domingo, 5 de julio de 2015

Vacío de justicia causa proceso electoral más violento y hay pendientes: ONG

Fuera de algunos incidentes, con mayor gravedad en Guerrero, las elecciones del pasado 7 de junio se reportaron en saldo blanco por parte de las dependencias de seguridad de cada estado y por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, antes y después de los comicios se han registrado asesinatos y enfrentamientos en varios estados de la República, y hay miles de averiguaciones pendientes de resolver relacionadas con la violencia en dicho proceso electoral.

Previo a las elecciones se reportaron al menos 15 asesinatos relacionados con ese proceso político; y este mes, días después de la jornada electoral, una ola sangrienta ha dejado casi un centenar de ejecutados en estados como Nuevo León, Michoacán y Guerrero.

Sin bien las cifras oficiales no han sido publicadas, este primer semestre de 2015 los homicidios relacionados con el crimen organizado se mantuvieron a la orden del día, así lo refieren reportes hemerográficos.

En 2014, por tercer año consecutivo según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el puerto de Acapulco fue el municipio con la tasa más alta de homicidios dolosos, con 69.6 por ciento por cada 100 mil habitantes. Seguido de la capital de Guerrero, Chilpancingo, con 62.95 por ciento.

Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dio a conocer por medio del reporte sobre Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México durante 2014, que aunque cinco de seis de los principales ilícitos han presentado disminuciones en sus tasas por cada 100 mil habitantes, el homicidio culposo ha tenido un incremento del 1.22 por ciento.

El informe refiere que el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Chiapas y Oaxaca sobrepasaron las mil averiguaciones por homocidio culposo, concentrando el 36.37 por ciento del total nacional. Precisa que en tasas por cada 100 mil habitantes, las entidades con mayores niveles fueron Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos.

El Observatorio Nacional Ciudadano denunció que México se encuentra frente a un vacío en materia de seguridad y justicia. Y mientras los funcionarios de los tres órdenes de gobierno toman en cuenta parcialmente esta crisis para hacer un uso político electoral, relativizando y haciendo invisibles a las víctimas, los homicidios dolosos se incrementaron en marzo, convirtiendo en focos rojos a entidades como Estado de México, Guerrero y Chihuahua, acusó la organización.


En su “Reporte sobre delitos Marzo 2015″,  la organización cuestiona que no hubo propuestas de fondo por parte de los candidatos a un cargo público, además que los temas sobre homicidios, secuestros y desapariciones forzadas o involuntarias se usó para golpear a los contrincantes; sumado a que en el tercer mes de año, ante hechos violentos como ataques a la prensa, asesinatos de mandos policiacos y políticos, el Estado mexicano aseveró que se trataban de hechos aislados.
“No solo estamos atestiguando una falta de interés genuino de varios políticos que aspiran a un cargo público sino también cierto rechazo o negación del problema por parte de nuestras autoridades, ya sea por cuestiones electorales o intereses de otra índole. Este escenario es alarmante, ya que estamos refieriéndonos a los servidores públicos que tienen o tendrán como responsabilidad el desarrollo e implementación de las políticas públicas, el fortalecimiento de las instituciones y la atención de las víctimas”, dice el documento.
Al dar a conocer su informe, el Observatorio reveló que aumentaron siete de nueve de los delitos de alto impacto de febrero a marzo de 2015; entre los cuales se encuentra el homicidio (doloso y culposo) y los robos (con violencia, de vehículos, a casa habitación, a negocio y a transeúnte).

“En marzo de 2015, en promedio, cada 34 minutos y 5 segundos se registró un homicidio doloso en México”.
A nivel nacional, en promedio, se tuvo conocimiento que se inició una averiguación previa por homicidio doloso cada 34 minutos y 5 segundos; por homicidio culposo, cada 32 minutos; por secuestro, cada 9 horas y 18 minutos; por extorsión, cada hora y 41 minutos; por robo con violencia, cada 3 minutos y 9 segundos; por robo de vehículo, cada 3 minutos y 17 segundos; por robo a casa habitación, cada 6 minutos y 4 segundos; por robo a negocio, cada 7 minutos y 53 segundos; y, por robo a transeúnte, cada 7 minutos y 26 segundos.

Respecto al homicidio doloso, el reporte destaca que en marzo de 2015 se iniciaron un mil 310 averiguaciones previas mediante las cuales se investiga la privación de la vida de un mil 441 personas. Estas cifras implican que por los menos 131 víctimas perdieron la vida mediante homicidios intencionales múltiples.

En relación con el comportamiento estatal de este ilícito sobresale que el Estado de México, Guerrero y Chihuahua reportaron la mayor cantidad personas afectadas directamente por este delito, ya que acumulan el 31.37 por ciento del total nacional de víctimas.

“Guerrero continúa siendo la entidad con mayor cantidad de víctimas de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes pues registró una tasa que fue 2.7 veces mayor que la nacional en marzo de 2015. Este tipo de indicadores evidencian la crisis de seguridad por la cual atraviesa esta entidad, sin que las autoridades de los tres órdenes de gobierno lleven a cabo las acciones adecuadas para garantizarle a la población el respeto de cada uno de sus derechos humanos”, refiere el análisis.


MÁS REPORTES

El crimen organizado en Tamaulipas se ha dado el lujo de instalar decenas o centenares de cámaras y antenas de video vigilancia, la supuesta tranquilidad recobrada por autoridades federales nunca se ha hecho patente y, en últimos días, el clima de inseguridad se disparó, informó el semanario Zeta.

El sábado 20 de junio, elementos del Ejército Mexicano, que fueron atacados por presuntos delincuentes, repelieron al fuego y privaron de la vida a seis individuos. La agresión sucedió cuando los soldados patrullaban por el ejido Vanguardia, en el municipio de Matamoros. Los presuntos criminales poseían cinco armas largas, además de cargadores en dos camionetas.

En Reynosa, la constante circulación de automotores con personas armadas a bordo, así como las balaceras, movieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas a alertar vía redes sociales a los habitantes sobre una situación de riesgo. El lunes 22, el ayuntamiento municipal emitió una alerta de semáforo amarrillo y pidió evitar la colonia Balcones de Alcalá.

Otras entidades no escapan de la creciente actividad criminal. En Guanajuato, detallo Zeta, además del asesinato del alcalde electo de Jerécuaro, el 12 de junio tuvo en la ciudad de León el reporte de una  balacera entre asaltantes y policías, con saldo de cinco personas heridas. Y el domingo 21 de junio, cuatro estudiantes que celebraban su graduación en Pénjamo, fueron baleados. Uno de los jóvenes falleció y tres resultaron heridos.

También se reportan hechos negativos tras las elecciones en Benito Juárez, Sonora, donde fue asesinado el director de la Policía, René López Cervantes; en Tamiahua, Veracruz, fue incendiado el Palacio Municipal; en Ciudad Juárez, dos jovencitas fueron abusadas sexualmente y asesinadas; en Tamazula, Durango, una balacera con dos muertos y cinco detenidos; además del descubrimiento de fosas clandestinas con cinco cadáveres en La Paz, Baja California Sur.

