El Dragonario: 05/29/15

viernes, 29 de mayo de 2015

#‎FreeNestora‬. “Filtraciones”, el dilema entre lo ilegal y lo ético

MÉXICO, D.F: El director de la maestría de periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ricardo Raphael, consideró hoy que es necesario eliminar las sanciones contra la divulgación de pláticas privadas “filtradas” a los medios de comunicación.

En el marco de la mesa redonda “El espionaje en tiempos electorales” –que planteó los dilemas entre deber de información y respeto a la legislación–, el periodista y académico estimó que en el mundo actual, y particularmente en México, el Estado no tiene la capacidad de sancionar a quien divulgue un material conseguido de manera ilegal a través del espionaje.

Por lo anterior, resaltó que los medios desempeñan el papel de “curadores de información” y que, a diferencia de las redes sociales, deben estimar la relevancia pública del material y plantearlo en su justo contexto. Si no lo hacen, “su audiencia los sanciona”, alertó.

“El medio que gane es el que divulga un material proveniente del espionaje y el que logra explicar que es un tema público y por consecuente publicable”, insistió.

Sin embargo, aseveró que el Estado mexicano debería reforzar su capacidad de contrainteligencia para detectar y sancionar a los espías, sean particulares o funcionarios públicos.

“En el caso de la grabación (del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral) de Lorenzo Córdova, nos llegó a muchos medios un DVD con el audio. Se debatió si publicarlo o no. Pero luego lo difundieron en redes sociales. De nuevo nos preguntamos: ‘¿Sí o no?’”, concedió Raphael.

El director del CIDE, Sergio López Ayllón, explicó por su parte que existen razones políticas que motivaron la filtración, hecho que resaltó una asistente al evento, quien recordó que en el caso de Córdova Vianello –por más condenables que fueron sus palabras despreciativas contra líderes indígenas opuestos al sistema partidista–, la filtración llegó en plena época de sanciones contra el Partido Verde.

El director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, recordó por su parte que tanto la Constitución como el Código Penal son muy claros en términos de vida privada: ésta es inviolable y cualquiera intercepción y divulgación de una plática privada queda duramente castigada: entre 6 y 12 años de prisión.

Salazar subrayó que la única forma en la que la ley permite superar estas prohibiciones consiste en una orden judicial, la cual autoriza bajo ciertas condiciones a las autoridades interceptar comunicaciones privadas. Entre otras, para investigar secuestros, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Y se indignó que los demás integrantes del debate no concuerden con la necesaria sanción a los espías y los difusores de las grabaciones. “Nuestras pláticas privadas pueden ser descontextualizadas”, advirtió.

En cambio, en Europa las leyes prevén distintos factores que condicionan la divulgación de las intercepciones: la función del servidor público, el tipo de comunicación, la predecibilidad de la intervención –los altos funcionarios están conscientes de que sus comunicaciones pueden ser fácilmente desviadas–, o la identidad y las intenciones del grabador.

“Muchas personas espían, pero no se quiere investigar porque en estos tiempos electorales los propios partidos utilizan esos métodos”, estimó por su parte la periodista Katia d’Artigues, al precisar que esas grabaciones “robadas” a servidores públicos tienen mucha difusión en las redes sociales, debido a “la falta grave de confianza en la clase política, pues sabemos que lo que dicen en sus discursos no es la verdad”.

Al recibir una filtración, las salas de redacción se llenan de una mezcla entre adrenalina y temor, explicó la periodista Gabriela Warketin. Corre la inquietud: “Los demás van a publicar”. Aunque opinó que ella se indignó más que alguien haya grabado a Córdova que lo que dijo el director del INE.

En el caso de la presunta corrupción de funcionarios por parte de la empresa constructora española OHL, revelada a través de intercepciones telefónicas, se planteó la pregunta de si los medios podían fungir como “jueces” aun antes de que inicie un probable proceso judicial.


Entre las conclusiones expuestas en la mesa se perfiló: “Es el riesgo a pagar para tener una prensa libre. Al final la sanción viene de la misma sociedad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL)

#‎FreeNestora‬. Joven inculpado en “crimen pasional” quedará libre

MÉXICO, D.F: El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en esta ciudad concedió un amparo directo al joven Óscar Manuel Ramírez Siordia y ordenó su libertad inmediata, por considerar que el juicio que se le siguió por el homicidio de Jacobo, su pareja, no tuvo la debida cadena de custodia como lo marca la ley.

Hasta el cierre de esta edición, familiares, amigos y abogados esperaban afuera del Reclusorio Oriente la salida del joven de 28 años, luego de estar preso desde el 7 de julio de 2010, hace casi un lustro.

El magistrado presidente del Quinto Tribunal, Horacio Armando Hernández Orozco, presentó este jueves el proyecto de resolución, mismo que consideró que el juicio llevado por la juez 49 Penal del Distrito Federal, Celia Díaz Negrete, –quien lo sentenció a 27 años y seis meses de prisión– estuvo basado en “inferencias de lo que ella creyó que sucedió”, en “conjeturas”; es decir, que hubo insuficiencia probatoria.

Alejandro Brito, director de la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, misma que acompañó a la defensa del joven, explicó que el proyecto de resolución del magistrado Hernández Orozco destacó las inconsistencias en las supuestas pruebas que incriminaban a Óscar.

Por ejemplo, dijo en entrevista con Apro, se confirmó que hubo fallas en el resguardo del cabello que el Ministerio Público ofreció como prueba del crimen. Y es que no se pudo acreditar si se recogió del cuerpo de la víctima o era el que le pidieron al inculpado. La razón: las bolsas donde se guardaron no estaban etiquetadas, no marcaban su origen ni la fecha de recolección. Además, no se les aplicaron pruebas de ADN que confirmaran que pertenecían a Óscar.

