El Dragonario: 04/01/15

miércoles, 1 de abril de 2015

Funcionario celebra lujosa boda en recinto histórico

MÉXICO, D.F: El coordinador del Programa de Pensión de Adultos Mayores de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Tlaxcala, Agustín Bretón Stankiewicz, celebró su matrimonio en un recinto histórico que sólo debe ser utilizado para actividades culturales.

La boda se celebró el sábado pasado en el patio del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), mediante un permiso otorgado por el gobierno estatal.

Alrededor de mil invitados, primordialmente de la clase política, asistieron al enlace entre Bretón Stankiewicz y Elvia Tamayo, hija de un empresario local.

De acuerdo con el periódico digital E-consulta, se presume que el novio es amigo de Mariano González Aguirre, hijo del gobernador.

“La boda era de rigurosa etiqueta, las mujeres con vestido largo, los adornos con luz de neón en todos los arcos iluminados en tonos morado y rosa en una carpa transparente, en donde se avizoró un gasto excesivo que no se conoce si salió del erario”, cita la crónica del mencionado periódico digital.

Miembros de la Policía Estatal resguardaron la seguridad de los invitados.


El ITC fue fundado en 1983 para la promoción del arte y la cultura. En su sitio oficial, el organismo presume que “ha impulsado la promoción del arte y de la cultura de Tlaxcala, ha fomentado el desarrollo de la infraestructura cultural, de la enseñanza de las artes y de la divulgación de las más profundas raíces culturales del pueblo tlaxcalteca, que le dan identidad y particularidades espléndidas en el contexto de la nación mexicana”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

MVS y Carmen Aristegui inician batalla legal

MÉXICO, D.F: Con una demanda mercantil y una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Grupo MVS y Carmen Aristegui iniciaron formalmente la defensa legal de sus intereses.

Este martes la empresa de Joaquín Vargas reclamó que se declare judicialmente la terminación de su contrato con Carmen Aristegui, y ésta, a su vez, presentó una queja en la CNDH contra la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por actos y omisiones que agraviaron a los quejosos.

De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, Stereorey Digital y MVS Multivisión Digital presentaron la demanda mercantil el pasado lunes 23, una semana después de que la empresa anunció que daba por terminada la relación laboral con la periodista y su equipo.

Según información difundida por el diario Reforma, Rómulo Figueroa Salmorán, juez Décimo de Distrito en Materia Civil, desechó la demanda el viernes 27 y hoy notificó que dicha resolución quedó firme, por lo que archivó en definitiva el expediente 155/2015.

Fuentes judiciales informaron al periódico que Figueroa consideró que no tiene competencia sobre el caso, mismo que deberá ser resuelto por un juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Las fuentes agregaron que el juez resolvió que el asunto no es de carácter federal, ya que si bien MVS es titular de una concesión federal, la demanda se refiere a una disputa contractual entre particulares.

Los juicios ordinarios mercantiles son regulados por el Código de Comercio, por lo que la presentación de la demanda implica que, desde el punto de vista de MVS, el contrato con Aristegui es de naturaleza comercial y no tiene carácter estrictamente laboral.

Si la demanda es admitida en su momento por un juez del TSJDF, Aristegui será emplazada a contestar y tendrá derecho a presentar una reconvención o contra demanda en la que podrá exigir, por ejemplo, el cumplimiento del contrato en sus términos o alguna indemnización.

Aristegui ha mencionado que acudirá a los tribunales para combatir su despido y el de sus colaboradores, pero no ha aclarado la estrategia jurídica que seguirá.

Tampoco está claro si el contrato que MVS busca dar por terminado se refiere únicamente a la periodista, o también a sus colaboradores, o si la relación de estos con la empresa era estrictamente laboral, en cuyo caso esa parte del litigio tendría que ventilarse ante una junta de conciliación y arbitraje.

Por otra parte, la CNDH informó en un comunicado que Carmen Aristegui, al frente de un grupo de comunicadores, presentó un escrito de queja contra la Segob y el IFT.