El pasado 30 de junio, los restos de al menos tres personas fueron localizados a cien metros de la carretera Cuiacán-Palos Blancos, en la sindicatura de Tepuche, Culiacan, Sinaloa. Los cuerpos presentaban impactos de balazos y algunas partes fueron calcinadas.

ese a todo lo anterior, para las autoridades federales, los índices de criminalidad están retrocediendo a como estaban hace aproximadamente 10 años.


GUERRA ZETA EN NL

La tercera semana de junio estalló la violencia nuevamente en Nuevo León. Las fuerzas criminales en la entidad volvieron a disputar la plaza fronteriza. Apenas terminadas las votaciones brotó otra vez una supuesta pugna (“reacomodos”, dijo el Gobernador del estado) entre el Cártel del Golfo, de Los Zetas y de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Hasta la semana pasada el número de ejecutados se mantuvo, pero desde 18 al domingo 22 de junio, las víctimas se elevaron a 22, tan sólo en esa entidad.

En el municipio de San Pedro,  fueron localizados en distintos puntos tres cadáveres semidesnudos de jóvenes de unos 20 años de edad. Estos hechos ocurrieron horas después de que tres mujeres y un hombre fueran asesinados la mañana del sábado, además en las 24 horas previas se habían registrado otros 14 asesinatos relacionados con las organizaciones criminales.

El viernes 18 se registró un ataque en un depósito de cerveza en el municipio de García que dejó 10 muertos; siete de ellos se encontraban desnudos.

El portavoz del Consejo de Seguridad, Pablo Gámez Rodríguez, explicó a la agencia de noticias Efe que “el grupo armado llegó a la bodega de la agencia Corona y abrió fuego contra los trabajadores que estaban presentes”. Detalló que el atentado ocurrió pasadas las 14:00 horas en una bodega utilizada por la marca de cerveza Corona como centro de distribución y situada sobre la Avenida Heberto Castillo y Sor Juana Inés de la Cruz, a menos de 200 metros de la alcaldía de García.

Ese es el más grande atentado ocurrido en el área metropolitana de Monterrey tras un año de relativa paz.

Este panorama de inseguridad llega apenas a unos días de pasadas las elecciones, donde se eligió Gobernador y resultó ganador el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”.


GUERRERO SE VUELVE ROJO

Los secuestros y homicidios se encuentran a la orden del día en Guerrero. En el último mes decenas de profesionistas y empresarios han sido levantados y desaparecidos; en algunos casos se ha pedido el rescate y han vuelto a casa, algunos otros han sido encontrados sólo los cuerpos sin vida y con signos de tortura. Por otra parte, en la zona turística de Acapulco y en la capital que es Chilpancingo.

En Acapulco suman, en lo que va del año, 340 víctimas de hechos violentos en los que podría haber estado relacionada la delincuencia organizada, y tan solo durante tercer fin de semana de este junio, 22 hombres y mujeres fueron ejecutados.

Un hombre fue asesinado por disparos en distintas partes del cuerpo en la calle Sindicato de la colonia Burócratas, en la parte alta del anfiteatro, y en el lugar las autoridades hallaron dos casquillos percutidos de calibre 9 milímetros y dos más de calibre 45, así como un narcomensaje en una cartulina que no fue revelado.

Además, dos hombres fueron ejecutados dentro de un departamento del edificio 25 de la etapa 45 de la unidad habitacional El Coloso, y en el ataque resultó herida una mujer que fue trasladada a un hospital.

Antes, otro hombre fue hallado muerto dentro del río de La Sabana, en la colonia Arroyo Seco, y presentaba golpes en diversas partes del cuerpo.

En otros dos ataques, dos hombres fueron asesinados a balazos en el estacionamiento de una tienda Oxxo ubicada en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a unos 30 metros de los arcos de entrada a la zona turística de Pie de la Cuesta, y otro más fue ejecutado en la zona de tolerancia de Acapulco, cerca de la calzada Pie de la Cuesta y la calle Aguas Blancas, donde apenas horas antes hubo otro homicidio.

El lunes 22 de junio, la Fiscalía General de Guerrero informó que personal de criminalística forense exhumó al menos 10 cuerpos de las fosas clandestinas localizadas en la parte alta de colonia Olímpica, en el puerto de Acapulco.

Sumado a ello, se reportó esta semana el secuestro de tres médicos y un abogado, todos ellos trabajadores de la Secretaría de Salud, a quienes ya se reporta oficialmente como muertos, pero los familiares han negado que se traten de ellos; los hechos ocurrieron en Chilpancingo; también se suma el levantamiento del jefe administrativo regional de la empresa Pepsico-Sabritas, Hugo de la Cruz, en un retén instalado a dos kilómetros de Teloloapan; y la privación de la libertad de seis personas pertenecientes a la comunidad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).


SANGRE EN MICHOACÁN

El pasado 23 de junio, un enfrentamiento entre grupos civiles armados en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán, dejó 12 víctimas mortales. Hasta el momento no hay una versión oficial de los hechos, pero por medio de redes sociales se difundió que la refriega habría sido originada por grupos rivales; también se informó que pudo haber sido una pugna entre integrantes del crimen organizado y autodefensas.

Los hechos ocurrieron en una zona serrana conocida como “Las Cruces”. Los grupos se enfrentaron, al parecer, haciendo uso de granadas y armas de grueso calibre.

Horas después, por medio de redes sociales se informó sobre un segundo enfrentamiento, que habría dejado al menos cinco muertos más “entre la Sierra de Tumbiscatío y Arteaga”.

Tumbiscatío, es una de las regiones en la que tiene presencia el cártel de Los Caballeros Templarios y en que, de hecho, el líder fundador del Cártel, Nazario Moreno fue detenido el año pasado.

Apenas en mayo pasado,se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes del crimen organizado en Tanhuato y que habría dejado al menos 43 muertos. Según los reportes dados por la Policía Federal (PF)  los presuntos sicarios tenían en su poder 42 armas largas, un lanzacohetes, un fusil barret de alta potencia y un arma corta. Además, tres personas fueron detenidas tras el choque armado.

El choque se habría producido cuando elementos de la PF se dispusieron a aprehender a líderes del Cártel de Los Guerreros, dirigida por la familia Guerrero Martínez.


ASESINATOS EN ELECCIONES

Candidatos o funcionarios de partidos políticos fueron asesinados durante las elecciones:

Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a Diputado federal por el Distrito 32 en Valle de Chalco, en el Estado de México fue baleado en su casa de campaña.

Un comando disparó y mató a Enrique Hernández Saucedo, candidato a alcalde de Yurécuaro, Michoacánel, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Héctor López Cruz, quien era candidato a noveno regidor para el municipio de Huimanguillo, Tabasco, fue asesinado a tiros el pasado 15 de mayo.

Ulises Fabián Quiroz, quien fuera candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la alcaldía de Chilapa, Guerrero fue acribillado.

A la precandidata del PRD a presidenta municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, fue aseinada y decapitada.

El precandidato Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD fue asesinado por un comando armado mientras realizaba un recorrido por la zona Triqui.

Cecilia Izaguirre Camargo, quien fuera presidenta del Comité Municipal del PRI en el municipio de Lagunillas, San Luis Potosí, fue asesinada el 20 de febrero.