Otro de los argumentos fue que no se tomó debidamente en cuenta el testimonio del inculpado, quien aseguró que la noche en que se cometió el crimen estuvo en su casa y no con la víctima. Tampoco se valoró la confesión de Noé, un joven de 19 años detenido días después del crimen, quien aseguró que aquella noche estuvo con Jacobo, pero luego de que éste se negó a pagarle dinero por tener relaciones sexuales, le aplicó una llave conocida como “mataleones”, le robó una computadora y un teléfono celular y huyó.

Luego de estar presente en la sesión de este jueves, Alejandro Brito, aseguró: “El magistrado concluyó que no hay una prueba contundente de que Óscar estuvo presente en la comisión del delito. Con ello le dio la razón al argumento de la solicitud de amparo que trabajó la defensa”.

El activista celebró la decisión del magistrado Hernández Orozco, así como de Silvia Carrasco Corona y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, integrantes del Quinto Tribunal.

Sin embargo, destacó que en la discusión se desestimó el argumento de la violación al derecho humano de Óscar a la no discriminación por su orientación sexual, pues lo consideraron como “infundado”.

Y es que en la primera sentencia dictada por la juez Díaz Negrete, se consideró que la muerte de Jacobo fue por un “crimen pasional”.

Pero hay que poner atención, dijo Brito, “eso no significa que esa situación no haya existido. Para nosotros es claro porque la primera sentencia de la juez dijo que el único motivo que encontró fue el pasional y desestimó el móvil del robo. Desde el principio Óscar dijo que era homosexual igual que la víctima y por los prejuicios del sistema de justicia, enseguida aseguraron que era un crimen pasional”.

Además de Letra S, en la defensa del joven participó la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, –donde Óscar comenzó a estudiar Derecho desde prisión–, misma que presentó un recurso Amicus Curiae para apoyar la solicitud de amparo en favor del defendido.


Hasta el cierre de esta edición, mientras esperaban la salida de Óscar del reclusorio, Alejandro Brito comentó que según el propio interés del joven, en los próximos días valorarán los pasos a seguir ahora en libertad, “para que su caso tenga una repercusión en los juicios de todos los gays que se encuentran cumpliendo una sentencia injusta en la cárcel”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

#‎FreeNestora‬. ¿Quién espía en el GDF?

Entre los actores políticos de la Ciudad de México se extiende una preocupación: ser exhibidos a través de sus conversaciones telefónicas. Más de uno ha sido cesado tras ventilarse así casos de presunta corrupción

Más de un servidor público del Distrito Federal ha sido víctima de intervención telefónica.  Espiados y exhibidos en sus conversaciones privadas, algunos tuvieron que renunciar a sus cargos y otros más, tragarse el escarnio público.

“Es Héctor Serrano”, acusó sin tapujos Ricardo Monreal, el candidato a jefe delegacional por Cuauhtémoc, el primero que se atreve a señalar de espionaje al secretario de Gobierno del Distrito Federal.

Aunque el zacatecano es el primero en ponerle  nombre al presunto responsable de este delito en diversas oficinas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), funcionarios coinciden en señalarlo, sin atreverse a denunciarlo.

“Por aquí no, mejor nos vemos en persona”, se cuidan algunos de los servidores públicos respecto a su teléfono celular y de oficina.

Durante los últimos meses del año 2014 quedó claro que el espionaje es una práctica de uso cada vez más común en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, cuando quedaron al descubierto diversos personajes grabados en conversaciones comprometedoras.

Y aunque algunas de estas llamadas, que luego son difundidas a través de las redes sociales, han sido adjudicadas supuestamente al grupo Anonymous, no ha quedado claro quién adquirió el equipo con el que se espía a funcionarios públicos y empresarios.

Algunos de los que han sido espiados, grabados y exhibidos: Édgar Armando González Rojas, ex oficial mayor del Gobierno de la capital; Josué Ramos Miranda, ex oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

También, Édgar Amador Zamora, secretario de Finanzas; Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, y Ricardo Monreal Ávila, candidato a delegado de la Cuauhtémoc por Morena.

Llantas con sobreprecio

El mes de octubre del año pasado, uno de los primeros en caer en las redes de este espionaje fue Édgar Armando González Rojas, entonces oficial mayor del Gobierno del DF.

Bajo el nombre de “Armando Justicia”, un anónimo difundió en las redes sociales una serie de presuntas irregularidades en la Oficialía Mayor. 

El supuesto justiciero anónimo filtró algunas grabaciones en las que se escuchó la voz del entonces oficial mayor y de algunos de sus colaboradores inflando en un 30 por ciento la compra de 10 mil llantas para renovar  los vehículos del Gobierno del DF.

Los audios se hicieron públicos, detonando el escándalo que terminó con la expulsión del Oficial Mayor del GDF en medio de severos cuestionamientos de corrupción.

‘Está de la chin…’

Luego del primer descalabro de la administración de Miguel Ángel Mancera, el siguiente en la lista del espionaje fue el oficial mayor de la Asamblea Legislativa, Josué Ramos Miranda.

Al entonces funcionario se le espió y grabó cuando habló por teléfono con un colaborador al que se le atribuyó ser Rey Alfonso Terán Estrada, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, después el funcionario aclaró que se trataba de Javier González, un amigo cercano.

El punto es que el ex oficial mayor, cercano al coordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, quedó exhibido en su privacidad. En aquella conversación el exfuncionario fue grabado en esta parte:

Josué: Ya supe la mala noticia

Amigo: ¿Cómo la ves?