Detalló que los periodistas fueron atendidos por Edgar Corzo, quinto visitador general; Carlos Borja, director general de Quejas y Orientación, y Rodrigo Santiago, director general del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos.


El organismo aseguró que dará trámite a la queja en cuestión y en su oportunidad emitirá el pronunciamiento correspondiente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

A partir del domingo, alud de espots electorales

Los ciudadanos escucharán y verán 97 mil horas de propaganda política. El PRI presentará 3 millones, más los 820 mil de su aliado, el PVEM; le siguen PAN y PRD.

Con el arranque de las campañas federales este domingo, los mexicanos se verán sobresaturados con 11.3 millones de promocionales de partidos políticos transmitidos en radio y televisión, es decir, 97 mil horas de propaganda en dos meses.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevará la tajada más grande con casi 3 millones de espots que, sumados a los 820 mil de su aliado, el Verde Ecologista de México (PVEM), concentran 30 por ciento; después se ubica el Partido Acción Nacional (PAN), con 18 por ciento, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 13.8 por ciento.

Como la propaganda es repartida según la votación federal obtenida en 2012 por los partidos políticos, su acceso es muy desigual. Por ejemplo, el PRI, que tiene 2.9 millones de espots, en promedio puede pautar 20 en un día en una emisora, mientras un partido de nueva creación, como Morena, que tiene 309 mil, sólo dos.

Con respecto a elecciones anteriores, ésta será la más espotizada, ya que si bien entre precampañas, intercampañas y campañas sumarán 41 millones de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, 3 millones menos que en 2012, se transmitirán en seis y no en ocho meses.

Juan Adolfo  Montiel, director de Pautado del Instituto Nacional Electoral (INE), explica en entrevista que la espotización es cierta por dos razones: a partir de la reforma política de 2014 los partidos políticos se asignaron espots para el periodo de intercampañas, siendo que antes no tenían acceso a tiempos en radio y televisión, salvo las autoridades electorales. Esto significa que en 45 días (del 19 de febrero al 4 de abril) se habrán repartido 4.9 millones de promocionales.

Además, antes de 2015, en las precampañas tenían 18 minutos y ahora contaron con 30. ‘‘Los partidos políticos tienen presencia desde el inicio de la precampaña hasta que termina’’, refiere.

Comentó que la empresa Ipobe hizo una investigación y encontró que los partidos tienen más impactos en radio y televisión que las campañas comerciales, lo que provoca una sobresaturación de propaganda política. ‘‘Ellos dicen que hay un umbral, que hace un efecto contrario y que la gente los rechaza’’.

En cada una de las 2 mil 41 emisoras se transmiten 48 minutos diarios de espots distribuidos en 18 horas de transmisión, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Esto significa que  cada hora se transmiten de 2 a 3 minutos de promocionales, es decir, tres o cuatro por hora.

Pamela San Martín, presidenta del Comité de Radio y Televisión del INE, señaló que esta cifra de más de 11 millones de anuncios partidistas es verdadera, pero ‘‘un tanto engañosa’’, porque abarca todas las estaciones de radio, todos los canales de televisión y todo el horario del día.

‘‘Generalmente una persona ve un canal de televisión o una estación de radio a la vez. Lo máximo que se puede llegar a ver son 48 minutos diarios máximo, es decir, 97 promocionales si se prendiera la televisión de las 6 de la mañana a 12 de la noche’’, explica la consejera.

Los partidos políticos no pagan por estos anuncios, ya que desde 2007, cuando se reformó el modelo de comunicación política, tienen acceso gratuito a tiempos en radio y televisión y el INE es el intermediario encargado de enviarlos a las emisoras.

Es tan alto el número de promocionales que el INE debió contratar 33 personas más para sumar 98 en este periodo y, según Montiel, varios días ‘‘han madrugado’’ para cumplir con las órdenes de pautado al inicio de la campaña.

Así, los anuncios que veremos y escucharemos a partir del domingo ya fueron cargados en el portal del INE para que sean programados en radio y televisión. El partido que tiene una estrategia mediática más focalizada y con mayor variedad es el PAN, con 26 tipos de espots; le siguen el PRI, con 15, y el Partido del Trabajo (PT), con 12.