Alfredo Ordaz, operador del Partido Acción Nacional en Guerrero, fue decapitado y encontrado en el río Moctezuma había desaparecido luego que repartiera propaganda en la ciudad de Matlapa.

Israel Hernández Fabela, coordinador de campaña de Aída Beltrán Sánchez, ex candidata del PRI a diputada local por el Distrito 3 de Azcapotzalco, Ciudad de México, fue asesinado en la cochera de su casa.

En Puebla asesinaron a José Salvador Méndez Morales, coordinador de campaña de Lorenzo Rivera Sosa, candidato del PRI a diputado federal.

Jehová de la Cruz Gallegos, excoordinador de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) y afiliado al Partido del Trabajo (PT), fue asesinado el 20 de mayo.

Este mes Mario Caldera Nungaray, presidente de sección del PRI en Chihuahua, fue levantado y asesinado por un comando armado.

En Chihuahua, Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco Javier Aguilar Siller, integrantes de la Secretaría de Acción Juvenil del PAN, fueron acribillados.

El día de las elecciones tres personas fueron asesinadas. Una de las víctimas fue el estudiante Antonio Vivar Díaz, quien murió en Tlapa, Guerrero, tras recibir un balazo durante un operativo de la Policía Federal.

La jornada electoral del Yucatán cobró la vida de dos personas que murieron en Temax, baleados en una casa de campaña del PRI.


ENFRENTAMIENTOS Y NARCOBLOQUEOS

El 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, fuerzas federales realizaron un operativo que dejó la muerte de 42 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y un elemento de la Policía Federal (PF). Además de los fallecidos, y tres detenidos, se aseguraron 36 armas largas, dos cortas, un lanzagranadas, ocho vehículos asegurados, de los cuales seis fueron calcinados.

Posteriormente, un reportaje de  The Washington Post, revelaría que 11 de los 43 muertos del enfrentamiento, presentaban señas de tortura al momento de ser presentados su cadáveres; lo que hacía suponer que no se trató de un simple enfrentamiento a fuego abierto por parte de los elementos de la Policía Federal y que desataría una creciente controversia sobre quiénes eran esos hombres y cómo murieron.

El pasado 21 de mayo, cuatro cuerpos envueltos en sábanas y en estado de descomposición fueron encontrados en el panteón de la localidad de Nejapa, municipio de Chilapa, Guerrero. El hallazgo se suma a una cruenta pelea entre grupos de narcotráfico, que dejó la desaparición al menos de 16 jóvenes entre el 9 y el 14 de mayo.

El 1 de mayo, el horror se vivió en 25 municipios de Jalisco, debido a un taque coordinado del CJNG, el cual alcanzó las carreteras de Colima y Guanajuato e incluso derribó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); las autoridades estatales informaron que el resultado de la arremetida criminal fue: 39 narcobloqueos, siete muertos, 19 heridos y 19 detenidos.

A principios de mayo la prensa extranjera informó sobre una nueva disputa entre grupos del crimen organizado en el poblado de Sonoyta, perteneciente al municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, la cual cobró la vida de al menos 17 personas en un mes –y al menos 38 en lo que va del año– y el desplazamiento de 70 familias.


El 15 de mayo Noroeste y el El Diario de Chihuahua informaron sobre una guerra “silenciosa” en sierra que comparten Chihuahua y Sinaloa. Los enfrentamientos se deben, informaron, por el control de las parcelas donde cultivan mariguana y amapola, pero tienen acorraladas a personas, y las que tratan de huir las asesinaron.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2015/1393845

Van seis personas asesinadas en menos de 24 horas en Michoacán

Una de las víctimas es Camilo Santana, comandante de las autodefensas en el municipio de Huetamo, Michoacán, quien fue asesinado a tiros la noche del sábado 4 de julio.

Camilo Santana Aguirre, uno de los comandantes de las autodefensas en el municipio de Huetamo, fue asesinado a tiros la noche del sábado 4 de julio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:00 horas del sábado en un establecimiento conocido como “Micheladas Lupita”, ubicado en una de las salidas de Huetamo, municipio colindante con  Guerrero, en la región de Tierra Caliente michoacana.

De acuerdo con los primeros informes de la autoridad local, Camilo Santana y los otros tres lesionados, fueron atacados por un grupo armado, mientras ingerían bebidas alcohólicas en dicho establecimiento.

Uno de los tres lesionados es reportado como grave en el hospital de Morelia, Michoacán, donde recibe atención médica.

Encuentran a cuatro personas muertas en Zamora

Los cuerpos sin vida de cuatro personas fueron localizados la mañana de este domingo 5 de julio sobre una brecha que comunica a los poblados de El Pochote y Ario de Rayón del municipio de Zamora, en Michoacán.

Se trata de dos mujeres y dos hombres, quiénes presentan múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El hallazgo fue reportado a las autoridades poco después de las 11:00 horas, por habitantes de esa zona que circulaban por el lugar.

Hasta el momento ningún grupo delictivo se ha adjudicado el multihomicidio, pero ya la autoridad competente inició las investigaciones que los lleven a los responsables de este hecho criminal.

En una comunidad del municipio de La Piedad, un joven de 29 años murió mientras era trasladado a un hospital luego de ser baleado.

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de las 01:45 horas de este domingo, vecinos de la comunidad de Zaragoza de esta municipalidad, encontraron malherido herida a la víctima en un paraje de dicha localidad.

Al conocer que había sido baleado, los pobladores dieron aviso a sus familiares quienes de inmediato lo trasladaron a bordo de un vehículo particular a un hospital de la cabecera municipal donde nada se pudo hacer, pues la víctima ya había perdido la vida.

Así, seis personas han sido asesinadas y tres más han resultado lesionadas en diferentes hechos ocurridos en  Michoacán en las últimas 24 horas.

El viernes pasado, una balacera ocurrida en el municipio de Jacona dejó un saldo de tres muertos y dos lesionados, tras el ataque a personal de la Procuraduría General de la República (PGR).


Además, se suma el hallazgo de dos secuestradores, que a decir de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), fueron presuntamente privados de la libertad, ejecutados y colgados de un puente ubicado sobre la Autopista de Occidente México-Guadalajara, por pobladores de la comunidad de Ucareo, del municipio de Zinapécuaro.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.

El exgobernador Eugenio Hernández y sus ligas con el narco

WASHINGTON. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó desde 2008 que el entonces gobernador de Tamaulipas, el priista Eugenio Hernández Flores, lavaba el dinero que le daba el Cártel del Golfo a cambio de que le permitiera seguir con sus negocios ilícitos en el estado.

Acusado junto con su cuñado, Óscar Gómez Guerra, de los cargos federales de lavado de dinero e incitación de transferencias financieras ilícitas, a Hernández el gobierno de Barack Obama le achaca beneficios económicos procedentes del narcotráfico por unos 30 millones de dólares.

El encauzamiento judicial C-14-178-S­ –fechado el pasado 27 de mayo y dado a conocer la noche del jueves 18 por la Corte Federal del Distrito Sur, en Texas– sostiene que el exgobernador y el esposo de su hermana, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilegales a partir del 1 de enero de 2008.

Los acusados “realizaron transacciones que involucraron ganancias específicas procedentes de actividades criminales. Llevaron a cabo transferencias ilegales de dinero procedente de negocios ilícitos aun sabiendo el origen de todo ello”, se destaca en el encauzamiento contra el exgobernador.