Josué: Pues está de la chingada cabrón porque al rato voy a seguir yo.

Amigo: ¿Por qué tu?

Josué: Pues porque así se van a poner los chingadazos.

Amigo: El viene de la Procu, todos los de la Procu vienen sucios.

Josué: ‘Ta bueno carnal, gracias por avisarme y estoy pendiente eh.

Los audios ventilados en diciembre del 2014 y adjudicados al grupo Anonymous fueron acompañados de una acusación de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.El oficial mayor de la ALDF cayó.

La Comisión de Gobierno de ese órgano dijo que lo separó del cargo para no obstaculizar las investigaciones, a fin de que éste pudiera esclarecer los hechos en los que se le involucraba en las redes sociales.

Pese a que argumentó que su esposa ganaba bien y mejor que él debido a sus ingresos de más de 170 mil pesos, el oficial mayor nunca regresó a su puesto.

El mensaje de ‘Papá Pitufo’ 

Los últimos días de diciembre pasado, el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, y el secretario de Finanzas, Édgar Amador, pasaron a la lista de espionaje.

Los servidores públicos fueron grabados cuando sostenían una llamada telefónica en la que celebraban la goliza que les metieron a los diputados al lograr un presupuesto de mil 875 millones de pesos sin definir proyectos específicos ni reglas.

Manuel Granados fue grabado mientras le decía a Amador:

“A Papá Pitufo (presunta referencia a Federico Döring) háblale porque, te lo cuento aquí en corto, porque le mandó un mensaje al 32 (jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera), que ahí estaba, que había salido muy bien todo por unanimidad, que había sido un ahorro para la ciudad –bueno, para él- que le habíamos ahorrado algunas cosas”, reprodujo en ese momento el diario Reforma.

“Nos salimos todos limpios. A todo mundo le convino cabrón”, se escuchó decir al secretario de Finanzas.

Ambos, Granados y Amador, se mantuvieron en sus cargos pese a la exhibición pública de sus maniobras en el reparto de los recursos públicos. 

Manuel Granados terminó casi la legislatura y Édgar Amador se mantiene en su cargo. Ambos tuvieron que asumir y tragarse el episodio. Ninguno presentó denuncia penal.

El rival en Cuauhtémoc


Apenas hace unas horas le tocó a Ricardo Monreal, el candidato de Morena a la jefatura delegacional en Cuauhtémoc, quien compite por el cargo contra José Luis Muñoz Soria, el abanderado del PRD que puso Héctor Serrano Cortés, según el reparto de tribus.


En el espionaje se escucha al exgobernador de zacatecas ordenarle a Néstor Núñez, su coordinador de campaña e hijo del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, realizar un contrato simulado.

Monreal reaccionó de inmediato y de acuerdo con la explicación que dio, en esa llamada le pedía a su colaborador, sí, efectivamente simular un contrato en el que la publicidad en la que aparecen los demás candidatos de Morena sea prorrateada a todos.

“Son prácticas serranas”, acusó sin tapujos Monreal al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, a quien señala como el responsable de orquestar la guerra sucia en estas campañas cuyo desenlace está próximo, el 7 de junio.


Ante la acusación directa de Ricardo Monreal y las sospechas de otros tantos funcionarios que señalan a Héctor Serrano, sin atreverse a dar su nombre ni hacerlo público, esta casa editorial buscó una postura del secretario de Gobierno. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS

Fue pagado en ‘viejos pesos’

Detalla vocero de la presidencia de México que terreno que según la agencia Reuters no declaró Enrique Peña Nieto, fue cedido al mandatario por su padre y comprado en 11 millones de los llamados viejos pesos.

El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, precisó ayer fue el padre de Enrique Peña Nieto, quien compró hace 22 años que el terreno ubicado en Valle de Bravo, por el cual pagó 11 millones 200 mil de los llamados viejos pesos.

Mediante un comunicado, Sánchez detalla que el padre del mandatario decidió ceder ese terreno a su hijo y dicha donación ha sido consignada por Peña Nieto en diversas declaraciones patrimoniales.

Ayer, la agencia Reuters publicó una nota en la que aseguró que el presidente incluyó información incorrecta en su declaración de bienes, entre la que se incluye la adquisición de un terreno que reportó como donación de su padre, mismo que en realidad fue comprado por 11.2 millones de pesos.


“El monto de la compraventa sufragado por el padre del hoy Presidente de la República respecto al inmueble en cuestión, fue de 11,200,000 pesos, según se acredita en la escritura que está a disposición de cualquier persona en el registro público de la propiedad”, detalla el comunicado.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

#‎FreeNestora‬. Oaxaca y Guerrero concentran principales riesgos para la elección

Expone el Instituto Nacional Electoral plan para reubicar casillas.

En Oaxaca y Guerrero se concentran los principales riesgos durante la elección a causa de los movimientos sociales. Por ese motivo, el Instituto Nacional Electoral (INE) expuso ayer a los partidos políticos un plan de blindaje para reubicar casillas en las que no se pueda votar.

Los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, y Acción Nacional (PAN), Francisco Gárate, informaron que el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, dio un panorama a los diez partidos de la situación que enfrentarán el 7 de junio en todo el país.

‘‘Los que representan hoy un riesgo, según el INE, solamente son dos por cuestiones muy concretas: la instalación de las mesas de votación en Guerrero y Oaxaca, por el caso de los maestros’’, refirió Ramírez Marín.

El plan alternativo consiste en que las elecciones se blindarían asegurando que si no se puede votar en un lugar, se realice la votación en otro, considerando que 21 por ciento de las casillas están ubicadas en escuelas, refirió el priísta.