En estos casos incluyen promocionales diferenciados por estado; por ejemplo, aparecen diputados de distintos distritos. El resto tienen escasa variedad: PVEM, 4; Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Partido Encuentro Social, dos cada uno, mientras Morena es el único que difunde sólo uno con su fundador, Andrés Manuel López Obrador, promocional que siempre ha aparecido desde las precampañas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BELTRÁN.

EU transformará fuerzas armadas de México en ejércitos de ocupación; EPN es un servil: expertos

En casos de carácter internacional que impliquen la  participación del gobierno mexicano se requiere la aprobación del Senado de la República, hecho que Enrique Peña Nieto no ha respetado, afirma el senador Alejandro Encinas Rodríguez.

A inicios de 2006, Estados Unidos invirtió 660 millones de dólares en adiestramiento militar, con motivo de sus incursiones de “paz” y “estabilización” en diversos países de Medio y Próximo Oriente.

El gobierno americano ha mantenido como estrategia, que sus “socios” y/o “amigos” formen parte de sus aliados para combatir el terrorismo y participen en misiones de paz en el extranjero. Con esto el Departamento de Defensa de Estados Unidos podría cubrir varias zonas internacionales con aliados y así reducir la presencia de los soldados estadunidenses en esas tareas.

En el sexenio antepasado, aunque el canciller Luis Ernesto Derbez insistió en varias ocasiones que el ejército mexicano participara en dichas misiones de paz, argumentando que era una necesidad y apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García se negó; uno de sus argumentos fue “se rechaza tal posibilidad, ningún general extranjero va a dar órdenes a soldados mexicanos”.

El tema no volvió a ser discutido hasta inicios del sexenio de Peña Nieto, quien a finales de septiembre del año pasado afirmó “México ha tomado la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, realizando labores de índole humanitaria en beneficio de la sociedad civil”.

Así fue como el mes pasado el gobierno mexicano envió 4 cascos azules a Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, 2 de ellos designados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 2 por la Secretaría de Marina (Semar), ambas instancias han dado a conocer que será de forma gradual como se incorpore un mayor número de soldados a esas acciones.

La zona en donde se encuentran dichos elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas es Haití, donde la ONU busca estabilizar el país. También fungirán como observadores en la Misión de la ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Sedena.

Sobre el tema, Encinas Rodríguez enfatiza “el Ejecutivo Federal debe informar de qué manera ha participado el Estado Mexicano en la Coalición multilateral contra el Estado Islámico en Iraq y Siria y qué acciones ha emprendido en torno a este tema; la Secretaría de Relaciones Exteriores también debe informar con toda claridad en qué consistirá la participación de México en las Misiones de Paz de la ONU anunciada. ¿Cuál es fundamento jurídico a partir del cual decidió de manera unilateral participar en las Misiones de Paz de la ONU, sin haber consultado y solicitado la autorización del Senado de la República?”

Al mismo tiempo explica que en temas de carácter internacional donde sea posible una participación por parte del gobierno mexicano a través de su ejército, es necesaria la aprobación del Senado de la República, porque según Encinas Rodríguez, el Ejecutivo no tiene las atribuciones para intervenir en ese tipo de misiones, previo aviso al Congreso, discusión y finalmente la autorización del mismo”.

Fue el año pasado que se dio inicio a la conformación de una colación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Australia, Turquía, Canadá y Polonia para luchar contra el recientemente creado grupo terrorista ISIS; fue así como México, dentro de una lista de 60 países, manifestó su voluntad de participar en el desempeño de alguna tarea en esta campaña militar.

La senadora Angélica de la Peña Gómez asegura que la decisión de Peña Nieto “mantiene una clara violación a la Constitución y las formas diplomáticas, ya que primero debió enviar al Senado la propuesta de formar parte de las brigadas de la ONU”.

El senador Manuel Bartlett Díaz externó que “Enrique Peña Nieto no tiene facultades para autorizar que las tropas mexicanas participen con los cascos azules de la ONU, por lo que se debe ‘poner un freno’ a esa decisión y mantener el equilibrio de poderes”. Agregando “¿cuándo hemos analizado si nos conviene como país soberano irnos a meter a esa lucha que es entre poderes, donde están involucrados Europa y Estados Unidos?”.