El expediente criminal elaborado por el Departamento de Justicia –que encargó el caso al fiscal federal Kenneth Magidson– acota que Hernández Flores y su socio cometieron estos delitos de lavado de dinero “con todo el conocimiento de causa para encubrir el lugar donde llevaban a cabo las operaciones, y la identidad de los dueños del dinero (procedente del narcotráfico)”.

Respecto al cargo de incitación de transacciones financieras ilícitas, la acusación criminal sostiene que Hernández Flores y Gómez Guerra, “con conocimiento de causa”, facilitaron las operaciones financieras internacionales e interestatales para ocultar fondos que carecían de la documentación necesaria para justificar su procedencia, amén de que nunca presentaron las licencias bancarias necesarias para las transacciones.

“Todo el dinero –unos 30 millones de dólares– que recibieron y manejaron el exgobernador y su cuñado, les fue entregado por operadores del Cártel del Golfo”, explica la fiscalía federal a Proceso vía correo electrónico.

“El dinero lo recibía Hernández Flores como pago por permitir que el Cártel del Golfo operara con toda libertad en Tamaulipas para llevar a cabo sus actividades de tráfico de drogas, secuestros, venta de contrabando y tráfico de personas a Estados Unidos”, precisa el correo electrónico de la fiscalía federal.

Sobre el dinero

El gobierno de Obama –que además solicitó a la Corte Federal en Corpus Christi, Texas, mantener sellado el encauzamiento con la cronología de los delitos cometidos, las fechas y montos exactos de dinero, hasta que Hernández Flores y Gómez Guerra sean capturados– promete que les quitará a los acusados los 30 millones de dólares que recibieron por permitir la comisión de delitos en Tamaulipas.

Por lo pronto la fiscalía federal, con autorización de la Corte, ya le confiscó a Hernández Flores cuatro propiedades: tres en McAllen (por unos 2 millones de dólares) y otra en Austin, ambas en Texas.

Las propiedades confiscadas en McAllen a Hernández Flores están en el 4416 de la South H Street (ocupa dos lotes), en el 801 de la E. Francisca Avenue y la tercera en el 505 E. Uphall, que comprende lote y medio. El inmueble de Austin está en el 2001 de la calle Cueva de Oro.

En relación con el Cártel del Golfo y con Los Zetas (en menor escala, según la fiscalía texana), Hernández Flores consiguió beneficios por unos 30 millones de dólares, que el Departamento de Justicia promete arrebatarle.

Pero el encauzamiento admite que el exgobernador y su cuñado: “Han transferido y vendido propiedades a terceros, depositado dinero en cuentas bancarias a nombre de otras personas, cuentan con dinero e inmuebles en puntos fuera del alcance de la jurisdicción estadunidense y adquirieron propiedades en sociedad con otros, lo cual dificulta el decomiso”.

El pasado 17 de mayo y después de recibir de manera formal, de parte del gobierno de Obama, la acusación criminal contra Hernández Flores y su cuñado, la juez B. Janice Ellington firmó la orden de aprehensión contra el exgobernador y su cuñado.

El gobierno estadunidense distribuyó en todas las oficinas postales del país la notificación de que hay una recompensa (no se dijo de cuánto) para quien dé información que lleve a localizar a Hernández Flores y Gómez Guerra.

En los volantes con la leyenda “se buscan”, la fiscalía pide que quien tenga información sobre la ubicación de Hernández Flores y Gómez Guerra lo notifique a la Administración Antidrogas (DEA) al teléfono 713-693-3000.

“Es un caso relevante sobre narcotráfico y corrupción gubernamental (en México); tenemos muchas evidencias para sustentar las acusaciones contra Hernández Flores y Gómez Guerra. Por ello esperamos la colaboración de las autoridades mexicanas para localizarlos y llevarlos ante la justicia”, dice uno de los correos electrónicos de la fiscalía federal a este semanario.

De ser declararos culpables, Hernández y su cuñado podrían ser sentenciados a 20 años de cárcel y a pagar una multa de medio millón de dólares, por el delito de lavado de dinero; y a cinco años de prisión y a pagar 250 mil dólares, por el delito de incitación de transacciones financieras ilícitas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Un burócrata peñanietista, al Comité de la ONU contra la tortura

La súbita decisión de cambiar la candidatura de un especialista por la de un burócrata de la diplomacia para representar a México ante el Comité de la ONU contra la Tortura, prendió las alarmas entre los expertos. Afirman que la administración de Enrique Peña Nieto da una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. La postulación de Claude Heller, sostiene el candidato desplazado, tiene la finalidad de “defender la imagen” del país en momentos en los cuales se le señala –especialmente desde el estadunidense Departamento de Estado, como ocurrió el jueves 25– por las constantes violaciones a las garantías elementales de sus ciudadanos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El martes 16 de junio, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. Ese día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó al Comité contra la Tortura (CAT), de la ONU, el cambio de la candidatura mexicana para ocupar un puesto en ese órgano, que es el responsable de verificar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Un auténtico especialista en el tema de la tortura, Miguel Sarre, registrado el pasado 28 de abril, fue canjeado por un diplomático en retiro, Claude Heller Rouassant, experto en defender a México en escenarios internacionales.

La decisión marcaría un cambio más en la política exterior de México en relación con los órganos de derechos humanos y en la forma en la cual se habían registrado las postulaciones de expertos, considera José Antonio Guevara Bermúdez, exministro de Asuntos de Derechos Humanos de la Misión Permanente de México ante la ONU, en Ginebra.

“Llama la atención la visión de país bananero de la Cancillería –dice Guevara en entrevista–, de buscar controlar los mecanismos de derechos humanos de la ONU metiendo amigos del régimen, tratar de controlar el impacto internacional sobre lo que está ocurriendo en México, minimizar los ‘ataques a la patria’”.

Actualmente director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de la ONU, Guevara resalta que pese a no haber reglas claras para designar candidatos a los organismos internacionales, “en sexenios anteriores se recurrió a consultas entre las organizaciones de la sociedad civil para postular en 2006 a Miguel Sarre al Subcomité para la Prevención de la Tortura, y en 2010 para impulsar a Carlos Ríos Espinosa como miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Reconoce que aunque en esta ocasión la Cancillería no sometió a consulta la postulación de Sarre para contender por un lugar en el CAT, “es claro que cuenta con todas las credenciales, y de habernos preguntado, por supuesto que hubiera tenido el aval de las organizaciones. Nos sorprende que hayan decido cambiar a un experto como Miguel por un diplomático cuyo único mérito ha sido representar a México en diferentes delegaciones, misiones o embajadas”.

México, bajo la lupa

Siete días después de la decisión tomada por la SRE, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, organizaciones de la sociedad civil reprocharon en una carta la decisión tomada por la dependencia.

Los firmantes le recuerdan a Meade que su decisión trastoca los Principios y Directrices de Addis Abeba, aprobados en junio de 2012 por los presidentes de los órganos de derechos humanos de la ONU, sobre la independencia e imparcialidad que deben tener los miembros de dichos órganos.

Los lineamientos referidos señalan que los “conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales”.