Francisco Gárate dio una versión distinta y señaló que en Oaxaca se buscó que las casillas no se instalaran en escuelas para evitar alguna confrontación con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que está condicionando el cumplimiento de sus demandas a permitir la realización de las elecciones.

‘‘En el tema de inconformidad y subversión, la entidad más dramática es Oaxaca, donde existe una amenaza de la CNTE de no permitir la instalación de casillas’’, explicó el panista.

Del caso Guerrero, dijo que son cuatro lugares los más problemáticos: Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Chilapa.

Y si no hay condiciones para instalar la casilla en el lugar designado previamente por el consejo, explicó que la ley prevé que el presidente (de casilla) pueda tomar el acuerdo de moverse, mediante un consenso con los representantes de los partidos políticos, siempre y cuando se instalen las mesas dentro de la sección electoral. Si no es así, la votación se anula.

En cuanto a criminalidad, es muy claro dónde están los focos rojos: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, detalló Gárate, aunque explicó que Córdova no percibe algún intento de sabotaje del crimen organizado.

Ramírez Marín descartó que se haya planteado implementar operativos policiacos especiales por la certeza de que la zonas críticas van a la baja.


También les informaron que el próximo domingo habrá un simulacro para probar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), adicionalmente a las auditorías que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Claudia Herrera y Alonso Urrutia

#‎FreeNestora‬. Trasladan a Nestora Salgado a la ciudad de México

Tepic, Nay. Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y presa en el penal de El Rincón, Nayarit, desde el 21 de agosto de 2013, es trasladada del Aeropuerto Amado Nervo a la ciudad de México.

De acuerdo a su defensa, Salgado arribará a las 13 horas al Distrito Federal.

El juzgado décimosegundo concedió un amparo de plano, en el cual ordenó al Órgano Administrativo Desconcentrado, de Prevención y Readapatación Social el traslado de Nestora Salgado al Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en Xochimilco, a fin de que sea atendida en la Torre Médica.

El abogado Leonel Rivero informó que la medida cautelar le fue concedida el día de ayer como parte del juicio de amparo 501/2015 a efecto “de que cese inmediatamente la negativa u omisión” de las autoridades federales para que la integrante de la policía comunitaria de Guerrero reciba la atención médica que requiere.

En la resolución judicial se especifica que las autoridades penitenciarias federales deben “efectuar de manera inmediata (previos los trámites administrativos correspondientes), el traslado de la agraviada Nestora Salgado García, a efecto de que como ya se apuntó, se le proporcionen los cuidados de salud que solicita, pues las autoridades responsables, dentro del ámbito de su competencia están constreñidas a velar por el más alto nivel posible de salud de la quejosa”, quien se encontraba presa en el Centro Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit.

La esposa del gobernador de Guerrero, Rosa Icela Ojeda Rivera, estuvo presente en el traslado. Recibió y acompañó a Nestora desde la cárcel hasta el Aeropuerto, donde la esperaba la avioneta kinner 350 Xc-lma.

Salgado arribó al aeropuerto en un convoy, conformado por seis vehículos; destacó un carro blindado y una ambulancia de donde se presume fue bajada la líder comunitaria y subida a la avioneta.


Nestora Salgado se encuentra en ayuno desde hace 24 días –y desde hace tres tampoco ingiere líquidos– en protesta por la violación a sus derechos y como vía para exigir su liberación inmediata. Será reubicada en el centro femenil de Tepepan.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Myriam Navarro/ Gustavo Castillo

#‎FreeNestora‬. Denuncian hallazgo de “bodega clandestina” del PRI en predio de un funcionario estatal

MÉRIDA, Yuc: La directiva estatal del PAN denunció el hallazgo de una “bodega clandestina” del PRI en un predio que, según documentos del Registro Público de la Propiedad, pertenece al subsecretario de Obras Públicas del gobierno yucateco, Juan Francisco Medina Sulub.

En conferencia de prensa, el presidente estatal del partido, Hugo Sánchez Camargo, llamó al electorado a aplicar el “voto útil” a favor de los candidatos panistas en los comicios del próximo 7 de junio.

En especial pidió “defender” esta capital “por todos los frentes” y el voto para Mauricio Vila, con quien esperan retener la presidencia municipal de la “joya de la corona”.

Sánchez Camargo, quien estuvo acompañado del exgobernador Patricio Patrón Laviada y exalcaldes, adelantó que preparan la denuncia por el descubrimiento de la “bodega clandestina” en la colonia Amalia Solórzano, “con más de 3 mil despensas del PRI”.

“Acudimos al predio y ofrecimos hacer la investigación. Hoy queremos anunciar que tenemos los elementos para afirmar que ese predio es propiedad de Juan Francisco Medina Sulub, alto funcionario del gobierno estatal”, dijo.

Con ello, agregó, se observa un claro involucramiento de funcionarios del gobierno del estado en la campaña, “intentando coaccionar votos mediante el reparto de artículos perecederos”.

Sánchez Camargo recordó que en varias ocasiones se han hecho llamados a las autoridades electorales para que atiendan estos casos de violaciones a las leyes, pero no han encontrado respuesta.


“Seguimos esperando a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y el Instituto Nacional Electoral (INE) realicen un acto de autoridad para que nos demuestren a todos los yucatecos que los recientes cambios jurídicos valieron el esfuerzo”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.

#‎FreeNestora‬. Reuters “tergiversa la realidad” en reportaje sobre propiedad de Peña: Los Pinos

MÉXICO, D.F: La noche de ayer la Presidencia de la República rechazó el reportaje difundido por la agencia Reuters, en el sentido de que el presidente Enrique Peña Nieto “declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades”.

El vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández destacó una carta dirigida al autor del trabajo periodístico, Simon Gardner, a quien acusa de faltar a la verdad, omitir información relevante, carecer de rigor y “tergiversar notoriamente la realidad”.

Sánchez Hernández insiste en que el terreno de mil metros cuadrados localizado en Valle de Bravo, Estado de México, fue adquirido hace 27 años por el padre (finado) del presidente, quien determinó ponerla a nombre de su hijo, entonces de 22 años, donación que siempre ha sido declarada por Peña Nieto a lo largo de su vida pública.

Incluso, el portavoz presidencial señala que la nota de Reuters omite consignar un dato importante: la cantidad de 11 millones 200 mil pesos equivale precisamente a 11 mil 200 de los llamados “nuevos pesos”.

“Por lo que respecta a las conversiones que usted (Gardner) hace de los llamados ‘viejos pesos’ a dólares, quiero resaltar que resulta inverosímil que pretenda convertir montos de 1982 usando un tipo de cambio actual (un dólar igual a 15.35 pesos mexicanos)”, se advierte en la misiva.

Además, abunda Eduardo Sánchez, “no sólo omite calcular la inflación en México en el transcurso de estos 33 años, y la plusvalía de los inmuebles con el paso del tiempo sino, lo más elemental, el desliz del tipo de cambio peso-dólar –más de 1.800% de esa fecha para acá–, por lo que la valuación que usted hace carece de rigor y tergiversa notoriamente la realidad”.

El funcionario de Los Pinos refiere que Gardner en su reportaje señala que “la Oficina del presidente no quiso hacer comentarios a pesar de que se le pidió varias veces explicaciones sobre las discrepancias en los documentos”.

Al respecto, Eduardo Sánchez dijo lamentar mucho que el colaborador de Reuters falte a la verdad con esta afirmación.


“En su teléfono celular encontrará varios recados –escritos y de voz– del día de ayer, en los que hay constancia de que los buscamos para atender su solicitud de información, así como varios correos electrónicos en los que de manera fehaciente se demuestra que sí quisimos hacer comentarios que usted no estuvo en disposición de atender por razones que desconocemos”, remata la carta de Los Pinos.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

#‎FreeNestora‬. Documentan 23 casos de violencia obstétrica en hospitales del DF

MÉXICO, D.F: El 15 de diciembre de 2011, “María”, originaria del estado de Guerrero, acudió al Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco, dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Sedesa), para que la asistieran en el parto de su segundo hijo.

A pesar de que ya sentía cólicos y contracciones, los encargados del nosocomio le dijeron que no podían recibirla porque no tenían cupo y la transfirieron al Materno Infantil de Magdalena Contreras. Ahí empezó su tragedia.

El 3 de enero de 2012, personal de ese hospital la revisó y le dijo que los signos vitales de su hijo estaban “normales”. Un médico le informó que, debido a su baja estatura, debían hacerle cesárea. La programó para el siguiente día y le sugirió practicarle la salpingoclasia “para que ya no tuviera más hijos y se dedicara a gozar”.

La mañana siguiente, ya en la cama del hospital, cinco médicos residentes discutían la atención que debían darle. Uno se quejaba hasta con groserías porque le enviaban muchas cesáreas y faltaban cirujanos.

Los galenos le comentaron que a su bebé le faltaban dos semanas para nacer y que mejor se regresara a su casa a esperar. Ella protestó. El médico encargado le dijo que si quería, le hacía la cesárea, pero bajo su propia responsabilidad, pero que su hijo nacería “prematuro o mal”.

“María” pidió que le hicieran un ultrasonido para corroborar el tiempo de gestación. “¿Está bien mi hijo?”, preguntó a la doctora que la revisó. Ésta guardó silencio, sólo le dijo: “Su doctor le explicará”. Los de bata blanca seguían discutiendo, pero el mismo que le ordenó esperar en su casa, cambió su discurso y le soltó la noticia hasta en tono burlón: “Su hijo está muerto, pero usted está joven, puede tener otro”.

Aún en shock por la noticia, “María” recibió medicamento para provocar la expulsión del feto. El dolor comenzó y los maltratos también. Ninguna enfermera la ayudó a pasar de la cama a la camilla, pese a que parte del cuerpo de su hijo ya estaba afuera. El dolor hacía que se encogiera, pero las enfermeras la jalaban de los brazos para evitarlo.

Tras minutos de sufrimiento físico y emocional, la mujer pidió ver el cuerpo de su hijo, pero se lo negaron. Enseguida le aplicaron un sedante y cuando despertó le llevaron el cuerpo. Ya estaba congelado.

Violencia obstétrica

El de “María” fue uno de los 23 casos de violencia obstétrica documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la recomendación 3/2015 dirigida a la Secretaría de Salud del DF que encabeza Armando Ahued.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Atención en la Salud de la Mujer, el organismo presidido por Perla Gómez explicó que las quejosas eran beneficiarias del Seguro Popular y aún así, sus derechos fueron violados en el transcurso de su embarazo y al momento de solicitar atención médica en la Red de Salud Pública del Distrito Federal.

Durante la revisión de las quejas recibidas durante los últimos años, la CDHDF identificó los siguientes hechos: deficiente o mala práctica médica, tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico o psicológico como indiferencia, insensibilidad e irresponsabilidad institucional por la ausencia de equipo médico adecuado, medicamentos básicos y especialistas.