“El envío de una persona o tropas completas es una idea por demás ridícula, además de que Peña Nieto viola la ley y pasa por encima de ésta y el Congreso; en un país sin justicia, democracia, y fragmentado por las cúpulas de poder, el gobierno en turno no puede juzgar acciones de otros países cuando él mismo ha demostrado haber construido ‘el fracaso mexicano’, sobre las bases de una política corrupta, una economía en crisis y una sociedad asesinada, maltratada y sometida por las fuerzas armadas”, responde la activista Rosalía Hernández.


Y agrega “el papel de México dentro de las misiones paz, no es más que maniobra de Estados Unidos, quieren transformar a las fuerzas armadas en ejércitos de ocupación. Y el ya manipulable y servil gobierno mexicano ha accedido a dichas peticiones a cambio de intereses personales y de cúpulas. Las misiones de paz en las que México busca participar, son la declaración oficial de que el país es enemigo de todo aquel que lo sea de Estados Unidos, porque hoy México puede fácilmente ser blanco de cualquier tipo de ataque”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTINEZ.

La ley de víctimas… revictimiza

En 2013, la Ley General de Víctimas se presumió como el mayor avance en la historia para compensar a los ciudadanos más afectados por la inseguridad. Sin embargo, resultó contraproducente en los casos de desaparición forzada, como el de los normalistas de Ayotzinapa: De acuerdo con el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, un artículo mal redactado ordena que se indemnice a los damnificados sólo si los culpables ya fueron sentenciados, algo que ha pasado sólo en seis casos, de un total de 22 mil.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la práctica, la Ley General de Víctimas (LGV) no permite indemnizar a los afectados por desapariciones forzadas: en su artículo 67 estipula que para que pueda pagarse una compensación económica debe haber un sentenciado, pero resulta que en México el 97% de todos los procesos penales quedan sin sentencia.

Así, de acuerdo con Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Ley de Víctimas revictimiza.

Hay cifras que avalan su dicho. Desde la guerra sucia –detonada en la década de los sesenta– la justicia mexicana sólo ha dictado seis sentencias condenatorias por desaparición forzada, y éstos son los únicos procesos en que la CEAV podría otorgar un resarcimiento monetario. El resto –alrededor de 2 mil 900 registrados en la CEAV, y más de 22 mil en general– no tiene este derecho.

Existe otro problema vinculado con las indemnizaciones. El gobierno federal depositó tardíamente los recursos correspondientes a 2014: “Los recibimos el último día del año, a pesar de que en sus artículos transitorios la LGV establece que deberá asignarse el presupuesto con un año de anticipación. Este es otro punto que atenta contra los derechos de las víctimas”, afirma Hernández.

“El 31 de diciembre de 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nos asignó 500 millones de pesos correspondientes a ese año. A los 10 días recibimos otra cantidad igual correspondiente al ejercicio 2015. Para entonces ya teníamos una lista de 500 casos por desaparición para indemnizar de inmediato. Fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos impedidos por el artículo 67”…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2004 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Los Aguirre: una dinastía de corruptos

Las denuncias de la prensa, del exgobernador Zeferino Torreblanca y de políticos opositores no afectaron la red de corrupción que manejaba Mateo Aguirre desde el gobierno estatal, encabezado hasta octubre último por su hermano Ángel Aguirre. Fue hasta 2012 cuando el mandatario relegó a sus operadores cercanos al segundo plano para seguir con el negocio. Finalmente, la tensión social y la narcoviolencia se conjugaron en el explosivo caso Ayotzinapa, que derribó al grupo de los Aguirre.

CHILPANCINGO, GRO: Impulsado por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard y la corriente perredista de Los Chuchos, Ángel Aguirre Rivero ganó la gubernatura del estado en febrero de 2011 y su administración se caracterizó por el nepotismo, la corrupción y sus excesos.