Guevara agrega: “Como miembro de un Grupo de Trabajo o un Comité de la ONU, trabajas con tus propios recursos y viajas a Ginebra cuando hay sesiones ordinarias, en el caso del CAT tres veces al año. No hay paga. Habría que preguntarle al embajador qué lo motiva a aceptar la nominación, si carece de experiencia y conocimiento para ejercer el cargo”.

Peor aún, agrega, cuando se trata de un tema en el cual México no tiene cifras que lo libren del escrutinio al que será sometido el país el próximo año por el CAT, en seguimiento a recomendaciones de 2012.

De acuerdo con datos obtenidos por la CMDPDH por medio de solicitudes de información pública, de 2006 a octubre de 2014 la Procuraduría General de la República acumuló 4 mil 55 denuncias por tortura, 88% de ellas sólo en los últimos dos años.

De las más de 4 mil denuncias, la dependencia sólo integró mil 884 averiguaciones previas, y de 2005 a 2013 los jueces únicamente habían emitido cinco sentencias condenatorias (Proceso 2006).

“Las cifras son escandalosas, de ahí las sospechas sobre qué pretende el gobierno de México que haga un embajador en retiro como miembro del CAT, que entre sus competencias tiene la de conocer casos específicos. La CMDPDH tiene cuatro expedientes y este año presentará otros tres.

“¿El embajador va a tratar de cabildear para minimizar el impacto de las investigaciones o simplemente va a reportar a sus superiores en la Cancillería qué es lo que se cocina en el CAT?”, se pregunta Guevara Bermúdez.

Dudas similares llegaron a la mente de Sarre Iguíniz el martes 16, cuando recibió la llamada del coordinador de asesores de la SRE, Carlos Pérez Verdía, para anunciarle que el canciller Meade lo había revocado como candidato al CAT.

“No me dijo a quién nombrarían para sustituirme, pero me dijo que se trataba de una nueva política en la Cancillería, que enviarán personal de carrera, retirado, para ocupar (los cargos en la ONU)”, dice en entrevista el profesor numerario del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Difícil de creer, pues en enero fue la propia dependencia encabezada por Meade la que le notificó la intención del gobierno de hacerlo su candidato al CAT.

Por conducto de Alejandro Alday, director de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Sarre supo de la instrucción del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, de postularlo en el proceso de renovación de cinco de los 10 puestos con que cuenta el Comité, a realizarse el 8 de octubre. La Cancillería “tenía buenas referencias” de su trabajo, le comentó el funcionario.

Larga trayectoria

Reconocido ampliamente por su labor académica desde 1997 en el ITAM y catedrático de la maestría en derechos humanos por la Universidad de Notre Dame, Indiana, los últimos ocho años Sarre formó parte del grupo de 25 expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.

Con amplia trayectoria en el mundo de los derechos humanos, en México el académico fue ómbudsman de Aguascalientes, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar y autor de Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, publicado por la Suprema Corte de Justicia.

Con esa historia de por medio, la postulación de Sarre para ocupar un lugar en el CAT parecía natural; tanto, que el pasado 15 de mayo, Alday le comentó que la dependencia había conseguido los votos necesarios para su nombramiento, por lo que ya no era necesaria su presencia en Ginebra para que el investigador se promoviera entre los delgados de otros países.

Al menos esa fue la explicación que el funcionario le dio para cancelar el viaje al CAT que el investigador tenía programado realizar entre el lunes 22 y el miércoles 24.

Además, le dijo Alday, la Secretaría de Hacienda podría considerar “gasto innecesario” una visita a Ginebra, y sancionar a la dependencia. “No sospeché nada. Qué ingenuo, ¿verdad?”, reconoce Sarre.

Un mes después, en la página del CAT se hacía público el reemplazo de la candidatura de Sarre por la del embajador emérito Claude Heller Rouassant, recién jubilado del servicio exterior y ahora investigador en El Colegio de México, su alma máter.

En su larga carrera diplomática, Heller ha sido embajador en Suiza, Francia, Cuba y Japón, y representante permanente ante el Consejo de Seguridad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como ante la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otros cargos, siempre como funcionario de la SRE.

Reflexiona Sarre: “No sé si soy el más indicado para el puesto, pero sé que (el embajador Heller) es el menos indicado, por su vinculación con el Estado mexicano”.

Heller es producto del servicio exterior, cuyos funcionarios “no tienen nada de independientes (…) forman parte del Poder Ejecutivo y están marcados por su línea –abunda Sarre–, formados en una escuela de promoción y defensa de la imagen de México; son vendedores de imagen, como todos los diplomáticos”.

Analiza: “Hay una explicación oficial (para mi revocación), que es la de dar un estímulo a los embajadores eméritos y que es mala. Pero hay otra peor: la que consiste en ocupar todos los espacios públicos, incluyendo los del servicio exterior, con un criterio político”.

Para el catedrático, su reemplazo no es ajeno al diferendo de la Cancillería con el relator especial de la ONU sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, quien en un informe final de su visita a México, en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos, concluyó que la “tortura y malos tratos son generalizados” en el país. El gobierno de Peña Nieto no tardó en descalificar entonces el documento y a su autor (Proceso 2005).

El reporte de Méndez fue retomado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado el jueves 25, en el cual se habló de los “serios abusos” contra la población en los que intervienen las fuerzas del orden. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa ocuparon un lugar importante en el documento.

Frente al informe demoledor, la Cancillería denunció un “ejercicio unilateral” por parte de Washington.

Puesto desperdiciado

Si bien Sarre reconoce que, como parte de los mecanismos de la ONU, los expertos no pueden conocer asuntos sobre su país de origen, lo cierto es que “pueden ejercer una influencia indirecta. Las pláticas durante el café y en los pasillos son muy importantes, se dicen muchas cosas”.

–¿Le interesa al gobierno de México el tema de la tortura? –se le pregunta.

–No es que tenga preocupación por la tortura y que quiera cumplir con su mandato constitucional. Más bien quiere colocar personas en los puestos claves y en cualquier tema de la agenda. Es presencia y prestigio de México.

A diferencia de la asamblea general y los demás órganos institucionales de la ONU, que son espacios políticos y diplomáticos, los 10 comités especiales en materia de derechos humanos que operan en Ginebra tienen una misión meramente técnica: verifican si, en la práctica, los Estados miembros cumplen los convenios internacionales que firmaron.

“Son temas que tienen su sutileza y necesitan expertos: ¡Sólo hay 10 personas en el mundo que van a revisar el tema de tortura! Es necesario que sepan cómo sucede la tortura para que sepan dónde observar y hagan las observaciones pertinentes a los Estados”, explica Sarre.

“Son puestos a los que se debe cuidar mucho. Desperdiciar un puesto de experto es cometer un crimen; equivale a defraudar el esfuerzo de las Naciones Unidas para elevar las reglas del juego”, agrega.

De acuerdo con el académico, en la ONU hay un “mercado de votos” en el cual los Estados se “prestan” votos a cambio de favores o de un “reembolso” posterior para otro cargo.

–¿Cómo en la FIFA? –se le pregunta.

–Así es –responde con una risa de amargura.

Gracias a las fallas de este sistema, ciertos países envían a los comités al “suegro del presidente” u otras personas no calificadas, en lugar de mandar expertos, quienes en las visitas de trabajo se convierten en “peso muerto”, deplora Sarre.