En 90% de los casos, las trataron con comentarios irónicos, descalificadores y hasta en tono de chiste, tardaron en atenderlas, no las dejaron preguntar sobre su propia salud o no les contestaban, diferentes médicos les hicieron tactos vaginales reiterados, les negaron el contacto inmediato con su recién nacido, las culparon de no cooperar para mejorar su situación y cuando sus hijos murieron, no les dieron explicación alguna.

Peor aún, según la Comisión, la mayoría de las mujeres que presentaron una queja contra la Sedesa eran adolescentes, indígenas o tenían VIH, entre otras condiciones de vulnerabilidad que las hicieron más susceptibles de padecer abusos.

Al momento de la violación de sus derechos, las mujeres tenían entre 15 y 33 años de edad, más de la mitad trabajaba en el hogar y la mayoría tenía estudios de educación básica. Más: 14 de ellas cursaba su primer embarazo. Dos de ellas murieron, una de apenas 15 años.

En nueve de los 23 casos, las mujeres alumbraron cuerpos sin vida y más de la mitad tenía 38 semanas de gestación. A tres se les extirpó total o parcialmente el útero y a una se le impuso un método anticonceptivo definitivo sin su consentimiento. Nueve de los bebés nacidos vivos requerirán valoraciones a corto y mediano plazo para detectar algún factor de riesgo relacionado con su desarrollo físico y psicoemocional, además de que deberán recibir estimulación temprana y apoyo terapéutico.

En la recomendación fueron señalados como los lugares donde se violaron los derechos de las mujeres los hospitales materno infantil de Tláhuac, Cuautepec, Magdalena Contreras, Inguarán y Cuajimalpa, éste último derribado por la explosión del pasado 29 de enero. Además, se enlistó a los hospitales generales Dr. Enrique Cabrera, Iztapalapa, Ticomán y Dr. Gregorio Salas Flores, así como el Ajusco Medio, el de Especialidades Dr. Belisario Domínguez.

Según la recomendación 3/2015, los derechos violados de las víctimas –tanto de las madres como de sus hijos– fueron el de tener una vida libre de violencia, disfrutar del más alto nivel posible de salud durante el embarazo, parto y puerperio; tener un desarrollo y supervivencia, una vida e integridad personal; una vida privada e intimidad, salud y autonomía reproductiva, así como integridad personal.

Violaciones reiteradas

La recomendación 3/2015 se suma a las siete que ha emitido la CDHDF contra la Sedesa en los últimos años: una en 2002, dos en 2006, una en 2009 y tres entre 2011 y 2014.

De hecho, en la 5/2014, la Comisión sugirió a la Secretaría realizar un diagnóstico de los centros hospitalarios y centros de salud de la red que dan atención materno infantil. Sin embargo, a la fecha la Comisión no tiene evidencias del avance de la Secretaría en el tema.

Y aunque la ombusperson,Perla Gómez, reconoció el esfuerzo de la Sedesa en los últimos meses para reparar el daño causado a las víctimas de las recomendaciones emitidas, llamó a tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar que los hechos se repitan.


Para la más reciente recomendación pidió al secretario Armando Ahued aplicar 13 medidas entre las que se cuenta indemnizar económicamente a las víctimas, atenderlas médica y psicológicamente, capacitar a todo el personal de los hospitales mencionados, investigar los casos para medir y resolver el problema, implementar una campaña de sensibilización sobre violencia obstétrica y su denuncia, así como desarrollar protocolos para atención de urgencias obstétricas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA

#‎FreeNestora. Tanhuato: peritajes preliminares muestran que no hubo tiros a quemarropa

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, los policías federales no realizaron tiros a menos de 200 metros de distancia.

Durante el enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, los policías federales no dispararon a menos de 200 metros de distancia a los presuntos delincuentes que fallecieron, según los primeros resultados de los peritajes.

Un reporte revelado en el programa de Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, descartó que los elementos de la Policía Federal (PF) haya disparado a quemarropa o a corta distancia a las personas que estaban en el rancho El Sol, y quienes –de acuerdo con la versión oficial los atacaron a tiros–.

La información es el resultado de los estudios realizados por peritos y forenses de la Procuraduría de Justicia de Michoacán y la Procuraduría General de la República (PGR).

La muerte de 42 presuntos delincuentes y sólo un elemento federal causó dudas sobre el tipo de operativo que realizaron los federales en esa localidad colindante con Jalisco, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Testigos narraron a Animal Político que las personas que estaban en el rancho “no tuvieron oportunidad de defenderse”, ya que los policías dispararon contra los presuntos integrantes del CJNG desde un helicóptero.

Sin embargo, el comisionado de la PF, Enrique Galindo, ha negado que en Tanhuato se hayan llevado a cabo ejecuciones. 

Este hecho recordó el caso Tlatlaya, una localidad en el Estado de México donde elementos del Ejército presuntamente ejecutaron  a 22 presuntos delincuentes que ya se habían rendido; siete soldados están acusados por este hecho.

HRW pide al gobierno mexicano investigar

La organización internacional defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), pidió este jueves 28 de mayo que el gobierno mexicano realice una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial” sobre lo el enfrentamiento de tres horas en Tanhuato.

“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, dijo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW, de acuerdo con un comunicado emitido por la organización.

“La Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”, agregó.


Acerca de lo ocurrido en Tlatlaya, el director de la organización en América, dijo: “Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen en Jalisco a presunto lugarteniente de “El Mencho”

MÉXICO, D.F: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF) detuvieron a Víctor Manuel García Orozco, presunto lugarteniente del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera El Mencho.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que la captura del presunto delincuente se realizó ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el marco de la Operación Jalisco.