Después de ser obligado a pedir licencia en el cargo por el caso Ayotzinapa, con la entidad paralizada por los problemas sociales y asolada por la violencia, el gobierno federal exhibió la red de corrupción que involucra a su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, su sobrino Luis Ángel Pérez Aguirre y los hermanos Víctor y Henry Hughes Alcocer.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de al menos 18 miembros del círculo de Ángel Aguirre, acusados de realizar negocios al amparo del poder y desviar recursos públicos. Nueve ya están presos en el penal federal del Altiplano.

El escándalo colapsó al grupo político de Ángel Aguirre, que había abandonado el PRI para enquistarse en el PRD: el mandatario tuvo que renunciar a ese partido, y fueron vetadas las candidaturas de su hijo Ángel Aguirre Herrera, para alcalde de Acapulco, y de su colaborador Socorro Sofío Ramírez Hernández, para gobernador.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió a la PGR congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia y de los nueve detenidos por presunto lavado de dinero…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2004 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTREERAS (REPORTAJE ESPECIAL).

Párroco de La Ruana a Osorio Chong: “Promesas del gobierno, pura baba de perico”

APATZINGÁN, Mich: José Luis Segura Barragán, párroco de la comunidad de La Ruana, denunció que en esta región de Tierra Caliente aún persiste el secuestro, la extorsión y el narcogobierno, por lo que exigió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que elimine a la brevedad a los policías corruptos que aún operan en esa zona.

Osorio Chong acudió a la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingán, y ahí el sacerdote pronunció un duro discurso en el que acusó que los elementos de la Fuerza Rural son exautodefensas pertenecientes a Los Caballeros Templarios, por lo que pidió la eliminación de la agrupación y la creación de la policía modelo que prometió Alfredo Castillo.

Apatzingán necesita de una policía confiable, integrada por efectivos preparados, pues subrayó que actualmente hay “un montón de robos”.

“En Buenavista las promesas de gobierno han sido pura baba de perico”, criticó.

El presbítero criticó la determinación del Poder Judicial para liberar a Hipólito Mora y a Luis Antonio Torres, El Americano, por la masacre ocurrida el 16 de diciembre de 2014 pues no se han deslindado responsabilidades.

Y si bien, dijo, el secuestro y la extorsión continúan, el problema principal en esa zona del estado es la falta de gobierno. En Buenavista Tomatlán, acusó, gobierna un “narcoedil”, el priista Luis Torres Chávez y anda libre El Americano quien es cabecilla de un grupo criminal, abundó el párroco.

Este último y varios de sus seguidores, siguió el sacerdote, formaron parte de Los Caballeros Templarios y los habitantes locales los conocen como “los perdonados”.

Además, afirmó que tras la liberación de Hipólito Mora y El Americano luego de que no se encontraron elementos suficientes para procesarlos por el enfrentamiento registrado en La Ruana el pasado 16 de diciembre, con un saldo de 11 muertos, entre ellos el hijo mayor de Mora, existe una constante preocupación en la zona de un nuevo enfrentamiento.

A ello se suma, dijo, que hay policías que son delincuentes y candidatos a puestos de elección popular que estuvieron con Servando Gómez Martínez, La Tuta¸ por lo que exigió que se les investigue.

Al tomar la palabra, Osorio Chong defendió la estrategia del gobierno federal y justificó que si no se atendió al estado desde el principio de la administración fue porque no quería llegar con una estrategia fallida.

Aseguró que la administración de Enrique Peña Nieto no busca legitimarse con las acciones emprendidas contra la delincuencia organizada, sino que va por resultados concretos que garanticen la seguridad y convivencia armónica de los mexicanos.

Según el funcionario las cifras revelan que “se avanza por el camino correcto” y que los delitos relacionados con el crimen organizado se han reducido hasta en un 34% en relación con el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.

Al tomar el control del país, dijo, las cifras indicaban 19 homicidios por cada 100 mil habitantes y en dos años se ha logrado abatir este indicador hasta en un seis por ciento y se logrará establecer los números en 16 homicidios por cada 100 mil mexicanos, afirmó.