“No es que los expertos seamos sabios, pero hemos escrito sobre el tema. Esto crea un precedente, casi una obligación ante la sociedad civil, que nos puede reclamar si en el Comité no somos congruentes con nuestros escritos”, comenta.

Pese a que los Principios y Directrices de Addis Abeba son claros en las definiciones de independencia e imparcialidad que deben tener los expertos de los comités de la ONU, Sarre estima “probable” que Heller salga electo en octubre, pues la Cancillería conserva los votos conseguidos para su propia candidatura.

Contactado por Proceso, el embajador emérito se negó a comentar su nominación.

Comunicación social de la Cancillería sostuvo que “el profesor Claude Heller tiene el perfil y la trayectoria adecuados para dar viabilidad a la candidatura para fungir como experto en el Comité contra la Tortura, ya que cuenta con una vasta y diversa experiencia en derechos humanos, en particular en órganos especializados tanto universales como regionales en la materia”.


Asimismo informó que los altos funcionarios de la Cancillería, entre ellos Alejandro Alday, no concederían entrevistas sobre el tema.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA L. DÍAZ Y M. TOURLIERE

La Casa Blanca, en la opacidad: ni se investiga ni se vende

MÉXICO, D.F: La Casa Blanca de la familia presidencial permanece en la opacidad.

A cinco meses de que se iniciara la investigación por supuesto conflicto de interés no hay información al respecto ni la exactriz Angélica Rivera ha puesto en venta el inmueble, como se comprometió, en cadena nacional, en noviembre  pasado.

En su edición de este sábado, el diario Reforma recuerda que hace 151 días, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su empleado, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, a que iniciara una doble investigación por posible conflicto de interés tanto en la adquisición de la casona de Lomas de Chapultepec como en la del municipio mexiquense de  Malinalco, comprada por el secretario de Hacienda Luis Videgaray.

Ambas residencias fueron vendidas por Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario favorito del peñismo.

Andrade se comprometió a que investigaría todos los contratos que Grupo Higa hubiera realizado con la p de expertos de “reconocido prestigio”.

A la fecha, el titular de la SFP no ha dado un solo reporte sobre sus pesquisas y se ignora siquiera si el panel de expertos ya fue nombrado y en su caso de quienes se trata.


En cuanto a la venta de la Casa Blanca, compromiso de la esposa de Peña Nieto, el periódico Reforma detalla que de acuerdo con una revisión de datos del Registro Público de la Propiedad capitalino, la última operación de compraventa de ese inmueble es la misma que dio a conocer en su espacio informativo de MVS, la conductora Carmen Aristegui, en noviembre pasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Universidad Veracruzana exige justicia a Duarte, a 30 días de la agresión a ocho alumnos

A un mes de la agresión que sufrieron ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) en manos de un grupo de 10 personas que irrumpió en una fiesta que realizaba los jóvenes, la institución exigió el día de hoy al Gobierno de Javier Duarte Ochoa resultados en las investigaciones.

“A un mes de ese hecho que conmovió a nuestra comunidad universitaria no existe pronunciamiento por parte de las autoridades competentes en el que se expliquen los avances que se han obtenido derivados de las acciones investigadoras para identificar a los actores intelectuales o materiales de la agresión física sufrida a nuestros universitarios”, señaló la UV en un comunicado.

La comunidad universitaria exigió a las autoridades investigadoras competentes resultados inmediatos, pero con seriedad y responsabilidad, “que sean objetivos, que estén dentro del marco de la legalidad pero sin transgredir con ello la secrecía del caso”.

La Universidad Veracruzana exigió que los resultados transparenten de la mejor forma posible el estricto cumplimiento de la ley, “que permita a la comunidad universitaria estar enterada de las acciones y de los resultados obtenidos de la investigación de esos hechos donde fueron agredidos varios jóvenes universitarios”.


La institución aseguró que no ha escatimado esfuerzo alguno en proporcionar ante las autoridades la información solicitada, el acompañamiento físico a los jóvenes agredidos y la asesoría legal pertinente.

EL ATAQUE

El pasado 5 de julio, ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana fueron agredidos con armas largas, machetes, palos y bates por un grupo de 10 personas que irrumpió en una fiesta que realizaban los jóvenes en la capital del estado.

Nadie lo imaginó. Se reunieron horas antes para comerse un pastel juntos, compartieron palomitas y un poco de jugo Boing. La casa del cumpleañero era el lugar perfecto para reunirse por la cercanía con el área de humanidades donde la mayoría estudia.

El ruido de un automóvil se escuchó cerca, de pronto golpes sobre la puerta, las ventanas estallando, el terror de no saber hacia dónde correr porque la casa es en realidad una habitación con baño.

No hubo tiempo ni de preguntar la razón, sin dar minutos para esconderse, los agresores lanzaron sobre los muchachos sus palos y machetes. Sobre la espalda a algunos, directo a la desfiguración del rostro para otros tres.

No les importó que hubiera mujeres, los golpes se dieron sin distinción. Los insultos llovieron y la sangre también.

“Entraron rompiendo las ventanas y la puerta, empezaron a golpearnos rápidamente. Yo alcancé a taparme pero nos golpearon y nos decían muchas groserías. Varias veces gritaron ‘vámonos’ pero no se iban. Me escondí por la cama, pero nos decían que nos íbamos a morir”, recuerda la única estudiante que no tuvo que ser hospitalizada.

Una estudiante de Pedagogía en la UV que vivió uno de los peores episodios en su vida narró los hechos. Poco ha querido hablar con la gente, su cabello anda alborotado y su cabeza más. Tiene ganas de llorar por la impotencia y el temor. Los moretones en su cara y su cuerpo delgado hablan de que fue la menos lastimada.

“Yo creo que me golpearon dos [hombres]; pero no los pude ver porque estaba boca abajo. Les pedimos que ya pararan, pero ellos nos seguían gritando”.

Nadie pudo ver completamente el rostro de sus agresores, la mayoría tenía el rostro tapado con capuchas, gorras, máscaras y paliacates. Llevaban pantalón de mezclilla y playeras de diferentes colores. Está segura de que todos eran hombres.

Tres estudiantes quedaron irreconocibles. El que recibió un machetazo a la mitad de la cara fue al que mejor le fue. El mayor de ellos no podía respirar bien, le quebraron la nariz, el pómulo parece salido de su rostro, la cara cuarteada por moretones, hinchazón y cortadas. La quijada colgada por el desprendimiento que le provocó un golpe.

Otro se desvaneció en los primeros golpes sobre su cabeza, al despertar había sido agredido de tal manera que su rostro y cabeza se veían con el doble de tamaño por las confusiones que tuvo. Todos los dientes se le cayeron después de las patadas y golpes que le propinaron sobre la cara.

Cuando se supieron sobrevivientes a un ataque brutal, denunciaron el ataque a través de sus familiares y amigos. También avisaron a la prensa porque ya ni en las autoridades pueden confiar.


El ataque y la denuncia pública de lo sucedido sufrieron respuestas contradictorias por parte del Gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron acusados de ser responsables de las agresiones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2015/1403577.