A García Orozco, de 47 años y originario de Apatzingán, Michoacán, se le identificó como probable responsable de las operaciones de trasiego de droga, robo de combustible, extorsión y diversos ataques en contra de autoridades de los tres órdenes de gobierno en los municipios de La Barca, Jamay, Tizapán El Alto y Poncitlán (Jalisco), así como en Briseñas, Sahuayo, Vista Hermosa, Tanhuato, Ixtlán, Pajacuarán y Venustiano Carranza (Michoacán).

También se le señala como presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio de elementos de la Policía Federal Ministerial en Briseñas, el 3 de noviembre de 2013, hechos que condujeron a la localización de 37 fosas clandestinas en el municipio de La Barca, donde se realizó el hallazgo de 75 cuerpos a finales de ese mismo año.

El presunto integrante del CJNG, liderado por El Mencho, fue aprehendido mientras circulaba a bordo de un vehículo en compañía de J. Jesús Magallón Morales, de 49 años, originario de Michoacán.

Al momento de la detención se les aseguraron dos armas cortas calibre 9 mm, dinero en efectivo y un automóvil.

Según la Segob, la captura de ambos sujetos es resultado de trabajos coordinados de investigación e inteligencia entre la Sedena y la PF, que permitieron conocer su zona movilidad.


Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‪#‎FreeNestora. La SIEDO de Medina Mora y Marisela: más de 50 casos fabricados

Desde testigos falsos hasta fabricación de pruebas, el común denominador en esas acusaciones. En 2013 un juez pidió investigar a los fiscales por la operación de estos casos.


Por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas un juez liberó esta semana cuatro personas acusadas de haber perpetrado los atentados con granadas en el zócalo Morelia en septiembre del 2008.

El caso, fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Pero esta exoneración, no es la primera que se presenta.

De hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.

Fueron en esos dos años donde la PGR estuvo encabezada por el actual Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, mientras que la oficina de la SIEDO era responsabilidad de la hoy cónsul en Milán Marisela Morales.

El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.

Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, no hay un solo funcionario de la SIEDO o de la PGR que haya sido detenido o procesado por haber llevado a posibles inocentes a prisión.

La sucia “Operación Limpieza”

En su momento pareció el golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Catorce funcionarios altos y medios de distintas dependencias, puestos al descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de un spot de televisión se acusaba a ex funcionarios de “ser traidores infiltrados en las fuerzas del orden”. En la foto aparecían los rostros de algunos de los detenidos, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO o el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Javier Herrera Valles.

“Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones” dijo en octubre del 2008 Medina Mora, en una conferencia donde apareció junto a Morales para anunciar los primeros resultados de la “Operación Limpieza”.

Cuatro años tuvieron que pasar para que la verdadera naturaleza de los casos quedara al descubierto. La mayoría de los expedientes en su momento consignados por la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos protegidos, sin ningún otro sustento.

Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.

“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.

De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.

Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.

El fiasco del michoacanazo

El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.

La SIEDO no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.

Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.

“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.

Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaci0ones.

En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por la SIEDO como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”.

Recientemente, previo a su designación como ministro de la Corte, Medina Mora defendió las investigaciones que en su momento llevaron a la cárcel a los funcionarios y alcaldes en el llamado “Michoacanazo” El ex procurador sostuvo que el Ministerio Público tenía pruebas para acusar y que fue un juez, que hoy en día está bajo investigación, quien opinó distinto.

Granadas… y tortura

El último fiasco. Esta semana un juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.

“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus  derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.

Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.

Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada esta semana por la sentencia del juez.

Pero el entonces procurador Medina Mora defendió que el caso era contundente y que los testimonios, que hoy se sabe se obtuvieron mediante tortura, lo avalaban. Incluso, dijo que las declaraciones se hicieron con el defensor presente.


“Sí hay registro de estas personas en la plaza Melchor Ocampo (Morelia) en momentos previos a los hechos y esto está considerado como un elemento importante que ratifica la declaración. (su declaración) fue realizada con plenos derechos, con la asistencia del Defensor de Oficio, en donde ellos admiten los hechos” declaró el hoy Ministro de la Corte.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‪#‎FreeNestora. Dos de los muertos en Ecuandureo eran policías de Jalisco: Godoy

MÉXICO, D.F: El procurador de Michoacán, José Martín Godoy, confirmó que entre los 42 fallecidos por los hechos violentos registrados el viernes 1 en el rancho del Sol, en Ecuandureo, se encuentran dos policías del municipio jalisciense de Zapotlán del Rey.

En entrevista, el titular de la PGJE destacó que uno de los policías municipales ya fue identificado como Edgar Ramírez Mayoral, de 24 años, quien ya fue reclamado y entregado a sus familiares.

El otro uniformado abatido, aunque se encuentra identificado, no ha sido reclamado, precisó el funcionario michoacano.

Godoy Castro refirió que se encontró también que los uniformados tenían apenas dos años de servicio en la corporación policiaca de Jalisco.


Además, resaltó que se investiga la presunta relación de los policías municipales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‪#‎FreeNestora. Paga INE a Menchú 10 mil dólares “por promover la democracia”

MÉXICO, D.F: Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó un donativo por 10 mil dólares para que Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz 1992, atestiguara los comicios en Guerrero, las fundaciones Murrieta y Tendiendo Puentes desmintieron que ese haya sido el objetivo de la visita a México de la líder indígena guatemalteca.

Apenas hace dos días, el martes 26, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, encabezó la ceremonia de acreditación de Menchú como visitante extranjera, así como para presuntamente realizar tareas de observación electoral en los comicios que están en curso.

En ese acto realizado en el INE, Córdova celebró que Menchú aceptara ser observadora electoral, debido a que es “una mujer reconocida a nivel internacional por su incesante lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, así como por sus convicciones sobre la paz”.

