios de telecomunicaciones

La Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, entrará en vigor este martes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dieron a conocer los derechos mínimos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Ifetel detalló que lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Recordó que en los servicios de telecomunicaciones están incluidos los de telefonía, datos, banda ancha, Internet, radiocomunicación especializada de flotillas (trunking o radio) y televisión de paga.

Explicó que la LFTR señala que corresponde a la Profeco:


  • Promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los usuarios y consumidores frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones.


A su vez determina que el Ifetel tiene a su cargo la:


  • Regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.
  • Los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, entre otras atribuciones.


Así, precisa el documento, el acuerdo emitido indica los derechos mínimos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, tales como la libertad de elegir, a la portabilidad y al desbloqueo.

Además de contar con condiciones de contrataciones claras, justas y equitativas, a la calidad en el servicio y en el equipo terminal, a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales, así como a la accesibilidad de los usuarios con discapacidad.


Añadió que los usuarios también tienen derecho al acceso gratuito a un número telefónico de servicios de emergencia, a la suspensión del servicio por reporte de robo o extravío, a recibir de manera gratuita las señales de televisión abierta, así como a la protección.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Renuncia el fiscal general de Jalisco

Uno de los últimos momentos difíciles que vivió el fiscal fueron los narcobloqueos y ataques del pasado 5 de mayo en diferentes puntos de la entidad.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la renuncia del fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y precisó que el cambio “no forma parte de un ajuste, sino un ciclo que culmina ante los nuevos horizontes que se le presentan” al funcionario.

“He decidido aceptar la solicitud de separación del cargo de Luis Carlos. Lo hago agradecido por todas las veces en que siempre optó por estar, por quedarse y hacer frente a las dificultades, por grandes que estas fueran”, dijo Sandoval de acuerdo con un comunicado del gobierno del estado.

El titular del Ejecutivo estatal adelantó que en los próximos días dará a conocer movimientos en su gabinete y enviará una propuesta al Congreso local sobre quién encabezará la dependencia, que seguirá bajo el mando de Nájera hasta que los legisladores aprueben a su sucesor.

Sandoval reconoció al fiscal por haberse desempeñado al frente de las instituciones de seguridad durante más de 13 años “ya que proteger Jalisco y a quienes habitan en él, requiere un conocimiento especializado, valor, audacia y honor”.

La revista Proceso publicó el 23 de mayo que Nájera Gutiérrez y el comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solario Aréchiga, fueron señalados por policías de la entidad de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación a cambio de dinero.

Estos fueron algunos de los cargos en los que se desempeñó:

-De 2001 a 2003, director de la Policía de Guadalajara.

-De 2004 a 2006, secretario de Seguridad Pública de Guadalajara con Emilio González Márquez.


-De 2013 a 2015, fiscal general Jalisco.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.