Reclaman estudiantes al gobierno del estado 170 mdp en becas sin entregar

Córdoba, Ver: A una semanas de que concluya el ciclo escolar 2014-2015, el gobierno del estado adeuda un monto del orden de 170 millones de pesos por concepto de becas, a su vez tampoco se ha emitido la convocatoria para quienes aspiran a un apoyo para el siguiente ciclo, reveló Isidro González Valerio, presidente de la Confederación de Estudiantes del Estado de Veracruz.

Lamentó que cada ciclo escolar las autoridades “les pongan trabas” para liberarles su recurso en tiempo y forma, pese a las consecuencias que esto tiene para estudiantes, pues la gran mayoría dependen de su salario al ser trabajadores y se apoyan con dicha beca para sufragar sus gastos de comida y vivienda, la retención de este recurso obliga a muchos a abandonar sus estudios.

Señaló que otro de los graves problemas es la falta de una convocatoria, pues si el estado no comprueba el pago de las becas y lo refrenda, entones podría perderse el recurso, pues como en todos los sectores, la Federación congela los apoyos hasta que el gobierno no solvente las observaciones, pero además, tendría que devolver el dinero.

Debido a la falta de cumpliendo del gobierno dijo, no descarta que para el ciclo escolar 2015-2016 al menos 30 por ciento de los alumnos que no han recibido su apoyo abandonen la escuela, pues no cuentan con recursos para poder solventar sus gastos.

González Valerio no descartó preparar acciones si es que para el próximo ciclo escolar no tiene una respuesta a fin de exigir sus apoyos que obtienen mediante la Federación y que el estado no entrega a tiempo.


El líder estudiantil recordó que cada ciclo escolar se registra la misma situación, el pago de becas se retrasa hasta por tres meses; hasta donde tienen conocimiento la Federación los deposita en tiempo, es ya en manos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en donde se traban, lo cual ha llevado a que los alumnos exijan su pago mediante todas las formas.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Designa Eruviel Ávila a su cuarto titular de Seguridad; Edomex, el estado con más delincuencia

TOLUCA, Edomex: Con la designación de Eduardo Valiente Hernández como comisionado de Seguridad Ciudadana, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, concretó el cuarto cambio de titular en lo que va de la actual administración.

Reportes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), refieren que el Estado de México se encuentra en los primeros lugares en delitos como extorsión y robo de vehículo (con y sin violencia).

Tan sólo en mayo de 2015, la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, registraron 126 mil 619 delitos cometidos en el país, 16 mil 968 en el Estado de México, entidad que se ubicó en primer lugar, seguido apenas del Distrito Federal con 14 mil 250.

Este domingo, el mandatario mexiquense formalizó el relevo de Damián Canales Mena como titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), “de común acuerdo”, por su intención de reincorporarse al gobierno federal.

Eduardo Valiente Hernández es egresado de la Policía Federal de Caminos, licenciado en Derecho con estudios en materia de Seguridad en Bogotá, Colombia; en Texas y Virginia, Estados Unidos; y en Canadá. Fue Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

“Es un hombre muy preparado, disciplinado, y es un hombre valiente con amplia experiencia en la materia de seguridad. Está comprobado que es un hombre forjado con gran empaque y responsabilidad”, confió Ávila Villegas.

De la renuncia de Damián Canales se conoció informalmente el pasado 24 de junio por la noche, pero el 25 por la tarde el mandatario estatal rechazó la dimisión y adelantó que conversaría con él tras su regreso de una gira realizada por Francia la semana pasada.

Damián Canales llegó al estado de México en abril de 2014, promovido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el propósito de atender la crisis de seguridad de la entidad.

De 2013 a la fecha, aseguró Ávila Villegas, se ha reducido en 19 por ciento el delito de robo con violencia, en 35 por ciento el delito de violación, y en 7 por ciento el robo de vehículos.

“Damián Canales entró por la puerta grande y se va aún por una puerta más grande, se va dando al estado resultados muy concretos y específicos y lo felicito”, afirmó Ávila Villegas.

Durante los 14 meses de gestión de Canales Mena, la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) se convirtió en Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en diciembre pasado se transformó en Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC).


Al inicio del sexenio, Ávila Villegas ratificó a Salvador Neme Sastre al frente de la ASE; y el 29 de agosto del 2013 se designó a Rocío Alonso, quien dimitió el 31 de marzo del 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)

Mireles quedará libre este mes: Abogado

MÉXICO, D.F: En un periodo de cuatro a veinte días será liberado el exdirigente de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, informó el abogado Javier Livas Cantú.

El litigante señaló que tras el desestimiento del recurso de revisión anunciado el pasado viernes por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el recurso de amparo 52/2014 concedido al doctor Mireles ya no será “entorpecido” por la autoridad federal.

“Sólo queda pendiente que el asunto del doctor baje al Juzgado de Décimo de Distrito -radicado en Uruapan, Michocán- y considere los efectos del amparo, a fin de que dictamine una nueva resolución, un auto de formal libertad”, explicó.

El exguardia comunutaria se encuentra preso en el penal federal de Hermosillo, Sonora, junto a sus escoltas, desde el 30 de junio de 2014, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

“Como defensa de Mireles estoy muy positivo porque es muy raro que la procuradora Arely Gómez ofrezca este tipo de desestimientos y manda un mensaje muy claro de que la PGR no tiene un interés perverso y el caso se está viendo con otros ojos”, destacó.

Livas Cantú se reunió con los representantes de los medios de comunicación, luego de visitar al doctor Mireles y explicarle jurídicamente los avances en el caso que lo mantiene preso desde hace un año.

Al ser cuestionado sobre el futuro que le espera a Mireles una vez que sea liberado, desde el andén de salida con maleta en mano, gritó: “En Monterrey, tenemos grandes planes para él”.


Por separado, la abogada de autofensas, Talía Vázquez, aseguró que Mireles y sus escoltas dejarían el penal la próxima semana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Acuerda Ifetel división de banda de 2.5 gigahercios

México, DF. El Instituto Federal de Telecomunicaciones acordó la forma en que dividirá la banda de 2.5 gigahercios (GHz) para aprovecharla de la mejor manera posible para la aplicación de tecnologías de banda ancha.

Parte de este espectro fue recuperado por la actual administración de manera anticipada, luego de llegar a un acuerdo con concesionarios como MVS, que la usaban para otro tipo de servicios propios de la época en la que obtuvieron la concesión para el uso de ese espectro y que fue rebasado por el desarrollo tecnológico y disposiciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con lo que se convirtió en una de las bandas más valiosas para el mercado.

El Ifetel decidió adoptar el esquema de Segmentación C1 para banda de frecuencias 2500 – 2690 MHz que consiste en hacer una configuración de bloques de espectro contiguo tan amplios que permitan el despligue tecnologías de banda ancha que utilicen los métodos de duplexaje FDD (duplexaje por división en frecuencia) o TDD (duplexaje por división e tiempo).

El regulador argumentó que eligió esta segmentación porque ofrece  ventajas que es "el mayormente adoptado a nivel internacional, se logran economías de escala que se traducen en reducción de costos para los fabricantes y, por lo tanto, es posible ofrecer productos y servicios a menores precios para los usuarios finales".