En respuesta, Menchú anotó que “servir significa mucho, especialmente para los pueblos originarios y las comunidades ancestrales, pero quiero decirles que también la participación tiene que estar en el marco de un tejido social que fortalece la democracia. Hoy la institución no lo cambia, o no lo deben cambiar unos cuantos, sino lo debe cambiar el votante”.

Luego de recomendar “no vender el voto”, Menchú sostuvo que es un honor presenciar el proceso electoral del 7 de junio, aunque no es la primera vez que lo hace, agregó, para enseguida desear al país éxito en estos comicios.

Sin embargo, este jueves en un comunicado ambas fundaciones aclararon que Menchú sólo realizaría dos actividades en México: el acto protocolario para acreditarla como visitante extranjera y una conferencia que dictará en Acapulco, Guerrero, este viernes 29.

“De inicio, el INE sólo se haría cargo de los gastos relacionados con la organización, promoción y logística de las dos actividades referidas”, indicaron ambas fundaciones en un comunicado.

El viaje costó 20 mil dólares y fueron financiados por estas organizaciones, 5 mil cada una, y el resto por el INE.

El coordinador nacional de Comunicación Social del INE, Alberto García, explicó que la institución electoral aceptó cooperar con los gastos de la visita porque uno de los patrocinadores no pudo cubrir con su parte.

El INE “aceptó fungir como tal y dio un pago de 10 mil dólares exclusivamente en labores de promoción de la democracia que hace Rigoberta Menchú. Es falso que se le haya pagado por venir a una ceremonia donde se le acredite como observadora electoral”, aseguró.

García también indicó que la de Menchú “fue una actividad paralela durante la visita de la premio Nobel a nuestro país. Prueba de ellos es esta actividad de mañana en Acapulco que va a tratar el tema de democracia y paz”.

Los recursos para la visita de la líder guatemalteca, abundó, salieron del rubro de capacitación electoral. “Las labores de observación electoral no tienen costo alguno y los visitantes extranjeros no reciben pago alguno”, agregó.

No obstante, en la ceremonia realizada el martes pasado en el INE, Menchú mencionó que iría a Guerrero a promover el voto, aunque sabía la problemática de esa entidad.

“¿Por qué Rigoberta acompaña una elección mexicana? Y de hecho me voy a dar un pasito por Guerrero; sé que es muy difícil lo que pasan nuestros hermanos por allá, pero no hay mejor momento de paz que yo aspiro, más que ese momento donde los ciudadanos sí pueden elegir, pueden elegir conscientemente.

“La única pregunta que yo lanzaría aquí sería ¿si sólo la democracia debe madurar, o si cada ciudadano debemos de madurar? Estamos maduros para hacer un ciudadano correcto, y también un ciudadano participativo, un ciudadano comprometido, y un ciudadano activo, y obviamente si no hacemos ese compromiso pues el liderazgo que aspiramos en las próximas generaciones no será lo que nos va a plantear unas condiciones de vida digna y vida mejor”, argumentó.

Hace dos semanas el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se vio envuelto en una polémica de tinte racista por la que se vio obligado a ofrecer disculpas al dirigente de comunidades indígenas Mauricio Mata por la manera en que se refirió a él en una llamada intervenida ilegalmente.

El viernes pasado, Córdova Vianello envió una carta privada y se reunió con él y otros dirigentes para ofrecer personalmente disculpas a los ofendidos.

El presidente del INE aún espera respuesta pues, según le dijo Mata Soria, la comunidad decidirá lo conducente.


“Ellos consultarían a sus bases para saber si había o no una ‎aceptación de las disculpas y lo demás establecimos canales de comunicación permanente… el tema ‎indígena es prioritario para el INE que tiene una agenda de no discriminación clara”, refrendó Córdova.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

‪#‎FreeNestora. Ordenan liberar a periodista maya detenido y acusado por motín

A principios de mayo, el juez sexto de Distrito de Quintana Roo, Reynaldo Pión Rangel, enumeró una serie de violaciones al proceso del periodista, las cuales fueron reconocidas y convalidadas en el amparo que le otorgó el 24 de febrero. Sin embargo, en esa ocasión no ordenó la libertad de Pedro Canché.

Un juez otorgó un amparo al periodista maya Pedro Canché y ordenó su libertad inmediata, informó la organización Artículo 19.


Canché saldrá libre nueve meses después de haber sido detenido y encarcelado por, según el gobierno de Quintana Roo, haber cometido el delito de motín cuando realizaba su labor periodística durante unas movilizaciones contra la instalación de medidores y cobro de agua potable en el municipio Felipe Carrillo Puerto entre el 16 y 19 de agosto de 2014.





A principios de mayo, el juez sexto de Distrito de Quintana Roo, Reynaldo Pión Rangel, enumeró una serie de violaciones al proceso del periodista, las cuales fueron reconocidas y convalidadas en el amparo que le otorgó el 24 de febrero. Sin embargo, en esa ocasión no ordenó la libertad de Canché.

De acuerdo con dicha resolución, el gobierno de Roberto Borge no acreditó la existencia del delito de sabotaje, puesto que no se comprobó que el suministro de agua en Carrillo Puerto fuera interrumpido por las protestas realizadas en el municipio del 11 al 19 de agosto de 2014, señalado así por sus acusantes.


El juez también apuntó que no se comprobó que Pedro Canché tuviera una intención de trastornar gravemente la vida cultural y económica del municipio. Además, tampoco se comprobó que contrató a personas para realizar protestas contra el sistema de cobro de agua en el municipio.