En el caso de Michoacán, detalló, en un año el estado está ya en el séptimo lugar de la tasa más baja de incidencia delictiva y en el caso particular de Apatzingán los homicidios dolosos han bajado 38% y la extorsión 55%.

“Decía el presbítero, es que ya no sólo es el tema de la delincuencia –y le doy la razón– organizada. Y me da mucho gusto que lo diga, porque cuando vine la primera vez era sólo la delincuencia organizada, ¿dónde? En todos lados, infiltrada por todos los lugares.

“Hoy hay robos a casa-habitación o robos en carretera; hoy todavía tenemos que ver estos grupos que tenemos que revisar quiénes están del lado de la legalidad y quiénes no”, reparó el funcionario federal pero insistió en que hay avances y que las cifras sobre inseguridad no sólo en Michoacán sino en todo el país, van a la baja.

En cuanto al proceso electoral en puerta y la posibilidad de infiltración del crimen organizado Osorio Chong emplazó a la sociedad en general a presentar ante las instancias correspondientes señalamientos que impliquen a candidatos con grupos criminales.

En rueda de prensa posterior a la instalación de la Mesa de Seguridad, advirtió que la federación no doblará las manos ni se detendrá para investigar a personajes que puedan tener vínculos con la delincuencia organizada. “Habrá cero impunidad”, afirmó.

Detalló que los presidentes de los tres principales partidos PRI, PAN y PRD se han acercado con él para hablar de la participación de sus candidatos en el proceso electoral.

“Estamos abiertos, ya ha habido una manifestación del presidente (del PAN Gustavo) Madero, y el presidente (del PRI) César Camacho se ha comunicado conmigo. Espero que la podamos integrar y poder hablar del tema, particularmente de la participación, indebida por supuesto, del crimen organizado en las elecciones”, comentó.

Asimismo refirió que el gobierno enviará un oficio a los candidatos a gobernador en los estados de Michoacán y Guerrero a fin de ofrecerles protección federal durante las campañas proselitistas que están por iniciar.


Respecto a problemas de seguridad en ambas entidades federativas, en el marco del proceso electoral, afirmó que no será un factor para el abstencionismo. Por el contrario, dijo, “son muchos más los millones de mexicanos que quieren elegir a sus gobernante que los que no, así que seguiremos trabajando para que así sea”, subrayó.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Que siempre no hubo acuerdo con Jornaleros de San Quintín, aclara la STPS su propia información

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, emitió un comunicado donde acordaba el aumento de 15 por ciento mayor al salario diario que percibían los jornaleros agrícolas de San Quintín, en Baja California. Sin embargo, un par de horas después, la dependencia se desdijo.

En el primer documento se citaba al presidente de la Junta Local, José Antonio Tinajero Ramírez, quien dijo que también se otorgó un aumento en la modalidad de pago “a destajo” por unidad, de igual manera de un 15 por ciento y que ambos ajustes serán efectivos a partir del 27 de marzo. Ahora, la Secretaría dijo que la información era inexacta.

“Mucho agradecemos cancelar su publicación para ofrecer información veraz, antecediendo una disculpa”.

A través del comunicado emitido por primera vez, se informó que los sindicatos que firmaron los nuevos tabuladores de salarios son el de Obreros, Campesinos, Cargadores, Operadores de Maquinaria en General, Similares y Conexos del Valle de San Quintín, adherido a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

El viernes pasado, el Consejo Agrícola les había prometido el aumento del 15 por ciento, sin embargo, muchos jornaleros no estaban contentos con el incremento de entre 115 y 130 pesos, cuando ya habían cedido su exigencia de 300 a 200 pesos diarios.

Los líderes agrícolas dijeron el pasado 28 de marzo que fijaron como base la cantidad de 200 pesos como salario diario, así como el destajo a 20 pesos la caja de fresa, porque así lo ha venido haciendo “Carlos”, el propietario Rancho “El Molino”, en la delegación Lázaro Cárdenas, quien a pesar de ser un agricultor pequeño ha mantenido ese pago desde que se estableció hace cinco años, y ahora se pretende que el resto de las empresas homologuen el pago.