Por otro lado, el Pleno aprobó someter a consulta pública el Anteproyecto de “Acuerdo mediante el cual se expide la Disposición Técnica IFT-008-2015  Telecomunicaciones-Radiocomunicación-Sistemas de Radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba” por un periodo de 20 días hábiles, del 7 al 17 de julio y del 3 al 17 de agosto de 2015, a fin de transparentar y promover la participación ciudadana en los procesos de emisión de disposiciones de carácter general a cargo del Instituto.

Actualmente y hasta el  19 de octubre de 2015  estará vigente la NOM-121-SCT1-2009 para los equipos y dispositivos de espectro disperso, los cuales operan en espectro libre, es decir, las bandas de frecuencia de acceso libre, que pueden ser utilizadas por el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones que establezca el Instituto, sin necesidad de concesión o autorización.

Es por esto que con el fin de garantizar la utilización de este espectro libre por la mayor cantidad posible de usuarios, es indispensable que el Instituto establezca las especificaciones técnicas que hagan esto posible.

Además, si estos equipos y dispositivos de espectro disperso no están adecuadamente regulados, podrían llegar a causar interferencias perjudiciales en diferentes partes del espectro radioeléctrico, incluidos segmentos que deben estar protegidos.


Así, corresponde exclusivamente al Ifetel emitir una disposición de observancia general que establezca las especificaciones mínimas y límites para los equipos de radiocomunicación por espectro disperso (Salto de Frecuencia, Modulación Digital e Híbrido) en las bandas de frecuencias 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz,  y los métodos de prueba para la comprobación del cumplimiento de las especificaciones y límites que se establecen.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA.

A petición de la iniciativa privada, GDF avala derribo de 6 mil árboles

Autoriza miles de solicitudes de inmobiliarias, bancos y televisoras; rechaza 3 de ciudadanos. Van 9 mil 615 retiros, responde la Secretaría de Medio Ambiente a una solicitud de información. Las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán concentran 80% de talas.

En lo que va de la actual administración, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal autorizó el derribo de 9 mil 615 árboles, de los cuales, 6 mil 104 se realizaron a petición de desarrolladoras inmobiliarias, fiduciarias, bancos, televisoras, entre otras empresas, mientras que el resto, 3 mil 511 se proyectaron para llevar a cabo 11 obras públicas.

Información obtenida vía Info-DF revela que los permisos para derribar árboles a solicitud de particulares se extendió en 13 de las 16 delegaciones políticas, pero se concentró en cuatro: Tlalpan, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán, con un total de 4 mil 768 sujetos árboreos, lo que representa casi 80 por ciento de los derribos.

En contraste, en este mismo periodo, sólo se negó la autorización para cortar tres árboles a dos personas físicas, una de ellas en la colonia Industrial, en Gustavo A. Madero, y dos más en Horacio 625, Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo.

En Tlalpan destaca el permiso otorgado al Desarrollo Picacho SAPI de CV para talar mil 218 árboles y el retiro de otros 119, en bulevar Adolfo Ruiz Cortines 3720, en la colonia Jardines del Pedregal, donde se construye el centro comercial Picacho Lifestyle, que contará con cuatro niveles y el mismo número de torres para oficinas.


En esta misma demarcación se concedió el derribo de 166 árboles y el trasplante de 49 en Insurgentes Sur 4177, colonia Pueblo de Santa Úrsula Xitla, para construir otra plaza comercial conocida como Patio Tlalpan, y de otros 271 sujetos arboreos en Adolfo Ruiz Cortines 5785, en la colonia Toriello Guerra, para edificar dos torres de Médica Sur.

En Coyoacán se tramitaron siete permisos, que en su conjunto engloban la tala de mil 93 árboles, la mayoría de ellos –mil 19– en avenida Estadio Azteca 42, colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, para la remodelación del estadio, que incluye la construcción de una plaza comercial y un hotel.

En Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo la mayoría de las autorizaciones para el derribo de árboles, mil 17 en el primer caso, y mil 18, en el segundo, se realizaron para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios. Un ejemplo fue el otorgado para tirar 293 en Parque de los Príncipes 98, colonia Lomas Altas, donde a raíz de diversas irregularidades detectadas en el proyecto, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene en custodia el folio real.


Medio Ambiente también dio su aval para echar abajo 3 mil 511 árboles para la realización de obras públicas: línea 6 del Metrobús, mil 386; deprimido vehicular Insurgentes-Mixcoac, 855; puente vehiculares en Molinos-Revolución, 27; Tezontle, 422; Plutarco Elías Calles, 258; distribuidor vial Tlalpan, 190; rehabilitación parque de la Bombilla, 30; Glorieta Cibeles, 14; enlaces avenida Ejército Nacional, 160; mejoramiento Lago Zurich, 18 y avenida Presidente Masaryk 151.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO.

Van tres a penal por ahorcamiento de presuntos secuestradores

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia de Michoacán, informó que tres personas fueron detenidas y consignadas ante un juez como responsables de haber ahorcado y colgado de un puente a dos presuntos secuestradores el pasado viernes sobre la Autopista México-Guadalajara.

La dependencia especificó que de las cinco personas que fueron inicialmente requeridas, sólo tres están detenidas y recluidas en el penal Mil Cumbres en el municipio de Charo, hasta que el juez determine su situación jurídica, plazo que vence el 10 de julio.

“Durante la audiencia celebrada esta mañana, la Fiscalía Especializada formuló imputaciones en contra de tres personas, que de acuerdo a testigos, participaron en la retención y homicidio de las dos personas que fueron encontradas sin vida en el puente”, señala el comunicado.

El viernes pasado hallaron a dos personas colgando de un puente a la altura del kilómetro 190 de la autopista a Zinapécuaro.

“Con base a testimonios, las dos personas que fueron localizadas sin vida habrían participado en la privación de la libertad de un habitante de la población de Ucareo y por cuya libertad pidieron una cantidad monetaria que cobraron. En un momento determinado, fueron retenidos por un grupo de pobladores y trasladados hasta el citado puente, lugar donde los privaron de la vida por ahorcamiento y posteriormente pendieron sus cuerpos en la estructura de concreto”, detalla la dependencia.


El día de ayer, pobladores de Ucareo se manifestaron contra el requerimiento de las cinco personas, dos que ya están en libertad y tres que fueron consignadas. La identidad de los detenidos no fue revelada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Simulan comprar vehículo y ejecutan a tres hombres en Ciudad Juárez

CHIHUAHUA, Chih: Luego de discutir por la compra de un vehículo, tres hombres fueron ejecutados y uno resultó lesionado en la colonia Aztecas de Ciudad Juárez.

Los primeros reportes policíacos indican que dos víctimas quedaron sin vida en el patio de una casa particular, en las calles Nahualtecos y Zinahualtecos.

Los otros dos hombres acribillados quedaron heridos, pero uno falleció cuando lo trasladaban a un hospital.

De acuerdo con testigos, los agresores tenían la cabeza rapada y se acercaron en un auto Nissan Sentra 2010, a preguntar sobre el vehículo, aparentaron una negociación y posteriormente sacaron las armas de fuego con las que les dispararon.

El hecho fue atendido por varias corporaciones policiacas y paramédicos de la Cruz Roja.


Loa agresores huyeron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.