La Secretaría había informado que entre las empresas que se encuentran que cuentan con contrato colectivo de trabajo con la CROM están Empresas Berrymex, Moramex y San José Baja Ranch, Rancho Agrícola Santa Mónica, Berry Land, Fortino Heredia Villegas y Empaque Dos Amigos.


Mientras que las empresas agrícolas adheridas a la CTM figuran la Unión Agrícola Regional de Productores de Legumbres de la Costa del Estado de Baja California y Productora Agrícola Industrial del Noroeste.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2015/1299442.

Artículo 19 y familiares de Moisés Sanchez interponen demanda contra la PGR por no atraer caso

Artículo 19 interpuso una demanda de amparo contra la decisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), de no atraer el caso del periodista Moisés Sánchez, “cuyas investigaciones se han caracterizado por tener omisiones graves y respuestas tardías para el esclarecimiento de los hechos”.

Mediante un comunicado de prensa, la organización internacional informó que interpuso la demanda en representación de Jorge Sánchez Ordoñez, hijo del comunicador veracruzano, contra actos de la PGR.

El 2 de enero, Sánchez Cerezo, quien dirigía el periódico local La Unión, fue sacado por un comando armado de su domicilio; también fue sustraído su equipo de trabajo.

Sus familiares acusaron que el periodista había recibido una amenaza tres días antes de su desaparición. Dijeron que el Alcalde de Medellín Omar Bravo Sánchez “pretendía callarlo dándole una lección”.

La semana pasada, Omar Cruz Reyes fue desaforado por el Congreso local con 35 votos a favor y 13 en contra, por lo que deberá enfrentar como cualquier ciudadano las acusaciones de haber ordenado la tortura y asesinado del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, un crítico de su gobierno.

Al respecto, Artículo 19 indicó que desde el inicio de las investigaciones, los señalamientos dirigidos a la probable participación de funcionarios de distintos niveles fueron claros, tanto los indicios como la denuncia de los familiares lo precisan.

“El riesgo de sufrir daños irreversibles a la vida e integridad de Moisés Sánchez era inminente. Las circunstancias de riesgo y violencia para el ejercicio de la libertad de expresión en el estado de Veracruz son objetivas, generalizadas y ampliamente documentadas”, mencionó la organización internacional.

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto al menos 10 periodistas han perdido la vida y otros tres se encuentran desaparecidos. Hasta ahora, el año más violento ha sido el 2014, cuando cinco periodistas fueron privados de la vida: dos en Sinaloa, uno en Veracruz, uno Zacatecas y otro en Oaxaca. En 2013, cuatro comunicadores fueron asesinados en Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Tamaulipas.

En este contexto, la organización ha dicho que “negarse a ejercer su facultad constitucional y legal para conocer del caso [de Moisés], atenta gravemente contra la naturaleza tutelar para la que fue creada la FEADLE y no combate la situación de violencia e impunidad generalizada en que las personas ejercen la libertad de expresión en México”.

“Con dicha respuesta, la FEADLE deshecha por completo la extrema gravedad implicada en una desaparición, hoy probablemente forzada, y el asesinato de un periodista. Más grave aun cuando las investigaciones sobre otros casos de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz se han caracterizado por rechazar el nexo entre las agresiones y su labor periodística”, denunció Artículo 19.

Y agregó: “Incluso, la FEADLE desestima las recientes preocupaciones y recomendaciones emitidas por el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, el cual calificó como generalizada la situación de desapariciones forzadas en gran parte del territorio mexicano”.

Dijo que también pasa por alto que siguen sin identificarse y sancionarse a varios responsables señalados por distintos testigos de los hechos, por lo que las investigaciones siguen.

Para la organización es fundamental hacer público el recuento de lo sucedido en el caso “con el fin de visibilizar las necesidades de protección especial para quienes ejercen la libertad de expresión en México, así como para evitar que hechos tan graves como los del caso de Moisés Sánchez se repitan”.


“La ausencia de Moisés Sánchez es trascendental por el silencio que genera su pérdida. También revela la crisis estructural del sistema de justicia y la falta de garantías para ejercer libertad de expresión en México”, refirió el organismo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2015/1298635.